Llevó su reclamo al Comité de Derechos Humanos de la ONU. La expresidenta cuestionó su condena en la causa Vialidad, afirmó que existe una persecución política en su contra y anunció una presentación internacional para revisar el proceso judicial. Sostuvo que la pena busca impedir su participación electoral y vinculó su situación con un fenómeno regional de utilización de tribunales contra dirigentes con respaldo popular.

Miércoles 29 de julio de 2026. Cristina Fernández de Kirchner difundió este miércoles una carta abierta titulada “El costo democrático de la politización de la Justicia”, en la que volvió a cuestionar la condena que recibió en la causa conocida como Vialidad y anunció la presentación de una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
En el documento, la exmandataria planteó que su situación excede una discusión judicial y constituye, según su interpretación, un caso de persecución política destinado a impedir su participación en la vida pública. La carta fue difundida en un escenario marcado por la disputa política dentro del peronismo y por las consecuencias de la sentencia que la dejó inhabilitada para ejercer cargos públicos.
La causa Vialidad se convirtió en el eje del conflicto entre la dirigente y el Poder Judicial. En diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal N°2 condenó a Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio del Estado vinculada a la asignación de obras públicas en Santa Cruz durante sus gobiernos. La condena fue revisada posteriormente por la Cámara Federal de Casación Penal y llegó a la Corte Suprema de Justicia, que confirmó la sentencia.
La expresidenta sostiene que el proceso estuvo atravesado por irregularidades y que la condena tiene como objetivo central impedir su regreso electoral. “La proscripción perpetua es, en realidad, la pena principal”, afirmó en la carta, donde ubicó la restricción para competir en elecciones como el aspecto más grave de la resolución judicial.

Reclamo ante organismos internacionales
En uno de los puntos centrales del documento, Fernández de Kirchner informó que presentó una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, un mecanismo previsto por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos para que personas que consideran vulnerados sus derechos puedan recurrir a una instancia internacional luego de agotar las vías internas disponibles.
Para esta etapa de su estrategia jurídica anunció la incorporación de dos abogados extranjeros: el español Javier Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y el brasileño Rafael Valim, especialista en derecho público.
La exmandataria también recordó una presentación realizada en 2022 por un grupo de juristas internacionales luego del atentado que sufrió el 1 de septiembre de ese año, cuando un hombre intentó asesinarla frente a su domicilio en el barrio porteño de Recoleta.
En su carta vinculó aquel episodio con el clima político generado alrededor de su figura y afirmó que la violencia, la estigmatización y la persecución judicial forman parte de un mismo proceso. Esa interpretación es rechazada por sectores opositores y por dirigentes judiciales que sostienen que la condena responde exclusivamente a una investigación penal.
La carta profundiza una línea discursiva que Cristina Kirchner viene sosteniendo desde el inicio de la investigación judicial: que existe una utilización política del Poder Judicial para excluir dirigentes populares.
En ese sentido, comparó su situación con otros casos internacionales donde líderes políticos enfrentaron procesos judiciales que sus seguidores interpretaron como intentos de desplazamiento político. Mencionó un fenómeno global de “judicialización de la política” y planteó que representa una amenaza para las democracias constitucionales.
“La democracia deja de ser plenamente democrática cuando los jueces sustituyen la voluntad popular”, escribió.
El planteo se inscribe en un debate internacional conocido como lawfare, término utilizado por dirigentes políticos de distintos países para denunciar la utilización de herramientas judiciales con fines de persecución política. Sus críticos sostienen que esa categoría puede utilizarse para desacreditar investigaciones judiciales contra funcionarios públicos acusados de corrupción.
La carta también funciona como una reafirmación del liderazgo político de Cristina Kirchner dentro del espacio opositor. Su situación judicial condiciona la estrategia electoral del peronismo, que perdió el gobierno nacional en 2023 y atraviesa un proceso de reorganización interna.
Desde la confirmación de la condena, sus sectores más cercanos sostienen que existe una proscripción política y convocan a defender su figura como referencia del movimiento. Otros sectores del peronismo plantean la necesidad de construir una nueva conducción y ampliar la representación electoral hacia otros dirigentes.
