El licenciado en Psicología analizó los alcances de la Ley Nacional de Salud Mental y cuestionó los cambios promovidos por el Ejecutivo. Sostuvo que la norma surgió de un amplio consenso social y profesional, y señaló que los principales problemas de implementación responden a la falta de financiamiento antes que a su contenido.

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Jueves 4 de junio de 2026. La discusión en torno a la salud mental volvió al centro del debate público tras la decisión del Gobierno nacional de avanzar con modificaciones sobre la Ley Nacional de Salud Mental. En ese contexto, el licenciado en Psicología Nicolás Andorno analizó en Plural (programa periodístico de Canal 4 Posadas) el origen, los principios y los desafíos de la norma sancionada en 2010, y expresó su preocupación por lo que considera un retroceso en materia de derechos y abordajes terapéuticos, a partir de los cambios que impulsa el gobierno Nacional de Javier Milei.
Andorno recordó que la Ley 26.657 fue producto de un extenso proceso de debate en el Congreso, con participación de asociaciones profesionales, organismos de derechos humanos, instituciones públicas y privadas, familiares y usuarios del sistema de salud mental. Según explicó, el objetivo central de la norma fue garantizar derechos históricamente vulnerados en personas con padecimientos mentales.
El profesional señaló que la ley surgió en respuesta a siglos de prácticas de exclusión, encierro y estigmatización. Desde los tiempos en que la locura era interpretada como una posesión demoníaca hasta los modelos manicomiales más recientes, las personas atravesadas por sufrimientos psíquicos quedaron expuestas a situaciones que, en muchos casos, implicaron graves violaciones de derechos.
Uno de los ejes centrales de la legislación vigente es el enfoque de derechos humanos. La norma reconoce que los padecimientos mentales no constituyen fenómenos necesariamente irreversibles, promueve el consentimiento informado y evita presumir incapacidad en quienes atraviesan tratamientos. Además, incorpora una mirada amplia sobre la salud mental, vinculada no sólo a factores biológicos sino también a condiciones sociales, familiares, educativas, laborales, económicas y culturales.
Andorno destacó que la ley introdujo una perspectiva interdisciplinaria, en la que participan distintas profesiones además de la medicina, y un enfoque intersectorial que compromete a áreas como educación, desarrollo social y trabajo en la construcción de respuestas integrales.
«La salud mental tiene mucho que ver con las posibilidades de inclusión y circulación social de las personas», sostuvo. En ese sentido, remarcó que numerosos padecimientos se vinculan con procesos de exclusión, estigmatización y falta de contención comunitaria.

El modelo de desmanicomialización
La ley también impulsó un proceso de desmanicomialización, orientado a reducir la utilización de instituciones psiquiátricas como principal respuesta frente a los padecimientos mentales. El objetivo fue favorecer tratamientos en ámbitos comunitarios y fortalecer la atención en hospitales generales.
Andorno explicó que la internación continúa contemplada por la legislación, aunque como una medida excepcional. En los casos involuntarios, debe existir una evaluación interdisciplinaria que incluya la intervención de profesionales de distintas áreas y posteriormente la comunicación al Poder Judicial.
«La internación involuntaria implica una restricción de la libertad y por eso debe considerarse una medida extrema», señaló.
El psicólogo sostuvo que muchos cuestionamientos dirigidos a la ley surgieron a partir de casos de alta exposición pública. Sin embargo, consideró que situaciones como la del músico Chano Charpentier evidenciaron más las falencias en la aplicación de políticas preventivas y asistenciales que problemas derivados del texto legal.

Presupuesto insuficiente
Para el especialista, las principales dificultades de implementación no se originan en la estructura de la ley sino en la falta de financiamiento sostenido.
Recordó que la normativa estableció como meta destinar el 10% del presupuesto sanitario al área de salud mental. Sin embargo, afirmó que ese objetivo nunca se alcanzó. Según indicó, en los años de mayor inversión el porcentaje rondó el 3%, mientras que actualmente se ubicaría cerca del 1,4%.
«Si la ley tuvo problemas para implementarse, esos problemas tienen que ver fundamentalmente con la falta de presupuesto», afirmó.
También observó que en Misiones no existen datos públicos precisos sobre la asignación específica destinada a salud mental dentro del presupuesto general del sistema sanitario.

Críticas a la reforma impulsada por el Ejecutivo
Respecto de las modificaciones promovidas desde la Presidencia, Andorno consideró que avanzan hacia un modelo más centrado en el paradigma médico tradicional y reducen el peso de los equipos interdisciplinarios.
Según su análisis, la propuesta fortalece la centralidad de la decisión médica y debilita la participación de otras disciplinas que aportan herramientas para comprender la complejidad de los padecimientos mentales.
El profesional advirtió que esta orientación implica volver a interpretar muchos sufrimientos psíquicos exclusivamente desde una perspectiva biológica o neurológica, dejando en segundo plano factores sociales y comunitarios que influyen sobre la salud mental.
Además, señaló que persisten déficits históricos en la capacitación de agentes sanitarios y fuerzas de seguridad para intervenir en situaciones de crisis, una de las áreas que la legislación vigente buscaba fortalecer.

El desafío de cambiar la mirada social
Más allá de la discusión normativa, Andorno planteó que la desmanicomialización constituye también un proceso cultural y social. En ese marco, llamó a revisar las formas en que la sociedad comprende la diversidad y los padecimientos subjetivos.
Cuestionó la tendencia a medicalizar conductas y experiencias humanas complejas y advirtió sobre el avance de modelos que interpretan cada vez más aspectos de la vida cotidiana como síntomas de enfermedades individuales.
Para el psicólogo, una política de salud mental efectiva requiere fortalecer dispositivos comunitarios, garantizar recursos suficientes y promover la inclusión social como herramienta terapéutica.
«La internación prolongada muchas veces termina cronificando situaciones en lugar de favorecer procesos de recuperación», sostuvo.
Desde esa perspectiva, concluyó que el debate actual excede la organización de los servicios de salud y se vincula con la forma en que la sociedad reconoce derechos, acepta la diversidad y construye respuestas frente al sufrimiento psíquico.