Misiones Plural

La doctora en Ciencias Sociales Luciana Ghiotto investigó el microestado (una “ciudad privada” en Honduras) dentro del país gobernado por una corporación que dicta sus reglas al margen de la Constitución para evadir impuestos y hacer ensayos transhumanos. Una distopía tecnofascista donde los tecno-bro cumplen su sueño de “la libertad”.

Por Julián Varsavsky

Lunes 7 de septiembre de 2026. Luciana Ghiotto es investigadora del Conicet y trabaja en la Escuela de Política y Gobierno de la UNSAM: se enfoca en entender cómo el derecho internacional de las inversiones devino una de las herramientas más eficaces para blindar al poder corporativo frente a los Estados. Se especializó en el sistema de arbitraje internacional por el cual una empresa puede demandar a un país ante tribunales privados por fuera de la justicia nacional, cuando un gobierno adopta una medida que afecta sus ganancias. El resultado de esos juicios define cuánto dinero público se destina a indemnizar a las corporaciones, cuánto margen de acción le queda a un Estado para regular y hasta qué punto una comunidad puede defender su territorio sin que eso derive en una demanda millonaria. Desde un grupo de trabajo de Clacso, Ghiotto estudia esta arquitectura jurídica con una perspectiva crítica latinoamericana. Es parte del Observatorio del RIGI que sigue los proyectos de inversión en este régimen de incentivos en Argentina y conforma la plataforma isds-americalatina.org del Transnational Institute (TNI) donde sistematizan casos legales que enfrentan los países de la región. En ese contexto estudió la demanda arbitral contra Honduras en el Ciadi por el caso de la ciudad Próspera.

-Roatán es una isla paradisíaca en Honduras con una comunidad afrodescendiente de 800 habitantes. Justo al lado del pueblo nativo, le entregaron tierras a millonarios extranjeros imbuidos del tecnofascismo, para que instalen allí su primera utopía libertaria. ¿El origen de esto?
-Comienza en 2013 cuando el Congreso Nacional estaba presidido por Juan Orlando Hernández, luego elegido presidente en 2013 y fue condenado en EE.UU. por narcotráfico, indultado por Donald Trump. Su partido reformó artículos de la Constitución, aprobando la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE). Las ZEDE serían “generadoras de empleo” y un “polo de atracción de industrias para la exportación”. Así designaron cinco ciudades ZEDE, una de ellas Próspera, que fue distinta. En 2018 un grupo de inversores registró en Delaware (EE.UU.) a la sociedad Honduras Próspera LLC. Y a partir de 2020 empezaron a comprar tierra y construir lo que parecía un desarrollo turístico más. Pero no fue solo eso: la vecina comunidad afrodescendiente de Crawfish Rock se enteró de que la ley de ZEDE le daba a Próspera la potestad de expropiar territorio, incluso habitado. Detrás de este proyecto aparece la trama tecnolibertaria: el CEO de Próspera es el venezolano Erick Brimen. Detrás del financiamiento aparece Pronomos Capital, un fondo asociado a Peter Thiel, que puso 10 millones de dólares para el puntapié inicial.

-¿Qué infraestructura construyeron?
-En Próspera, apenas 200 personas residen de forma permanente. No hay que pensar a esta ZEDE como un enclave de población norteamericana ni un refugio para tecnomagnates. Es un enclave de beneficios jurídicos y fiscales para empresas: funciona como sede de 400 compañías registradas y de proyectos médicos experimentales como terapias genéticas y tratamientos con células madre para reducir el envejecimiento, que se hacen por fuera de las regulaciones científicas y la ética médica, en la línea de los sueños transhumanistas de esos tecnomagnates. Por eso se han instalados algunas empresas de biotecnología y hacen lo que la FDA no les permite en EE.UU. Como no hay regulación, experimentan con “libertad”. La isla también atrae a personas que viajan a hacerse “tratamientos alternativos” y a nómades digitales. Próspera es sobre todo un “paraíso jurídico”, una ciudad privada para quien paga por entrar y regirse por otras reglas, construida al lado de una comunidad local que nunca fue consultada y que ve reducirse su territorio.

-¿En qué sentido es una ciudad privada?
-En el sentido literal: su gobierno no surge del voto ciudadano sino de un contrato. La administración está a cargo de una comisión de nueve miembros, de los cuales cinco son electivos. Los otros cuatro los designa Honduras Próspera Inc. Y como las resoluciones requieren dos tercios de los votos, esa minoría corporativa puede vetar cualquier decisión. Para entrar hay que pagar una cuota como residente físico o residente electrónico. Con eso se constituye una empresa a distancia y nunca es necesario pisar la isla. Ningún permiso para hacer algo dentro de Próspera pasa por el Estado hondureño. Jorge Colindres, el secretario técnico de Próspera, es de facto un “intendente paralelo”: administra los procesos de inversión, otorga permisos de construcción, hace auditorías y cobra impuestos locales. Es una especie de señor feudal con jurisdicción sobre el territorio, donde el Estado hondureño y sus reglas quedan afuera.

