La importancia de la información y la participación ciudadana en temas ambientales, destacó Silvia Kloster en Plural TV, programa periodístico que se emite por Canal 4 Posadas.

Jueves 1 de junio de 2023. La preocupación por las cuestiones ambientales va en aumento en la sociedad actual. El cambio climático y el uso del plástico generan cada vez más interés, dudas y preocupaciones y por lo tanto, es relevante valorar el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública sobre el ambiente, con la obligación del Estado y las empresas de brindarla, disparó la columnista de Plural TV, Silvia Kloster.
Recordó, en ese sentido, que la Ley General del Ambiente (Ley 25675) establece las políticas sobre el ambiente y la gestión, y dentro de ella se consagra el derecho de los ciudadanos a solicitar información sobre investigaciones, planes, proyectos y programas relacionados con esta temática. Tanto el Estado como las entidades autárquicas, e incluso el sector privado y las concesionarias de servicios públicos, tienen la obligación de proporcionar esta información, enfatizó.
Si bien el Estado tiene plazos para responder cuando hay requerimientos, Kloster remarcó que la información ambiental no solo surge a partir de los pedidos de los ciudadanos, sino que, también, es responsabilidad del propio Estado establecer un sistema de información ambiental. Además, se prevé la participación ciudadana en la toma de decisiones relacionadas con el ambiente. La Ley General del Ambiente además, garantiza el derecho a informarse y también el derecho a participar.
La especialista recordó que para fomentar la participación ciudadana en temas ambientales, Argentina ratificó en 2021 el Convenio de Escazú, que promueve la formación, la participación y el acceso a la justicia ambiental. Este convenio, que abarca a América Latina y El Caribe, es el primero en establecer y valorar el Principio de Río, que reconoce el derecho de las personas a acceder a la información ambiental y participar en la toma de decisiones, dijo.
Tanto en el país como en la provincia se establecieron normativas para garantizar el acceso a la información y la participación ciudadana en temas ambientales. Las provincias también deben instrumentar estas medidas, al igual que la Ley Yolanda, que se encuentra en formación.
En este sentido, el Poder Judicial desempeña un papel fundamental en la defensa del ambiente, dijo, ya que los ciudadanos pueden recurrir a él para hacer valer sus derechos y reclamar daños ambientales. El derecho ambiental, que es transversal a todas las ramas del derecho, debe actualizarse y adaptarse para garantizar su cumplimiento.
En Misiones, las preocupaciones ambientales abarcan temas como el cambio climático, la salud, el manejo y reconocimiento de los bosques, entre otros. Es importante regular el uso de plásticos y enfocarse en reducir su utilización, ya que son responsabilidad de los productores, quienes deberían hacerse cargo de los residuos generados por sus productos. En este sentido, es necesario establecer reglamentaciones y normativas que promuevan la reducción del uso de plásticos y su adecuada gestión. El objetivo no solo es reciclar, sino también minimizar la producción de residuos plásticos desde su origen. Los productores deben asumir la responsabilidad de implementar prácticas sostenibles y buscar alternativas más amigables con el medio ambiente. En este contexto, se requiere la participación activa de los ciudadanos, quienes pueden informarse y ejercer su voz para impulsar cambios positivos en la comunidad y en los proyectos de impacto ambiental. El acceso a la información y la participación ciudadana son pilares fundamentales para construir un futuro más sustentable y preservar nuestro entorno natural para las generaciones venideras, destacó la columnista Silvia Kloster en Plural TV, programa periodístico que se transmite a través de Canal 4 Posadas.

