La Legislatura convirtió en Ley la prohibición de utilizar bolsas de plástico y todo material no biodegradable entregadas por los comercios a los clientes para transportar las compras, en todo el territorio provincial. La normativa tendrá plena vigencia dentro de dos años, tiempo otorgado para readecuar el funcionamiento.

Jueves 21 de mayo de 2020. La Cámara de Representantes de Misiones prohibió, por Ley, el uso de bolsas de plástico y todo otro material no biodegradable utilizadas y distribuidas en la actividad económica para el transporte de productos o mercaderías de los consumidores dentro del territorio provincial.
Esta normativa entrará en vigencia dos años después de su publicación. De esta manera, el plazo otorgado busca iniciar un cambio cultural de las costumbres cotidianas hacia hábitos más amigables con el medio ambiente.
La normativa busca promover acciones tendientes a la concientización sobre la utilización responsable de materiales biodegradables; brindar protección a los ecosistemas que son afectados por la utilización de materiales no biodegradables; contribuir a la concreción del derecho que tienen todos los habitantes a gozar de un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo, según lo establece la Constitución Nacional en su Artículo 41.
Entiende la normativa que biodegradable es todo aquello que puede descomponerse en elementos químicos naturales por la acción de agentes biológicos, como el sol, el agua, las bacterias, las plantas o los animales; define a bolsas a todo embalaje flexible constituido de un cuerpo tubular cerrado en uno de sus extremos; y como bolsas plásticas a la bolsa que contiene como componente fundamental un polímero que se produce a partir del petróleo, según consigna el Dictamen de Comisión que fue aprobado durante la sesión por videocámaras de este jueves.
La ley aprobada nombró al Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables como autoridad de aplicación, a quien le encomienda elaborar un Programa para la sustitución gradual de bolsas de plástico y todo otro material no biodegradable utilizadas y distribuidas en la actividad económica para el transporte de productos o mercaderías de los consumidores, con el objetivo principal de educar y concientizar a la población sobre el impacto ambiental del uso de bolsas de plástico y todo otro material no biodegradable; concertar políticas que articulen actividades conjuntas con instituciones públicas y privadas provinciales, nacionales o internacionales para la sustitución gradual de bolsas de plástico y todo otro material no biodegradable utilizadas y distribuidas en la actividad económica para el transporte de productos o mercaderías de los consumidores.
Esta normativa se conformó con los proyectos de Eduardo Antonio Morales Lezica (Mandato Cumplido); Marta Ferreira (MC) y María Dilma Salas de Coombes (MC), proponiendo sustituir bolsas, empaques y envoltorios de polietileno u otro material no biodegradable utilizados para contener productos expedidos por hipermercados, supermercados, autoservicios, almacenes, comercios e industrias en general; de María Eugenia Safrán (MC) proponiendo sustituir el uso de bolsas de polietileno y de otro material plástico convencional utilizadas en hipermercados, supermercados, autoservicios, almacenes y comercios en general por contenedores de material degradable compatibles con la minimización de impacto ambiental; de Nelson Jorge Hartwig (MC) proponiendo instituir la Ley de Eliminación del Uso de Bolsas Plásticas; de Alba Beatriz Nilsson y Jorge Ubaldo Ratier Berrondo, proponiendo la sustitución de bolsas, empaques y envoltorios no degradables; de Julio Cesar Barreto, Oscar Francisco Alarcón y Jorge Martín Cesino, proponiendo instituir el Programa de reducción y reemplazo gradual de bolsas de polietileno no biodegradables por bolsas biodegradables, papel reciclado, bolsas de malla reutilizable u otras y de Carlos Rovira, proponiendo prohibir el uso de bolsas de plástico u otro material no biodegradable utilizadas y distribuidas en la actividad económica para el transporte de productos o mercaderías.

La fundamentación de la Ley
El proyecto mencionó la preocupación por la gran crisis ambiental que afecta al planeta y las iniciativas a favor de este tipo de legislación para prohibir las bolsas plásticas, impulsadas en Senegal, China, Australia, Estados Unidos (a través de normas de nivel estatal o local), han emitido sus normativas respecto a prohibir el uso de las bolsas plásticas, o han encontrado la solución estableciendo un impuesto, como ser el llamado PlasTax en Irlanda, que es un cobro sobre el veinte por ciento de las compras, que se aplica a los usuarios de bolsas plásticas. La medida causó un resultado positivo ya que el empleo de bolsas cayó en un noventa por ciento y el dinero recaudado fue destinado a programas de protección ambiental y de reciclado.
Diversas soluciones a una misma problemática, que en definitiva lo que busca es proteger al medio ambiente y preservarlo para las generaciones futuras, tal como la manda constitucional de la Nación, en su Artículo 41 deja plasmado.