-¿Cómo es que la ley hondureña no aplica en ese territorio?
-Las firmas de abogados que asesoraron a Próspera crearon un sistema de varias capas. La primera alcanza a todos por igual: los residentes firman un “acuerdo de coexistencia” que se comprometen a acatar, una especie de constitución mínima de convivencia. Son las reglas de conducta, propiedad y contrato que rigen para cualquiera, sea residente físico, residente electrónico o empresa instalada ahí. La segunda capa define para qué sirve Próspera: se identifican diez sectores de actividad económica: servicios médicos, energía, finanzas y biotecnología. Y las empresas de esos sectores reciben un menú de 36 legislaciones de todo el mundo, según cual les resulte más conveniente para su actividad. Así, una clínica puede operar bajo las normas sanitarias de otro país con controles laxos sobre tratamientos experimentales, mientras que una empresa tecnológica puede regirse por la legislación financiera de otra jurisdicción más permisiva en materia de criptomonedas o de supervisión bancaria. Y si ninguna de esas 36 opciones sirve, pueden redactar su propio reglamento interno y presentarlo para su aprobación a la administración de Próspera.

-¿Cuántas se instalaron?
-A comienzos de 2024 había unas 50 firmas operando físicamente y cerca de 200 inscriptas, muchas de ellas virtuales. Entre los casos más resonantes aparece Oklo, una startup estadounidense respaldada por Sam Altman que busca construir pequeños reactores nucleares, algo que en cualquier país exigiría décadas de habilitaciones regulatorias. Próspera es una compra “a la carta” de reglas: se elige la regulación más conveniente para cada negocio, algo que ningún otro territorio del mundo ofrece. Esto explica por qué terminó funcionando como un imán para actividades que en cualquier otro lugar tendrían controles éticos, sanitarios o financieros más estrictos. Además tienen su sistema de resolución de conflictos entre miembros: si hay un diferendo, no interviene la justicia hondureña, sino el tribunal de arbitraje privado de Próspera, integrado por tres magistrados jubilados de Arizona.

-¿Dónde queda la Constitución hondureña en este esquema?
-Ahí está el nudo. Las ZEDE nacieron de una reforma constitucional en 2013 que habilitó estos regímenes de excepción al interior del propio texto de la Constitución. Pero en 2024 la Corte Suprema declaró inconstitucional todo ese andamiaje con una sentencia de efecto retroactivo. Eso significaría que la Constitución hondureña vuelve a regir sobre ese territorio. Pero en la práctica, Próspera sigue operando igual que antes, invocando derechos adquiridos y la estabilidad regulatoria por décadas que asignaba el plan original. Aquí hay una situación jurídica anómala. Mientras la Constitución dice que hoy ese territorio no debe regirse por reglas ajenas al Estado, Próspera sigue actuando igual y trasladó la discusión a un tribunal de arbitraje: el CIADI.

-¿Qué infraestructura tiene Próspera?
-Han construido bastante menos de lo prometido. La obra más visible es Duna Residences, una torre de 14 pisos levantada en terrenos de la aldea de Crawfish Rock, “restringida” bajo la Ley Especial de Áreas Protegidas. Para construirla arrasaron un bosque en un cerro sin permiso de la Alcaldía ni licencia de la Secretaría de Recursos Naturales. Y cuando la organización ambientalista ARCAH denunció esa falta, el secretario técnico de Próspera presentó un “permiso ambiental” que había emitido la propia ZEDE. Es decir, no piden permiso al Estado: se lo dan a sí mismos. Pudieron construir sin autorización externa porque, para ellos, la autoridad competente no es el municipio, sino su propia estructura. Próspera se promueve en redes sociales, pero lo edificado es escaso: algunas oficinas de coworking, una supuesta universidad virtual y el desarrollo de Vitalia, una comunidad ligada a la medicina de la longevidad con clínicas que ofrecen tratamientos experimentales no están aprobados en otros países. En paralelo, avanzaron sobre terrenos en la isla sumando 1,5 millones de metros cuadrados: la infraestructura física crece más despacio que la jurídica, que en definitiva, es el verdadero producto que ofrece Próspera.

