Los manifestantes formoseños que priorizan la economía por sobre la salud pública fueron, esta vez, las víctimas de lo que más les gusta hacer a las fuerzas policiales: reprimir, con anuencia o silencio gubernamental. Violencia desmedida y rostros baleados, la postal que dejó Formosa este viernes. Si bien nada justifica esa represión, también hay que tener en cuenta la campaña contra Gildo como paradigma del peronismo de los gobernadores.

Sábado 6 de marzo de 2021. La inédita protesta de los formoseños en contra de un nuevo aislamiento a causa del coronavirus disparó una fuerte represión de parte del Gobierno de Gildo Insfrán y dejó herido, detenidos y un repudio generalizado en todo el país, incluso, de la organización internacional dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos, Human Right Watch, quien tildó al Gobierno nacional de incapaz de realizar un análisis despolitizado de la situación, en respuesta al comunicado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y su intento de repartir culpas.
En esta generación de caos impulsada en Formosa -como muestra en miniatura de la campaña política nacional- por dos referentes vernáculos de Juntos por el Cambio (el senador Luis Carlos Petcoff Naidenoff y el exministro macrista, Ricardo Buryaile), no logran capitalizar la expectativa popular porque nadie olvida la reciente y nefasta experiencia del macrismo en el Gobierno nacional -nefasta incluso para los sectores económicos que impulsaron la marcha del viernes-.
Los analistas políticos de Formosa aseguran también que además de la campaña contra Insfrán, la lucha también es interna, porque ni Naidenoff ni Buryaile logran liderar el espacio opositor (ninguno tiene votos) y utilizan el espacio público para disputarse los espacios políticos. Esta disputa forma parte, también, del contexto político de y en Formosa.
Este viernes, los formoseños marcharon contra la decisión del gobierno de volver a la denominada Fase 1, un nuevo aislamiento para mitigar la propagación de los contagios por Covid19.
La marcha fue organizada por comerciantes y el sector gastronómico de la ciudad y sumó a particulares y a los partidos de la oposición política.
Los formoseños se concentraron en la plaza San Martín de la ciudad y desde ahí marcharon hacia la Casa de Gobierno, cuando a pocos metros de la sede gubernamental (en la céntrica esquina de avenida 25 de Mayo y calle Belgrano) encontraron un vallado y un fuerte despliegue policial para evitar que el grupo llegue a la Casa de Gobierno. Los manifestantes arrojaron huevos y pirotecnia y la policía respondió con una fuerte represión: balas de goma disparadas a quemarropa y a la usanza chilena, contra el rostro de jóvenes manifestantes -en su mayoría mujeres según denunció la prensa formoseña-, que quedaron tendidos en el suelo. La manifestación fue subiendo de tono, en rechazo ya no solo a la vuelta a la Fase 1 sino por la represión policial que dejó cuantiosos heridos y detenidos.
En este contexto, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) expresó “gran preocupación” por el retorno a una estricta cuarentena en la provincia de Formosa, priorizando la mirada económica por sobre la salud pública.

Repercusiones

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación repudió la “violencia ejercida por integrantes de la policía provincial de Formosa sobre los manifestantes que se concentraron este viernes frente a la Gobernación”.
Si bien el organismo estatal pretendió sopesar las acciones de ambos lados al rechazar el contexto político y no sólo económico que motivó la marcha, condenó la violencia de las fuerzas provinciales: “La permanente campaña de desprestigio llevada adelante por los medios hegemónicos de comunicación sobre el gobierno provincial, el constante boicot a las medidas sanitarias excepcionales para hacer frente a la pandemia, el uso político que algunos sectores de la oposición hacen de estos hechos, y la violencia desmedida de algunos manifestantes -que hoy incluso intentaron ingresar a la Casa de Gobierno provincial-, no justifican el uso desproporcionado de la fuerza policial en la represión de la protesta”, sostuvo la Secretaría en un comunicado.

