Tecnología, poder y geopolítica. ¿Puede un país perder su independencia sin perder una guerra? Contra-atlas del pensamiento neorreaccionario, leído desde el Sur. El avance de la inteligencia artificial, la concentración de datos personales y la llegada de nuevas corrientes ideológicas plantean una discusión que trasciende la política partidaria. Este análisis explora cómo las ideas de la neorreacción, nacidas en Estados Unidos, encuentran traducción en la Argentina y abre un interrogante de fondo: si el control de la información se convierte en el nuevo eje del poder, la soberanía de un país ya no dependerá solamente de su territorio, sino también de quién administra el «gemelo digital» de toda su población.

Por Jorge Víctor Ríos, licenciado en Comunicación Social

Jueves 9 de julio de 2026. La revista europea de análisis geopolítico El Grand Continent publicó hace un año su Atlas del pensamiento neorreaccionario: tres corpus, una veintena de fichas, la genealogía intelectual de la revolución trumpista. La neorreacción —NRx, en la jerga— es una corriente nacida en blogs y foros de internet durante los años dos mil, que sostiene que la democracia fracasó como forma de gobierno y debería reemplazarse por estructuras administradas como empresas privadas. Durante años fue una rareza de nichos digitales; hoy sus autores son citados como influencias de la administración Trump y sus financistas ocupan lugares centrales del poder en Washington. El Atlas es un mapa útil de ese mundo y tiene un límite exacto: termina en el Atlántico. Menciona al pasar que uno de sus autores es «teórico del mileísmo» y suelta la línea, porque no puede seguirla. Nos interesa el mapa que falta, el que empieza donde aquel se corta.

El mapa de las traducciones
Un atlas de fuentes pregunta quién pensó algo primero. Un atlas de traducciones pregunta qué le pasa a una idea cuando cruza el océano, pierde la ironía de foro y se convierte en decreto. El primero hace historia de las ideas; el segundo, historia del poder.
Una aclaración de método, para no fabricar la coherencia que se denuncia: aquí no se afirma la existencia de una internacional neorreaccionaria con sede en Buenos Aires. Se afirma -con modestia y posibilidad de verificación- que ciertos operadores conceptuales viajan, que encuentran instituciones dispuestas a reproducirlos y que la forma que adoptan al aterrizar dice más sobre la periferia que sobre el corpus de origen.
Conviene presentar a los tres autores que ordenan ese corpus. Curtis Yarvin es un informático de Silicon Valley que durante años escribió bajo seudónimo el blog donde se cocinaron las ideas centrales del movimiento; propone reemplazar el gobierno por un consejo de administración encabezado por una suerte de rey-gerente general, y la prensa estadounidense lo señaló como una de las influencias intelectuales de la actual Casa Blanca. Nick Land es un filósofo británico que abandonó la academia, teorizó la aceleración sin frenos del capitalismo tecnológico y la disolución de los Estados en entidades privadas, y bautizó la corriente con un nombre que es todo un programa: la Ilustración Oscura. Hans-Hermann Hoppe es un economista alemán radicado en Estados Unidos, discípulo de Murray Rothbard —el padre del anarcocapitalismo, la doctrina que propone abolir el Estado y confiar todas sus funciones al mercado— y doctorado, paradójicamente, con Jürgen Habermas, el gran filósofo de la democracia deliberativa. Hoppe pertenece a la escuela austríaca de economía, la misma tradición ultraliberal que el presidente argentino reivindica, y su libro más citado resume el programa desde el título: La democracia, el dios que falló. Su tesis: la democracia es económicamente ineficiente y la monarquía protege mejor la propiedad privada.
Los tres enuncian desde el interior del centro imperial. El Estado que quieren adelgazar emite la moneda de reserva mundial y sostiene la flota que garantiza las rutas del comercio: puede fantasear con su propia disolución porque su poder no depende de su forma estatal sino de su posición en el sistema. Un Estado periférico no dispone de ese lujo. Es, para una economía dependiente, la única herramienta que le impide ser puro objeto de flujos que no controla. La idea viaja idéntica; su función se invierte. Lo que en Silicon Valley circula como utopía de fundadores aterriza en el Sur como forma culta del despojo.