-¿Se trata de una sola corporación o son personas individuales?
-Es una red de capital tecnolibertario que combina un puñado de inversores ideológicamente afines con una arquitectura legal hondureña a su medida. No es una sola corporación, sino una constelación de actores bajo el mismo paraguas. En el centro está Honduras Próspera Inc. fundada con un fondo inicial de 120 millones de dólares. Detrás aparecen los inversores Peter Thiel y Marc Andreessen a través Pronomos Capital. Y están los 200 residentes y empresas inscritas, la mayoría virtuales, que pagan la membresía para operar bajo ese marco regulatorio. Ser parte de Próspera cuesta 130 dólares al año, ya sea para entrar físicamente o ser miembro virtual a distancia. Así, cualquiera accede a una jurisdicción que se presenta como una revolución del derecho internacional de las inversiones con estabilidad regulatoria por cinco décadas y tribunales de arbitraje propios. Próspera lanzó un programa de residencia fiscal por una suma fija de 5.000 dólares anuales, que reemplaza a cualquier otro impuesto a la renta, sin importar cuánto se gane ni de dónde venga ese ingreso a nivel mundial. Esto está orientado a quien ya rompió el vínculo tributario con su país y busca dónde declarar formalmente que es residente fiscal, como los nómades digitales y profesionales que trabajan de forma remota y “flotan” entre jurisdicciones sin pagar impuestos en ningún lado.

-Además hay empresas físicas instaladas.
-Sí: mientras en el resto de Honduras las sociedades pagan un impuesto a las ganancias del 25%, en Próspera baja al 1% sobre los ingresos brutos: por eso se instalan. Además no hay impuesto a las ganancias de capital y buena parte de los residentes tributa bajo un régimen territorial que no grava los ingresos generados fuera de la ZEDE. Próspera es una utopía libertaria que provoca un vaciamiento fiscal legalizado a Honduras, un país pobre donde el Estado necesita sostener servicios públicos, pero este esquema funciona como un robo sistemático disfrazado de “incentivo a la inversión”.

-Las ZEDE se crearon tras el golpe de Estado de 2009 contra Manuel Zelaya. ¿Ese “autogobierno” es total? ¿Qué hizo Xiomara Castro –esposa de Zelaya– cuando ganó las elecciones en 2021?
-Próspera funciona como una especie de micro-Estado dentro del territorio hondureño, no porque se haya despegado completamente del Estado: es el Estado hondureño el que sigue siendo el garante de que el capital siempre gane. Próspera se autogobierna puertas adentro, pero cuando algo falla, le reclama al Estado para que responda jurídica y económicamente. Xiomara Castro ganó la presidencia con la derogación de las ZEDE como bandera. Al asumir, el Congreso aprobó su eliminación como un acto de recuperación de soberanía. Entonces Próspera no fue a discutir a un tribunal hondureño: fue al arbitraje internacional y le reclamó al Estado casi 11 mil millones de dólares (un tercio del PBI). Ahí se entiende qué eran esos “derechos adquiridos”: no era solo el derecho a operar con sus propias reglas, sino la pretensión de que estas quedaran congeladas para siempre, blindadas contra la voluntad de un gobierno elegido democráticamente.

-¿La revocación de las ZEDE cambió el funcionamiento de Próspera?
-En los papeles, sí. Después, en 2024, la Corte Suprema declaró inconstitucionales a las ZEDE con efecto retroactivo “desde siempre”. Esto anula cualquier acto derivado del régimen especial, incluidas las incorporaciones de las tierras que Próspera fue sumando. Pero sobre el terreno cambió poco. Próspera siguió operando, construyendo y expandiendo su territorio, amparándose en la autogobernanza que dice tener por la ley derogada.

-¿Qué sucede con la demanda en el CIADI?
-En octubre de 2025, un mes antes de las elecciones hondureñas, Próspera redujo el monto reclamado en un 85%: lo bajó a 1.630 millones de dólares. En este tipo de demandas, no importa tanto ganar el caso, sino el efecto que produce lo astronómico del monto. Reclamarle una cifra impagable al segundo país más pobre de América Latina funciona como una forma de chantaje: presiona al Estado para que retroceda con los cambios que hizo y exhibe el poder de las corporaciones extranjeras frente a un país periférico. El arbitraje es la garantía de recuperar lo invertido y una manera de decirle al resto de los inversores —y a cualquier futuro gobierno— qué pasaría si se metiesen con las reglas del juego. Para dimensionarlo, comparemos con el RIGI en Argentina que genera cuestionamientos por blindar reglas del juego para las grandes inversiones por 30 años; es un intento de anular cualquier decisión democrática futura que pueda alterar esas condiciones contractuales.

