Misiones Plural

La movilización nacional contra la extranjerización de la tierra consiguió que el Gobierno retirara ese capítulo del proyecto, y Arce y Rojas Decut quedaron entre los que dijeron que lo rechazaban. Pero horas después, mientras un violento operativo de seguridad reprimía la protesta de la multitud que se manifestaba frente al Congreso, ambos senadores volvieron a votar junto con La Libertad Avanza la media sanción de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Otra vez, Arce y Rojas Decut, misioneristas de sello y libertarios de banca.

Viernes 7 de agosto de 2026. La Cámara de Senadores aprobó en general, por 37 votos contra 33, la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsada por el Gobierno de Javier Milei. La iniciativa obtuvo media sanción después de más de diez horas de debate y continuará su trámite en Diputados, aunque llegó al final de la jornada muy lejos de la versión original: La Libertad Avanza debió retirar primero el capítulo que flexibilizaba el régimen de tierras rurales para extranjeros y, ante la falta de votos, eliminó también el apartado que modificaba la Ley de Manejo del Fuego. En la votación que finalmente quedó en pie, los tres senadores misioneros —Carlos Arce, Sonia Rojas Decut y Martín Goerling— acompañaron al oficialismo. Otra vez, Arce y Rojas Decut, misioneristas de sello y libertarios de banca.
La escena tiene una particularidad que excede el resultado nominal de la votación. Mientras Goerling había asumido desde el comienzo una posición coherente con su pertenencia al PRO y su alianza parlamentaria con el Gobierno nacional, Arce y Rojas Decut llegaron al recinto bajo una presión política muy diferente. Durante las semanas previas recibieron pedidos públicos para rechazar el proyecto desde intendentes, organizaciones socioambientales, sectores productivos, dirigentes políticos y espacios vinculados al Gobierno provincial. El gobernador Hugo Passalacqua pidió expresamente a los senadores que no avanzaran con la reforma y los intendentes nucleados en ADINM y CODEIM reclamaron que los tres representantes misioneros votaran contra una iniciativa que consideraban una amenaza para la soberanía territorial y los recursos estratégicos de la provincia.
Arce y Rojas Decut conocían, por lo tanto, el contenido del reclamo territorial cuando ocuparon sus bancas y cuando finalmente levantaron la mano para acompañar el proyecto. La diferencia entre el discurso de defensa de los intereses provinciales y el comportamiento parlamentario adquiere especial dimensión en Misiones, una provincia de frontera, con una superficie reducida, una estructura productiva basada en pequeñas y medianas explotaciones familiares y una enorme concentración de recursos estratégicos vinculados con la biodiversidad, el agua, los bosques y el territorio. La discusión sobre quién puede acceder a esas tierras y bajo qué condiciones excede la cuestión inmobiliaria: involucra soberanía, planificación territorial y capacidad estatal para preservar determinados espacios.
El antecedente inmediato también pesa. El 16 de julio, Arce, Rojas Decut y Goerling habían integrado el grupo de senadores que dio quórum para abrir el debate sobre el proyecto cuando todavía incluía el capítulo destinado a flexibilizar las restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. La propia documentación oficial del Senado registra aquella presencia. En aquella oportunidad, la participación de los tres representantes misioneros resultó relevante para habilitar la sesión.
La presión política y social creció desde entonces. En Misiones se pronunciaron intendentes, productores, organizaciones ambientales, sectores gremiales, espacios políticos y referentes de la sociedad civil. La Mesa Socioambiental Misionera había reclamado a Arce y Rojas Decut que rechazaran el proyecto o promovieran su regreso a comisión. Los intendentes de ADINM y CODEIM hablaron de una “entrega” y plantearon que la reforma podía afectar la soberanía territorial, los recursos naturales y el dominio provincial sobre la tierra. El propio ministro del Agro, Facundo López Sartori, sumó su rechazo.
El capítulo que terminó cayendo explica buena parte de esa resistencia. La propuesta original pretendía modificar el régimen establecido por la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales. La legislación vigente impone límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros y establece restricciones específicas para zonas de frontera y otros territorios considerados estratégicos. El Gobierno argumentó que esas disposiciones constituían una barrera para la inversión y que habían depreciado el valor de los campos. Sus críticos plantearon que la flexibilización podía profundizar la concentración de la propiedad y debilitar la capacidad del Estado para preservar áreas estratégicas.
