La diputada provincial Myriam Duarte repudió “la temeraria actitud del Gobierno Nacional de continuar fortaleciendo la persecución política” y expresó su profunda preocupación “por la transgresión a las leyes y la grave polarización social acicateada desde el Gobierno que no hace más que sembrar estigmatización, odio y revancha”. En una nota firmada, la Legisladora se solidaria con los 21 exdirectores de Radio Nacional despedidos de sus cargos, a los que accedieron por concurso.

Por la diputada Myriam Duarte
Posadas (Domingo 16 de abril). Con el despido de 21 trabajadores del Sistema de Medios Públicos de la Argentina (RTA), el presidente Macri sigue haciendo gala del incumplimiento a su palabra y, por lo tanto, al acuerdo electoral con sus votantes.
– Macri prometió que durante su Gobierno nadie sería perseguido por pensar distinto: miles de trabajadores del Estado fueron despedidos luego de constatarse las publicaciones que realizaban en redes sociales. El sólo hecho de revisar sus publicaciones constituye una flagrante falta a su palabra, ya que constituye de por sí una violación a los derechos personalísimos de esos trabajadores. Pero fueron aún más lejos, dejando sin trabajo a miles de trabajadores, en algunos casos familias completas, justificándose sólo en su afinidad política.
– Macri prometió que durante su gestión los mejores ocuparían los lugares que les correspondían. Habló al inicio de este Gobierno de meritocracia, concepto con el cuál ponía en un lugar destacado a «los que más se esfuerzan en ser los mejores», desconociendo completamente las condiciones de partida de los distintos sectores sociales, pero ensalzando las virtudes de quienes más estudian, se esfuerzan, se capacitan…: fueron despedidos 21 exdirectores de Radio Nacional, la mayoría de ellos incorporados a esos medios por concurso público de oposición y antecedentes, con el desafío titánico de poner de pie un sistema de medios totalmente abandonado, obsoleto, en pésimas condiciones que impedían o limitaban su operatividad. Estos directores, ingresados por concurso, fueron reemplazados al cambiar la gestión por personajes que nada tienen que ver con la comunicación; mucho menos con la radio. Y aún más, quienes ingresaron por concurso hoy son despedidos por haber ingresado durante el Gobierno anterior. ¿No era esto lo que preocupaba a Cambiemos? ¿No le preocupaba que hubiera militantes en el Estado, que no tuvieran condiciones técnicas y/o profesionales? Salvando la persecución política que implica justificarse haciendo mención al momento de su ingreso, aún las personas con las mejores condiciones técnicas y profesionales, fueron excluidas de los cargos a los que accedieron por concurso (lo que lleva a cuestionar todo proceso de selección de personal idóneo, ya que aún siendo los mejores pesa más la especulación sobre su afinidad política), y hoy, además, están desempleados. A cambio, tenemos en el ENACOM a un político sin el menor conocimiento del área, y con él su yerno, que tiene por todo «mérito», haberse casado con su hija.
– Macri prometió que todos podríamos ser felices haciendo lo que nos gusta: es claro que el Presidente es feliz haciendo lo que le gusta: achicar el Estado, disminuirlo a su mínima expresión, perseguir y sancionar a quienes considera «ideologizados», desde un ejercicio del poder que da cuenta de profundo ideologismo… de derecha, antipueblo, antipatria. El Gobierno de Macri utiliza a los trabajadores del Estado para dar señales sumamente preocupantes a los capitales transnacionales: en Argentina se despide sin que tenga costos, a trabajadores en PLANTA PERMANENTE (así, en mayúsculas). Ocurrió antes, con otros trabajadores, con hasta 20 años en planta permanente, como quienes fueron despedidos hace un año en el Ministerio de Trabajo y de Economía. Y 20 años es mucho tiempo para adjudicarlos al kirchnerismo…
– Macri, que prometió y sigue insistiendo en la importancia de respetar las leyes, se llevó puestas las leyes que lo han incomodado, modificándolas de facto sin pasar por el Congreso. Y en este caso, despide a 21 trabajadores haciendo caso omiso de la existencia de una Ley de Trabajo, que prohíbe explícitamente la persecución política; y ni hablar del despido de trabajadores en planta permanente, en cuyo caso debe argumentarse con mucha firmeza y pasar por un proceso de juicio.
Todos estos mecanismos legales fueron desconocidos, como si simplemente no existieran.
– Macri prometió no llenar el Estado de «militantes», pero despide a trabajadores profesionales incorporados por concurso, y los reemplaza por conspicuos referentes políticos del radicalismo, sin ninguna formación ni experiencia en comunicación.
Macri se reconoce así parte de una elite nacional a la cual las leyes no aplican: son los dueños del país, por lo tanto las leyes son para «los demás»; a ellos no los alcanzan. Laura Alonso, al frente de la oficina anticorrupción, vía violación de una ley (que exigía para el cargo el título de abogado) es la prueba más clara de esto.
No vamos a negar la legitimidad de un Gobierno que asume con el voto ciudadano (en algunos casos también popular), pero sí ponemos en discusión la legitimidad del contrato social establecido con tantos votantes que creyeron que no perderían nada de lo que tenían, y en cambio vivirían mejor, por entonces, en campaña «todos merecíamos» vivir mejor. La primer ruptura del contrato social se constata cuando nos cambian el mensaje, diciendo que no sólo NO MERECEMOS VIVIR MEJOR, sino que de hecho estábamos viviendo demasiado bien, y NO lo merecíamos.
Hoy, transcurridos casi año y medio del inicio de la gestión macrista, no queda en pie un sólo punto del contrato social: prometieron terminar con la corrupción, y la vicepresidenta Marta Gabriela Michetti entró una valija de joyas de contrabando (sin declarar), y por lo que no hubo avances sancionatorios. Denunció la misma Vicepresidenta el robo de un dinero QUE NO PODRÍA HABER TENIDO EN SU DEPARTAMENTO, que no pudo justificar y, sin embargo, fue sobreseída.
El presidente intentó condonar una deuda millonaria que mantiene su empresa con el Estado, en relación al incumplimiento de contrato de Correo Argentino (si existe la deuda es porque el incumplimiento se constató). Tenemos a un accionista de Shell decidiendo la política energética del país; el dueño de uno de los mayores supermercados del país definiendo la política comercial, y un integrante de la familia que conduce las importaciones al frente de las políticas de producción.
Ya no tienen argumentos éticos para insistir en «limpiar» el Estado de la supuesta corrupción anterior. Es claro que así como se profundizaron todos los problemas de la Argentina (mayor pobreza, mayor desocupación, mayor déficit, mayor inflación, mayor confrontación entre argentinos) se profundizó, radicalizó y expandió todo problema de corrupción que pudiera haber habido, defendido y justificado con un cinismo que sólo corrobora que hacen aquello de lo que nos han acusado tantas veces: vinieron por todo. y cuando decimos todo, es TODO.

