El Gobierno no logró los votos y postergó un debate que divide al oficialismo y a las provincias. La iniciativa busca eliminar las restricciones para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros y forma parte del paquete de reformas sobre propiedad privada impulsado por Javier Milei. La falta de consenso, las diferencias internas y la resistencia de gobernadores y bloques aliados llevaron al oficialismo a aplazar por cuarta vez el tratamiento.

Jueves 16 de julio de 2026. El Gobierno nacional sufrió un nuevo revés parlamentario. La Libertad Avanza no consiguió reunir los votos necesarios para aprobar la reforma de la Ley de Tierras y decidió postergar, por cuarta vez, el tratamiento del proyecto en el Senado. La discusión quedó reprogramada para el 6 de agosto, aunque el escenario político todavía aparece abierto y sin garantías de que el oficialismo logre construir una mayoría.
La iniciativa integra el denominado paquete de reformas sobre propiedad privada y propone modificar uno de los cambios regulatorios más relevantes de la última década: eliminar las restricciones que actualmente limitan la compra de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras.
La postergación expuso, además, una doble dificultad para el Gobierno. Por un lado, la ausencia de votos suficientes para aprobar una reforma altamente sensible desde el punto de vista político y federal. Por otro, diferencias internas entre la conducción parlamentaria de La Libertad Avanza y el equipo económico encargado de la desregulación del Estado.

Una ley nacida para proteger el dominio nacional sobre la tierra
La Ley Nacional 26.737, sancionada en diciembre de 2011, estableció un régimen destinado a preservar el dominio nacional sobre las tierras rurales.
La norma fijó límites concretos a la titularidad extranjera. Entre sus principales disposiciones estableció que:
-los extranjeros no pueden superar el 15% de la totalidad de las tierras rurales del país;
-dentro de ese porcentaje, las personas de una misma nacionalidad tampoco pueden superar el 30%;
-una persona o empresa extranjera no puede adquirir superficies equivalentes o superiores a mil hectáreas en la zona núcleo, con equivalencias determinadas según la productividad de cada región;
-existen restricciones especiales sobre inmuebles ubicados en zonas de seguridad de frontera o que contengan recursos estratégicos, como cuerpos de agua permanentes.
La normativa surgió luego de años de debate sobre el crecimiento de inversiones extranjeras destinadas a la adquisición de grandes extensiones rurales, particularmente en regiones de alto valor ambiental, productivo o vinculadas a reservas de agua dulce.

Qué pretende cambiar el Gobierno
El proyecto impulsado por el oficialismo elimina prácticamente todas esas limitaciones para las inversiones privadas extranjeras.
La versión más reciente del dictamen establece que únicamente continuarán prohibidas las compras realizadas por Estados extranjeros o por empresas controladas por gobiernos extranjeros, salvo autorización expresa de la provincia correspondiente y del Poder Ejecutivo Nacional.
Respecto de los privados, el nuevo esquema elimina los topes nacionales y otorga a las provincias la facultad de definir si establecen o no restricciones propias.
Ese punto terminó generando nuevas diferencias dentro del propio Gobierno.
Mientras un sector del oficialismo aceptaba avanzar con un esquema federal, que permitiera a cada provincia regular la materia, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, rechazó esa alternativa por considerar que desnaturaliza el objetivo central de la reforma, orientado a eliminar regulaciones sobre el mercado de tierras.
Fuentes parlamentarias señalaron que ese desacuerdo provocó malestar dentro del bloque libertario y obligó a volver a revisar un dictamen que ya acumulaba quince versiones diferentes.

Un debate que atraviesa al oficialismo
La falta de consenso no se limita a la oposición. Varios senadores considerados aliados del Gobierno anticiparon que no acompañarán la eliminación de los límites nacionales.
Entre quienes mantienen reparos aparecen los radicales Maximiliano Abad, Daniel Kroneberger y Flavio Fama, además de legisladores provinciales como Alejandra Vigo, José Carambia, Natalia Gadano y Edith Terenzi.
Las objeciones responden a distintos argumentos. Algunos sostienen que la tierra constituye un recurso estratégico cuya regulación no puede quedar librada exclusivamente al mercado.
Otros consideran que la reforma afecta competencias provinciales, mientras que también existen cuestionamientos vinculados con la protección de zonas fronterizas, recursos hídricos y áreas ambientalmente sensibles.

El quórum mostró un oficialismo con mayoría muy ajustada
Las dificultades políticas ya habían quedado expuestas antes del inicio de la sesión.
La Libertad Avanza apenas consiguió reunir el quórum mínimo de 37 senadores para habilitar el debate.
El oficialismo contó con el respaldo de 21 senadores libertarios; diez radicales; dos representantes del PRO; dos legisladores de Encuentro Misionero; un senador de Primero los Salteños y un representante de La Neuquinidad.
En cambio, optaron por no dar quórum varios bloques dialoguistas que habitualmente acompañan iniciativas del Gobierno, entre ellos Convicción Federal, Despierta Chubut, Movere Santa Cruz, Independencia y Provincias Unidas.
La ausencia de esos aliados terminó condicionando toda la estrategia parlamentaria.

Una reforma mucho más amplia
La modificación de la Ley de Tierras constituye apenas uno de los capítulos del proyecto de propiedad privada.
La iniciativa también incorpora cambios sobre el régimen nacional de alquileres; las normas de expropiación; aspectos vinculados con la Ley de Manejo del Fuego; otras disposiciones orientadas a reducir regulaciones estatales sobre el uso y la disponibilidad de la propiedad privada.
El Gobierno considera que esas modificaciones favorecerán la llegada de inversiones, incrementarán la seguridad jurídica y dinamizarán el mercado inmobiliario y agropecuario.
Sin embargo, distintos sectores políticos, académicos y organizaciones rurales sostienen que la desregulación puede facilitar procesos de concentración de la tierra, extranjerización de recursos estratégicos y pérdida de capacidad de control por parte del Estado.

Un debate con impacto directo en las provincias
La discusión adquiere especial relevancia para provincias con fuerte base agropecuaria, forestal o fronteriza, como Misiones.
La provincia posee extensas áreas protegidas, recursos hídricos estratégicos, selva paranaense y una extensa frontera internacional con Brasil y Paraguay, factores que históricamente llevaron a distintos gobiernos provinciales a reclamar controles específicos sobre la transferencia de tierras.
La posibilidad de que cada provincia establezca su propio régimen regulatorio aparece como un intento de equilibrar las demandas de autonomía provincial con el programa desregulador impulsado por la administración de Javier Milei.
Sin embargo, esa solución tampoco logró consenso dentro del oficialismo nacional.

Agosto aparece como una nueva prueba para el Gobierno
La postergación hasta el 6 de agosto otorga al Ejecutivo algunas semanas para renegociar el proyecto y reconstruir apoyos parlamentarios.
El desafío no será menor. Además de conseguir los votos necesarios, el Gobierno deberá resolver sus propias diferencias internas respecto del alcance de la desregulación y definir si mantiene el esquema federal propuesto en las últimas versiones del dictamen o vuelve al texto original.
Por ahora, la reforma de la Ley de Tierras continúa detenida. El resultado refleja una realidad que se repite desde el inicio de la gestión libertaria: aun cuando logra abrir el debate parlamentario, el oficialismo encuentra crecientes dificultades para convertir en ley las iniciativas que modifican aspectos estructurales del régimen económico e institucional argentino.