El término -malapportionment- puede resultar extraño fuera del ámbito académico, pero describe un problema institucional concreto. La Argentina mantiene 257 bancas en la Cámara de Diputados y conserva, en lo esencial, la distribución territorial que estableció una norma de 1983, cuando el país tenía una población y una estructura demográfica muy diferentes. Desde entonces se realizaron cuatro censos nacionales -1991, 2001, 2010 y 2022- y el Congreso no modificó integralmente la asignación de bancas para adecuarla a esos cambios. El propio material oficial de capacitación electoral reconoce esa situación y señala que la representación no se actualizó desde 1983.

Lunes 31 de agosto de 2026. La Argentina tiene una Cámara de Diputados que debería reflejar, con las correcciones propias de un sistema federal, la composición demográfica del país. Sin embargo, la cantidad de habitantes que necesita cada provincia para aportar un diputado a esa Cámara varía de manera considerable. En un extremo, Tierra del Fuego tiene cinco representantes para una población de 185.732 personas. En el otro, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados para 17,5 millones de habitantes. Entre ambos casos existe una diferencia que la ciencia política denomina malapportionment: una distribución de bancas que no guarda una relación equivalente con la población de cada distrito.
El término puede resultar extraño fuera del ámbito académico, pero describe un problema institucional concreto. La Argentina mantiene 257 bancas en la Cámara de Diputados y conserva, en lo esencial, la distribución territorial que estableció una norma de 1983, cuando el país tenía una población y una estructura demográfica muy diferentes. Desde entonces se realizaron cuatro censos nacionales —1991, 2001, 2010 y 2022— y el Congreso no modificó integralmente la asignación de bancas para adecuarla a esos cambios. El propio material oficial de capacitación electoral reconoce esa situación y señala que la representación no se actualizó desde 1983.
El resultado no significa que algunos ciudadanos puedan votar más de una vez ni que exista una irregularidad en el acto electoral. La diferencia aparece en el momento en que los votos se convierten en representación parlamentaria: una banca requiere una cantidad muy distinta de habitantes según el distrito. Con los datos del Censo 2022, cada diputado representa, en promedio nacional, unas 178.569 personas, pero la relación alcanza a 250.343 habitantes por diputado en Buenos Aires y baja a 37.146 en Tierra del Fuego.
Ahí está el núcleo del problema.

Una ley de 1983 para una Argentina que cambió
La actual distribución de diputados tiene su origen en la Ley 22.847, sancionada el 12 de julio de 1983, durante la etapa final de la última dictadura militar. La norma estableció un diputado cada 161.000 habitantes o fracción no menor de 80.500. A esa representación agregó tres diputados por cada distrito y fijó un piso de cinco bancas. También dispuso que ningún distrito tuviera menos diputados que los que poseía el 23 de marzo de 1976. Para la elección de 1983, la ley tomó como referencia el censo realizado en 1980.
El diseño tenía una finalidad política e institucional concreta: organizar la elección que acompañaría la recuperación democrática. El problema surgió después. La regla que debía ordenar la representación en un determinado momento histórico quedó como estructura permanente, mientras la población siguió creciendo y modificando su distribución territorial.
El Censo 2022 contabilizó 45.892.285 habitantes. En 1980, el censo había registrado 27.949.480. La Argentina incorporó casi 18 millones de habitantes desde entonces y las provincias no crecieron al mismo ritmo. Algunas aumentaron fuertemente su población; otras lo hicieron en menor medida. La representación parlamentaria, en cambio, permaneció esencialmente atada a aquella fotografía demográfica.
La cuestión adquiere una dimensión constitucional porque el artículo 45 establece que la Cámara de Diputados se integra con representantes elegidos por el pueblo de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires y dispone que, después de cada censo, el Congreso debe fijar la representación de acuerdo con sus resultados. La Constitución permite aumentar la base de habitantes correspondiente a cada diputado, pero no reducirla.
El problema, por lo tanto, tiene dos tiempos distintos. La ley de 1983 fijó una determinada arquitectura de representación y los censos posteriores modificaron la información sobre la población. El Congreso no produjo una nueva distribución general de las bancas que reflejara esos cambios.

