El Banco Central anunció devoluciones de hasta 40 salarios mínimos y notificará desde este jueves en qué entidad cobrará cada cliente. La investigación apunta a préstamos y transferencias entre empresas vinculadas al banco. El IPS prepara el traslado de cuentas de jubilados, mientras continúa la incertidumbre sobre la recuperación de los saldos que superan la garantía legal. La nota explica también qué pasó con Ueno y por qué intervinieron.

Jueves 5 de noviembre de 2026 (Actualizado a las 8, hora de Paraguay y Argentina). El Banco Central del Paraguay (BCP) anunció un anticipo de hasta 40 salarios mínimos para los depositantes de Ueno Bank y dispuso comenzar este jueves las notificaciones sobre dónde recibirán su dinero. La medida amplía el primer desembolso de hasta 10 millones de guaraníes que había comunicado el martes. En paralelo, la Fiscalía imputó a 27 personas por presuntas irregularidades financieras, dos días después de que el regulador anunciara el inicio del procedimiento de resolución de la entidad.
La respuesta a los ahorristas avanzó después de que el Congreso sancionara el miércoles una reforma de la ley de garantía de depósitos. El texto establece que el procedimiento de anticipo debe comenzar dentro de las 24 horas y no extenderse más de cinco días hábiles, con reglas específicas para los procesos de resolución que ya están en curso. Ese plazo corresponde al mecanismo de pago y no significa que todos los clientes tengan sus fondos acreditados simultáneamente.
Al cierre de esta actualización, las comunicaciones oficiales consultadas describían el operativo y sus plazos, pero no aportaban un balance de transferencias efectivamente realizadas. El anuncio de devolución, por lo tanto, debe distinguirse del dinero que cada depositante ya puede utilizar. El BCP habilitó un espacio de consultas y pidió conservar la documentación de cuentas y depósitos.

Cómo cobrarán los ahorristas
El anticipo anunciado equivale a un máximo de 121.760.000 guaraníes por cliente, según la información difundida por medios paraguayos sobre el nuevo mecanismo. El importe dependerá del saldo neto de cada depositante y de las compensaciones aplicables: quien tenga menos dinero que ese límite cobrará hasta el monto que le corresponda, no una suma fija para todos.
El Banco Central estableció dos modalidades. Si el ahorrista tiene cuentas en otras entidades financieras del país, depositará el anticipo en aquella que registre el mayor saldo disponible; si solamente operaba con Ueno, abrirá una caja de ahorro a su nombre en otro banco o financiera. Desde este jueves, cada beneficiario recibirá una comunicación con la entidad asignada.
Una precisión relevante respecto de los anuncios iniciales es que el mecanismo contempla descontar las obligaciones vencidas del depositante con Ueno. El texto sancionado por el Senado establece esa compensación para determinar el saldo neto; no dispone descontar de manera indiscriminada todo el capital de cualquier préstamo que el cliente mantenga al día.
El anticipo tampoco reemplaza el límite general de garantía. El BCP mantiene publicada una cobertura de hasta 228.300.000 guaraníes, equivalente a 75 salarios mínimos, por depositante y por entidad. Tener varias cuentas en el mismo banco no multiplica ese tope. La devolución por encima de la cobertura continúa sujeta al procedimiento de resolución y a la recuperación de recursos.
En el portal de pagos, el regulador advierte sobre posibles estafas: ningún cliente debe entregar contraseñas, PIN o códigos de validación ni transferir dinero a terceros que prometan recuperar sus ahorros a cambio de una comisión. La institución recomienda verificar las instrucciones por sus canales oficiales y evitar enlaces de origen desconocido.

