La conversación sobre ‘Democracia en disputa: plataformas, periodismo y derechos digitales en el espacio iberoamericano’ tuvo lugar el 13 de mayo de 2026 como cierre del Primer Encuentro Internacional de Derechos Digitales, en Barcelona, España.

Miércoles 27 de mayo de 2026 (Ana María Saavedra para Fundación Gabo). ¿Es posible proteger la democracia digital en una región donde la democracia misma está bajo amenaza? ¿Qué significa regular plataformas cuando el presidente más poderoso del mundo amenaza con aranceles a quien lo intente? ¿Qué le queda al periodismo cuando el ecosistema premia el ruido? Estas fueron algunas de las preguntas que guiaron la charla ‘Democracia en disputa: plataformas, periodismo y derechos digitales en el espacio iberoamericano’, que cerró la jornada del 13 de mayo pasado en el Primer Encuentro Internacional de Derechos Digitales, celebrado en Barcelona.
En el salón Contrataciones del edificio medieval Lloja del Mar, Juan Miguel Márquez, director del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad de España (ONTSI), conversó con Alexandre Pupo, secretario general de la Organización Iberoamericana de la Juventud; Gustavo Gómez, director ejecutivo de OBSERVACOM; Cristina Tardáguila, fundadora de Agência Lupa e investigadora senior del Digital Democracy Institute of the Americas, y Miguel Montes, director de Programas de la Fundación Gabo, sobre los retos en derechos digitales que enfrenta América Latina en un momento en el que las grandes plataformas digitales han reconfigurado el espacio público de manera sin precedentes: han cambiado no solo cómo circula la información, sino las condiciones mismas en que se ejerce la democracia, se construye la opinión pública y se disputa el poder.
Desde el arranque, el moderador fijó el tono: «El diálogo con Iberoamérica no puede ni debe entenderse como una transferencia de soluciones de la Unión Europea hacia la región, sino como una búsqueda compartida de alianzas democráticas para gobernar un espacio digital que es transnacional por naturaleza». Márquez advirtió que América Latina ha sido escenario —y posiblemente campo de pruebas— del populismo digital, ha visto cómo la desinformación se convierte en estrategia política y ha enfrentado la erosión de derechos fundamentales que, en el entorno digital, carecen aún de garantías efectivas. Europa tampoco llega a esta conversación con todas las respuestas: llega con una experiencia regulatoria relevante, especialmente a través del Reglamento de Servicios Digitales, pero también con problemas persistentes de polarización, opacidad algorítmica y tensiones en torno a la libertad de expresión.

La generación del like y la selfie
Alexandre Pupo inició su intervención explicando cómo llegó al tema: trabajando dos ejes aparentemente separados —la participación democrática juvenil y la salud mental— ambos caminos convergieron en un mismo punto: el entorno digital. Y los datos que encontraron fueron reveladores: en 2010, el 65% de los jóvenes iberoamericanos apoyaba la democracia como sistema político, por encima del promedio de la población adulta. Diez años después, ese porcentaje había caído a 45%, veinte puntos menos y por debajo del promedio de la sociedad.
En paralelo, el 20% de los adolescentes tiene hoy un trastorno mental diagnosticado, y los síntomas de ansiedad y depresión en ese grupo etario han aumentado un 40% desde 2012.
Para Pupo, no es casualidad que ambas tendencias arranquen en el mismo momento histórico: 2010, el año en que Facebook introdujo el botón del me gusta y apareció la cámara frontal en los smartphones. «Estamos hablando de una generación que nace, crece y hoy es joven bajo esta nueva realidad del entorno digital», dijo. Una generación que no eligió ser nativa digital pero que carga con todas las consecuencias de serlo, y cuyo malestar —democrático y emocional— es la razón por la que la protección de la infancia y la juventud se ha convertido en el eje más urgente y más consensuado de la agenda iberoamericana.