Qué significa malapportionment
La ciencia política utiliza el término malapportionment para describir la diferencia entre la proporción de población de un distrito y la proporción de bancas que ese distrito ocupa en una legislatura. Diego Reynoso, uno de los investigadores que estudió el fenómeno en Argentina, lo definió precisamente de esa manera y analizó sus efectos sobre la representación y el sistema de partidos.
La cuenta permite entenderlo sin recurrir a conceptos técnicos. Si una provincia concentra el 10% de la población nacional y obtiene el 10% de las bancas, existe correspondencia entre población y representación. Si reúne el 10% de los habitantes pero recibe el 5% de los diputados, queda subrepresentada. Si concentra el 1% de la población y recibe el 3% de las bancas, queda sobrerrepresentada.
La comparación no mide la cantidad de votos que recibe un partido ni determina quién gana una elección. Mide algo anterior: cuánto peso tiene cada distrito en la composición de la Cámara en relación con la cantidad de personas que viven en él.
Por eso conviene separar el malapportionment de otro problema electoral, la desproporcionalidad entre votos y bancas de los partidos. Un partido puede recibir una determinada proporción de votos y obtener una proporción diferente de escaños por la forma en que esos votos se distribuyen entre los distritos. Eso constituye un fenómeno distinto. El malapportionment compara población y representación entre territorios.

Dónde se produce la distorsión
Los datos del Censo 2022 permiten observar la magnitud de la diferencia. Buenos Aires concentra el 38,19% de la población nacional y posee el 27,24% de las bancas de Diputados. Tierra del Fuego reúne el 0,40% de los habitantes y ocupa el 1,95% de los escaños. CABA concentra el 6,80% de la población y tiene el 9,73% de las bancas.
La distancia no se limita a esos extremos. Córdoba, Mendoza, Salta, Santa Fe y Tucumán también tienen una participación parlamentaria inferior a su peso poblacional cuando se compara la distribución actual con una proporcionalidad estricta. En el otro sentido, las provincias que conservan el piso de cinco diputados presentan los mayores niveles de sobrerrepresentación relativa.
La siguiente tabla muestra la situación a partir de la población definitiva del Censo 2022 y la actual distribución de 257 bancas. El índice compara el porcentaje de bancas con el porcentaje de población: un valor de 1 representa correspondencia exacta; por encima de 1 indica sobrerrepresentación y por debajo de 1, subrepresentación. Los cálculos son propios sobre datos oficiales del INDEC y la composición vigente de la Cámara.


Los datos de población corresponden al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022 del INDEC. La cantidad de bancas corresponde a la composición actual de la Cámara.
La tabla permite observar algo que suele perderse cuando el debate se reduce a Buenos Aires. La provincia bonaerense concentra la mayor subrepresentación en términos absolutos: aporta el 38,19% de los habitantes, pero sólo el 27,24% de los diputados. Tierra del Fuego presenta el mayor nivel de sobrerrepresentación relativa: su peso parlamentario es casi 4,8 veces superior a su peso poblacional. CABA también aparece claramente sobrerrepresentada, mientras Córdoba y Mendoza se encuentran entre los distritos grandes que tienen menos bancas que las que les corresponderían bajo una proporcionalidad estricta.

El piso de cinco diputados explica buena parte del problema
La principal herramienta que genera esta desigualdad es el piso mínimo establecido por la Ley 22.847. La norma no se limitó a calcular un diputado cada 161.000 habitantes. También sumó tres bancas por distrito y garantizó que ninguna provincia tuviera menos de cinco diputados. Además, mantuvo como piso la cantidad de bancas que cada distrito tenía en 1976.
Ese mecanismo contiene una lógica federal. Una provincia con poca población no queda reducida a una presencia parlamentaria mínima que podría hacer casi irrelevante su participación en la Cámara frente al peso de los grandes distritos. El sistema protege, de ese modo, la representación territorial.
El problema aparece cuando ese mecanismo permanece durante décadas sin una actualización que vuelva a equilibrar la relación entre población y bancas. La protección de los distritos pequeños se transforma en una diferencia cada vez mayor respecto de los grandes centros poblacionales.
Tierra del Fuego permite ver el efecto con mayor claridad. Sus cinco diputados representan a 185.732 habitantes, de modo que cada banca corresponde a unas 37.146 personas. Buenos Aires, en cambio, tiene una banca cada aproximadamente 250.343 habitantes. La relación entre ambos extremos supera seis a uno.
Eso no significa que el elector fueguino emita seis votos ni que el bonaerense emita una fracción de un voto. Significa que la población necesaria para sostener una banca parlamentaria es mucho menor en Tierra del Fuego que en Buenos Aires. En la composición territorial de la Cámara, esa diferencia modifica el peso relativo de los ciudadanos de ambos distritos.