Las bolsas de plástico se han convertido en uno de los mayores residuos problemáticos del mundo, ya que no se depositan adecuadamente, se desechan indiscriminadamente, contaminan los suelos, desagües pluviales, paisajes, ríos, mares, océanos y otros ambientes naturales e impiden asimismo, que se reciclen o se vuelvan a reutilizar.
La consagración del derecho al medio ambiente sano con la Reforma Constitucional se introduce dentro del Capítulo Segundo de la parte dogmática, de la Constitución Nacional, titulado “Nuevos derechos y garantías.” La inclusión de estas previsiones ambientales es indudablemente uno de los aspectos más positivos del proceso de reforma constitucional argentino concluido en el año 1994, a través de la ampliación de las garantías, extendiendo el catálogo de derechos con una amplitud que depende para su aplicación efectiva de la consideración como operativos y efectivos instrumentos protectores que le otorgue la jurisprudencia que tenga que decidir en los casos que se lleven a su conocimiento.
Asimismo, en los primeros instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, la relación de éstos con el medio ambiente era considerada implícita. Las consecuencias del descontrol de la contaminación ambiental tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo, y la imposibilidad del disfrute y ejercicio de los derechos humanos en condiciones ambientalmente desfavorables, crearon la conciencia generalizada del íntimo vínculo entre derechos humanos y medio ambiente.
El derecho a un medio ambiente sano es, sin duda, un derecho humano fundamental, y presupuesto del disfrute y ejercicio de los demás derechos, por la íntima vinculación del ambiente con el nivel de vida en general. Por la naturaleza de la cuestión involucrada en el “contenido” de ese derecho, el bien jurídico protegido y el correspondiente deber, convierte a los habitantes en verdaderos “agentes” en el cuidado ambiental. Las obligaciones pesan también sobre el Estado, es por ellos que tomamos el compromiso de sancionar una ley en tal sentido de resguardar el equilibrio ecológico.
Es necesario realizar, como Estado, todo lo que esté a nuestro alcance, y aún más, inclusive, para revertir el daño ambiental inexorable que se está ocasionando. Para hablar de tan solo algunos números, basados en cálculos científicos, los datos indican que una bolsa plástica tarda de cuatrocientos a mil años en degradarse, y lo más ilógico es que las usamos tan solo un par de horas o minutos y luego las desechamos, o las reutilizamos como bolsas de desechos, lo cual es altamente nocivo ya que en contacto con el suelo produce la contaminación del mismo; incluso las bolsas plásticas que llegan a los océanos, mares y ríos, arroyos y vertientes, contaminan el gran mundo marino, generando la muerte de la fauna que allí habita. Por dar un ejemplo del perjuicio que ocasionan, las tortugas marinas comen el plástico al confundirlo con alimentos y allí indefectiblemente se produce el deceso inmediato de las mismas. Esto también acarrea un gasto enorme para los estados, ya que en muchas oportunidades a lo largo de un año, se dedica tiempo y dinero a recolectar la basura y plásticos desechados de manera inconsciente e impune.
También, por otro lado, a nivel nacional muchas provincias en la Argentina poseen legislación al respecto. Así tenemos a la provincia de Río Negro, Córdoba, Chubut y Buenos Aires. Misiones siempre fue pionera y vanguardista en la legislación ambiental, a sabiendas de la importante biodiversidad que poseemos, sancionando así la Ley XVI- N° 7 (Antes Ley 854), Ley de Bosques; Ley XVI – N° 8 (Antes Decreto Ley 1040/78), Régimen de Protección de la Fauna Ictica, Ley de Pesca; Ley XVI – Nº 9 (Antes Decreto Ley 1247/80) de Prohibición de Elaborar, Comercializar y Usar Detergentes No Biodegradables; Ley XVI – Nº 11 (Antes Decreto Ley 1279/80) de Conservación de la Fauna Silvestre; Ley XVI – Nº 35 (Antes Ley 3079) de Evaluación de Impacto Ambiental; Ley XVI – Nº 80 (Antes Ley 4182/05) de Educación Ambiental; Ley XVI – Nº 89 (Antes Ley 4274) de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos; solo por mencionar algunas leyes en la materia.
Así vemos la importancia de reducir al máximo posible los agentes contaminantes del medio ambiente de manera de lograr su preservación y cuidado, teniendo en mira especialmente el legado que queremos dejar a las generaciones venideras. Y teniendo en cuenta que un ambiente sano y equilibrado es un derecho de todos, expresa en los fundamentos esta ley que fue aprobada este jueves 21 de mayo de 2020.