Qué pasó con Ueno y por qué intervinieron
El Directorio del Banco Central resolvió por unanimidad iniciar el procedimiento el lunes 2 de noviembre y lo comunicó el martes 3. La causal fue una insuficiencia en el índice de solvencia, que cayó por debajo de la mitad del mínimo requerido después de ajustes a los estados financieros durante un proceso de regularización. El regulador encuadró su decisión en la Ley 2334/03.
La solvencia mide el respaldo patrimonial de una entidad frente a los riesgos que asume. La liquidez, en cambio, expresa su capacidad para atender obligaciones inmediatas, como retiros y pagos. La causal oficial describe un problema de capital regulatorio; no permite afirmar que el banco perdió exactamente la mitad de los depósitos ni calcular cuánto recuperará cada cliente.
El entonces presidente del BCP, Carlos Carvallo, explicó el martes que la revisión de operaciones comenzó el 5 de junio. Según la cobertura de La Nación de Paraguay, el regulador observó créditos vinculados, profundizó la inspección y detectó debilidades en la documentación crediticia y en el respaldo de servicios informáticos registrados como activos. Esos hallazgos requirieron previsiones adicionales, es decir, reconocer posibles pérdidas en la contabilidad.
El procedimiento de resolución permite administrar la situación de una entidad inviable mediante los mecanismos previstos por la ley, entre ellos transferencias de activos y pasivos y pagos de garantía bajo determinadas condiciones. Su finalidad incluye proteger a los depositantes y preservar activos. El proceso no establece por sí solo una recuperación íntegra para todos los acreedores.
La interrupción tuvo un efecto inmediato sobre la vida cotidiana de los clientes. Medios paraguayos registraron dificultades para operar mediante cajeros y banca electrónica, y EFE recogió la explicación de Liana Caballero, integrante del Directorio del BCP, sobre la desactivación de la aplicación, las tarjetas y los servicios de Ueno tras la medida.

Qué investiga la Fiscalía
La principal novedad judicial del miércoles fue la imputación de 27 personas vinculadas al banco y a empresas relacionadas. El Ministerio Público atribuyó presuntamente conducta indebida en situaciones de crisis, lesión de confianza, tentativa de estafa y violación de la obligación de llevar libros de comercio. La investigación se concentra en operaciones de 2025 y 2026.
Según la hipótesis fiscal, Ueno otorgó préstamos y sobregiros a compañías vinculadas con deficiencias en la evaluación del riesgo, garantías insuficientes y montos elevados respecto de la capacidad económica de los beneficiarios. Los investigadores también examinan transferencias posteriores entre sociedades y una cesión de cartera por unos 74,4 millones de dólares que habría utilizado recursos originados indirectamente en el propio banco.
La Fiscalía informó que los saldos pendientes de las operaciones examinadas ascienden a 166.984.879,33 dólares y 343.157.246.557 guaraníes. Son importes cuya recuperación considera comprometida dentro de su hipótesis; no constituyen una sentencia ni un cálculo definitivo de pérdida. Solicitó medidas personales y patrimoniales que deberá resolver el juzgado.
Medios periodísticos informaron que el juez Humberto Otazú admitió la imputación y que la audiencia para los ocho detenidos quedó prevista para este jueves desde las 7.30 ante el juez Rodrigo Estigarribia. La Fiscalía pidió prisión preventiva para Federico Miguel Vázquez Villasanti y arresto domiciliario con monitoreo electrónico para otros siete investigados. A las 8 AM de este jueves, las fuentes consultadas no permitían acreditar una decisión judicial posterior sobre esos pedidos.
La Unidad Especializada de Asuntos Internacionales también se incorporó al análisis. El fiscal adjunto Manuel Doldán explicó que evalúan documentación para determinar si corresponde solicitar cooperación a Luxemburgo y Estados Unidos, además de localizar y asegurar bienes relacionados con la causa. La posible asistencia internacional es una línea de trabajo; el comunicado no acredita que todos esos requerimientos ya se hayan presentado.

