El Gobierno provincial inició el ciclo de jornadas informativas sobre el Programa Jurisdiccional REDD+ y el mecanismo que distribuirá los recursos generados por la conservación de los bosques nativos. La primera etapa está dirigida a propietarios, productores, comunidades e instituciones de la zona Centro. La Cuenta 2 contempla pagos directos a titulares de inmuebles que mantuvieron su cobertura boscosa.

Lunes 10 de agosto de 2026. San Vicente fue escenario del inicio de las jornadas informativas y de diálogo participativo sobre el Programa Jurisdiccional REDD+ de Misiones, una iniciativa que busca convertir la conservación de la Selva Paranaense en una fuente de financiamiento para sostener las políticas ambientales y reconocer económicamente a quienes preservan bosques nativos en sus propiedades.
La actividad reunió al ministro de Ecología y Recursos Naturales Renovables, Martín Recamán; al subsecretario de Cambio Climático y Créditos de Carbono, Gervasio Malagrida; al intendente de San Vicente, Fabián Rodríguez; propietarios de inmuebles rurales, productores, representantes de comunidades guaraníes, organismos públicos, universidades, entidades forestales y organizaciones vinculadas con la conservación.
El eje de la jornada fue el Mecanismo de Distribución de Beneficios (MDB), la estructura mediante la cual la Provincia definió cómo se asignarán los recursos que genere la comercialización de los créditos de carbono certificados bajo el estándar Jurisdictional and Nested REDD+ (JNR) de Verra.
El ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safran, destacó a través de sus redes sociales que fue la primera jornada en Misiones de capacitación y diálogo participativo sobre el Programa Jurisdiccional REDD+ (JNR Verra), una iniciativa pionera mediante la cual Misiones se convirtió en el primer estado subnacional del mundo en certificar 10.914.085 créditos de carbono bajo este estándar internacional.
La Provincia obtuvo en junio la certificación internacional de 10.914.085 créditos correspondientes al período 2017-2022 y quedó registrada bajo el programa JNR REDD+ de Verra. El esquema provincial trabaja sobre alrededor de 1,5 millones de hectáreas de bosque nativo y acredita reducciones de emisiones vinculadas con la disminución de la deforestación.
Un crédito de carbono representa, en términos generales, una tonelada de dióxido de carbono equivalente cuya emisión fue evitada o cuya remoción fue verificada. En el caso misionero, los créditos surgen principalmente de las reducciones de emisiones asociadas a la conservación de los bosques y a la disminución de la deforestación. El instrumento permite asignar un valor económico a un resultado ambiental que hasta ahora carecía de un mecanismo de financiamiento de esta escala.
El programa tomó como referencia el período 2017-2022 y registró una reducción de la tasa anual de deforestación en el territorio considerado, de unas 21.500 hectáreas a aproximadamente 5.700 hectáreas. Esos resultados fueron incorporados al proceso de certificación internacional y constituyen la base ambiental sobre la cual se generaron los créditos.
La jornada deSan Vicente puso el foco especialmente en la Cuenta 2, denominada Cuenta Bosques. Allí se encuentran los propietarios de inmuebles con bosque nativo que mantuvieron su cobertura durante el período de monitoreo establecido por el programa. La documentación oficial prevé pagos monetarios directos según las características de cada superficie conservada.
El sistema contempla además criterios diferenciados para establecer el monto correspondiente a cada propiedad. Entre los factores considerados aparecen la categoría asignada por el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos, la ubicación dentro del Corredor Verde y la existencia de una reserva privada. El mecanismo asigna ponderaciones diferentes a cada atributo para establecer el valor relativo de las hectáreas conservadas.
La Cuenta 2 representa el 30% de los recursos que ingresen al fideicomiso del programa. Dentro de esa cuenta, el diseño vigente prevé que el 80% se destine a pagos directos a propietarios privados, el 10% a pagos base para pequeños propietarios y otro 10% a una reserva. El monto efectivo que perciba cada titular dependerá de los ingresos obtenidos por la venta de créditos y de la superficie y atributos ambientales de su propiedad.
El mecanismo tiene otras dos cuentas. La Cuenta 1, que concentra otro 30%, está destinada al Fondo de Promoción del Desarrollo Sostenible Misionero e incluye líneas para pueblos originarios, municipios, organizaciones no gubernamentales, cooperativas, pequeñas y medianas empresas, sector productivo e instituciones educativas. La Cuenta 3 reúne el 40% restante y financia el funcionamiento, las inversiones y el fortalecimiento institucional necesario para sostener el programa.