“Garantizar la libre expresión pacífica”

El escrito fue colgado en su cuenta de Twitter, por el jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, quien señalo que “el Estado debe garantizar la libre expresión pacífica de la ciudadanía”.
Por su parte, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, un hombre ya cuestionado por su parcialidad hacia el gobierno de Insfrán, sostuvo que “las fuerzas de seguridad, tanto las nacionales como las provinciales, deben estar capacitadas para contener actos de violencia, en el contexto de protestas en un marco de pleno respeto de los derechos humanos” aunque finalmente intentó suavizar los hechos al rescatar que el “el Gobierno de Formosa se comprometió a iniciar investigaciones acerca del uso desmedido de la fuerza por efectivos de la policía provincial”. Una situación que probablemente nunca sucederá.
Tanto la izquierda como la derecha argentina, cada una por su lado, condenó la represión con marcado tinte ideológico antes que de respeto a los derechos humanos o a la libertad de expresión.
Las inefables organizaciones de empresarios periodísticos -la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa)- y de profesionales periodistas -Foro de Periodistas Argentinos (Fopea)- también repudiaron la violencia policial y reclamaron la liberación urgente de la periodista Julieta González, de Radio Parque, detenida en el contexto de los incidentes.

Human Right Watch contra Nación y Provincia

La organización internacional con sede en Estados Unidos, dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos, Human Right Watch, también repudió la represión que se registró este viernes en Formosa y apuntó contra el Gobierno Nacional por su “aparente incapacidad para realizar un análisis despolitizado de la situación”.
El director ejecutivo para la región de América, José Miguel Vivanco, criticó a través de sus redes sociales el accionar policial tras los disturbios que se generaron por la decisión del gobernador Gildo Insfrán, de volver a Fase 1 en la capital local.
“Me preocupan las graves denuncias de uso excesivo de la fuerza en Formosa. También preocupa el comunicado de la Secretaría de Derechos Humanos. Su aparente incapacidad para realizar un análisis despolitizado de la situación refuerza la urgencia de nombrar un Defensor del Pueblo independiente”, escribió Vivanco.
El texto al que hace referencia el representante de Human Rights Watch está firmado por Horacio Pietragalla, quien responsabilizó por los hechos a “los medios hegemónicos, los manifestantes y la oposición” y advirtió sobre la existencia de una presunta “campaña de desprestigio” contra el gobernador Insfrán, para condenar con tibieza la violencia policial.

¿Defensor del Pueblo independiente?

Por otra parte, Vivanco también hizo mención a la falta de un Defensor del Pueblo, cargo que continúa vigente desde el año 2009, a pesar de que la Constitución Nacional lo describe como una figura clave en la vida institucional argentina.
Este funcionario debe ser el encargado de la defensa y protección de los derechos, garantías e intereses tutelados ante hechos, actos u omisiones de la administración pública y, también, el control del ejercicio de las funciones del Estado.
La última persona en ocupar este puesto fue Eduardo Mondino, quien renunció para postularse como candidato a senador nacional en las elecciones legislativas y fue reemplazado de manera provisoria por quienes lo secundaban. Anselmo Sella y Carlos Haquim, que a su vez dejaron sus respectivos puestos en 2013 y 2015. Y durante los cuatro años subsiguientes, la Defensoría estuvo en manos del subsecretario de la entidad, Juan José Böckel.
Desde la oficina del Defensor del Pueblo aseguraron que esto no tiene una relevancia mayor. Pero otros expertos consultados por el portal de noticias Infobae, entre los que se encuentra el último titular de la institución, rechazaron la postura, argumentando que implica una limitación muy amplia de sus facultades.
Además, recordaron que, a lo largo de los años, la Corte Suprema recortó las facultades del Defensor del Pueblo -al punto de circunscribir su accionar a casos de incidencia colectiva- y que aún en los casos donde se lograron fallos favorables no se ha conseguido que el Estado cumpliera con las órdenes que resultaron de la decisión, informó Infobae.

RP – Misiones Plural