La resistencia consiguió un resultado concreto. El oficialismo retiró el capítulo antes de la votación porque no tenía asegurados los votos para aprobarlo. La decisión significó un retroceso político para el Gobierno y mostró que la presión acumulada de gobernadores, bloques provinciales y sectores sociales había conseguido modificar el proyecto. El propio recorrido parlamentario expone la magnitud del repliegue: la iniciativa llegó al Senado con un capítulo sobre tierras rurales, perdió ese capítulo antes de la sesión y durante el debate perdió otro vinculado con la protección de áreas afectadas por incendios.
La segunda poda se produjo con el capítulo sobre Manejo del Fuego. El texto pretendía modificar las restricciones que actualmente impiden durante décadas cambiar el destino de determinados terrenos afectados por incendios. La legislación vigente establece una protección de 60 años para bosques nativos o implantados, humedales y áreas protegidas alcanzadas por incendios, mientras fija 30 años para zonas agropecuarias, praderas, pastizales y matorrales. El oficialismo sostenía que esas restricciones podían castigar a los propietarios de los inmuebles afectados. Sus críticos advertían que la flexibilización podía facilitar cambios de uso del suelo posteriores a los incendios.
Ese capítulo tampoco consiguió los votos necesarios. Senadores que acompañaban al Gobierno en la aprobación general anunciaron que rechazarían esa parte de la iniciativa. La consecuencia fue otra concesión de La Libertad Avanza para evitar una derrota mayor. El Senado terminó aprobando un proyecto reducido a los capítulos sobre desalojos, expropiaciones y Registro de la Propiedad Inmueble.
La cuestión de los desalojos constituye uno de los aspectos centrales que permanecieron en el texto. La reforma establece procedimientos sumarísimos para recuperar inmuebles, contempla la restitución anticipada cuando exista verosimilitud del derecho y amplía mecanismos de notificación electrónica. El oficialismo presenta esas herramientas como una respuesta frente a las ocupaciones ilegales y como una forma de proteger el derecho de propiedad. La oposición cuestionó que el nuevo mecanismo pueda alcanzar también situaciones vinculadas con inquilinos y sectores sociales afectados por la crisis habitacional.
El otro eje que permanece es el régimen de expropiaciones. El proyecto restringe la interpretación de la utilidad pública y establece criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad para justificar una expropiación. También modifica las pautas de cálculo de las indemnizaciones. Para el oficialismo, se trata de fortalecer la seguridad jurídica y proteger la propiedad privada frente a decisiones estatales arbitrarias. Para sus críticos, las modificaciones pueden dificultar que futuras administraciones recuperen bienes privatizados cuando existan razones de interés general.
Allí aparece una discusión que excede la consigna partidaria. La Constitución Nacional reconoce el derecho de propiedad privada y establece también que la expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. El debate legislativo, por lo tanto, no enfrenta simplemente a defensores y enemigos de la propiedad privada. La discusión reside en cuánto poder conserva el Estado para intervenir sobre bienes privados cuando existe una razón de interés público y qué límites se imponen a futuras decisiones estatales.
El resultado de la votación tampoco puede leerse como una aprobación plena del proyecto original. El Gobierno consiguió una mayoría estrecha para avanzar con una versión recortada. Obtuvo 37 votos y reunió en su favor a la totalidad de los libertarios, sectores del radicalismo, el PRO y algunos bloques provinciales. Entre esos respaldos quedaron los tres representantes de Misiones. La lista oficial de votos registra a Carlos Arce, Sonia Rojas Decut y Martín Goerling entre los 37 senadores que aprobaron la iniciativa.
En el caso misionero, esa coincidencia merece una lectura política específica. Goerling responde a una estructura partidaria nacional que forma parte del esquema de alianzas que permite al Gobierno de Milei reunir mayorías en el Congreso. Su voto, por eso, aparece dentro de una lógica política explícita y conocida. Arce y Rojas Decut ocupan otro lugar: representan a Misiones desde un espacio provincial que construyó históricamente buena parte de su identidad política alrededor de la defensa de los intereses de la provincia frente al poder central. La decisión de acompañar al oficialismo nacional después de los pedidos públicos para votar en contra coloca esa representación bajo una pregunta inevitable: ¿a quién priorizan cuando la posición del Gobierno nacional entra en conflicto con una demanda expresa de la dirigencia territorial misionera?