Los traductores
La traducción local no necesita seudónimos: tiene domicilio fiscal. La Fundación Faro es el laboratorio de ideas oficialista lanzado a fines de 2024, presidido por Agustín Laje —el politólogo cordobés cuyos libros contra el feminismo y la «ideología de género» lo convirtieron en el intelectual de cabecera de La Libertad Avanza— e impulsado desde el entorno de Santiago Caputo, el principal asesor político del presidente Milei. Según los balances presentados ante la Inspección General de Justicia, la fundación pasó de un patrimonio de unos doce millones de pesos en 2023 —cuando todavía se llamaba Fundación Valorar y declaraba fines de asistencia social— a más de 4.300 millones en 2024: 350 veces en un solo ejercicio. Los balances no identifican a los donantes; las crónicas de sus cenas, con cubiertos de hasta veinticinco mil dólares, registran a Techint, Pan American Energy, Vista y Corporación América entre los comensales.
La diferencia con el norte no es de escala sino de naturaleza del capital. Allá el corpus se financia con fondos de riesgo tecnológico que apuestan a la ideología de su propio futuro; aquí, hasta donde puede rastrearse, con capital extractivo —petróleo, gas, acero— que compra un vocabulario de disrupción para recubrir una economía de subsuelo. La misma retórica sirve a economías políticas opuestas.
Hay además una función que el original no traía. Según investigaciones periodísticas, la fundación orientó pauta millonaria no solo a respaldar la agenda legislativa del oficialismo sino a señalar adversarios y colectivos concretos. A la producción de doctrina, la traducción le agrega la administración del enemigo con presupuesto publicitario.
Y hay un punto donde la traducción se rompe y debe coser. El núcleo landiano del corpus es ateo, nihilista, poshumano: la máquina del capitalismo tecnológico no necesita dios porque ella misma oficia de providencia. La versión sudamericana, en cambio, es fervorosamente religiosa: un presidente que se declara anarcocapitalista en la teoría y afirma que el orden espontáneo del mercado es de factura divina. La incoherencia la señaló la propia crítica interna del campo liberal: un pensamiento enemigo de toda unidad —empezando por la del Estado— mal puede fundarse en la religación con el Uno. Para nosotros el dato relevante es otro. La periferia no puede permitirse el nihilismo, porque necesita una fuente de legitimación que el mercado, allí donde el mercado no entregó prosperidad, no alcanza a proveer. El nihilismo es un lujo del centro; la periferia necesita un dios que firme abajo. Esa costura teológica es el agregado genuinamente local, lo que hay que sumarle al corpus para que funcione donde el capital tecnológico no basta como religión.

