El crimen de la adolescente catamarqueña que enfrentó a una sociedad con el poder.

Martes 8 de septiembre de 2026. El asesinato de María Soledad Morales, ocurrido el 8 de septiembre de 1990 en Catamarca, se convirtió en mucho más que una causa penal. La muerte de la adolescente de 17 años desencadenó una movilización social inédita, expuso las relaciones entre dirigentes políticos, funcionarios, policías y acusados y terminó provocando una profunda crisis institucional en la provincia.
Treinta y seis años después, el caso conserva una particularidad que explica su dimensión histórica: dos personas fueron condenadas por el crimen, pero la investigación estuvo atravesada durante años por denuncias de irregularidades, cuestionamientos a la actuación de la Justicia y reclamos para determinar si existieron responsabilidades vinculadas con un eventual encubrimiento.
María Soledad tenía 17 años y cursaba el quinto año del Colegio del Carmen y San José, en San Fernando del Valle de Catamarca. En la madrugada del 8 de septiembre de 1990 había asistido a una fiesta organizada para recaudar fondos para el viaje de egresados. Dos días después, el 10 de septiembre, su cuerpo fue encontrado en un descampado próximo a la ruta nacional 38.
El caso ingresó desde el comienzo en un territorio donde el poder político tenía una presencia determinante. Entre los acusados quedó Guillermo Daniel Luque, hijo del entonces diputado nacional Ángel Luque. También fue imputado Luis Tula, quien mantenía una relación con María Soledad.
La investigación estuvo marcada por sucesivos cuestionamientos. Pasaron varios jueces por la instrucción y el expediente atravesó un proceso judicial complejo antes de llegar al juicio oral. La relación de uno de los principales acusados con un dirigente político de peso convirtió desde temprano al crimen en un asunto que excedía la investigación sobre la muerte de una adolescente.
Pero fue la reacción de la sociedad la que terminó modificando la dimensión del caso.
La comunidad educativa del Colegio del Carmen y San José tuvo un papel central. Las compañeras de María Soledad y las religiosas del establecimiento comenzaron a reclamar públicamente por el esclarecimiento del crimen. Entre las figuras que adquirieron mayor protagonismo estuvo Martha Pelloni, religiosa y directora del colegio.
De aquellas primeras expresiones surgieron las Marchas del Silencio. Cada semana, miles de personas se concentraron para reclamar justicia. El silencio se convirtió en una forma de protesta y en una poderosa interpelación a las autoridades provinciales.
Las movilizaciones fueron mucho más que manifestaciones de acompañamiento a una familia. Se transformaron en un movimiento social que cuestionó el funcionamiento de las instituciones y sostuvo durante años la exigencia de que el crimen fuera investigado hasta sus últimas consecuencias. Documentación incorporada a la Cámara de Diputados de la Nación describe aquellas marchas como una forma de protesta que surgió de la comunidad educativa y que terminó resquebrajando el escenario político provincial.
La crisis alcanzó al Gobierno provincial y al Poder Judicial. En abril de 1991, el entonces presidente Carlos Menem dispuso la intervención federal de Catamarca. El Decreto 566/91 estableció que la intervención tenía como objetivo reorganizar el Poder Judicial y fundamentó la medida en el “irregular funcionamiento” de ese poder, además de mencionar “serias deficiencias” que ponían en riesgo la adecuada prestación del servicio de justicia. El decreto vinculó también esa situación con una posible perturbación de la paz social.
La crisis política continuó y la intervención federal alcanzó posteriormente a los demás poderes de la provincia. El gobernador Ramón Saadi dejó el cargo y el tradicional predominio político de su familia quedó seriamente afectado.
Mientras tanto, la causa penal continuaba.
El primer juicio oral comenzó en 1996 y terminó anulado después de que la actuación de los integrantes del tribunal generara fuertes cuestionamientos. La propia Corte Suprema registró posteriormente las circunstancias que rodearon la conformación del tribunal que debía juzgar el caso y las dificultades que provocaron demoras en la realización del segundo juicio.
El segundo juicio comenzó en 1997. Después de meses de debate, el 27 de febrero de 1998 llegó la sentencia.
Guillermo Luque fue condenado a 21 años de prisión por violación seguida de muerte agravada por el uso de estupefacientes. Luis Tula recibió una pena de nueve años como partícipe secundario del delito de violación. El fallo también estableció un resarcimiento económico para la familia Morales.
El proceso, sin embargo, todavía no había terminado.
En noviembre de 2002, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó las condenas de Luque y Tula. Doce años después del asesinato, las penas quedaron firmes.
La sentencia estableció responsabilidades penales para esos dos hombres. La investigación y los reclamos de la familia habían planteado, además, la existencia de un posible encubrimiento y la eventual participación de otras personas. Esos señalamientos deben diferenciarse de las condenas efectivamente dictadas: el proceso penal principal terminó con las penas impuestas a Luque y Tula.
Los dos cumplieron parte de sus condenas y recuperaron posteriormente la libertad. Luis Tula obtuvo beneficios durante la ejecución de su pena y cumplió su condena de nueve años. Guillermo Luque permaneció 14 años privado de su libertad y en 2010 accedió a la libertad condicional.
Para la familia, la historia fue mucho más extensa que un expediente judicial.
Elías Morales y Ada Rizzardo reclamaron durante años el esclarecimiento del asesinato de su hija y acompañaron las movilizaciones y el proceso judicial. Elías Morales murió en 2016. La familia continuó sosteniendo el reclamo por las circunstancias que rodearon la investigación y por las responsabilidades que, según su posición, habían quedado fuera de la sentencia.
El caso también modificó la forma en que la sociedad argentina observaba la relación entre poder e instituciones. La televisión nacional transmitió el juicio, las imágenes de las audiencias ingresaron diariamente a los hogares y las Marchas del Silencio convirtieron a Catamarca en el escenario de un reclamo que había dejado de ser exclusivamente provincial.
La historia de María Soledad Morales quedó asociada desde entonces a una pregunta que excede aquel crimen: qué ocurre cuando quienes deben investigar un delito pertenecen a instituciones atravesadas por relaciones de poder y cuando los acusados tienen vínculos con dirigentes políticos.
La respuesta, en este caso, llegó después de ocho años con dos condenas y después de doce con una sentencia firme de la Corte Suprema. Pero la importancia histórica del caso está también en el camino que condujo hasta esas decisiones: una familia que sostuvo el reclamo, una comunidad educativa que salió a la calle, una religiosa que se convirtió en una de las principales voces de la protesta, miles de personas que hicieron del silencio una forma de denuncia y una crisis institucional que terminó alcanzando al Poder Judicial y al gobierno de Catamarca.
María Soledad tenía 17 años. Su asesinato cambió para siempre la historia política y judicial de Catamarca y convirtió a las Marchas del Silencio en uno de los símbolos más reconocibles de la lucha social contra la impunidad en la Argentina.