Un informe elaborado a partir de registros de la Dirección Nacional de Vialidad sostiene que las empresas vinculadas a Lázaro Báez recibieron el 0,85% de los fondos distribuidos entre 2009 y 2015 mediante un fideicomiso para obras viales. Los abogados de la expresidenta consideran que el dato cuestiona un fundamento de la condena y anunciaron que lo utilizarán en un recurso de revisión y en el planteo ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Martes 15 de septiembre de 2026. Los abogados Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego presentaron este martes en Buenos Aires una nueva evidencia con la que buscan cuestionar fundamentos de la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. Durante una conferencia de prensa, Beraldi explicó que el nuevo elemento surgió de una base de datos de la Dirección Nacional de Vialidad que un técnico del organismo exhibió el 6 de agosto durante una audiencia de la causa Cuadernos. La defensa solicitó posteriormente esa documentación y encargó un análisis sobre el destino de los recursos.
Según el informe difundido por los abogados, entre el 29 de enero de 2009 y el 10 de diciembre de 2015 se desembolsaron más de 2.000 millones de dólares mediante el mecanismo de financiamiento analizado. Las empresas vinculadas al Grupo Austral, de Lázaro Báez, recibieron 18,66 millones de dólares, equivalentes al 0,85% del total.
Beraldi sostuvo que ese dato contradice la interpretación que, según la defensa, hizo el Tribunal Oral Federal N° 2 sobre el Decreto 54/2009. El abogado afirmó que la sentencia vinculó ese mecanismo de financiamiento con un supuesto propósito de beneficiar a empresas de Báez.
“Encontramos una prueba determinante”, sostuvo Beraldi al presentar el informe. Para la defensa, el volumen total de recursos distribuidos y la baja participación del Grupo Austral cuestionan la hipótesis de que el mecanismo hubiera sido diseñado para favorecer específicamente a ese grupo empresario.

De dónde surgió la nueva evidencia
El origen de la documentación está en otra causa judicial. Durante una audiencia del expediente Cuadernos, un técnico de Vialidad Nacional mostró una planilla con información sobre la distribución de los fondos del fideicomiso. Beraldi afirmó que la defensa no había tenido acceso anteriormente a esa base de datos.
A partir de esa exposición, los abogados solicitaron la documentación y realizaron un nuevo análisis de los desembolsos. El estudio difundido indica que la base comprende 367 obras, 114 empresas constructoras y 3.855 certificados de obra, con desembolsos por unos 2.200 millones de dólares. Las obras vinculadas al Grupo Austral representaron una porción minoritaria de ese universo.
La defensa considera que esta información adquiere relevancia porque permite observar la distribución de los fondos entre distintos contratistas y comparar la participación de las empresas de Báez con la de otros grupos empresarios. Entre las compañías que aparecen entre los principales receptores figura IECSA, vinculada al empresario Angelo Calcaterra.

La diferencia entre el nuevo dato y la causa Vialidad
El nuevo informe requiere una precisión central para dimensionar su alcance. La causa Vialidad no investigó todos los recursos administrados por Vialidad Nacional ni todos los contratos de obra pública del país. El proceso judicial se concentró en 51 obras viales adjudicadas en Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.
La Justicia consideró acreditado que las empresas vinculadas a Báez concentraron una proporción muy elevada de esas contrataciones. Distintas reconstrucciones de los fundamentos de la sentencia ubican esa participación alrededor del 85% de las obras investigadas en Santa Cruz.
Por eso, el 0,85% presentado ahora por la defensa y el porcentaje atribuido a Báez dentro de las obras investigadas en Santa Cruz describen universos diferentes.
El primero surge de un análisis nacional de los desembolsos realizados mediante una determinada fuente de financiamiento durante varios años. El segundo corresponde al conjunto específico de contratos que integraron la acusación en la causa Vialidad.
La defensa sostiene que el primer dato afecta la interpretación judicial sobre el Decreto 54/2009. La existencia de ese dato, sin embargo, no implica por sí misma que haya quedado demostrado que la sentencia fue errónea ni que Cristina Kirchner haya sido judicialmente declarada inocente. Esa es la conclusión que la defensa pretende obtener mediante los mecanismos de revisión que anunció.

Qué hará ahora la defensa
Los abogados anticiparon dos vías. Por un lado, promoverán un recurso de revisión en la Justicia argentina para intentar reabrir la discusión sobre la condena. Por otro, incorporarán la nueva documentación al planteo que la defensa ya lleva ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
La defensa había iniciado en julio una comunicación individual ante ese Comité para cuestionar aspectos del proceso judicial y plantear presuntas violaciones de garantías reconocidas por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La presentación internacional constituye un procedimiento distinto de los recursos previstos por la Justicia argentina.
La nueva documentación se suma ahora a esa estrategia. Beraldi sostuvo que, por la relevancia que atribuye al hallazgo, los abogados decidieron incorporarla al expediente internacional y utilizarla también para intentar una revisión de la condena en el ámbito interno.
La presentación de los abogados no modifica por sí misma la situación jurídica de Cristina Kirchner. La expresidenta fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. La Corte Suprema dejó firme la condena en junio de 2025. Actualmente cumple la pena bajo prisión domiciliaria.
La nueva evidencia deberá ser evaluada por las autoridades judiciales competentes si la defensa formaliza el recurso de revisión. Del mismo modo, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas deberá determinar el tratamiento que corresponda a la comunicación internacional y a la documentación que la defensa incorpore.
Por ahora, lo que existe es una nueva evidencia documental presentada públicamente por la defensa y una interpretación jurídica sobre su alcance. El informe sostiene que las empresas de Báez recibieron el 0,85% de los fondos del fideicomiso analizado. Los abogados consideran que ese dato contradice un fundamento de la condena. La determinación de si efectivamente modifica el razonamiento judicial dependerá de la evaluación de los organismos y tribunales que intervengan.