Misiones ocupa una posición distinta
El caso de Misiones merece una consideración específica porque la provincia no aparece entre las jurisdicciones con mayores distorsiones.
El Censo 2022 registró 1.278.873 habitantes en Misiones, el 2,79% de la población argentina. La provincia tiene siete diputados, equivalentes al 2,72% de las bancas. La diferencia es de apenas 0,06 puntos porcentuales y el índice de representación se ubica en 0,98.
En términos de población y bancas, Misiones se encuentra muy cerca de una distribución proporcional.
El material oficial sobre el sistema electoral llega a una conclusión similar cuando compara el peso de las bancas con el padrón electoral: identifica a Misiones entre los distritos cuya participación parlamentaria coincide con su peso electoral.
Esto resulta relevante para el debate misionero. La provincia participa de un sistema nacional que presenta una distorsión importante, pero su propia representación en Diputados no constituye uno de los casos extremos. Presentar a Misiones como una provincia fuertemente sobrerrepresentada llevaría a una conclusión equivocada.
La situación también explica por qué una eventual reforma no tendría el mismo efecto sobre todos los distritos. Una redistribución destinada a corregir el malapportionment beneficiaría especialmente a las provincias grandes que hoy están subrepresentadas, tendría efectos menores sobre distritos cercanos a la proporcionalidad y podría reducir el peso relativo de varias provincias pequeñas.

El Senado responde a otra lógica
La discusión cambia cuando se pasa de Diputados al Senado.
La Constitución establece tres senadores por cada provincia y tres por la Ciudad de Buenos Aires. La Cámara alta no distribuye sus bancas según la cantidad de habitantes, sino que garantiza una representación territorial igual para cada distrito. Por eso Buenos Aires y Tierra del Fuego tienen tres senadores cada una pese a la enorme diferencia entre sus poblaciones.
Esa característica no constituye, por sí misma, un malapportionment que deba corregirse. El federalismo argentino diseñó el Senado precisamente para que las provincias tengan una representación territorial igualitaria. El problema que aquí se analiza corresponde principalmente a Diputados, donde la Constitución vincula la representación con la población.
La diferencia entre ambas cámaras es fundamental para entender el debate. El Senado protege la igualdad entre las provincias; Diputados debería reflejar con mayor fidelidad la cantidad de habitantes de cada distrito.
La Justicia electoral ya intervino
El problema tampoco constituye una novedad académica que recién ahora haya llegado a la discusión política.
En julio de 2018, la Cámara Nacional Electoral resolvió un planteo presentado por un elector de Córdoba que cuestionó la distribución de diputados porque consideraba que la desactualización reducía el peso de su voto frente al de ciudadanos de otros distritos.
El tribunal hizo lugar al planteo y requirió al Congreso que extremara los recaudos para cumplir el mandato del artículo 45 de la Constitución. La Cámara señaló que la composición de Diputados se apoyaba entonces en los datos del censo de 1980, pese a que ya se habían realizado los censos de 1991, 2001 y 2010. También sostuvo que cuanto más exacta fuera la relación entre la población y el número de diputados, más fiel sería la representación.
El pronunciamiento no ordenó una fórmula matemática determinada ni estableció que el Congreso debiera aumentar necesariamente la cantidad de diputados en una cifra concreta. Exhortó al Poder Legislativo a cumplir el mandato constitucional de actualizar la representación.
Desde entonces se realizó otro censo.
El Congreso todavía no produjo una nueva distribución integral de las bancas sobre la base de los resultados de 2022.