La pregunta se vuelve todavía más incómoda por la trayectoria reciente. Arce y Rojas Decut ya habían acompañado iniciativas centrales del Gobierno libertario en votaciones anteriores y volvieron a quedar alineados con La Libertad Avanza en una discusión que involucraba directamente un recurso estratégico para Misiones. Esa continuidad alimenta el cuestionamiento sobre el carácter verdaderamente provincial de su representación en el Senado. El problema político, más que la coincidencia ocasional con el oficialismo, reside en la reiteración de esa coincidencia cuando el Gobierno nacional impulsa reformas que encuentran resistencia expresa en la provincia.
La tensión también atraviesa al propio espacio renovador. El gobernador Passalacqua había pedido que los senadores no avanzaran con la reforma. Intendentes de distintos sectores territoriales formularon el mismo reclamo. Organizaciones productivas y socioambientales plantearon objeciones similares. La posición provincial quedó expuesta con claridad. Arce y Rojas Decut optaron, sin embargo, por acompañar el proyecto que el Gobierno nacional consiguió aprobar por apenas cuatro votos de diferencia.
Ese contraste permite formular una lectura más profunda sobre el papel de los representantes de Misiones. Calificar su conducta como “entreguista” pertenece al terreno de la valoración política y requiere atribuir una intención que la sola votación no demuestra. El dato verificable es otro y resulta suficiente para abrir el debate: ambos senadores votaron en contra del pedido explícito del gobernador y de numerosas organizaciones y autoridades municipales que reclamaban rechazar la iniciativa. También acompañaron una propuesta que había generado un rechazo particularmente intenso en una provincia donde la cuestión de la tierra tiene una dimensión productiva, ambiental, fronteriza y estratégica que difícilmente pueda reducirse a una operación inmobiliaria.
La movilización social fue, además, uno de los factores que modificaron el proyecto. Durante las semanas previas se multiplicaron en distintos puntos del país banderazos, concentraciones, actividades públicas y pronunciamientos contra la flexibilización del régimen de tierras rurales. En las inmediaciones del Congreso se produjo una movilización durante la sesión y se registraron incidentes con el operativo de seguridad. La protesta llegó al recinto como un dato político imposible de ignorar: el capítulo de extranjerización había sido eliminado y, horas después, también cayó el capítulo de Manejo del Fuego.
Ese resultado impide presentar la jornada como una victoria política completa del Gobierno. Milei obtuvo la media sanción que buscaba, pero tuvo que desprenderse de dos de los capítulos que habían generado mayor resistencia. La movilización social y la negociación con gobernadores y bloques provinciales modificaron el texto. La correlación de fuerzas también quedó expuesta: la diferencia de cuatro votos entre quienes aprobaron y rechazaron el proyecto muestra una Cámara alta donde el oficialismo todavía necesita construir mayorías sobre cada iniciativa relevante.
Para Misiones queda ahora una cuestión pendiente. La modificación del régimen de tierras rurales desapareció de esta versión del proyecto, pero el debate político que provocó permanece abierto. El capítulo retirado puede volver a discutirse bajo otra forma o mediante otra iniciativa legislativa. La defensa de la tierra misionera, por lo tanto, no quedó resuelta por la eliminación circunstancial de un capítulo. Y la actuación de los senadores tampoco queda agotada en una votación.
Arce y Rojas Decut tendrán que explicar ante la sociedad misionera por qué acompañaron una iniciativa frente a la cual recibieron pedidos expresos de rechazo desde el Gobierno provincial, intendentes, productores y organizaciones sociales. La explicación forma parte de la responsabilidad política que implica ocupar una banca en representación de una provincia. En democracia, votar de acuerdo con las convicciones propias constituye una atribución legítima de cualquier legislador; explicar las razones cuando ese voto contradice una posición territorial ampliamente expresada constituye, en cambio, una obligación política elemental.
La cuestión de fondo queda planteada en esos términos. La media sanción de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada avanza hacia Diputados con 37 votos, pero la versión que llegó a ese resultado perdió por el camino la flexibilización de la venta de tierras rurales a extranjeros y las modificaciones al régimen de Manejo del Fuego. La sociedad organizada consiguió torcer dos capítulos de la iniciativa. En Misiones, mientras tanto, dos senadores que habían sido llamados a defender la posición provincial terminaron acompañando al oficialismo nacional.
El proyecto sigue su camino parlamentario. La discusión sobre la tierra, la soberanía territorial y el papel de quienes representan a Misiones en el Congreso recién empieza a mostrar sus consecuencias políticas.