Las protestas reúnen reclamos salariales y educativos con el rechazo a las restricciones que propone el Gobierno sobre prestaciones y servicios públicos. Tras las movilizaciones del 17 de octubre y los graves episodios de violencia, Emmanuel Macron anunció conversaciones con representantes sociales y una revisión del operativo policial. Varias centrales sindicales convocan a otra jornada nacional para el 5 de noviembre.
Domingo 18 de octubre de 2026. El encarecimiento de la energía, los reclamos por mejores condiciones de enseñanza y el rechazo a medidas del presupuesto de 2027 confluyeron en las movilizaciones que recorrieron Francia el sábado 17 de octubre. El Ministerio del Interior contabilizó 550.000 manifestantes en todo el país; la central sindical CGT informó 800.000. La jornada combinó manifestaciones pacíficas con saqueos, incendios y ataques a edificios públicos en distintas ciudades, además de enfrentamientos con la policía.
La convocatoria circuló desde principios de septiembre en las redes sociales y sumó después apoyos sindicales, estudiantiles y políticos. Entre quienes adhirieron figuraron la CGT, Solidaires, organizaciones de alumnos secundarios y universitarios, colectivos vinculados con los chalecos amarillos y agrupaciones ambientalistas. Sus demandas incluyen ingresos, recursos para educación y salud, y cuestionamientos a la actuación policial.
La discusión presupuestaria constituye uno de sus puntos de encuentro. El Gobierno de Macron y del primer ministro Sébastien Lecornu propone contener el gasto para reducir el déficit; organizaciones como Solidaires cuestionan la distribución de ese esfuerzo y reclaman una contribución mayor de las grandes fortunas y las ganancias extraordinarias. La central exige también aumentos de salarios, jubilaciones y prestaciones mínimas, con actualizaciones según los precios.
Qué está en discusión
El costo de vida tiene un componente especialmente marcado en la energía. El Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos de Francia —Insee— informó que los precios al consumidor aumentaron un 3,1% interanual en septiembre, frente al 2,4% de agosto. La energía subió un 21,3% respecto de septiembre de 2025 y los productos petroleros, un 36,2%; los alimentos registraron un incremento del 1,4%.
La diferencia entre el promedio general y los combustibles permite dimensionar una parte del reclamo. Los hogares enfrentan aumentos distintos según sus consumos, sus necesidades de transporte y sus fuentes de energía. A esa situación se agrega una propuesta presupuestaria que mantendría sin actualización algunas ayudas durante 2027.
El proyecto prevé congelar la prima de actividad, un complemento para trabajadores con ingresos modestos, y determinados parámetros utilizados para calcular las ayudas personales para la vivienda. El Ministerio de Economía aclara que otras prestaciones conservarían su actualización según la inflación, entre ellas las destinadas a personas con discapacidad y adultos mayores de bajos recursos. Las medidas todavía atraviesan el tratamiento parlamentario y pueden cambiar.
El Ejecutivo calcula un esfuerzo fiscal total de 54.000 millones de euros para 2027. De ese monto, 43.000 millones corresponden a medidas nuevas incluidas en los proyectos presupuestarios y 11.000 millones al efecto de decisiones anteriores. El Gobierno busca llevar el déficit al 5% del producto interno bruto, frente al 5,4% que proyecta para 2026.
El plan combina restricciones al crecimiento de gastos con modificaciones tributarias. En materia jubilatoria, propone limitar las actualizaciones para quienes perciben más de 1.260 euros mensuales, preservando a las pensiones inferiores a ese umbral. También incorpora cambios en beneficios sobre contribuciones patronales y plantea reducir una deducción fiscal que utilizan hogares que tributan por sus jubilaciones.
La propuesta tampoco implica que todas las partidas disminuyan en euros. El Ministerio de Economía plantea desacelerar el crecimiento del gasto de la seguridad social y aumentar un 2% las erogaciones del seguro de salud. Esa diferencia entre reducir montos y limitar su crecimiento forma parte de la controversia sobre los recursos necesarios para atender la demanda.
El Gobierno sostiene que necesita corregir sus cuentas para preservar su capacidad de financiamiento. Insee calculó una deuda pública equivalente al 119% del PIB al cierre del segundo trimestre de 2026, frente al 117,5% del trimestre anterior. Por su parte, el Ministerio de Economía proyecta que el pago de intereses pasará de 79.200 millones de euros en 2026 a 91.200 millones en 2027.