Por qué importa políticamente
La cuestión adquiere importancia porque la Cámara de Diputados participa de las decisiones centrales del Estado nacional. Allí se discuten y votan leyes, presupuesto, impuestos y políticas públicas, y allí se construyen las mayorías que permiten al Poder Ejecutivo avanzar con parte de su programa de gobierno.
Cuando algunos distritos tienen una cantidad de bancas significativamente mayor a la que correspondería por su población y otros tienen menos, la composición territorial de la Cámara parte de una relación desigual entre ciudadanos.
Esa distorsión puede adquirir relevancia cuando una votación se define por pocos votos. También puede modificar los incentivos de los partidos para construir alianzas territoriales, porque el costo electoral de conseguir una banca no resulta equivalente en todos los distritos. La literatura académica argentina estudió precisamente ese efecto sobre las estrategias partidarias y la relación entre Ejecutivo y Congreso.
Eso no permite afirmar que el malapportionment determine una votación concreta. Un diputado responde a su partido, a una alianza, a intereses provinciales, a acuerdos parlamentarios y a las circunstancias políticas de cada momento. La distorsión territorial establece las condiciones de representación sobre las cuales esas decisiones ocurren, pero no reemplaza las demás variables.

No es simplemente una discusión sobre «más diputados»
Una de las respuestas más inmediatas al problema consiste en actualizar la distribución utilizando el criterio previsto por la legislación de 1983. Pero incluso esa solución abre una discusión.
La ley fijó una base de 161.000 habitantes por diputado y estableció adicionales y pisos mínimos. Si se aplica la relación de 161.000 habitantes a la población actual, la Cámara debería crecer de manera importante. Distintos cálculos elaborados en los últimos años llegaron a cifras diferentes según qué elementos de la legislación se incorporen y qué mecanismo de distribución se utilice.
Sin embargo, aumentar la cantidad de diputados no constituye la única alternativa.
El Congreso podría mantener aproximadamente el tamaño actual de la Cámara y redistribuir las bancas. También podría modificar la base poblacional, revisar el piso mínimo o combinar mecanismos de proporcionalidad y representación territorial.
Cada alternativa produce un resultado político diferente.
Si el Congreso aumenta la Cámara, puede corregir parte de la subrepresentación de las provincias grandes sin quitar bancas a las pequeñas, pero incrementa el número total de legisladores. Si mantiene las 257 bancas, deberá redistribuirlas y habrá distritos que ganen representación mientras otros la pierdan. Si reduce el piso mínimo, las provincias menos pobladas perderán parte de la protección territorial que actualmente les brinda la legislación.
Por eso la discusión técnica termina inevitablemente en una discusión política: cualquier fórmula que corrija la distribución actual modifica el equilibrio de poder entre los distritos.

La tensión entre dos principios
El problema argentino enfrenta dos principios que el sistema constitucional intenta combinar.
Uno es la igualdad del sufragio y la representación de acuerdo con la población. El otro es el federalismo, que busca evitar que las provincias pequeñas queden políticamente subordinadas a los distritos de mayor población.
La dificultad surge cuando ambos principios dejan de equilibrarse y uno de ellos adquiere un peso excesivo.
Una representación estrictamente proporcional resolvería gran parte del problema poblacional, pero reduciría la presencia parlamentaria de las provincias pequeñas. Un sistema con pisos muy elevados protege a esas provincias, pero aumenta la diferencia entre ciudadanos según el distrito donde viven.
El diseño actual optó por proteger territorialmente a los distritos pequeños y, al mismo tiempo, dejó de actualizar durante décadas la relación con la población.
Esa combinación produjo el malapportionment que hoy muestran los datos.