El laberinto regulatorio latinoamericano
Gustavo Gómez abordó otro flanco igual de preocupante: el laberinto regulatorio. América Latina lleva años debatiendo la regulación de plataformas digitales, pero ese debate rara vez se ha traducido en marcos normativos sólidos. «Costa Rica todavía tiene una ley de radio de 1954», explicó Gomez, pero aclaró de inmediato que la región no es un páramo normativo por ignorancia o desidia. Es que conviven muchas realidades al mismo tiempo, y el contexto en que se intenta legislar hoy es profundamente adverso.
El primer obstáculo es estructural: América Latina no tiene institucionalidad regional. A diferencia de Europa, donde el Reglamento de Servicios Digitales fija un piso común para todos los estados miembros, cada país latinoamericano negocia solo frente a las plataformas, con distintas tradiciones jurídicas, distintos grados de deterioro democrático y distintas presiones políticas. El segundo es geopolítico. «Regulación hoy en América Latina con un presidente que se cree emperador, que amenaza a nuestros países con ponerle aranceles si regulamos a sus empresas…», dijo Gómez, aludiendo a la presión directa del gobierno de Donald Trump que frena cualquier contrapeso a las grandes tecnológicas estadounidenses.
El tercero, quizás el más revelador, es conceptual. La mayoría de los proyectos de ley que circulan en los congresos latinoamericanos confunden regular plataformas con regular usuarios. «Lo que están hablando es de regular nuestras expresiones», advirtió Gómez. «Lo que nosotros queremos promover es regular a los dueños de las plataformas para proteger a los que escribimos dentro de ellas». Gran parte de las iniciativas legislativas están diseñadas para controlar el discurso ciudadano, no para poner límites al poder privado de las grandes tecnológicas.
Gómez indicó que durante décadas, la región ha vivido bajo «el efecto Washington», la imposición de modelos regulatorios y económicos diseñados en Estados Unidos. Hoy, con la experiencia europea, hay que cuidarse del «efecto Bruselas». «América Latina tiene la capacidad de tener una perspectiva propia y distinta», afirmó. A eso se suma una paradoja: los que sí han legislado sobre plataformas son países autoritarios que buscan impedir la crítica. La región enfrenta así una trampa doble: la ausencia de regulación democrática convive con la presencia de regulación antidemocrática.

Brasil: laboratorio de regulación con claroscuros
Si hay un país en América Latina que ha conseguido pasar del debate a la acción regulatoria es Brasil. Cristina Tardáguila presentó tres legislaciones recientes que, con sus luces y sus sombras, ofrecen lecciones valiosas para el resto de la región y también para Europa.
El Estatuto del Niño y del Adolescente Digital, que entró en vigor el 17 de marzo de 2026, regula la presencia de menores no solo en redes sociales sino en el universo completo de plataformas digitales, incluidos los juegos en línea. Dos elementos merecen atención especial. El primero es la inversión de responsabilidad: no es el Estado quien fija la edad mínima de uso, sino la propia plataforma, que debe informar al sistema nacional cuál considera adecuada y luego garantizar su cumplimiento. El segundo es el concepto de Zero Knowledge Proof: un sistema de certificación de edad desconectado del nombre y los datos personales del menor, de modo que ningún actor —ni el gobierno ni las empresas— tenga acceso a una base de datos que construya la identidad digital de un niño.
La ley de misoginia, aprobada por el Senado brasileño y pendiente en la Cámara de Diputados, propone añadir a las leyes de protección contra la discriminación una frase que establezca que una persona no puede ser discriminada por ser mujer. En el entorno digital, donde la violencia de género es sistemática y con frecuencia impune, esa frase representa un salto jurídico significativo.
La normativa sobre inteligencia artificial en procesos electorales no surge del Congreso —demasiado polarizado para legislar— sino de la Suprema Corte Electoral, que ha tomado decisiones de alcance legislativo por vía judicial. El resultado es un conjunto de reglas que prohíben el uso de IA en campañas, exigen etiquetas en materiales generados artificialmente y vedan el uso de bots para amplificar mensajes políticos, pero que tienen agujeros evidentes. «Las campañas no se empujan directamente desde las cuentas oficiales: se usan proxies, el influencer amigo», señaló Tardáguila, quien también advirtió que es una señal de alarma el que sean once jueces quienes decidan cómo se usa la inteligencia artificial en unas elecciones presidenciales y no el Congreso.