El centro invertido
El Atlas europeo roza este nervio y lo suelta: llama a Hoppe «teórico del mileísmo» y, sin embargo, lo archiva en el corpus conexo, como una influencia lateral del núcleo norteamericano. Visto desde el Sur, el orden se invierte. Hoppe es corpus central, porque es el autor cuya traducción efectivamente gobierna: Yarvin no administra ningún Estado; una versión tropicalizada de Hoppe administra la Argentina. Los mapas del centro y de la periferia no difieren solo en extensión sino en dónde ponen el centro.
Hasta aquí, el plano del sentido. Hay otro plano donde la neorreacción deja de ser discurso, y un solo nombre ocupa las dos puntas del mapa. Peter Thiel es el cofundador de PayPal, el primer inversor externo de Facebook y el financista de buena parte de esta constelación: pagó los proyectos de Yarvin, impulsó la carrera política del hoy vicepresidente estadounidense JD Vance y sostiene desde 2009 que la libertad y la democracia dejaron de ser compatibles. Es también el fundador de Palantir, una empresa de análisis masivo de datos creada en 2003 con fondos de la CIA, que provee sus plataformas a ejércitos y agencias de inteligencia occidentales y que en 2025 firmó un contrato de diez mil millones de dólares con el Ejército de Estados Unidos.
En el atlas europeo, Thiel figura como el mecenas devenido teórico. En Buenos Aires es el visitante de la Casa Rosada semanas antes de que el gobierno anunciara un sistema de inteligencia artificial para políticas públicas cuya descripción técnica, como notó la prensa, reproduce con llamativa fidelidad el catálogo de su empresa, incluida la categoría misma de «gemelo digital» —una réplica informática de un sistema real, en este caso de la población entera, que permite simular y anticipar su comportamiento—, propia de la plataforma Foundry de Palantir. El mismo sujeto opera como fuente intelectual en un mapa y como proveedor de infraestructura en el otro. La ideología y el fierro resultan ser el mismo proyecto en dos estados de agregación: el discurso prepara el terreno regulatorio y la empresa ocupa el terreno preparado.

La inversión panóptica
El gobierno se presenta como el proyecto del Estado mínimo: motosierra, ajuste, retiro. Lo que se construye en paralelo apunta en otra dirección. El sistema anunciado integraría los datos hoy dispersos del Renaper, la Anses, ARCA, salud, educación, migraciones y telecomunicaciones. El decreto de reorganización del sistema de inteligencia publicado el pasado 2 de enero creó además la Comunidad Informativa Nacional, que concentra la información de la SIDE, la Cancillería, los ministerios de Justicia y Seguridad, Migraciones, la Aduana, la CONAE y la CNEA, entre otros organismos. Eso no describe un Estado que se achica sino uno que se integra como nunca estuvo integrado en su historia. La dispersión de las bases públicas era, sin que nadie la hubiera teorizado así, una forma material de límite al poder; ese límite se está desmontando. El especialista en inteligencia artificial Ariel Garbarz lo formuló en términos de entropía: una sociedad dispersa, contradictoria, no del todo integrada resulta ilegible para quien la gobierna, y estas plataformas la vuelven legible conectando documento, impuestos, salud, ubicación y redes en una sola vista.
La capacidad estatal de vigilancia no disminuye con el Estado mínimo sino que alcanza su máximo histórico, y lo que disminuye es su carácter público. La motosierra corta la parte del Estado que redistribuye —jubilaciones, universidad, salud— y potencia la parte que observa, con la observación alquilada a una firma extranjera. El fundamento invocado es la lucha contra el terrorismo, y el argumento no sobrevive a su propia letra: nadie persigue células terroristas cruzando el padrón jubilatorio con la base de telecomunicaciones. La brecha entre el objetivo que se declara y el alcance que se conecta es la firma de la operación.