La propia expresidenta cerró el mensaje con una apelación a sus seguidores y una referencia al futuro político: “Volveremos a encontrarnos. Volveremos a caminar juntos”, expresó.
El reclamo internacional abre una nueva etapa en una disputa que combina dimensiones judiciales, políticas e institucionales.
Por un lado, Cristina Kirchner busca que un organismo internacional analice si existieron vulneraciones al debido proceso, garantías judiciales y derechos políticos. Por otro, la Justicia argentina sostiene que el expediente atravesó todas las instancias previstas y que la condena fue producto de un proceso con controles judiciales sucesivos.
La presentación ante Naciones Unidas no implica una revisión automática de la sentencia argentina. El Comité de Derechos Humanos puede analizar si existieron violaciones a derechos reconocidos por tratados internacionales y emitir observaciones o recomendaciones al Estado.
La controversia vuelve a colocar en el centro de la discusión uno de los debates más sensibles de la democracia argentina: la relación entre Justicia, política y representación popular.

La carta completa de Cristina Kirchner

Carta abierta: El costo democrático de la politización de la justicia
Hoy me dirijo a cada argentina y a cada argentino con la serenidad de quien sabe que la verdad tiene una fuerza que ninguna operación política, ninguna campaña de difamación y ninguna sentencia injusta podrán derrotar para siempre.
He dedicado mi vida al servicio de la Argentina. Lo hice con la convicción de que la política es la herramienta más noble para transformar la realidad, para ampliar derechos y para construir un país más justo, más libre y más solidario.
Por eso, el ataque del que hoy soy víctima no tiene como destinataria únicamente a una persona. Tiene como destinatario a un proyecto político y, por encima de todo, a la voluntad soberana del pueblo argentino.
Lo que he padecido y padezco no puede comprenderse únicamente como una sucesión de decisiones judiciales equivocadas. Estamos frente a graves violaciones de derechos humanos, nacidas de un machismo estructural que todavía subsiste en sectores del sistema judicial argentino.
Durante años se ha pretendido juzgarme no solo por mis actos, sino fundamentalmente por mi condición de mujer, por haber ejercido el liderazgo político con firmeza y por no haber aceptado jamás los privilegios de quienes siempre creyeron que el poder les pertenecía exclusivamente a ellos.
Ser la única mujer electa y reelecta Presidenta de la República Argentina y, al mismo tiempo, con los desastres que se han hecho a lo largo de la historia en nuestro país… ¿ser la única ex presidente condenada por la Corte Suprema? ¿En serio alguien puede pensar que eso es una casualidad?
Cuando una mujer es perseguida con un nivel de violencia, de estigmatización y de arbitrariedad que excede cualquier límite razonable, llegando al extremo de funcionar como un incentivo para que atenten contra mi propia vida (como sucedió el 1 de septiembre del año 2022), no estamos simplemente frente a una injusticia individual. Estamos frente a una manifestación del profundo machismo que aún sobrevive en instituciones que deberían garantizar igualdad, imparcialidad y respeto por la dignidad humana.
Sin embargo, y como siempre, quiero ser clara: todas y cada una de las arbitrariedades cometidas contra mí tienen un solo objetivo: proscribirme de la vida política. La proscripción perpetua es, en realidad, la pena principal. La privación de la libertad por seis años es sólo la accesoria. Quieren impedir que una parte del pueblo argentino pueda volver a elegir libremente el proyecto que representa sus esperanzas.
La proscripción de un dirigente político nunca termina afectando solamente a ese dirigente. En realidad, constituye una violación de los derechos políticos de cada argentino y de cada argentina. Por eso cuando se manipulan los tribunales para excluir adversarios políticos, se le arrebata al pueblo el derecho de decidir su propio destino.
Y debo decir también que todo esto no es un fenómeno exclusivamente argentino.
Lamentablemente, en todos los continentes asistimos a la utilización creciente del sistema de justicia como un instrumento para neutralizar dirigentes políticos que cuentan con respaldo popular. Cambian los países, cambian los nombres, cambian las circunstancias, pero el método es el mismo: convertir al Derecho y al Sistema de Justicia en un arma política para eliminar adversarios que no pudieron ser derrotados por el voto.