Resistir, innovar y sobrevivir: el periodismo latinoamericano
El periodismo latinoamericano atraviesa lo que Miguel Montes describió como una triple crisis simultánea. La primera es económica: el modelo de negocio está «absolutamente desvencijado» y la economía de la atención, dominada por las plataformas, se queda con la mayor parte de la torta publicitaria. La segunda es política: el oficio se ejerce bajo presiones de todo tipo, desde señalamientos de líderes que lo identifican como enemigo hasta amenazas del crimen organizado que, en varios países, elimina físicamente a periodistas que se convierten en un obstáculo para sus operaciones. La tercera es ecosistémica: las plataformas han reordenado por completo las reglas del juego con las que los medios habían aprendido a operar.
Sin embargo, Montes se resistió al diagnóstico sombrío: «La región se ha convertido en un laboratorio magnífico de innovación en el periodismo. No hay una crisis de talento. Hay periodistas maravillosos que innovan todo el tiempo para poder seguir haciendo su trabajo, muchas veces desde el exilio, aún bajo presiones del crimen organizado».
Esa capacidad de resistencia se expresa también en una tendencia que la Fundación Gabo ha observado con creciente claridad: el periodismo ha empezado a conversar con otros sectores y a construir alianzas que van más allá de lo editorial. En Colombia, Perú y México, medios de investigación están firmando acuerdos con sistemas educativos para ofrecer educación mediática en escuelas, incluso sin marcos regulatorios que los respalden. La respuesta, según Montes, no puede venir solo desde el periodismo sino que requiere diálogos con la sociedad civil, con los sistemas educativos y con otros actores que comparten el propósito de sostener una esfera pública informada.
Desde la Fundación Gabo, ese esfuerzo tiene forma concreta en un proyecto en cinco países, que reúne en un mismo espacio a académicos, creadores de contenido, periodistas y organizaciones de la sociedad civil. «Sorprendentemente, muchos de los actores que están trabajando por un mismo propósito no se conocen. Ese diálogo presencial, cara a cara, hace la diferencia», expresó Montes.

Regular a los dueños, no a los usuarios
Gustavo Gómez planteó los ejes en los que América Latina puede avanzar de manera realista en el corto plazo, sin esperar marcos regulatorios integrales hoy políticamente inviables: la protección de la infancia digital, un tema que ha alcanzado un nivel de madurez del debate sin parangón en otros ámbitos; la transparencia en la desinformación electoral, con foco en el papel de las plataformas y las estrategias coordinadas para amplificarla; la violencia digital contra las mujeres, donde la OEA ya tiene una ley modelo que varios países están adoptando; y la transparencia algorítmica.
Para los escenarios en que la regulación formal no avance —que son la mayoría—, Gómez propuso dos caminos paralelos: el empoderamiento jurídico ciudadano, dando a las personas herramientas para denunciar a las plataformas y acompañar reclamos ante la justicia; y la cooperación transnacional: supervisar, monitorear y pedir información en conjunto, construyendo una red de centros de transparencia algorítmica que incluya a Europa y América Latina.

Cooperar entre iguales
Alexandre Pupo cerró la sesión con una propuesta concreta que ya tiene respaldo institucional: la creación de un observatorio iberoamericano sobre bienestar integral, orientado a promover estándares comunes y fortalecer la cooperación frente a los riesgos del entorno digital. La iniciativa, acordada en la cumbre ministerial de infancia y juventud celebrada en Zamora dos semanas antes, recibió el apoyo de 20 de los 22 países de la región, gobernados por distintos colores ideológicos.
El observatorio tiene el mandato de presentar a los jefes de Estado una visión iberoamericana unificada organizada en tres ejes: los derechos —acceso a información verídica, libertad de expresión y protección de los menores frente a la violencia digital—; la regulación, con un modelo mixto que reparte responsabilidades entre plataformas y gobiernos; y la ciudadanía digital, orientada al pensamiento crítico, la alfabetización mediática y las capacidades de autoprotección.
La sesión cerró con una idea que atravesó toda la conversación: la regulación sola no alcanza, y tampoco alcanza sin ella. Las leyes consolidan lo que la sociedad ya ha decidido que es el comportamiento adecuado, pero mientras tanto hay que construir ciudadanía, fortalecer el periodismo y cooperar a través de las fronteras. «Entre las leyes perfectas que cada vez se hace más difícil lograr y la ley de la selva, tenemos que proteger a la gente con lo que tenemos», expresó Gómez.