La elección anticipada de 2024 dejó una Asamblea sin mayoría absoluta y gobiernos dependientes de negociaciones presupuestarias. El deterioro económico reciente se suma a las disputas sobre jubilaciones, impuestos y servicios públicos que marcaron la presidencia de Macron. Los datos sociales ayudan a dimensionar el conflicto y también obligan a distinguir sus causas.

Domingo 18 de octubre de 2026. Francia afronta las protestas de octubre con un Gobierno sin mayoría parlamentaria estable y una economía que perdió impulso durante el primer semestre de 2026. La discusión del presupuesto vuelve a enfrentar al Ejecutivo con sindicatos y opositores sobre cómo financiar el Estado y distribuir el esfuerzo fiscal. El conflicto reúne dificultades recientes con desacuerdos políticos que preceden a las actuales movilizaciones.
La configuración parlamentaria tiene su origen en la decisión que tomó Emmanuel Macron el 9 de junio de 2024. Después del triunfo de Agrupación Nacional en las elecciones europeas, el presidente disolvió la Asamblea Nacional y convocó a comicios anticipados. Las legislativas del 30 de junio y el 7 de julio dejaron un Parlamento sin mayoría absoluta, con la alianza de izquierda Nuevo Frente Popular en primer lugar, seguida por el espacio presidencial y la extrema derecha con sus aliados.
El Gobierno de Michel Barnier cayó en diciembre de 2024 y las disputas presupuestarias continuaron con sus sucesores. El presupuesto de 2026 recién completó su aprobación parlamentaria el 2 de febrero, después de meses de negociaciones y del fracaso de dos mociones de censura contra el primer ministro Sébastien Lecornu.
Para sacar adelante ese texto, Lecornu recurrió al artículo 49.3 de la Constitución. El mecanismo permite considerar aprobado un proyecto sin una votación sobre su contenido, salvo que prospere una moción de censura contra el Gobierno. Los socialistas no acompañaron los intentos de derribarlo y facilitaron así la aprobación del presupuesto, aunque esa decisión no constituyó una mayoría permanente para sostener su programa.

Los antecedentes y una diferencia importante
Los chalecos amarillos comenzaron a movilizarse en noviembre de 2018 contra el encarecimiento de los combustibles y la fiscalidad que recaía sobre ellos. La protesta amplió después sus cuestionamientos hacia el costo de vida y la desigualdad; en diciembre, el Gobierno retiró del presupuesto de 2019 el aumento previsto de los impuestos a los carburantes.
La reforma jubilatoria volvió a enfrentar al Ejecutivo con sindicatos y opositores en 2023. El Gobierno propuso elevar progresivamente de 62 a 64 años la edad legal de retiro y Élisabeth Borne recurrió al artículo 49.3 para completar su aprobación. Una de las mociones de censura posteriores quedó a nueve votos de provocar su caída, según la reconstrucción del canal parlamentario LCP.
El calendario de aquella reforma cambió después. La ley de financiamiento de la seguridad social para 2026 suspendió hasta 2028 la progresión de la edad legal y de los períodos de cotización establecidos en 2023, con ajustes que comenzaron a aplicarse el 1 de septiembre de 2026. El portal oficial Service Public explica que la modificación altera las condiciones de retiro de determinadas generaciones; la edad de 64 años pasaría a corresponder a quienes nacieron desde 1969.
Los antecedentes muestran conflictos recurrentes sobre ingresos, protección social y procedimientos de decisión. La convocatoria de octubre tiene, sin embargo, una composición propia: reúne organizaciones estudiantiles y sindicales con colectivos vinculados con los chalecos amarillos. Su participación común no supone que compartan todas las demandas ni una conducción única.

