Misiones Plural

La iniciativa de productores primarios propone que Misiones declare la emergencia de la producción primaria durante 360 días y faculte al Poder Ejecutivo a fijar un precio mínimo obligatorio para la hoja verde destinada a proteger a los pequeños productores. El proyecto sostiene que la Provincia conserva atribuciones constitucionales para intervenir ante la crisis del sector.

Viernes 31 de julio de 2026. Un grupo de productores primarios y representantes del sector yerbatero presentó al gobernador Hugo Passalacqua un proyecto de ley que propone declarar la emergencia de la producción primaria yerbatera en Misiones por 360 días y crear un régimen extraordinario destinado a garantizar la continuidad de la actividad.
La iniciativa, entregada el 30 de julio junto con una nota dirigida al mandatario provincial, plantea que la Provincia ejerza competencias propias para intervenir en la crisis que atraviesa la producción primaria, tras los cambios introducidos por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, que modificó el funcionamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).
Los autores del proyecto sostienen que la situación actual responde a una alteración en las condiciones de negociación de la hoja verde que aceleró la descapitalización de miles de pequeños productores y puso en riesgo la continuidad de una de las principales economías regionales de Misiones.
El texto aclara que la propuesta busca actuar dentro de las facultades constitucionales de la Provincia en materia de promoción de la producción, desarrollo económico, protección del trabajo rural, preservación ambiental y ejercicio del poder de policía administrativo. También afirma que la iniciativa no pretende reemplazar al INYM ni modificar el régimen nacional, sino aplicar herramientas provinciales mientras persista la emergencia.
El eje central del proyecto consiste en facultar al Poder Ejecutivo para establecer un Precio Mínimo Sostén obligatorio para la hoja verde producida por explotaciones de hasta 50 hectáreas. Ese valor deberá contemplar los costos directos e indirectos de una explotación eficiente, el pago de la mano de obra conforme a la legislación vigente, las obligaciones tributarias y previsionales y un margen que permita la continuidad económica de las unidades productivas.
El régimen alcanzaría exclusivamente a los productores primarios cuya superficie cultivada no supere las 50 hectáreas. El proyecto también habilita al Ejecutivo a definir la metodología de cálculo del precio, actualizarlo periódicamente y reglamentar su implementación.
La iniciativa incorpora un sistema de fiscalización para controlar el cumplimiento del precio mínimo. La autoridad de aplicación podrá realizar inspecciones, auditorías, solicitar documentación comercial y verificar operaciones de compra de hoja verde. Además, tendrá facultades para intimar la regularización de pagos cuando detecte incumplimientos.
El proyecto establece que será nulo cualquier acuerdo comercial que fije un precio inferior al mínimo oficial y prevé sanciones para quienes incumplan la norma. Entre ellas figuran apercibimientos, multas, suspensión de habilitaciones o beneficios provinciales e inhabilitaciones temporarias para acceder a programas de asistencia vinculados con la actividad yerbatera.
En los fundamentos, los impulsores sostienen que la crisis del sector no obedece a un exceso de producción ni a una caída significativa del consumo, sino a una modificación del equilibrio económico dentro de la cadena yerbatera que fortaleció el poder de negociación de los sectores de mayor capacidad económica en detrimento de los productores primarios.
También argumentan que la declaración de emergencia constituye una respuesta excepcional para preservar el patrimonio productivo, el empleo rural y el arraigo de las familias agrarias hasta que se estabilice el marco institucional de la actividad.
El proyecto fue elevado al gobernador junto con sus fundamentos jurídicos, constitucionales y técnicos para que el Poder Ejecutivo evalúe su eventual envío a la Cámara de Representantes de Misiones. Actualmente se trata de una propuesta impulsada por productores y representantes del sector, por lo que aún no ingresó al circuito legislativo provincial.