Ese fenómeno representa una de las mayores amenazas que enfrentan hoy las democracias constitucionales. Porque una democracia deja de ser plenamente democrática, cuando los jueces sustituyen la voluntad popular y cuando los procesos judiciales dejan de buscar la verdad para convertirse en instrumentos de persecución y proscripción política.
Frente a esa realidad, no responderé con odio. No responderé con violencia. Responderé con más Derecho, con más democracia y con más verdad.
Por el profundo sentido cívico y el respeto institucional que han guiado mi vida y mis acciones… y por la indignación que me producen las ilegalidades de las que soy víctima, anuncio hoy que he presentado una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Lo hago con la convicción de que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos constituye una conquista de la humanidad precisamente para momentos como este: cuando los mecanismos internos de un país dejan de proteger a las personas frente a los abusos del poder.
En 2022, luego de sufrir el atentado, un grupo de reconocidos juristas Internacionales, integrado por Raúl Zaffaroni (Argentina), Patricio Pazmiño Freire (Ecuador), Baltazar Garzón Real (España), Juárez Tavares (Brasil), Francesco Shiaffo, Sergio Moccia y Antonio Cavaliere (Italia), formularon una primera denuncia frente a la feroz persecución de la que estaba siendo víctima, y detallando las irregularidades y múltiples violaciones a mis derechos fundamentales. Luego vino la condena y proscripción en la causa “Vialidad”.
Y para llevar adelante esta nueva etapa de mi defensa, he decidido convocar a dos abogados extranjeros de reconocido prestigio internacional, con una trayectoria independiente y ampliamente respetada en la protección de los derechos humanos: el español Javier Borrego y el brasileño Rafael Valim. Su experiencia, su autoridad académica y su compromiso con el Estado de Derecho contribuirán a que esta causa concreta sea examinada con el rigor jurídico que merece.
Ante ese Comité, todos los jueces argentinos que participaron en mi juzgamiento serán sometidos al escrutinio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Allí deberán responder no ante un gobierno ni ante un partido político, sino ante los principios universales de independencia judicial, debido proceso, igualdad ante la ley y protección efectiva de los derechos fundamentales.
Compatriotas:
Jamás me doblegaré ante quienes creen que pueden vencer mediante la persecución y el miedo. Nunca podrán quebrar mis convicciones ni mi compromiso con la Argentina.
Lucharé hasta el último día por el reconocimiento de mi inocencia.
Lucharé porque sé que la verdad termina siempre abriéndose camino.
Lucharé porque creo profundamente en la justicia cuando actúa con independencia y con respeto al Derecho.
Y lucharé, sobre todo, por ustedes, por el pueblo argentino, que merece vivir en una República donde nadie sea perseguido por sus ideas políticas, donde ninguna mujer sea discriminada por ejercer el liderazgo y donde los derechos humanos sean una realidad para todos y no un privilegio para algunos.
Quiero terminar dirigiéndome directamente a quienes hoy sienten angustia, incertidumbre o tristeza.
No bajen los brazos.
No permitan que les roben la esperanza.
La historia de nuestro pueblo demuestra que ninguna injusticia ha sido eterna y que ninguna proscripción ha logrado apagar definitivamente la voluntad popular.
Tengo una fe inmensa en la conciencia democrática del pueblo argentino.
Y por eso les digo, con la misma convicción con la que siempre enfrenté las horas más difíciles de nuestra historia y las de mi propia vida: muy pronto volveremos a encontrarnos. Volveremos a caminar juntos.
Volveremos a construir una Argentina donde la solidaridad vuelva a ser un valor, donde la equidad vuelva a orientar el destino de la Nación y donde la dignidad del pueblo esté siempre por encima de cualquier privilegio.
Porque los pueblos pueden ser perseguidos. Pueden ser difamados. Pueden ser atacados.
Pero jamás podrán ser derrotados cuando permanezcan unidos en defensa de la democracia, de la memoria, de la justicia y de la verdad.