La estructura busca que los recursos derivados del carbono no queden concentrados exclusivamente en los titulares de tierras. El diseño incorpora también a comunidades originarias, municipios, organizaciones sociales, instituciones educativas y actores productivos, al tiempo que reserva fondos para monitoreo, control, prevención de incendios y otras acciones vinculadas con la conservación de la selva.
En el caso de las comunidades guaraníes, el mecanismo prevé beneficios principalmente no monetarios mediante inversiones en infraestructura, salud, educación, asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades. La propuesta contempla además que productores, cooperativas, organizaciones y pequeñas empresas puedan acceder a financiamiento para proyectos vinculados con el desarrollo sostenible.
El modelo se apoya en un fideicomiso administrado por el Banco Macro. Allí deberán ingresar los recursos derivados de la comercialización de los créditos para luego distribuirlos de acuerdo con las cuentas, subcuentas y criterios establecidos por el MDB. La Provincia diseñó así un circuito que busca garantizar trazabilidad sobre el destino de los fondos.
Un aspecto relevante de esta etapa es que las jornadas tienen carácter informativo. La Provincia busca que propietarios y productores conozcan las condiciones del programa antes de la apertura de las instancias de inscripción y adhesión. La convocatoria inicial se concentra en la Cuenta 2, aunque el esquema general también permite la participación mediante proyectos individuales y colectivos bajo el sistema de anidamiento previsto por el estándar JNR.
Ese mecanismo de anidamiento permite que iniciativas privadas de carbono puedan integrarse al programa jurisdiccional sin duplicar reducciones de emisiones. El escenario 2 elegido por Misiones contempla precisamente la participación de propietarios privados que pueden desarrollar proyectos propios o incorporarse al programa provincial.
La discusión también tiene una dimensión económica más amplia. Misiones busca convertir parte del valor ambiental de la Selva Paranaense en recursos para financiar conservación, monitoreo, prevención de incendios, desarrollo sostenible y reconocimiento económico a quienes mantienen el bosque en pie. La certificación obtenida ante Verra abrió ese camino, pero la generación de créditos constituye apenas una de las etapas del proceso: el siguiente desafío pasa por concretar operaciones comerciales y consolidar el esquema de distribución.
En paralelo, la Provincia gestiona ante el Estado nacional el respaldo necesario para avanzar hacia el mercado regulado o de cumplimiento. Misiones planteó esa necesidad ante organismos y ámbitos nacionales durante los últimos meses. El objetivo consiste en ampliar las posibilidades de comercialización de los activos ambientales y acceder a mercados con mayores exigencias de trazabilidad y reconocimiento internacional.
La jornada de San Vicente adquiere así un sentido práctico para los propietarios de bosques: explicar cómo funciona el programa antes de que comiencen las adhesiones, cuáles son los criterios para determinar los beneficios y qué compromisos implica participar.
La actividad contó con exposiciones técnicas de Pamela Kruszelnicki, directora de Mercados de Carbono y Mecanismos de Financiamiento Climático Sostenible de Hacienda; Lucas Russo, subsecretario de Ordenamiento Territorial de Ecología; Florencia Bogado, integrante del equipo jurídico del Ministerio de Ecología; Silvia Korth, ingeniera forestal; Maximiliano Galli, asesor externo de Hacienda; y Augusto Abdulhadi, asesor del Ministerio de Ecología.
También participaron los intendentes de El Soberbio, Ricardo Leiva; de 25 de Mayo, Omar Wdowin; de Salto Encantado, Eldor Hut; y de Fracrán, Juan Carlos Fernández. Se sumaron representantes de comunidades guaraníes, de la Dirección de Asuntos Guaraníes, INTA, UNAU, UNaM, Facultad de Ciencias Forestales, Fundación Vida Silvestre Argentina, Asociación Civil Minka, Huella para un Futuro, Cooperativa ECORECI, asociaciones forestales y propietarios de reservas privadas.
El ciclo continuará en otros puntos de la provincia con el objetivo de acercar el funcionamiento del programa a los sectores directamente vinculados con el bosque nativo. Para Misiones, la etapa que comenzó en San Vicente representa el paso territorial de una política que durante años se desarrolló en ámbitos técnicos y de certificación internacional y que ahora busca llegar a los propietarios y comunidades que deberán formar parte de su implementación.