Tiene mayor impacto en salud, educación, rutas y transferencias a provincias. Las universidades nacionales también registraron una disminución de $5.303 millones en partidas para infraestructura. Las universidades nacionales también registraron una disminución de $5.303 millones en partidas para infraestructura.

Martes 12 de mayo de 2026. El gobierno de Javier Milei formalizó una reducción neta de gasto de $2,44 billones, equivalente a $2.439.416 millones, lo que representa una contracción del 1,6% sobre el crédito vigente total de la Administración Pública Nacional.
La medida, instrumentada a través de la Decisión Administrativa 20/2026 y firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, profundiza la política de ajuste del Gobierno nacional para sostener el equilibrio fiscal y cumplir la meta de superávit comprometida con el Fondo Monetario Internacional.
El recorte no se limitó a la obra pública y los subsidios. También alcanzó programas de salud oncológica, infraestructura escolar, mantenimiento de rutas nacionales, ciencia, defensa y asistencia financiera a las provincias. En varios programas específicos, las quitas superan el 50% y, en algunos casos, implican la eliminación total de las partidas asignadas.

Subsidios y asistencias del Tesoro
El mayor volumen del ajuste se concentró en las Obligaciones a Cargo del Tesoro, donde la reducción alcanzó $1,47 billones, equivalentes a $1.470.533 millones.
Esta poda impactó de manera directa en la asistencia financiera que el Estado destina a empresas públicas. El Gobierno recortó $200.000 millones para compañías del sector energético, $48.000 millones para empresas vinculadas a la educación y $22.374 millones para firmas relacionadas con la obra pública.
Además, el rubro “otras asistencias financieras” sufrió un recorte de $1,20 billones, equivalentes a $1.198.420 millones.

Rutas y seguridad vial
Dentro del Ministerio de Economía, que registró una baja general de $521.939 millones, uno de los organismos más afectados fue la Dirección Nacional de Vialidad, que perdió $97.104 millones de su presupuesto.
El programa de ejecución de obras de seguridad en rutas nacionales sufrió un recorte del 98,9% sobre una partida original de $19.499 millones, lo que dejó apenas una asignación simbólica.
La situación es aún más severa en el mantenimiento y reparación de puentes y otras estructuras viales, donde se eliminó el 100% de una partida de $14.639 millones.
También se recortaron $19.840 millones en mantenimiento de rutas nacionales, $32.336 millones en construcciones viales y $13.016 millones en rehabilitación de calzadas.

Salud y programas oncológicos
El Ministerio de Salud sufrió una reducción de $70.467 millones.
El programa de Fortalecimiento de los Sistemas Provinciales de Salud perdió $25.000 millones, lo que representa una caída del 44,7%.
El acceso a medicamentos e insumos registró una baja de $20.000 millones.
La partida destinada a investigación, prevención, detección temprana y tratamiento del cáncer sufrió un recorte de $5.000 millones, equivalente al 32,8% de esa asignación específica.

Educación e infraestructura escolar
En el Ministerio de Capital Humano, la Secretaría de Educación absorbió un recorte de $78.711 millones.
Los fondos para infraestructura y equipamiento escolar disminuyeron en $21.687 millones, con una caída del 46,6%.
El Fondo de Compensación Salarial Docente fue reducido en $8.930 millones y el Plan Nacional de Alfabetización perdió $35.288 millones.
Además, las transferencias a Educ.ar se redujeron en $48.000 millones, mientras que las universidades nacionales registraron una baja de $5.303 millones en infraestructura.

Provincias y desarrollo regional
La relación financiera con los gobernadores también quedó alcanzada por el ajuste.
El Ministerio del Interior recortó $320.711 millones en el programa Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional, una caída del 55,5%.
A ello se suma una reducción superior a $970.000 millones en transferencias a provincias y municipios, con impacto directo en obras de infraestructura y saneamiento.
Los programas de deporte comunitario e infraestructura deportiva perdieron otros $4.281 millones.

Defensa y seguridad
El Ministerio de Defensa registró una baja de $48.904 millones.
Las principales quitas afectaron al alistamiento operacional de la Fuerza Aérea Argentina ($16.500 millones), el Ejército Argentino ($12.622 millones) y la Armada Argentina ($15.220 millones).
En el área de Seguridad, la Dirección Nacional de Migraciones perdió $6.765 millones, mientras que el Servicio Penitenciario Federal sufrió un recorte de $2.814 millones.

Ciencia, tecnología y actividad espacial
El CONICET registró una reducción de $3.281 millones y la CONAE perdió $4.410 millones.
Uno de los programas más afectados fue el de investigación y desarrollo de medios de acceso al espacio, que sufrió una caída del 74,3%.
La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología tuvo una baja de $11.809 millones, incluyendo un recorte del 27,7% en formulación de políticas científicas.

Justicia y Congreso
El Poder Judicial registró una quita de $41.452 millones en la Justicia Federal y de $26.843 millones en la Justicia Ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires.
Por su parte, el Poder Legislativo redujo su presupuesto en $14.423 millones, con impacto en el Senado, la Cámara de Diputados y la asistencia social del personal legislativo.

Refuerzos puntuales y nueva meta fiscal
La misma decisión administrativa incluyó aumentos en algunas partidas. Se incorporaron $500.000 millones para el pago de sentencias previsionales, $162.000 millones para financiar el plan de retiros voluntarios de la ANSES y $137.194 millones para el Consejo de la Magistratura de la Nación.
Según la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública, el recorte de $2,44 billones, sumado a mayores ingresos estimados en $565.000 millones, elevará la meta de superávit fiscal del Gobierno nacional a $3,2 billones durante 2026.
La decisión ratifica que la administración de Milei mantiene el equilibrio fiscal como prioridad central, aun con una reducción significativa de recursos destinados a salud, educación, infraestructura, ciencia y asistencia a las provincias.