La defensa de los derechos, desde las calles

LOS DERECHOS LABORALES SE CONQUISTARON EN LAS CALLES, CON MOVILIZACIÓN POPULAR. DEBERÁN SER DEFENDIDOS EN LAS CALLES, y el Gobierno profundiza la intención de llevar sus niveles represivos a niveles peligrosos para cualquier convivencia democrática. No podemos dejarlos avanzar sobre derechos afianzados a lo largo de toda la historia de los trabajadores en el mundo entero. No podemos permitirnos volver al primer centenario. Nuestra historia NO PUEDE atrasar cien años.
Repudiamos la temeraria actitud del Gobierno de continuar fortaleciendo la persecución política, ya que no puede argumentarse desde ningún otro lugar esta avanzada sobre los trabajadores.
Expresamos nuestra profunda preocupación por la transgresión a las leyes y la grave polarización social acicateada desde el Gobierno, que habiendo prometido unir a los argentinos, no hace más que sembrar estigmatización, odio y revancha.
Ya no queda una sola careta: este Gobierno y su casta empresaria y oligárquica no vino a resolver nada; vino a cobrarse la afrenta del pueblo de haber intentado ser feliz. Y a llevarse de nuestro patrimonio nacional lo que no pudo llevarse en la dictadura y en todos los gobiernos democráticos que le siguieron.
El despido de 21 trabajadores, profesionales ingresados por concurso, son la prueba viva de ello.
Saludamos la dignidad de los trabajadores de RTA que con la frente bien alta pueden argumentar cómo y por qué accedieron a sus cargos; y cómo la forma de sus despidos corrobora esa integridad ética y profesional que el Gobierno no busca sino que deplora.