La provincia pidió intervenir en la causa federal que investiga el manejo de los recursos destinados a infraestructura vial. La presentación atribuye un perjuicio concreto a La Rioja por la paralización de obras estratégicas como Pircas Negras y la conexión entre la capital provincial y Chilecito. La denuncia plantea posibles delitos cuya existencia y responsabilidades deberá establecer la Justicia.

Lunes 24 de agosto de 2026. La provincia de La Rioja solicitó constituirse como querellante en la causa federal que investiga el destino de los recursos del Sistema Vial Integrado (SisVial) y señaló al presidente Javier Milei, al ministro de Economía, Luis Caputo, y a otros funcionarios nacionales por el presunto manejo irregular de fondos afectados a la infraestructura vial.
El gobernador Ricardo Quintela hizo la presentación junto con el fiscal de Estado Segundo Rodríguez y el fiscal de Estado adjunto Gustavo Ibarra, con el patrocinio del abogado Jorge Yoma. El expediente es el CFP 3960/2026 y tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 11, según informaron medios riojanos y nacionales.
La provincia pidió que se investigue la posible comisión de los delitos de defraudación en perjuicio de la Administración Pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública, además de cualquier otra figura que pudiera surgir durante la investigación. Se trata de calificaciones propuestas por la parte denunciante y su eventual existencia deberá ser determinada por la Justicia.
El planteo riojano se incorpora a una investigación previa sobre el manejo de los recursos del SisVial. La causa cobró relevancia pública a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, quien pidió investigar el destino de los fondos afectados al sistema vial y la utilización de recursos que permanecían colocados en instrumentos financieros.
Los datos incorporados a esa denuncia muestran que entre 2024 y mayo de 2026 el SisVial registró una recaudación de 1.503.252 millones de pesos, mientras que 394.406 millones fueron aplicados a infraestructura vial. La diferencia equivale a una ejecución del 26,2% y una subejecución del 73,8% durante el período analizado.
El comportamiento presentó variaciones anuales. En 2024 se ejecutó el 11,3% de los recursos asignados; en 2025, el 39%; y entre enero y mayo de 2026, el 18,5%. Los porcentajes forman parte de la documentación utilizada para sustentar la denuncia judicial.
Al 31 de mayo de 2026, el SisVial tenía 1.001 billones de pesos colocados en inversiones financieras, entre títulos públicos y plazos fijos, mientras otros 37.761 millones permanecían en una cuenta corriente. En conjunto, más de 1,038 billones de pesos se encontraban fuera de la ejecución de obras viales en ese momento.
Ese dato constituye uno de los principales elementos de la investigación, aunque la existencia de colocaciones financieras, por sí misma, no acredita un delito. La normativa del fideicomiso contempla mecanismos de administración e inversión de determinados recursos líquidos, por lo que la Justicia deberá establecer si las operaciones realizadas se ajustaron al marco legal y al destino específico de los fondos. El Decreto 976/2001 creó el fideicomiso de infraestructura de transporte y estableció su estructura de administración, mientras que el Decreto 301/2018 creó una reserva de liquidez del fideicomiso.
El punto que la investigación deberá determinar es, por lo tanto, qué recursos fueron efectivamente recaudados, cuáles ingresaron al fideicomiso, cuáles permanecieron invertidos, cuáles se aplicaron a obras y qué destino tuvieron los fondos que eventualmente no ingresaron al circuito fiduciario.