-La lógica Próspera está detrás de los proyectos RIGI y Super RIGI. Milei habló de “inyección de esteroides” a la economía, una metáfora extraña: aplican una falsa y dañina potencia.
-En Argentina esto toma relevancia por la presencia de Peter Thiel. En abril de 2026 el dueño de Palantir aterrizó en Buenos Aires y su nombre empezó a asociarse al Súper RIGI en el contexto de la promesa oficial de que Argentina se convertirá en un polo de data centers. El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones –RIGI– aprobado ofrece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios por 30 años a inversiones de más de 200 millones de dólares en minería, energía, infraestructura, tecnología, petróleo, gas y siderurgia. El Súper RIGI es una vuelta de tuerca más: un régimen para inversiones de 1.000 millones de dólares en las “nuevas industrias” como IA, data centers, hidrógeno verde y semiconductores con beneficios aún mayores. Tanto el RIGI como el Súper RIGI dan la posibilidad a los inversores de demandar al Estado en el arbitraje internacional, el mecanismo que usó Próspera contra Honduras.

-Por debajo se reconfiguran el capitalismo y la economía argentina.
-No es solo un paquete de beneficios impositivos, sino un desplazamiento del foco de acumulación: el eje productivo pasa desde el centro del país –Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos– vinculado a la industria y la agroindustria, hacia las cordilleranas con la Patagonia como epicentro del gas y los futuros data centers; y el norte del país dedicado a la minería. Esto implica un industricidio: se corre el eje productivo hacia actividades extractivas y de infraestructura digital concentradas en territorios periféricos, mientras se desarma el entramado industrial. La lógica de fondo conecta con Próspera. No es la misma figura jurídica: el RIGI no crea una jurisdicción autónoma como una ZEDE, pero comparte el germen: blindar por décadas las condiciones de una inversión, sustraerlas de cualquier cambio político y ofrecerle a un puñado de capitales extranjeros ligados a la red tecnolibertaria que financia a Próspera las garantías que ningún ciudadano común tiene. Es la misma matriz ideológica del magnate que busca escaparle a las reglas del Estado –negociando jurisdicciones a medida– aplicada ahora no a una isla sino a un país entero. Por eso la idea de que es una “inyección de esteroides” es incorrecta: estos inflan el cuerpo y lo aceleran, a costa de dañarlo. Pero el RIGI y el Súper RIGI no aceleran nada. Desde el Observatorio del RIGI sostenemos que se trata de una inyección de anestesia al Estado: lo paralizan. Le quitan la capacidad de reaccionar justo donde más se necesita: la recaudación, la regulación, la intervención y la planificación. Este régimen no potencia un proceso de desarrollo: lo desactiva por treinta años con carácter irreversible. La discusión no es solo cuánta inversión entra o en qué sectores, sino qué margen de maniobra le queda al Estado para decidir sobre su propio territorio y sus recursos, una vez firmado el compromiso. Igual que en Próspera, estos mecanismos buscan transformar la estabilidad jurídica en una herramienta para inmovilizar al Estado frente al capital, antes que en una garantía de desarrollo para la sociedad.

-¿Es realista el plan de llenar de data centers a la Patagonia?
-Por ahora, es más una promesa. Un data center necesita tierra, agua, electricidad y conectividad. En la Argentina esa conectividad es insuficiente para la escala de este tipo de proyectos: está concentrada en el AMBA y en algunos nodos urbanos, sin la capacidad ni la redundancia necesarias. Y está casi ausente en las provincias patagónicas donde se promete instalar los centros. Ampliar esta red lleva años y una inversión enorme. Y los otros tres elementos disponibles en la región —tierra, agua y electricidad— están en disputa. En Vaca Muerta, la tierra y el agua ya están bajo una presión muy fuerte por el fracking: se estima que un data center necesita 2,5 millones de litros de agua al año por cada megavatio de potencia, un volumen que se suma a un consumo hídrico que las comunidades mapuches ya denuncian como insuficiente para sus propias necesidades. La electricidad tampoco sobra: un proyecto de esta escala demanda entre 50 y 100 megavatios, equivalente al consumo de una ciudad mediana. Esto sería en el contexto de una red eléctrica con capacidad limitada y sin normas claras sobre cómo priorizar esa demanda frente a la de la población. Y la tierra, en una región con conflictos territoriales abiertos con comunidades originarias, tampoco es un recurso que sobre.