Silvia Kloster en Plural TV

-¿Con qué tema venís hoy Silvia?
-Hoy traje un tema que me pareció interesante avanzar un poco más, sobre la información y la participación ciudadana en temas ambientales. Me pareció interesante este tema porque hoy las cuestiones ambientales generan en la sociedad cada vez más interés, dudas o preocupaciones; creo que hoy el mundo está pendiente de cómo se tratan las cuestiones ambientales, los problemas ambientales, problemas vinculados al cambio climático, al plástico. Ahora hay una convención nueva sobre plásticos, reunidos en París, para tratar de armar un convenio o un tratado que permita reducir y reciclar plásticos. Vinculado a esto me pareció interesante poner en valor el derecho que tenemos los ciudadanos de tener acceso a la información pública y el deber, la obligación por parte del Estado y de las empresas -depende de qué ámbito estemos hablando- de brindar información. ¿Qué significa esto? Que como ciudadano puedo recurrir y pedir determinada información sobre investigaciones, planes, proyectos, programas, a la administración provincial o nacional respecto al ambiente. Es un derecho que tenemos y el Estado tiene la obligación de darla. La obligación del Estado y de las entidades autárquicas, y hasta del sector privado, empresas, concesionarias de servicios públicos y demás viene de la mano de una obligación que trae la Ley General del Ambiente, la Ley 25675, que es una Ley general que establece las políticas sobre el ambiente y la gestión, ahí se establece la obligación de que el Estado informe a los ciudadanos la posibilidad de la participación. Hay una Ley posterior a esta, de 2003, que habla sobre la información pública, la obligación de la información pública ambiental. Así, los ciudadanos podemos pedir información con una nota, no tiene ningún tipo de gravamen, y el Estado tiene plazos para brindar la información, y en caso de no contar con la información debe pedirla a los privados o debe encargarse de buscarla.

-¿Esa información surge a partir del pedido del ciudadano o aunque el ciudadano no la solicite, igual difunde el Estado?
-Son las dos cosas en realidad. Primero, el principio que está vinculado al Principio 10 del Acuerdo de Río que habla de que todas las personas tenemos derecho a tener información vinculada al ambiente, a los recursos naturales, al ámbito en que nos movemos, y el Estado tiene la obligación de otorgarla. Hay dos cosas, y ahí se conjugan, ya que si el particular no pide la información, el Estado tiene la obligación de armar un sistema de información ambiental, que también la trae la Ley de Presupuestos Mínimos, que establece que el Estado debe hacer una evaluación de la situación ambiental nacional y que esta situación debe ser contemplada, compartida e informada inclusive al Poder Ejecutivo Nacional. En la provincia contamos con una Ley que tiene algunos años, es la 16 Número 81 que habla específicamente de la información pública ambiental. Respecto a esto, la provincia también ha ido pensando en el futuro y estableciendo normativas que no tienen o no tenían otras provincias. Esta Ley pone en cabeza de la autoridad ambiental, que es el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables, la obligación de también poner información ambiental vinculada a los programas o las políticas o los proyectos. Respecto a lo relacionado con el proceso de evaluación de impacto ambiental, hay también formación y participación, y el Estado tiene la obligación de contestar al ciudadano, y si por alguna circunstancia la autoridad no cuenta con la información tiene la obligación de buscarla y dársela en tiempo y forma a los ciudadanos. Entonces está la obligación del Estado de tener la información sistematizada y también otorgarla cuando la piden, y el derecho del ciudadano a pedirla, entonces se conjugan estas dos cosas. Con la participación ciudadana pasa algo semejante, la Ley General del Ambiente también establece que no solamente yo tengo derecho a informarme, ya que si solo me informo, ¿cómo hago para participar? Entonces en la participación hay que poner toda la logística para que las voces sean escuchadas, y en esto hay un convenio muy reciente que Argentina ratificó en el año 2021, que es el Convenio de Escazú, sobre formación, participación y acceso a la justicia ambiental. Es un convenio que vincula a América Latina y El Caribe, y es el primer convenio que establece y pone en valor este Principio de Río que firmaron todos los países, y que a nivel regional es la más importante. Argentina la ratifica, con lo cual incorpora esto como Ley, y hoy ya se está trabajando para ver cómo se implementa, porque hay que tener en cuenta que Argentina tiene una diversidad cultural importante, que tenemos que poner esto en valor para las distintas comunidades.

