Medios brasileños firmaron un editorial en defensa de la democracia y la libertad de prensa. Repasaron los ataques al periodismo durante el gobierno de Jair Bolsonaro y advirtieron sobre los riesgos que atribuyen a las propuestas de Flávio Bolsonaro para la independencia de las instituciones y el control del poder. El sitio Portal de periodistas (Portal dos Jornalistas) publicó la editorial el 14 de octubre de 2026.
Miércoles 21 de octubre de 2026. La sociedad brasileña no puede arriesgarse a esperar para ver qué pasa. Y el periodismo brasileño no puede vacilar: es hora de adoptar una posición clara en defensa de la democracia y contra el autoritarismo. Se trata de una situación que ya vivimos antes. En 2018, muchos creyeron en la ilusión de que el statu quo político terminaría por moderar a Jair Bolsonaro. Hoy podemos afirmar con toda certeza: fue el bolsonarismo el que radicalizó el statu quo.
El gobierno de Jair Bolsonaro mostró señales documentadas de ataques a la democracia: ofensivas contra la credibilidad de las elecciones, hostilidad hacia la prensa, uso político de las Fuerzas Armadas y tolerancia hacia manifestaciones antidemocráticas, cuestionamiento de la alternancia en el poder y enfrentamiento abierto con el Poder Judicial. El hecho de que las instituciones hayan resistido no significa que esas señales no existieran ni indica que carecieran de gravedad. Significa que los mecanismos de contención funcionaron.
No hay ninguna razón a la vista para creer que su hijo tendría una mejor relación con el periodismo y la democracia. El hecho de que no sea tan verborrágico y agresivo como su padre no hace que sus actos sean menos graves. La principal promesa de Flávio Bolsonaro es la liberación de Jair y la anulación del juicio por el intento de abolir el Estado democrático. A eso se suma la amenaza declarada de cambios en la Constitución.
Durante los cuatro años de bolsonarismo, el periodismo convivió con el horror de la represión. Agresiones verbales promovidas casi diariamente por el presidente de la República contra los reporteros que cubren el Palacio del Planalto. Intimidaciones en todo el territorio nacional, derivadas del clima de hostilidad que Bolsonaro promovía contra el ejercicio de la profesión.
Los números ayudan a dimensionar esa escalada de violencia. Según la Federación Nacional de Periodistas (Fenaj), entre 2019 y 2022 se registraron 1.442 casos de violencia contra periodistas y ataques a la prensa, un promedio anual más de tres veces superior al observado entre 2010 y 2018. Solo en 2022, la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación (Abraji) documentó 557 alertas de violaciones a la libertad de prensa, de las cuales el 41,6% involucró al menos a un integrante de la familia Bolsonaro.
El cambio de escenario a partir de 2023 es igualmente revelador: los registros de Abraji bajaron a 330 aquel año y a 204 en 2025, mientras que Brasil pasó del puesto 110 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras, en 2022, al puesto 52 en 2026.
La defensa del periodismo, sin embargo, va más allá del interés de un sector profesional: concierne al derecho de toda la población a la información y a la propia calidad de la democracia. Ese derecho depende de un entorno informativo íntegro, donde la información confiable, verificable y plural pueda circular libremente. El periodismo cumple un papel esencial en la construcción de ese entorno al investigar casos de corrupción, abusos de poder y violaciones de derechos, y producir evidencias que ayudan a la sociedad a comprender la realidad, exigir responsabilidades y dar visibilidad a poblaciones que con frecuencia quedan relegadas.
Por eso, los ataques sistemáticos a la prensa no afectan únicamente a periodistas y medios de comunicación. Al intimidar a los profesionales y desacreditar sus investigaciones, comprometen el acceso de la población a información de interés público y debilitan la capacidad de la sociedad para fiscalizar a quienes gobiernan y exigir que respondan quienes violan la ley.
Lo que ocurrió durante el gobierno de Jair Bolsonaro tiene una larga historia. En 1999 declaró que, si fuera presidente, cerraría el Congreso Nacional y daría un golpe de Estado. En 2016 homenajeó al coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, reconocido por la Justicia como torturador de la dictadura militar.
Ya en la Presidencia, participó en 2020 de una manifestación que defendía la intervención militar y el cierre del Congreso y del Supremo Tribunal Federal (STF). En 2022 reunió a embajadores extranjeros para lanzar acusaciones sin pruebas contra el sistema electoral brasileño, un episodio que derivó en su inhabilitación electoral.
La escalada culminó en un plan de asesinato de autoridades —concretamente, Luiz Inácio Lula da Silva, Geraldo Alckmin y Alexandre de Moraes—, en el intento de impedir la alternancia en el poder después de la derrota en las urnas, por el cual el STF condenó a Bolsonaro en 2025.
Estos antecedentes son indispensables para evaluar las propuestas de Flávio Bolsonaro. El senador también tiene declaraciones propias que merecen atención. En un libro publicado en 2017 negó la existencia del golpe militar de 1964 y elogió a Ustra. En julio de 2026 repitió ante diplomáticos extranjeros información falsa sobre el origen de las urnas electrónicas brasileñas.
No es posible ignorar la trayectoria de un grupo político que cuestionó la legitimidad de las elecciones, enfrentó a las instituciones responsables de fiscalizar el poder y ahora pretende modificar algunas de esas mismas instituciones.
El riesgo no se limita a un nuevo golpe de Estado: también reside en la posibilidad de un debilitamiento progresivo de los mecanismos que impiden la concentración del poder y garantizan que los gobernantes rindan cuentas.
La población depende de una prensa libre para fiscalizar el poder. Y una prensa libre depende de instituciones capaces de asegurar derechos, garantizar el acceso a la información pública, proteger a los profesionales frente a las intimidaciones y exigir responsabilidades a quienes intentan impedir su trabajo.
La experiencia del gobierno de Bolsonaro mostró cómo la hostilidad promovida por el presidente puede repercutir sobre la libertad de prensa. Si también se debilitan los mecanismos de control del poder, se vuelven más frágiles las condiciones para que los periodistas investiguen y publiquen información de interés público con independencia. Así es como los ataques al periodismo, el debilitamiento institucional y la erosión democrática pueden alimentarse mutuamente y abrir el camino al avance del autoritarismo.
En ese sentido, este editorial es también un llamado a los medios de comunicación y a los periodistas para que reflexionen sobre su responsabilidad en este momento histórico. No se trata de defender gobiernos, partidos o tribunales, sino de reconocer que la libertad de prensa, la independencia de las instituciones y el derecho de la sociedad a la información son inseparables. En nombre de un futuro viable, Brasil necesita preservar su democracia, con todas sus imperfecciones, contradicciones y conquistas. Después de todo, la historia muestra que el autoritarismo puede llegar al poder a través de las urnas, pero revertir sus efectos sobre los derechos y las libertades puede llevar décadas.
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