La cláusula extraterritorial
Lo que para Europa constituye un problema de política tecnológica, desde una posición periférica recupera el nombre más antiguo del vocabulario político: soberanía. Si la base unificada con la información de la población argentina corre sobre infraestructura de una empresa sujeta a jurisdicción estadounidense, esos datos quedan alcanzados por la legislación extraterritorial de ese país, que habilita a su gobierno a requerir acceso sin orden judicial y sin obligación de informar al Estado afectado. La propia empresa declara, además, el techo político del vínculo: solo vende sus servicios a países alineados con la política exterior de Washington.
Hay también una simetría que cuesta escribir. La misma firma desarrolló herramientas específicas para el ICE, el servicio de control migratorio estadounidense que ejecuta las deportaciones masivas de la era Trump. La máquina que en el norte persigue a los migrantes latinoamericanos se ofrecería en el sur para ordenar a la población que los produce. Comprar el instrumento que apunta a los propios y celebrarlo como modernización: es difícil imaginar una imagen más exacta de la posición subordinada. Un presidente futuro puede derogar un decreto, pero no desintegrar una base que ya fue integrada y espejada bajo otra jurisdicción. La soberanía sobre los datos de una población, una vez transferida, no se recupera con una elección.
El circuito se cierra con nombre propio. La agenda del desembarco de las empresas tecnomilitares estadounidenses —Palantir, la fabricante de drones y sistemas de vigilancia Anduril, la armamentista Northrop Grumman— circuló primero por Carajo, el canal de streaming libertario vinculado a Santiago Caputo: el mismo asesor cuyo entorno impulsó y recaudó para la Fundación Faro, mientras la prensa documentaba el avance de marcos regulatorios que facilitarían el ingreso de la empresa de Thiel. Un solo nodo sostiene así el aparato de producción doctrinaria, el de difusión y la gestión del aterrizaje material. En el centro esas funciones se reparten entre actores distintos —los blogueros, los fondos, los funcionarios—; en la periferia se concentran en una sola trama. Esa concentración es otra de las cosas que solo se ven desde el Sur.
El desembarco de Palantir, con todo, no está confirmado. Lo que las crónicas registran es, en principio, una interna feroz por el control del negocio: el proyecto de contrato que impulsaba Patricia Bullrich chocó con Karina Milei, el funcionario que iba a firmarlo quedó sin cargo y desde el Ministerio de Defensa respondieron que por ahora no hay nada. Esa disputa desmiente la imagen del plan monolítico. Las facciones se pelean por la renta prometida como se pelearían por cualquier otra caja, y la entrega, si ocurre, será sucia, parcial y disputada, incluso dentro del propio oficialismo. Conviene entonces separar lo firme de lo hipotético. Firme: la Comunidad Informativa Nacional ya existe por decreto y su arquitectura excede cualquier objetivo antiterrorista declarado, con o sin Palantir. Hipotético: que exista un plan unificado cuya ejecución esté garantizada. Tratar la hipótesis como certeza sería fabricar el patrón que se busca.
Una segunda cautela apunta hacia adentro. La tesis del despojo describe bien la función estructural del corpus traducido, pero no explica su adhesión. Una parte real de la sociedad votó esto, sobre el fondo de una decadencia real que las administraciones anteriores gestionaron sin resolver. Reducir esa decisión a engaño sería proyectar sobre el votante una falsa conciencia que no le corresponde, el mismo gesto de superioridad que el atlas europeo ejerce sobre sus catalogados. Qué hartazgo legítimo, qué falla previa del campo que dice defender lo público volvió deseable el adelgazamiento del único instrumento protector es una pregunta que esta columna abre y no puede cerrar.

El dato es el territorio
La categoría en disputa ya no coincide con las que ordenaron el siglo pasado. La descolonización clásica peleó por la bandera sobre el suelo; la disputa que se abre, por la jurisdicción sobre el espejo digital de la gente —el gemelo, en la jerga sin pudor del catálogo—. Un país puede perder su independencia sin perder una guerra, sin ceder un metro de territorio, con la sola firma de que el registro unificado de su población corra sobre servidores que responden a otra bandera.
Falta entonces inventar una teoría de la soberanía informática periférica: pensar qué significa autodeterminación cuando el dato es el territorio. No se trata de la nostalgia del Estado grande sino de una soberanía adecuada a la época, capaz de entender que integrar todas las bases en una sola infraestructura es un acto constituyente y que quien controla esa infraestructura gobierna con más finura que un ejército de ocupación. La pregunta que atraviesa todo lo anterior —quién tiene autoridad para producir y ordenar el sentido de una comunidad— se vuelve aquí literal: quién produce, guarda y lee el registro total de una población.
El atlas que empieza en el Atlántico ve las fuentes; el que empieza desde acá ve las consecuencias. Y las consecuencias son el único lugar donde una idea dice, al fin, la verdad sobre lo que era.