Jubilados, créditos y fondos de inversión
El Instituto de Previsión Social prepara una reasignación bancaria para los jubilados y pensionados que cobraban mediante Ueno. En un comunicado del miércoles, informó que coordinó el operativo con GNB, Atlas, Banco Nacional de Fomento, Itaú, Sudameris, Familiar y Continental. Para noviembre asignará excepcionalmente una entidad y luego permitirá que cada beneficiario elija dónde continuar.
El IPS señaló que tendrá en cuenta la residencia para facilitar el acceso al cobro y aseguró el pago de los haberes de noviembre y del beneficio adicional anual para el 17 de noviembre. El organismo había informado que aproximadamente 32.000 jubilados recibían sus pagos por Ueno. Esa migración busca sostener el servicio y debe distinguirse de la recuperación de las inversiones que la previsional mantenía en el banco.
La exposición institucional incluye certificados de depósito y otros instrumentos financieros. La Cámara de Diputados estimó el martes en unos 355 millones de dólares los recursos del IPS comprometidos, además de colocaciones de otros organismos públicos. Esa cifra es una estimación publicada por la Cámara y no expresa una pérdida ya determinada ni una devolución garantizada en su totalidad.
La situación también genera dudas entre quienes tomaron préstamos. La presidenta de la Agencia Financiera de Desarrollo, Stella Guillén, afirmó que los créditos financiados con recursos de esa institución conservarán sus condiciones y que trabajan con el BCP para identificarlos y redirigir su administración. La explicación comprende esas líneas específicas, incluidas soluciones habitacionales; no debe extenderse automáticamente a todos los contratos de Ueno.
En el mercado de inversiones, la Superintendencia de Valores suspendió temporalmente los rescates de determinados fondos mutuos con exposición a Ueno. La circular del 3 de noviembre estableció una reapertura gradual desde este jueves, una vez que cada administradora aplique los criterios de valoración exigidos y resuelva los aspectos operativos correspondientes. No fijó una reapertura simultánea de todos los fondos afectados.
Ya existe una excepción confirmada: el BCP comunicó el miércoles que levantó la suspensión de rescates del Fondo Mutuo LP en Dólares Americanos administrado por BASA. Esa decisión corresponde a ese producto y no permite dar por normalizada la operación de los demás.
Los criterios oficiales obligan a los fondos a valorar en cero los bonos financieros y subordinados de Ueno y, transitoriamente, los depósitos que excedan la garantía aplicable. La resolución contempla reconocer posteriormente las recuperaciones efectivas. Por ello, esa valuación refleja incertidumbre de cobro y puede afectar el valor de las participaciones, pero no establece por sí misma una pérdida definitiva de todos los instrumentos.

Cambios en el Banco Central y efectos sobre el sistema
La conducción del regulador volvió a modificarse durante el miércoles. Después de la renuncia de Carlos Carvallo y del interinato de Liana Caballero, medios paraguayos informaron que Pedro de Jesús Acosta Bernal asumió la presidencia interina. El registro legislativo confirma que el Ejecutivo solicitó ese día el acuerdo constitucional para incorporarlo como miembro titular del Directorio.
La demanda de nuevas cuentas también produjo dificultades fuera de Ueno. El BCP informó el miércoles que algunas aplicaciones bancarias registraban intermitencias por un volumen inusual de aperturas. Aclaró que, en las entidades involucradas, los cajeros, la banca por internet y las sucursales seguían disponibles, y anunció trabajos técnicos para normalizar las aplicaciones.
El regulador desmintió versiones de nuevas intervenciones y sostuvo que el caso corresponde a una entidad particular. Esa posición oficial debe distinguirse de una garantía sobre cualquier riesgo futuro: el impacto comprobado hasta este corte incluye restricciones en Ueno, cambios en los canales de cobro y medidas sobre inversiones específicas, junto con dificultades operativas que el BCP atribuye a la apertura de cuentas.
Ueno había ampliado su actividad mediante la absorción de Visión Banco, operación que sus estados financieros documentan como consolidada al 30 de junio de 2024. En septiembre de 2026, la entidad afirmaba atender a más de tres millones de personas y cumplir los requerimientos regulatorios. Esa cantidad corresponde a una declaración comercial del banco: no equivale automáticamente al número de depositantes con saldo positivo, beneficiarios del anticipo o personas con pérdidas.
Para los clientes, la siguiente instancia verificable será la notificación de la entidad receptora y la acreditación efectiva del anticipo. Para la investigación, serán las decisiones judiciales sobre las medidas solicitadas y el examen de las operaciones cuestionadas. Al cierre de las 8 de este jueves, todavía quedaban pendientes la cuantificación definitiva de las pérdidas, la recuperación de los saldos superiores a la garantía y un balance oficial de pagos concretados.