Es inminente la adquisición de los primeros lotes de las 600 hectáreas de las tierras de multinacional Arauco declaradas de utilidad pública por la Cámara de Representantes hace ya tres años con el propósito de adjudicarlas a consorcios de trabajadores sin tierra asentados en el lugar. Así lo hizo saber el IFAI en un informe remitido a la comisión de Asuntos Constitucionales. La Gerencia del organismo se encuentra formulando los términos del boleto de compraventa de las primeras 166 hectáreas a un precio de 3 mil dólares por hectárea lo que hace una inversión de más de medio millón.
Posadas (Miércoles 21 de junio). Después de tres años de negociaciones es ya inminente la adquisición por parte del Estado provincial de los primeros lotes de las 600 hectáreas declaradas de utilidad pública, y sujetas a compra o expropiación, por una ley sancionada por la Cámara de Representantes el 19 de junio de 2013.
De acuerdo con un informe remitido por el IFAI a la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, María Losada, el organismo se encuentra formulando los términos del boleto de compraventa que debe ser considerado con la empresa Arauco, previo a su firma.
En el informe, el presidente del IFAI, Ricardo Maciel, explica que, si bien el modelo del acuerdo marco entre el Estado y la empresa ya tenía forma desde hace casi un año, se tuvo que afrontar demoras en el trámite debido a que, durante el proceso de negociación, la empresa realizó un cambio en su razón social. De alto Paraná pasó directamente a llamarse Arauco Argentina S.A. Esto implicó una espera hasta la regularización en todos los ámbitos legales de la inscripción del nuevo nombre.
Revela el informe que en el acuerdo marco, se establecen dos etapas para la adquisición de las 600 hectáreas. La primera fracción será por un total de 166 hectáreas, 56 áreas y 30 centiáreas, por un precio total de 500.950 dólares a razón de 3 mil dólares por hectárea.
Destaca el informe del IFAI que a la fecha el organismo dispone de la suma necesaria para atender el pago del 50% del precio fijado que, debe efectivizarse al momento de suscribir el Boleto de Compraventa. Remarca además la misiva remitida a la comisión, que todos los trabajos de mensura de las tierras han sido concluidas.
En el acuerdo marco se establece asimismo que las restantes 448 hectáreas, 26 áreas y 79 centiáreas ya están demarcadas. No obstante, como se encuentran plantados, las partes consideran conveniente que la empresa maneje y coseche las plantaciones en un todo de acuerdo con sus prácticas silviculturales habituales. Para que no haya lugar a equívocos o especulaciones el acuerdo precisa que la empresa otorga a favor de la parte compradora, el Estado, la opción irrevocable de compra futura y a precios de mercado.
Título ligado al grupo y la familia
La ley que declara de utilidad pública la compra o expropiación de 600 hectáreas propiedad de la multinacional Arauco, fue en su momento caracterizada como revolucionará de la metodología de distribución de tierras expropiadas o fiscales ya que dispone entregarlas a productores en propiedad colectiva, para una explotación en forma de cooperativa y con una fuerte asistencia del Estado. De esa manera modificaba la tradicional entrega de títulos que muchas veces se convertía en negocios inmobiliarios.
“No tengo dudas que esto es el inicio de soluciones superadoras que vayan con el desafío de los tiempos: Lo que se hizo en el pasado era más de lo mismo hasta ayer, que era repartir títulos. Acá se distribuyen títulos más dignidad”, decía Carlos Rovira al analizar las innovaciones introducidas por la ley, sancionada. En declaraciones a la prensa coincidió en calificar de revolucionaria la propuesta como se había dicho en el recinto. “Es así, porque además, si el derecho a la propiedad es uno de los grandes estandartes de los movimientos liberales, donde a través del dinero uno compra, aquí la propiedad queda ligada a la familia”, subrayó marcando el criterio de la Ley. Y en ese sentido agregó que “el título pertenece al grupo. Por eso hay que distinguirlo y analizarlo muy finamente. Es mucho más que el derecho a la propiedad, es el derecho a seguir teniendo una familia en condiciones de dignidad, el derecho a la producción social cooperativizada. Creo que es una herramienta de mucho futuro y utilidad, sobre todo porque le da sostenibilidad, no sólo resuelve la propiedad. Aquí, en el tenso debate que se dio en la Cámara se comentaron situaciones donde adquirentes a títulos legítimamente, por tener que mantener a sus familias luego los han vendido y volvieron a su situación original”, denunció para destacar que “esto ahora no va a ser posible porque queda en manos de una cooperativa y de una unión muy fuerte que es la red de contención para que esto sea una verdadera solución a futuro”.
Tierras y puja de intereses
Es de recordar que para sancionar la ley, los legisladores hubieron de visitar varias veces los parajes donde viven los productores. Oportunamente, el diputado Tito Álvarez, uno de los autores de la iniciativa, destacó que de siete comunidades de productores en la zona, quedaba tan sólo una, ubicada a la vera de la ex Ruta Nacional 12. Y remarcó que esa comunidad resistió y sobrevivió a los embates de las políticas noventistas. “No pudieron doblegarlos, aunque sí arrinconarlos”, decía.
Para llegar al acuerdo marco, la lucha no terminó en la ley. En un informe anterior, el IFAI revelaba que la negociación con la empresa fue el proceso que más se extendió y admitía que no se pudo evitar debido a la puja de intereses en relación a las tierras que se hallan más cercanas a las zonas de asentamiento de los beneficiarios, ubicados a ambos lados de la ex ruta 12. Los ceos de la multinacional movieron todas sus influencias para resistir la expropiación y después pretendían ceder tierras alejadas del acceso a la ruta. No fue fácil.
Pero hay una realidad que demanda la presencia del Estado. De las 35.400 hectáreas que posee el Municipio de Puerto Piray, el 62% está en manos de la multinacional. Es decir 22.000 hectáreas.
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