Las amenazas de muerte contra Rafael Cortés, Alejandro Martínez Mareco y Marcelo Almada así como la descalificación contra Luis Huls exigen solidaridad y una respuesta inequívoca. El discurso de hostilidad contra el periodismo que sostiene Javier Milei desde la Presidencia contribuye a degradar el debate público y coloca sobre quienes ejercen el poder una responsabilidad ineludible por el clima de violencia que ayudan a construir. El periodista Raúl Puentes se solidarizó con los periodistas amenazados y rechazó los discursos de odio a través de esta solicitada.

Domingo 6 de septiembre de 2026. Quiero manifestar mi solidaridad con los colegas Rafael Cortés y Alejandro Martínez Mareco, quienes recibieron graves amenazas de muerte durante la noche del viernes en Puerto Iguazú, mientras cubrían la presencia del presidente Javier Milei en la ciudad. Las amenazas también alcanzaron al director de Misiones Online, Marcelo Almada.
La gravedad del hecho se enmarca en un clima de hostilidad que el propio Presidente de la Nación instala contra el periodismo. Milei agrede, insulta y descalifica de manera sistemática a periodistas y medios de comunicación. Llegó, incluso, a sostener que los argentinos “no odiamos lo suficiente a los periodistas” y que somos “soretes mal cagados y mierdas humanas”, expresiones que exceden una simple descalificación dentro de una discusión política.
Cuando esas expresiones provienen del máximo responsable institucional del país, tienen un peso y una responsabilidad diferentes. El Presidente fija, también con sus palabras, límites y referencias para la discusión pública. Cuando desde ese lugar se presenta al periodismo como un enemigo al que hay que odiar, agredir o descalificar, contribuye a generar un clima que puede envalentonar a quienes consideran que tienen autorización para llevar esa violencia al terreno de los hechos.
Siempre existieron quienes se consideran, de manera autopercibida, “más papistas que el Papa”.
Hace unos días, el propio Milei calificó también al periodista Luis Huls como “sorete” por la difusión de información que, según trascendió, generó malestar en sectores de La Libertad Avanza en Misiones y derivó en el tuit del Presidente argentino, seguido por el silencio cómplice del amplio abanico de libertarios misioneros.
Milei contribuye, desde su discurso, a un clima en el que se naturalizan las amenazas y agresiones contra periodistas y contra quienes no se alinean con su pensamiento. El Presidente tiene una responsabilidad política ineludible sobre el clima que contribuye a construir. No puede desconocer que la reiteración de insultos y ataques contra distintos sectores de la sociedad, entre ellos la prensa, desde la máxima autoridad del Estado termina degradando los límites de la convivencia democrática.
El hecho ocurrido en Puerto Iguazú muestra hasta dónde puede llegar esa lógica. Dos periodistas que se encontraban trabajando fueron amenazados a raíz de una información publicada meses atrás por el medio para el que trabajan. El episodio se produjo, además, en el marco de la presencia del Presidente en la ciudad.
Una información periodística puede ser cuestionada y quien considere que fue perjudicado tiene derecho a responder, ejercer el derecho a réplica, solicitar una rectificación o recurrir a la Justicia. Una diferencia con una publicación puede discutirse por esas vías. La intimidación, la amenaza y la violencia son otra cosa y resultan incompatibles con el ejercicio democrático de la libertad de expresión.
Por eso, además de expresar mi solidaridad con Rafael Cortés y Alejandro Martínez Mareco y Luis Huls como periodistas, y con Marcelo Almada como empresario de medios, considero necesario señalar la responsabilidad que tienen quienes ocupan posiciones de poder en la construcción del debate público.
Por supuesto que el Presidente puede y debe cuestionar a los periodistas. Puede discutir sus investigaciones, criticar sus opiniones y recurrir a todas las herramientas legítimas de la confrontación política, además de acudir a la Justicia cuando corresponda. Lo que no debería hacer es convertir el odio contra la prensa en una consigna desde el lugar institucional que ocupa.
El Presidente no puede desconocer que gobierna un país y que, desde esa posición, sus discursos pueden contribuir a instalar la idea de que los periodistas son enemigos a los que se puede insultar, despreciar e incluso agredir. El viernes fueron amenazados de muerte, según la denuncia.
Las amenazas contra periodistas son una consecuencia concreta y peligrosa de la naturalización de esa violencia. Frente a ellas, la respuesta debe ser inequívoca: solidaridad con los trabajadores de prensa, rechazo a toda intimidación y defensa irrestricta de la libertad de expresión y del ejercicio profesional del periodismo.
La democracia también exige que quienes ejercen el poder comprendan que sus palabras tienen consecuencias, así como los periodistas, profesionales y de oficio, sabemos que nuestras palabras también las tienen.

Raúl Puentes
Periodista
Posadas, 6 de septiembre de 2026.