Por Aníbal Velázquez

La Cámara de Representantes tiene en tratamiento una ley para prorrogar la suspensión de desalojos de tierras intrusadas para que se cumpla con la disposición de difundir en la letra de la ley los derechos de las partes. La tensión jurídico – filosófica que encierra el hecho de una usurpación de tierras o viviendas merece un tratamiento serio alejado de las chicanas electorales.

Es muy remarcado por los expertos que una política habitacional desde la concepción liberal oscila entre el asistencialismo y la represión, indefectiblemente termina ahondando las injusticias.

Esta nota desea instalar un debate que nos debemos los políticos acerca de las intrusiones. Son desde una perspectiva actos ilegales, pero no se puede ignorar que constituyen a su vez una respuesta a una situación anterior de mayor injusticia como lo es la negación al derecho a la vivienda y al  trabajo digno de todo argentino. Ese derecho natural a la vivienda está en la base de las “usurpaciones” tanto en los centros urbanos o  en zonas rurales. Nos referimos a terrenos muchas veces baldíos o abandonados sin propietarios ciertos, no a las usurpaciones de grandes empresas que para la forestación ocupan miles de hectáreas de trazas de rutas abandonadas.Estamos convencidos de que si no se encara con seriedad científica la solución de este problema, la provincia y los municipios pronto se tornarán inviables.

LA INTRUSIÓN DESNUDA UN ESTADO AUSENTE: A modo de ejemplo tomamos el municipio Capital y centro urbano del gran Posadas. Desde la Avenida Quaranta hacia el río la ciudad tiene zonas inhabitadas que rondan las ochocientas hectáreas. Terrenos baldíos  que en el mercado inmobiliario se cotizan en un valor cercano a los mil millones de dólares (porque se cotizan en dólares) y sin embargo pagan impuestos a valores irrisorios. El estado le proveyó de infraestructura de servicios, agua, luz, cloacas y no les cobra. Eso indica claramente que el problema de la intrusión desnuda el Estado ausente.

Si nos remontamos a una década, la Provincia y la Nación proveían de vivienda al 70% de la demanda, el 30% restante era provista por la acción privada. Hoy el estado cubre el 98,9% de la demanda social. El común de la gente ya no puede ni les alcanza los recursos para construirse su casa.  También una década atrás teníamos dos mil quinientos intrusos en distintos lugares de la provincia y hoy, monitoreado precariamente, ya existen más veinticinco mil. El estado adquiere las tierras y las urbaniza, es decir corre detrás del problema. La ley que tiene suspendidos los desalojos resuelve problemas antiguos, pero genera nuevos. Ayudados por la incomprensión de los dueños de los medios de comunicación que los motoriza por cuestiones políticas hoy se genera peleas de pobres contra pobres. La sociedad invisibiliza a un sector de la población sin trabajo y sin vivienda y los empuja a la acción ilegal de la usurpación. Cuando decimos “un Estado Ausente”, no nos referimos a la oferta habitacional que cubre casi el cien por ciento de lo que puede, sino a ausencia de políticas tributarias que premie la ocupación y castigue la especulación inmobiliaria y obligue a tributar según coticen en el mercado y paguen los costos de los servicios que valoran la propiedad. La idea de la renta potencial a la tierra data de 1943, entre las primeras acciones de Perón. En tal sentido, sabemos que existe un problema, los legisladores provinciales y municipales temen legislar en esa dirección porque  tienen una propiedad por el que tributa poco y les afectaría también a ellos, o temen una presunta pérdida de votos. Como respuesta les pido que observen a la CABA, el gobierno del PRO se endeudó el 500% en ocho años y aumentó año tras año los impuestos y sin embargo le siguen votando masivamente. Nuestra ventaja comparativa está en  que  nos desendeudamos y tenemos márgenes para ajustar impuestos. A cuento de CABA, desde 1983 ningún gobierno intentó resolver el despropósito social de los subsidios a todos los servicios de los habitantes de una ciudad más rica y de mayor renta per cápita del país. Tal vez porque la correlación de fuerza todavía no dio por lo que los patricios siguen siendo dueño del país unitario.  En este contexto, el proyecto de prorrogar la ley que suspende los desalojos de tierras intrusadas debe ser acompañada de una fuerte campaña de difusión para que intrusos e intrusados, con la mediación del Estado lleguen a soluciones equilibradas. La ley de Alberto Álvarez tomaba ya esta precaución entendiendo que todas las partes debían conocer, en la letra de la ley, sus derechos sin afectar el equilibrio entre el derecho a la propiedad y el derecho social a una vida digna.   

DISPUTAS SIMBÓLICAS: Existen muchos estudios y argumentaciones teóricas que nos orientan en la comprensión del problema: “…la definición del problema social es objeto de disputas simbólicas y teóricas que enmascaran intereses que orientan la acción en lo atinente a la solución del mismo; esto es, los planes y programas de los diversos sectores de la política social del Estado. Las explicaciones y argumentos que se esgrimen y confrontan entre sí suponen una concepción de la tensión subyacente desposesión/igualdad-libertad y, por ende, contribuyen a la manera en que se constituye tal cuestión social en cada época”. Dice la doctora Estela Grassi (2003), Investigadora del CONICET, profesora titular de la UBA. “La localización de los sectores populares en la ciudad –y especialmente en sus zonas céntricas− persigue, como ya sabemos, el acceso a las oportunidades económicas o a la satisfacción de las necesidades de la vida material. Algunas reparticiones del Estado, así como sectores de clase media urbana, parten del supuesto de que los nuevos “intrusos” del espacio urbano no “merecen vivir” en la ciudad, ni mucho menos en sus barrios cotizados…” continúa.  Es hora de pensar en programas integrales que desde la política se implementen para resolver este desafío. No desde la demagogia ni el asistencialismos, sino de aumentando la productividad de los recursos inmovilizados. Así no nos estaremos quejando de que todos los ahorros de los misioneros fuguen hacia otras latitudes con la compra de televisores de plasma cada vez más grandes, electrónicos informáticos, celulares y autos de alta gama. En el mejor de los casos en departamentos para alquilar. Por sobre todo falta desarrollo de estudios serios, científicos, desde una visión político social.