Qué muestran los indicadores sociales
Insee informó que el producto interno bruto permaneció estancado en el segundo trimestre de 2026, después de caer un 0,2% en el primero. El poder adquisitivo del ingreso disponible de los hogares por unidad de consumo —una medida que contempla su composición— retrocedió un 0,6% respecto del trimestre anterior. Son indicadores de un deterioro reciente, correspondientes al primer semestre.
El desempleo llegó al 8,3% de la población activa en el segundo trimestre, con una suba de 0,7 puntos porcentuales frente al mismo período de 2025. Entre los jóvenes de 15 a 24 años alcanzó el 21,6% de quienes trabajan o buscan empleo. Esa última proporción excluye a los jóvenes que permanecen fuera del mercado laboral, entre ellos muchos estudiantes.
La pobreza aporta una perspectiva diferente y más larga. La medición de Insee para 2024, publicada en julio de 2026, situó bajo el umbral de pobreza monetaria al 15,4% de la población comprendida por el estudio en Francia metropolitana. El porcentaje permaneció estable frente a 2023, en el nivel más alto de la serie iniciada en 1996. El indicador utiliza un umbral equivalente al 60% del nivel de vida mediano y no permite una comparación directa con la medición argentina.
El mismo informe registró una mejora del nivel de vida mediano del 1,8% en términos reales durante 2024 y una recuperación del poder adquisitivo de los salarios. La coexistencia de esa mejora con una pobreza elevada impide describir un empobrecimiento uniforme y continuo. También muestra por qué corresponde distinguir la evolución promedio de los ingresos de la situación de los hogares más vulnerables.
Las prestaciones tienen un papel concreto en esa diferencia. Insee calcula que, antes de incorporar las ayudas sociales y después de los impuestos directos, la pobreza habría alcanzado al 22,3% de la población estudiada en 2024. Las transferencias reducen ese porcentaje al 15,4%, lo que permite dimensionar el alcance de las decisiones sobre ayudas para vivienda, complementos salariales y otras prestaciones.

El origen fiscal y las respuestas en disputa
El desequilibrio presupuestario tiene causas tanto en los ingresos como en los gastos. En febrero de 2025, Pierre Moscovici, entonces al frente de la Cour des comptes, identificó el crecimiento del gasto como la principal causa del deterioro de 2024. También señaló los efectos de reducciones tributarias sin financiamiento compensatorio y la ausencia de ahorros estructurales duraderos.
El diagnóstico del organismo de control incluye, por lo tanto, problemas que exceden una sola partida o una única decisión. Para el presupuesto de 2027, el Ejecutivo propone contener principalmente la progresión de los gastos y preservar incentivos a la actividad empresarial. El Ministerio de Economía defiende esa orientación como una forma de corregir las cuentas sin aplicar una suba general de los principales impuestos.
Francia también asumió compromisos europeos. En enero de 2025, el Consejo de la Unión Europea recomendó corregir la situación de déficit excesivo a más tardar en 2029, dentro del procedimiento abierto en julio de 2024. La recomendación fija además límites al crecimiento del gasto neto; las autoridades francesas deben decidir las medidas con las que cumplirán esa trayectoria.
Solidaires propone otra distribución del esfuerzo: reclama mayores ingresos, controles sobre precios esenciales y más tributación sobre fortunas y ganancias extraordinarias. El Tribunal de Cuentas, en una nota de septiembre de 2026, sostuvo que la consolidación debe descansar principalmente en el control del gasto, pero también planteó reformas para mejorar la equidad y la progresividad de la imposición patrimonial. El debate incluye tanto el volumen de recursos como la contribución de cada sector.
La convocatoria del 5 de noviembre ofrece una instancia común para sindicatos con posiciones propias. UNSA, CFDT, CGT, FO y FSU llaman a trabajadores públicos y privados, jóvenes y jubilados a movilizarse por salarios y servicios públicos; Solidaires también convoca. Esa coordinación permite sostener una jornada nacional, mientras el Ejecutivo vuelve a negociar sus decisiones presupuestarias en una Asamblea sin mayoría estable.