niños jurando por ambiente frente a la legislatura misionera
Compromiso con el ambiente, de los misioneros por Misiones. 

Pastori roba proyectos, pero copia mal. El fin de semana difundió una propuesta para crear por ley cuatro fiscalías ambientales nacionales en nuestra provincia, sin tomar en cuenta que de esa manera enajena potestades constitucionales sobre el dominio y la jurisdicción de los misioneros sobre sus recursos naturales. La iniciativa del ucerreísta copia mal dos proyectos provinciales elaborados ya en 2014 que disponen no sólo la creación de fiscalías y defensorías, sino de cuatro juzgados ambientales en el Poder Judicial de Misiones.

Posadas (Lunes 6 de junio). El día del medio ambiente, el diputado nacional Luis Pastori difundió un proyecto de ley para crear fiscales ambientales que, más allá de sus intenciones, termina cediendo potestades de los misioneros consagradas en la Constitución sobre el dominio y jurisdicción de nuestros recursos naturales. La iniciativa del legislador por la UCR se evidencia así en una mala copia de dos proyectos presentados en el Parlamento misionero en 2014, de autoría de Hugo Escalada, y otro de Carlos Rovira que apunta a crear no sólo fiscalías sino también cuatro juzgados de primera instancia con competencia en materia ambiental. Esos proyectos todavía están en estudio en comisiones porque, como precisa el proyecto del presidente de la Cámara, modifican nueve artículos de la Ley orgánica del Poder Judicial y demanda incorporaciones al Código Procesal, además de aumentar las partidas presupuestarias debido a la creación de cargos que determina. No es cuestión de copiar un proyecto y divulgarlo así, livianamente, sin contextualizarlo.
El movimiento renovador, como expresión del misionerismo, tiene en su prédica doctrinaria centralidad política en el cuidado del medio ambiente. Entendiendo que no puede ser un mero eslogan, se ha propuesto no sólo cuidar desde el deber preventivo y represivo del Estado sino desde la creación de una conciencia colectiva que modifique hábitos a futuro. En ese sentido cabe computar el acto de compromiso con el ambiente, que tuvo lugar en la Legislatura el viernes 3. Estudiantes de séptimo grado de diversos puntos de la provincia participaron de la ceremonia en la que se compromete a proteger el ambiente, en forma similar a la tradicional jura por la bandera.

Competencias de los Juzgados
El proyecto de Rovira, determina la competencia de los Juzgados Ambientales:
a) toda acción derivada del ejercicio del derecho constitucional de defensa del medio ambiente, ante cualquier hecho u omisión, ilegal o arbitrario que afecte, lesione, restrinja, altere, amenace o disminuya los recursos naturales y ecosistema de nuestra Provincia, comprometiendo de manera actual o potencial a las generaciones presentes y futuras;
b) toda acción derivada del ejercicio del derecho de protección del patrimonio cultural, conservación de bienes arqueológicos, históricos, urbanísticos, artísticos, arquitectónicos o paisajísticos;
c) acciones civiles o comerciales contra toda acción u omisión relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de sus ecosistemas, los bienes o valores colectivos, de manera actual o inminente y sin limitación de cuantía.
Precisa asimismo que “es competente para conocer estas cuestiones, el Juzgado Ambiental del lugar en que se haya originado la acción u omisión que causa el daño actual o inminente o el de cualquier lugar en que el daño o sus efectos se haya propagado, a elección del afectado o damnificado. La competencia no puede ser delegada, pero está permitido encomendar a los jueces de otras localidades o provincias la realización de diligencias determinadas.
De la competencia de los jueces ambientales se desprende la función de los fiscales:
a) promover y ejercer la tutela jurisdiccional del ambiente mediante acciones de protección y reparación independientemente del querellante particular;
b) solicitar informes, realizar presentaciones o peticiones administrativas para tutelar el medio ambiente ante organismos nacionales, provinciales o municipales;
c) recibir denuncias y efectuar las derivaciones pertinentes, dentro del Ministerio Público o hacia otros entes o instituciones;
d) coordinar acciones con las distintas dependencias judiciales, administrativas y policiales provinciales, pudiendo requerir colaboración a instituciones nacionales e internacionales especializadas en el tema.
e) pueden instar la celebración de acuerdos de conciliación sobre cuestiones ambientales colectivas, siempre que resulte adecuado a las circunstancias del caso o gravedad del daño;
f) concurrir, cuando lo estimen necesario o se lo requieran fundadamente y la entidad del caso lo amerite, a las audiencias públicas que se lleven a cabo sobre cuestiones ambientales, de usuarios y consumidores e intereses difusos en general.
El proyecto del mentor de la Renovación crea además un cuerpo interdisciplinario de peritos expertos de reconocida trayectoria en las disciplinas técnicas y científicas que estudian el medio ambiente, ecosistemas y su degradación. Dicho cuerpo de peritos le debe permitir al fiscal producir, en tiempo y forma, la prueba necesaria en los distintos procesos en que se persiga la protección de intereses difusos y medio ambiente.

