Un proyecto legislativo apunta a que el ciudadano deje de actuar como intermediario entre oficinas públicas. Si el Estado ya tiene un dato, otro organismo deberá obtenerlo sin exigir nuevos certificados, copias ni trámites presenciales, pretenden.

Viernes 19 de junio de 2026. Un proyecto impulsado por Carlos Rovira y presentado por Paula Franco propone que el Estado comparta información entre sus organismos, elimine requisitos redundantes y concentre los servicios públicos en una única plataforma digital. Parten de la base de que el Estado conoce los datos del ciudadano, pero muchas veces actúa como si no los tuviera.
Esa contradicción cotidiana explica buena parte de las filas, los viajes, las certificaciones y los trámites que miles de misioneros repiten una y otra vez para realizar gestiones que dependen del propio Estado. Un certificado emitido por un organismo vuelve a ser solicitado por otro. Un documento presentado en una oficina debe presentarse nuevamente en una dependencia distinta. El ciudadano termina convertido en mensajero entre reparticiones públicas.
Sobre esa lógica busca intervenir un proyecto de ley que ingresó esta semana a la Cámara de Representantes de Misiones. La iniciativa fue presentada por la diputada Paula Franco y cuenta con el impulso político de Carlos Rovira. Ambos integran el bloque Encuentro Misionero.
La propuesta lleva el nombre de Ley de Simplificación, Digitalización y Accesibilidad del Poder Ejecutivo Provincial y apunta a modificar la relación entre la administración pública y los ciudadanos mediante un criterio central: que el esfuerzo administrativo recaiga sobre el Estado y no sobre las personas.
El artículo más relevante establece que los organismos provinciales no podrán exigir documentación o información que ya se encuentre disponible en otra dependencia pública. En consecuencia, los sistemas deberán intercambiar datos de manera segura para evitar que el ciudadano repita gestiones.
La medida adquiere una dimensión especial en una provincia extensa y con localidades alejadas de los principales centros administrativos. Para un vecino de San Pedro, El Soberbio, Bernardo de Irigoyen o cualquier municipio del interior, una gestión administrativa suele implicar traslados, costos y pérdida de tiempo. El proyecto apunta precisamente a reducir esa carga.
La iniciativa también propone construir una identidad digital única para cada ciudadano. Actualmente, numerosos organismos provinciales operan con plataformas independientes, cada una con sus propios registros, usuarios y contraseñas. El nuevo esquema permitiría acceder a distintos servicios mediante una sola identificación.
A la vez, el proyecto prevé la creación de un Portal Único Provincial de Servicios Digitales. Allí podrían concentrarse trámites, expedientes, consultas, notificaciones y servicios actualmente dispersos entre distintas páginas y oficinas. La idea es que el ciudadano encuentre en un único espacio toda su interacción con el Estado provincial.
Otro aspecto relevante es la disponibilidad permanente de los servicios digitales. Cuando la naturaleza del trámite lo permita, las gestiones podrán realizarse durante las 24 horas, los siete días de la semana, sin depender exclusivamente de horarios administrativos.
La digitalización, sin embargo, aparece acompañada por una cláusula de inclusión. El proyecto obliga al Estado a sostener mecanismos de asistencia presencial, telefónica y remota para adultos mayores, personas con discapacidad y ciudadanos que requieran acompañamiento para realizar gestiones digitales.
La iniciativa también reconoce una limitación estructural que todavía persiste en parte del territorio provincial: la conectividad. Por esa razón establece que el Poder Ejecutivo deberá continuar ampliando infraestructura tecnológica, cobertura de internet, equipamiento y puntos de acceso digital, especialmente en zonas con mayores dificultades de conexión.
Detrás de conceptos técnicos como interoperabilidad, expediente electrónico o identidad digital, la discusión gira alrededor de una pregunta sencilla: por qué un ciudadano debe invertir tiempo y dinero para conseguir información que el propio Estado ya posee.
La respuesta que propone el proyecto es directa. Si el Estado tiene los datos, debe utilizarlos. Si los organismos pertenecen a la misma administración, deben comunicarse entre sí. Y si la tecnología permite resolver un trámite desde un teléfono celular, la burocracia ya no puede seguir obligando a recorrer oficinas para presentar los mismos papeles una y otra vez.