El reclamo educativo precedió al presupuesto
La protesta estudiantil ya llevaba semanas cuando el Gobierno presentó los proyectos presupuestarios el 1 de octubre. Le Monde documentó bloqueos en establecimientos de la región parisina durante septiembre y una convocatoria de la Union syndicale lycéenne para extenderlos el 29 de ese mes, en coincidencia con una jornada de movilización de empleados públicos.
Los alumnos reclaman docentes para cubrir las ausencias, aulas con menos estudiantes y edificios en mejores condiciones. Un comunicado de sindicatos educativos de Force Ouvrière del 30 de septiembre recogió también demandas por sanitarios adecuados y tiempo suficiente para almorzar. Algunas organizaciones exigen cambios en Parcoursup, el sistema francés de acceso a la educación superior, cuyos mecanismos de selección cuestionan junto con la falta de plazas.
El Ministerio de Educación anunció el 8 de octubre el despliegue de más de 3.000 profesores suplentes en establecimientos con mayores necesidades, además de autorizaciones para nuevas contrataciones. También abrió una consulta nacional hasta el 23 de octubre y prometió presentar sus resultados a fines de mes. Esos anuncios integran la respuesta oficial a las dificultades que plantean los estudiantes.
Los reclamos educativos encontraron respaldo entre organizaciones de trabajadores. La convocatoria conjunta de varias centrales para noviembre sostiene que el Gobierno debe mejorar los salarios y los servicios públicos, y expresa apoyo a los secundarios y universitarios movilizados. Esa coordinación reúne demandas diferentes dentro de una jornada común.
La violencia y sus consecuencias
El incendio de la sede municipal de Limoges dejó una consecuencia concreta sobre la atención a los vecinos. La autoridad metropolitana informó el domingo que el edificio ya no podía recibir público y que prestaría servicios con limitaciones, dando prioridad a trámites urgentes, como nacimientos y defunciones. También pidió postergar consultas que pudieran esperar.
Los ataques alcanzaron además edificios y comercios en otras ciudades. Reuters documentó daños en la municipalidad de Marsella y el incendio de una oficina de turismo en Lyon, junto con saqueos y enfrentamientos. Esos hechos abrieron cuestionamientos al operativo de seguridad y una discusión sobre la protección de las manifestaciones y los bienes públicos.
AP informó este domingo un balance de al menos 2.400 aprehensiones, superior al recuento que circulaba durante las primeras horas de la jornada. También registró investigaciones por lesiones graves de manifestantes en Saint-Étienne y Mulhouse. Las cifras continuaban en actualización y las investigaciones debían establecer las circunstancias y responsabilidades de esos casos.
La actuación policial ya recibía cuestionamientos antes del sábado. Amnistía Internacional denunció un uso desproporcionado de la fuerza durante las protestas estudiantiles iniciadas en septiembre y reclamó medidas para reducir la tensión. La organización documentó sus objeciones al empleo de armas de control de multitudes y a las condiciones de las aprehensiones de menores.
Macron anunció una revisión para determinar posibles fallas de inteligencia y preparación policial. También pidió al Gobierno reunir durante la semana a representantes estudiantiles, docentes, sindicatos, legisladores y empresarios para elaborar propuestas. El presidente anticipó además restricciones a determinadas concentraciones cuando las autoridades las consideren necesarias para proteger edificios y comercios.
La continuidad de la protesta tiene una convocatoria definida. UNSA, CFDT, CGT, FO y FSU llaman a una jornada nacional de huelga y manifestaciones el jueves 5 de noviembre, según el comunicado que publicó el sindicato educativo SE-UNSA el 16 de octubre. Solidaires también convoca a participar; la preparación comenzó antes de los ataques del sábado.
Hasta entonces, el Gobierno tendrá que responder a los reclamos educativos y negociar el presupuesto en el Parlamento. La consulta estudiantil concluirá el 23 de octubre y el Ministerio de Educación prevé una devolución nacional a fines de mes, mientras los sindicatos preparan la movilización por ingresos y servicios públicos. Ninguna de esas fechas establece por sí misma el final del conflicto.