Una representación congelada mientras el país cambió
El problema puede resumirse con una comparación histórica. La Ley 22.847 utilizó el censo de 1980 como base para organizar la representación de la elección de 1983. La Constitución exige actualizarla después de cada censo. Desde entonces, el país realizó cuatro relevamientos nacionales y el Congreso mantuvo la distribución territorial de las bancas.
El Censo 2022 volvió a mostrar cuánto cambió la Argentina. Buenos Aires concentra ahora el 38,19% de la población; Córdoba, el 8,37%; Santa Fe, el 7,72%; CABA, el 6,80%; Mendoza, el 4,45%; y Misiones, el 2,79%. La distribución parlamentaria no reproduce esas proporciones.
La diferencia tampoco se explica únicamente por el crecimiento de la población. Las reglas de 1983 incorporaron deliberadamente mecanismos de corrección territorial que ya producían una representación desigual desde el comienzo. El paso del tiempo amplió esas diferencias porque las poblaciones de los distritos evolucionaron de manera diferente.
Por eso el malapportionment argentino tiene una dimensión histórica y otra demográfica. La primera se encuentra en las reglas que fijó la legislación; la segunda, en los cambios que experimentó la población mientras esas reglas permanecieron vigentes.

Qué debería resolver una reforma
Una eventual reforma tendría que responder varias preguntas antes de fijar una nueva cantidad de bancas. ¿Cuánto debe pesar la población en la distribución de Diputados? ¿Qué nivel de protección necesitan las provincias pequeñas? ¿Debe mantenerse un piso mínimo de cinco representantes? ¿Debe crecer el número total de diputados o redistribuirse el actual? ¿Cada cuánto tiempo debería actualizarse la representación para evitar que vuelva a quedar congelada?
La última pregunta resulta particularmente importante. Si el Congreso modifica ahora la composición de la Cámara pero vuelve a depender de una decisión política ocasional para actualizarla, el mismo problema podría reaparecer dentro de una o dos décadas.
La Constitución ya ofrece una respuesta básica: el censo debe funcionar como referencia para la representación. La discusión pendiente consiste en establecer una fórmula que combine ese mandato con el carácter federal del sistema y que pueda aplicarse de manera periódica.
No existe una solución políticamente neutra. Toda redistribución modifica el peso relativo de los distritos.
Lo que sí existe es un dato objetivo: la distribución actual no refleja de manera proporcional la población que el Censo 2022 registró en cada jurisdicción.

El verdadero problema detrás de una palabra desconocida
Malapportionment parece un término reservado para especialistas, pero describe una cuestión que afecta a cualquier ciudadano que vote para elegir diputados nacionales. La persona que vive en una provincia pequeña participa de una elección en un distrito que aporta una cantidad de representantes mucho mayor en relación con su población que la que aporta una provincia grande.
Misiones permite observar que la situación no es uniforme. Con siete diputados y 1.278.873 habitantes, la provincia mantiene una relación cercana entre población y bancas. Buenos Aires representa el extremo de la subrepresentación y Tierra del Fuego el de la sobrerrepresentación relativa. Entre ambos casos se distribuyen las demás jurisdicciones, con distintos grados de distancia respecto de la proporcionalidad.
El problema, entonces, no consiste en decidir si una provincia tiene «demasiados» o «muy pocos» diputados como si existiera una cantidad natural de bancas independiente del sistema constitucional. La cuestión es determinar qué relación debe existir entre población y representación en una Cámara que la Constitución diseñó para expresar políticamente al pueblo de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires.
La Argentina lleva décadas sin responder de manera integral esa pregunta. La ley que organiza la distribución nació en 1983, tomó como referencia el censo de 1980 y todavía determina buena parte del mapa parlamentario. El país realizó cuatro censos desde entonces, llegó a casi 46 millones de habitantes y modificó sustancialmente su estructura demográfica.
El malapportionment es el nombre técnico de esa distancia entre la Argentina que vive hoy y la Argentina que todavía aparece, en parte, representada en la Cámara de Diputados.
La discusión de fondo no consiste solamente en cuántos diputados debe tener cada provincia. Consiste en establecer cuánto debe pesar la población de cada distrito al momento de convertir el voto ciudadano en representación política y hasta dónde puede el federalismo apartarse de esa regla para proteger a las provincias menos pobladas.
Esa tensión forma parte del diseño constitucional argentino. Lo que está en discusión es si la fórmula con la que el país la resolvió en 1983 sigue siendo capaz de representar a la Argentina de 2026.