Potestades de los misioneros
En los considerandos de los proyectos en contraste, aparecen menciones al artículo 43 de la Constitución Nacional y a la Ley 25.675, que es la ley General del Ambiente, en los que se encuadran las acciones de protección. Rovira agrega en sus fundamentos, las atribuciones que tiene Misiones determinadas en el artículo 41 de la Constitución. “… corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales…”. Esta referencia, clave para la defensa de las atribuciones de los misioneros, no es mencionada en la difusión del proyecto de Pastori.
El tercer párrafo de este artículo de la Constitución, se refiere a la legislación y atribuciones de los distintos niveles de gobierno en cuanto a la legislación ambiental. Como establece jurisprudencia de la Corte, “los fenómenos ambientales se caracterizan por su localización y movilidad, lo cual los hace divisibles de distintas maneras. El fenómeno ambiental es en general un sujeto de la geografía y de la meteorología. Una interpretación federal de la norma entiende que la responsabilidad en los temas ambientales corresponde a la jurisdicción en la que se localizan. Las responsabilidades de los gobiernos locales son primarias. Las provincias tienen una responsabilidad absolutamente fundamental en el manejo de los asuntos ambientales. Esto no quita que corresponde a la Nación dictar una legislación de base con los presupuestos mínimos necesarios que aseguren por una parte iguales condiciones de protección a todos los habitantes de la Nación en cualquier lugar en que estos se encuentren…
“Por tal motivo la Nación tendrá que dictar esas normas de base (piso), dejando a cargo de los gobiernos provinciales y locales la responsabilidad en la legislación y jurisdicción en esos niveles (techo). La lógica nos indica que las provincias conocen fehacientemente el material sobre el cual están llamados a legislar y de ninguna manera están obligadas a adoptar medidas por debajo de los requerimientos provinciales”.
Es el espíritu que rescata el proyecto de Rovira: el artículo 41, cuando hace referencia al “desarrollo de los derechos ambientales y garantías constitucionales también establece que corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. Por lo tanto, nuestra provincia de Misiones, en coherencia con los principios ambientales y demás normas de presupuestos mínimos establecidas en la Ley General del Ambiente, recepta los mandatos constitucionales de garantizar el derecho-deber de un ambiente sano, su preservación y utilización racional de los recursos naturales; esto es así, mediante el presente Proyecto de Ley que también propone la incorporación en el Ordenamiento Jurídico provincial de las herramientas y órganos competentes para el ejercicio ciudadano de todos estos principios, derechos y garantías ambientales”.
No casualmente, Rovira utiliza conceptualizaciones de Ricardo Lorenzetti para subrayar que con el proyecto de Ley se está ante la creación de un nuevo proceso que encierra “una concepción expansiva del paradigma ambiental fundado en la idea de armonizar el derecho con la naturaleza. No estamos en presencia de una nueva especialidad, sino de un sistema jurídico que incorpora la cuestión ambiental en todos los aspectos. Por esta razón se introducen principios jurídicos, valores y objetivos capacidad para otorgar una nueva estructura al sistema legal. El pluralismo de fuentes y la regla de precedencia que da prioridad a las normas de tutela ambiental también contribuyen para dar un ´color verde’ al derecho”.

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