Aunque la legislación vigente garantiza el acceso de la prensa a dependencias estatales incluso en contextos excepcionales, el gobierno de Javier Milei prohibió el ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada. La medida desató una reacción inmediata del periodismo y de diputados de distintos bloques, que impulsaron presentaciones formales ya que se trata de una vulneración de derechos consagrados en el artículo 13 de la Ley 12.908.

Jueves 23 de abril de 2026. El cierre de la Casa Rosada a la prensa activa una respuesta institucional en Diputados y abre un conflicto por el acceso a la información. La decisión del Poder Ejecutivo de impedir el ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada abrió un frente político y jurídico que escaló en pocas horas. A la protesta de los trabajadores de prensa se sumó una reacción coordinada de legisladores de distintos bloques, que formalizaron presentaciones ante autoridades del propio Gobierno y activaron mecanismos parlamentarios vinculados a la libertad de expresión.
La medida se implementó el jueves sin una comunicación administrativa previa dirigida a los acreditados, que de todas maneras violaría la Ley 12908. En los hechos, implicó el cierre de la Sala de Periodistas y la suspensión de las acreditaciones que permiten el acceso cotidiano a la sede gubernamental. Desde el oficialismo se la encuadró como una acción “preventiva” vinculada a un presunto caso de espionaje, a partir de un informe televisivo que mostró imágenes de sectores internos del edificio obtenidas con una cámara oculta.
Ese argumento no fue acompañado, hasta el momento, por una resolución pública que detalle el alcance, la duración ni los fundamentos jurídicos de la restricción que, insistimos, viola la ley que consagra el trabajo profesional de los periodistas. Tampoco se precisó si la medida alcanza a todos los acreditados ni bajo qué condiciones podría revertirse. Versiones oficiales indican que la situación podría normalizarse en los próximos días, sin plazos definidos.
En paralelo, la reacción de la prensa se canalizó a través de una nota dirigida a la Secretaría de Medios y Comunicación, en la que se solicitó la revisión de la decisión. El planteo apunta a restituir las condiciones de trabajo en la Casa Rosada, en particular el acceso directo a las fuentes de información oficial.
El conflicto adquirió rápidamente dimensión parlamentaria. Un grupo de diputados de al menos ocho bloques opositores —y con matices internos incluso dentro del oficialismo— presentó un petitorio formal dirigido al jefe de la Casa Militar, Sebastián Ibáñez, y al secretario de Medios, Javier Lanari. El documento solicita una audiencia “con carácter urgente” para abordar lo que definen como una “situación crítica” derivada del cierre de la sala de periodistas y la cancelación de acreditaciones.
El texto pone el foco en dos planos. Por un lado, el impacto operativo: la imposibilidad de los cronistas de cubrir en forma directa la actividad diaria del Poder Ejecutivo desde su sede central. Por otro, el plano institucional: los legisladores sostienen que la medida afecta el derecho de acceso a la información pública y constituye un antecedente que altera prácticas consolidadas desde el retorno democrático en 1983.
Entre los legisladores firmantes hay representantes de Unión por la Patria, la Coalición Cívica, la UCR, el MID, Encuentro Federal y otros espacios provinciales. La heterogeneidad política de ese grupo no es un dato menor: incluye diputados que durante el año acompañaron iniciativas del oficialismo, lo que refuerza el carácter transversal del reclamo.
En simultáneo, otro conjunto de legisladores avanzó con un segundo instrumento: un pedido de convocatoria a la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados. El objetivo es abrir un ámbito formal de discusión sobre la medida, incorporar testimonios de los periodistas afectados y evaluar posibles acciones legislativas o institucionales. Incluso anticiparon que la reunión podría realizarse aunque no medie convocatoria oficial de su presidente.
El trasfondo jurídico del conflicto remite a la vigencia de la Ley 12.908, Estatuto del Periodista Profesional. Su artículo 13 establece de manera explícita el derecho de los periodistas acreditados al acceso libre a fuentes de información de interés público y a dependencias estatales, sin otras limitaciones que las determinadas por autoridad competente. También contempla el libre tránsito en situaciones excepcionales y el ingreso a instalaciones públicas vinculadas a la actividad informativa.
En ese marco, la restricción generalizada al acceso a la Casa Rosada —sin una resolución fundada que delimite su alcance— entra en tensión con ese régimen legal. La discusión es operativa y normativa: qué grado de discrecionalidad tiene el Poder Ejecutivo para limitar el acceso a su sede y bajo qué condiciones esas limitaciones pueden considerarse compatibles con derechos protegidos por ley.
El episodio se inscribe, además, en una secuencia reciente de medidas y declaraciones oficiales hacia la prensa. Días antes, algunos periodistas habían sido excluidos temporalmente por supuestas vinculaciones con operaciones de desinformación. A eso se sumaron expresiones públicas del presidente, que endurecieron el tono del conflicto.

Viale y Milei con «operaciones de desinformación»
Sin embargo, la única prueba de desinformación y manipulación surgió desde el propio Gobierno en febrero de 2025 cuando desde TN filtraron un video sin editar (o «crudo») de una entrevista grabada entre el presidente Javier Milei y el operador de prensa Jonatan Viale en el canal TN, el que reveló interrupciones y manipulación en el contenido de la nota por parte de funcionarios del gobierno. El video mostró al asesor presidencial Santiago Caputo que interrumpe la grabación para evitar que Milei respondiera sobre el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, advirtiendo que el tema podría traerle «quilombo judicial» al mandatario. En el video también se escucha a Caputo pedirle al operador Viale que repita o cambie la pregunta para evitar complicaciones. Viale aceptó sonriente realizar la pregunta de nuevo y cambiar el enfoque del tema, para cuidar a Milei. Incluso, momentos antes de la interrupción, se escucha a Milei preguntarle a Viale si había recibido las preguntas que debía hacerle, lo que sugiere una coordinación previa. En el material filtrado, se escucha a Viale decir: «Sí, yo entiendo, me doy cuenta: te puede traer un quilombo judicial». Después, la entrevista que se realizó en la Casa de Gobierno y fue emitida por TN, salió editada y con los recortes sugeridos. El crudo del video evidenció estas maniobras al circular en redes sociales evidenciando la «connivencia» entre el animador de prensa y el gobierno.
Ahora, este jueves, con la intervención de Diputados, el caso dejó de ser un diferendo entre el Ejecutivo y los medios para convertirse en un asunto de control institucional. La sociedad espera la reacción del Gobierno frente al atropello y violación de la Ley 12908 y aguarda para ver si formaliza, modifica o retrotrae la decisión. De esa respuesta depende no sólo la situación inmediata de los acreditados, sino el criterio que regirá en adelante sobre el acceso periodístico a la principal sede del poder político argentino.
Pese a la violación de la ley -que a su vez oficia de Estatuto del Periodista profesional-, la Justicia argentina no intervino.