-Instalar data centers no genera mucha mano de obra ni desarrollo.
-En el mejor de los casos es una apuesta a largo plazo: los propios especialistas describen a los data centers como inversiones a 30 años o más, que se construyen por etapas y se expanden según la demanda. No hay ningún salto inmediato de empleo ni de desarrollo a la vuelta de la esquina: durante la construcción se generan puestos de trabajo por unos meses. Una vez en funcionamiento, un data center de gran escala opera con un centenar de especialistas. Y si miramos lo que pasó en Brasil y Chile, el patrón es el opuesto al que se promete acá: esos data centers no están en zonas despobladas y remotas, sino pegados a grandes ciudades. Se instalan donde ya hay infraestructura eléctrica, conectividad y mano de obra. En la Patagonia hay que crear todo eso desde cero. Brasil y Chile están endureciendo sus marcos regulatorios en vez de regalar todo sin condiciones. Argentina no tiene ninguna regulación sobre el uso de agua y energía de estos proyectos y el rumbo que marca el Súper RIGI es el contrario al de nuestros vecinos: ofrece beneficios cada vez más agresivos sin exigir a cambio ningún compromiso ambiental ni social.

-¿Qué sucede en Estados Unidos e Irlanda con estas infraestructuras para la IA?
-Lo que pasa en EE.UU. desmiente el relato de que los data centers son una bendición sin costos: hay unos 4.000 y la reacción social en contra crece a ritmo acelerado. En julio de este año se coordinaron 140 protestas en 42 estados en una jornada nacional contra los data centers. En un principio el rechazo venía de sectores demócratas pero hoy también lo impulsan gobernadores republicanos. Las encuestas de Gallup muestran que siete de cada diez estadounidenses no quieren un data center cerca de su casa: por el consumo de agua, la presión sobre la red eléctrica y las facturas de luz, el ruido, la contaminación del aire y pérdida de tierras. Irlanda muestra hacia dónde puede ir esto, si se lo deja crecer sin control. En 2025 el consumo eléctrico de los data centers llegaba al 23% del total de todo el país, superando el consumo de todos los hogares urbanos juntos. Esto llevó a imponer una prohibición contra nuevas conexiones de los data centers a la red eléctrica en el área de Dublín. ¿Por qué Argentina debería recibir con brazos abiertos a un sector que en su país de origen ya está siendo frenado, cuestionado y expulsado por protestas masivas y cambios de gobierno municipal? Lo que en EE.UU. e Irlanda se está corrigiendo después de ver sus costos reales, en la Argentina está por avanzar sin siquiera haber iniciado una discusión.

-¿Los supuestos data centers en la Patagonia serían proyectos a medida de Peter Thiel?
-Thiel es la cara visible de una red más amplia. Detrás de Próspera aparecen junto a él, tecnomagnates como Marc Andreessen, Balaji Srinivasan y Joe Lonsdale (todos parte del entorno de PayPal creado por Peter Thiel). Y en el terreno del Súper RIGI se menciona el interés de empresas del complejo tecnomilitar estadounidense que trabajan con Palantir, la compañía de Thiel. Estas son: Anduril Industries, Northrop Grumman, Shield AI y Boeing, vinculadas a la IA aplicada a defensa, vigilancia y procesamiento de datos. Es la misma constelación de capital que empuja el proyecto en Honduras y el régimen en Argentina: no se trata de una ley pensada para “atraer inversión” en abstracto, sino de un marco legal a la medida de un puñado de fondos y empresas que comparten inversores y filosofía política.

-¿Qué puede aprender Argentina de la demanda de Próspera contra Honduras?
-Argentina ya vivió este tipo de litigios. El Súper RIGI que vuelve a Diputados ya generó resistencia. El punto central del proyecto es el mismo desequilibrio que exhibe Próspera contra Honduras: a las empresas no se les exige nada a cambio, ni siquiera abastecerse en el mercado interno. Pero se les otorgan prerrogativas extraordinarias por décadas que sus abogados usarán para maximizar sus reclamos. La salida más directa es no aprobar el Súper RIGI. Porque ese mecanismo es un límite estructural a cualquier gobierno futuro: habilita un chantaje permanente sobre el Estado. Revertir esto va a exigir mucho más que derogar una ley: va a requerir salir del CIADI y terminar los 48 tratados de protección de la inversión extranjera vigentes. Y en paralelo, se necesita avanzar en la construcción de normas internacionales que aten el poder de las corporaciones transnacionales al respeto de los derechos humanos, laborales y ambientales, en lugar de dejarlas operar en un vacío regulatorio donde tienen todos los derechos y ninguna obligación. De lo contrario, no hay soberanía posible a largo plazo. Lo que Honduras está viviendo con Próspera y el CIADI es el espejo de lo que a Argentina ya le pasó una vez. Y de lo que podría volver a pasarnos con una versión aún más blindada, si el Súper RIGI se convierte en ley.