-¿Eso compete solo a la Nación o a las provincias también?
-Las provincias deben instrumentarlas también al igual que la Ley Yolanda. Nosotros tenemos una Ley en formación, calculo que después habrá que adecuarla al Convenio. La Nación invita a las provincias a ratificarla y a trabajar en esto. También el Poder Judicial, como siempre digo, es un partícipe fundamental en la defensa del ambiente, no solo el Poder Ejecutivo o Legislativo con cada una de sus funciones, sino que el Poder Judicial es crucial en esto. Que el ciudadano pueda presentarse a requerir, establecer y tratar de que se restaure su derecho, o reclamar algún tipo de daño es fundamental, y en esto el convenio dice que no hay que tener ningún tipo de limitaciones. El derecho ambiental que es transversal a todas las otras ramas del derecho debe adecuarse, como lo viene haciendo, actualizándose y dando posibilidad a que esto se cumpla. Por eso el Acuerdo de Ezcasú busca la protección de los defensores de la naturaleza, que a veces son personas vinculadas a mucha vulnerabilidad como son los que vienen de la actividad minera, o que pelean por sus tierras tengan un halo de protección. América Latina tiene el mayor promedio de desaparición de activistas ambientales.

-En Brasil y Centroamérica…
-Así es, también sucede mucho en Colombia, o hay problemas vinculados a la minería, al acceso a la tierra, al agua. Lamentablemente tenemos un ranking bastante complicado respecto a esto y el Acuerdo va en dirección a proteger a estas personas que levantan la voz de aquellos que a veces no tienen voz. Así que tenemos derecho a informarnos; hay canales, normativas para esto; hay que ejercerlas, y como digo siempre, hay que saber, leer, orientarse en la medida que uno lo necesite, porque a veces la información que manejan los medios es muy simple, o sesgada. Entonces, podamos tomar decisiones o participar en nuestra comunidad o en un proyecto de impacto ambiental sabiendo de qué se trata y poniendo nuestra voz como ciudadanos.

-¿Quiénes son los ciudadanos que más información solicitan sobre cuestiones ambientales?
-Muchas veces las ONG, los grupos, los medios de comunicación; hay un registro en el Ministerio de Ecología y es bastante variado. A veces personas individuales o comunas. Para cuando hay un proyecto que pudiera tener algún tipo de impacto están los talleres participativos, por eso, para que un proyecto se pueda llevar a cabo debe tener una participación ciudadana. Esto es establecido por la Ley de Impacto Ambiental. Inclusive la gente se manifiesta respecto a esto, y por eso el Estado debe poner a disposición del ciudadano o de la comuna la información clara, precisa, en tiempo, para que este derecho realmente se ejerza. Porque si hay una actividad que no ponés a disposición con anticipación, información clara de qué se trata el proyecto, probablemente mi derecho sea sesgado. Por ello es importante garantizar esto, el Estado lo hace, por lo menos hasta donde sé esto se cumple así; inclusive la justicia muchas veces ha vuelto atrás proyectos porque no se ha respetado la participación ciudadana. Por eso lo importante es saber que tenemos derechos establecidos desde hace mucho tiempo en la provincia, a nivel nacional e internacional para poder acceder a la información que creemos necesaria para participar como se debe en cuestiones ambientales que nos atañen a nuestra vida cotidiana.

-Empezaste hablando de la inquietud del mundo por el plástico, ¿por dónde pasan las inquietudes en nuestra provincia?
-Desde mi punto de vista son varias. Creo que la cuestión del cambio climático es muy importante, la salud y cambio climático también, el manejo y reconocimiento de los bosques es muy del misionero, nuestros bosques son los grandes generadores de oxígeno para nosotros y para el planeta. Hay muchos temas, pero creo que hoy hay preocupaciones vinculadas al cambio climático puntualmente, y como te decía, creo que la provincia también está trabajando con esto, creo que tiene una mirada bastante amplia. Hay que empezar a plantearse cómo reglamentar y regular el uso de plásticos, que una vez utilizados no son residuos, sino materia prima para otro tipo de productos. En el acuerdo que quieren firmar claramente dice que quieren reducir, más que reciclar, porque el reciclado también implica mucha gestión y mucha utilización de materia prima como el petróleo; por eso se dice que es bueno reciclar, pero hay que enfocarnos en reducir. Acá hay responsabilidades de los productores que sacan productos al mercado -esta responsabilidad “de la cuna a la tumba”- y que ganan dinero con esto; ellos deberían hacerse cargo del residuo, no los ciudadanos.