La posición del Gobierno
La controversia adquirió mayor dimensión política después de declaraciones del vocero presidencial Adrián Ravier sobre el destino de los recursos vinculados con el sistema vial. Según reconstrucciones periodísticas, Ravier reconoció que parte de los recursos administrados por el Estado se utiliza dentro de la estrategia de equilibrio fiscal y sostuvo que el Gobierno impulsa un cambio de modelo para financiar la infraestructura vial mediante inversiones privadas.
Ese argumento forma parte del debate que deberá considerar la Justicia. La cuestión jurídica central pasa por determinar si las decisiones adoptadas sobre los recursos respetaron la normativa que regula su afectación y administración.
El marco legal tiene un antecedente específico. El Decreto 1377/2001 creó el Sistema de Infraestructura de Transporte e incorporó dentro de esa estructura al Sistema Vial Integrado, mientras que el Decreto 976/2001 estableció el fideicomiso de infraestructura de transporte. La legislación tributaria vigente también mantiene porcentajes de la recaudación de determinados impuestos afectados al fideicomiso.
La presentación de La Rioja busca demostrar un perjuicio directo sobre la provincia y vincularlo con la falta de ejecución de obras nacionales. El argumento tiene importancia procesal porque la Provincia procura acreditar un interés concreto que justifique su intervención como querellante.
Entre las obras mencionadas aparece la pavimentación del tramo de la Ruta Nacional 76 entre Quebrada de Santo Domingo y el Paso Internacional Pircas Negras. El proyecto registra oficialmente un avance físico del 77,48% y figura en MapaInversiones como una obra vial prioritaria a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad.
La documentación oficial también muestra que el proyecto quedó afectado por problemas de financiamiento. Un informe presentado ante la Cámara de Diputados consignó que la obra se encontraba suspendida por razones financieras, con un avance físico del 77,48%.
Pircas Negras constituye además un punto estratégico de la infraestructura fronteriza riojana. La ruta conecta la provincia con Chile y forma parte del planteo provincial sobre el Corredor Bioceánico hacia el Pacífico.
La presentación también incorpora la nueva Ruta Nacional 73, destinada a mejorar la conexión entre La Rioja y Chilecito a través del Velasco. Según la documentación citada por la Provincia, sus dos secciones presentan avances del 88,96% y 64,25%, respectivamente, pero permanecen pendientes de finalización.
El tercer proyecto señalado es el túnel y ensanche de la Ruta Nacional 75 en la zona de Los Sauces. La presentación provincial ubica su avance en el 73,96% y sostiene que atravesó un período de paralización antes de su posterior reactivación.
La Rioja también incorpora a su planteo el estado de las rutas nacionales 38, 78, 79 y 141 y sostiene que la Provincia debió afrontar con recursos propios tareas vinculadas con la conservación vial. Según la presentación, el deterioro de esas trazas repercute sobre la circulación, la seguridad y actividades productivas como la olivicultura, la vitivinicultura, la minería y el turismo. Son afirmaciones de la parte querellante que deberán ser respaldadas y evaluadas dentro del expediente.

Una investigación que ahora incorpora a una provincia


La presentación riojana amplía el alcance institucional de una causa que ya investigaba el destino de los recursos del SisVial. La provincia pretende participar activamente de la producción de prueba y aportar documentación sobre las obras que considera afectadas por la falta de financiamiento.
La cifra de referencia supera el billón de pesos. El monto corresponde al volumen de recursos que, según la documentación incorporada a la investigación previa, permanecía invertido o sin aplicación directa a infraestructura vial al 31 de mayo de 2026. El término «desvío» constituye una hipótesis de las denuncias y no un hecho judicialmente probado.
Esa distinción resulta central. La existencia de una importante cartera de inversiones dentro del fideicomiso no permite concluir por sí sola que haya existido malversación o defraudación. Para determinarlo, la Justicia deberá reconstruir el circuito completo de los recursos y confrontarlo con las normas que establecen su origen, afectación, administración y destino.
La investigación deberá establecer además el grado de intervención de cada funcionario denunciado. La eventual responsabilidad penal de Milei, Caputo o de otros funcionarios dependerá de las decisiones que puedan acreditarse, de las competencias que ejercía cada uno y de la relación entre esas decisiones y los hechos investigados.
La Rioja pretende que los responsables respondan, si correspondiera, en los ámbitos penal y civil y que los recursos que eventualmente hayan sido utilizados de manera incompatible con su destino sean restituidos al circuito previsto para la infraestructura vial.
La incorporación de la Provincia como querellante también busca llevar al expediente el impacto territorial de la política nacional sobre la red vial. En particular, procura que la paralización de proyectos con elevados porcentajes de avance sea analizada junto con la disponibilidad de recursos que, según la documentación reunida en la causa, permanecían invertidos o sin ejecución.
El caso pone bajo discusión la administración de fondos de afectación específica en un contexto de fuerte restricción del gasto público. La información disponible permite afirmar que el SisVial acumuló una recaudación de 1,503 billones de pesos entre 2024 y mayo de 2026 y que 394.406 millones fueron aplicados a infraestructura vial durante ese período. También está documentada la existencia de más de un billón de pesos en inversiones financieras al 31 de mayo.
Lo que todavía debe determinarse es si esa diferencia constituye una administración legítima de recursos dentro del régimen fiduciario o si, como sostienen las denuncias, existieron decisiones incompatibles con la afectación legal de los fondos.
La respuesta quedará en manos de la Justicia Federal. La presentación de La Rioja incorpora ahora al expediente un reclamo provincial concreto, con obras identificadas, porcentajes de avance documentados y un planteo sobre el perjuicio que la Provincia atribuye a la falta de ejecución de recursos destinados a la infraestructura vial.