La humorada publicada por el sociólogo Artemio López en su blog Rambletamble, y que reproducimos aquí, remite a la crítica estereotipada sobre los gastos del Estado en la que suelen coincidir liberales y progres. La política de Misiones tiene una metáfora contundente en “el asfalto no se come”. Fue pronunciada para cuestionar la decisión política de construir la costanera de Posadas mientras se equiparaban las inversiones con kilos de harina, de carne y cantidad de chapas para techos. La crítica a los subsidios a los clubes sociales y deportivos “chetos” que repercutió la semana anterior en el Parlamento puso en evidencia que ese abordaje “contable” del rol social del Estado sigue rigiendo en la lógica de oposiciones de derecha e izquierda.

El Tacurú Social Club de Posadas salió a defender el subsidio que le fue otorgado por el gobierno. En una solicitada publicada en diarios posadeños considera que “es injusto dañar a una institución de más de medio siglo de existencia por intereses, prejuicios o miserias mendaces. Al mismo tiempo reclama a los medios que se documenten y verifiquen las noticias que se difunden. Es cierto que tanto las críticas de las oposiciones en el recinto de Diputados, como la de algunos periodistas, estuvieron teñidas de un prejuicio de clase. El diputado Bárbaro lo dijo con todas las letras: “chetos” para descalificar el sentido social del aporte del Gobierno a una institución en la que se practica el golf. No será suficiente la aclaración de la comisión directiva de que en el Tacurú también se practican otras disciplinas, como rugby, hockey, tenis y natación. El cuestionamiento es clasista: “si son ricos no merecen la asistencia del Estado”.
El presidente del Club Tokio, Aníbal Velázquez, en una nota publicada en este sitio, se sumó al debate para refutar las críticas desde el trabajo solidario que realizan directivos y padres en clubes deportivos, que no podrían participar en los campeonatos de primera sin apoyo estatal.
Y aquí radica el nudo del debate: ¿cuál es la función del Estado en el fomento de las actividades deportivas?
Para los críticos encerrados en la metáfora “el asfalto no se come”, todo subsidio debe dirigirse a clubes pobres, más sociales que deportivos. Pero el debate se vuelve inconducente si no se pone en común qué es lo que se discute.
Ante todo, nadie niega que el desarrollo de deporte en las sociedades modernas, constituye un agente promotor de la calidad de vida de la población, de salud, de formación de los jóvenes en valores grupales, de educación, y de organización comunitaria.
Primera cuestión en común: el deporte genera demandas crecientes de la sociedad y como tal no puede estar ausente en las políticas públicas.
Pero, para definir la intervención del Estado es necesario diferenciar “deporte” de “sistema deportivo”. El deporte es la práctica en sí de cualquier disciplina. Es la actividad física, psicológica y social de las personas. Pero a la vez, como práctica competitiva, el deporte se realiza en un marco determinado de reglas y convenciones, cuyo objetivo es ganar, salir campeón o batir récords. Desde esta perspectiva específica, el deporte es una actividad netamente del ámbito privado, de las personas y de las organizaciones deportivas.
El Estado en cambio, no puede soslayar su presencia en el “sistema deportivo”, que es la institucionalización del conjunto de practicantes, clubes, escuelas, organizaciones civiles, que son los componentes básicos que constituyen el sistema, que a la vez están interrelacionados.
Un rápido repaso a la forma en que se interrelacionan los componentes del sistema permite precisar que el Estado, en Misiones como en toda la Argentina, no participa directamente de ese sistema, sino que lo sostiene. De donde se desprende que pocas políticas como la deportiva, tiene tan claramente definida la iniciativa en las organizaciones de la sociedad civil. La práctica en sí de cada disciplina corre por cuenta de los clubes y asociaciones.
La política deportiva del Estado no decide, entonces, los cursos de acción, sino que define políticas de promoción y la asignación de recursos financieros con el objetivo de empoderar a la sociedad en su desarrollo autónomo de estilos de vida.
Este abordaje del debate permite romper el prejuicio del progresismo contra los clubes de la gente rica. Todas las instituciones deportivas son parte del sistema que se retroalimenta en una lógica de espejos, como dice el presidente del Tokio, que son necesarios para el incentivo de la práctica. Si no hay posibilidades de mejorar, de ascender y hasta de profesionalizarse en una disciplina, todos los esfuerzos para promover el interés en el deporte quedan huérfanos de horizonte.
Así, no se puede negar que el Estado misionero cumple la función de impulsar políticas públicas que fomenten la práctica del deporte. Asume su responsabilidad indelegable de invertir en infraestructura, en la construcción de complejos deportivos como la anunciada Villa Olímpica o el complejo de Alta Competición, pero, fundamentalmente propiciando y facilitando la participación activa de las entidades deportivas de la sociedad civil y de las organizaciones. Sería un despropósito disputarle al sector privado su función de célula de la base social deportiva. Como sostienen el presidente del Tokio: la mejor manera de elaborar un modelo deportivo abarcativo, que incluya al deporte para todos, al deporte escolar, al deporte de alta competición, al deporte aficionado y al deporte recreativo; es dejar en manos de las organizaciones de la sociedad civil la formación deportiva de base. Por todo esto, los aportes y subvenciones a los clubes deportivos para la construcción o conservación de sus establecimientos, o preparación y envió de equipos y deportistas a competiciones de primera, tienen una profunda significación política que traduce el sentido popular o anti-popular de los gobiernos.
En la mayoría de los contextos neoliberales inmersos en el mundo globalizado, los gobiernos consideran que el presupuesto destinado al deporte es un gasto superfluo y no una inversión. Para el neoliberalismo no hay diferencia entre tener un derecho y ejercerlo. Garantizar el ejercicio de los derechos constitucionales incluye el deber del Estado de establecer precondiciones para que se cumpla ese ejercicio porque los ciudadanos privados de opciones pueden no querer aquello de lo que se les privó. La cultura del escepticismo conduce a resignación, que es el principal escollo de la democratización en la Argentina