Misiones Plural

La crisis del banco Ueno, en Paraguay, alcanzó a los trabajadores de los medios del Grupo Vázquez y expuso un conflicto que el periodismo necesita discutir sin indulgencias. La dependencia económica exige límites editoriales capaces de proteger a la audiencia, incluso cuando las preguntas comprometen al propietario del medio. Este caso testigo se aplica a todo grupo de poder, sobre todo el político, que compromete la palabra de periodistas con operaciones.

Jueves 5 de noviembre de 2026. Un periodista puede perder su salario por decisiones que nunca tomó. También puede comprometer la confianza de su audiencia cuando presenta como certeza una explicación que recibió de sus empleadores y que no pudo verificar. Pasó en Paraguay con la crisis del banco Ueno y pasa a diario, con todos los grupos de poder, incluso, los gobiernos. La crisis del Ueno Bank obliga a mirar esas dos situaciones al mismo tiempo: la vulnerabilidad de quienes viven de su trabajo y la responsabilidad de quienes utilizan su nombre (los periodistas) para respaldar afirmaciones de interés público.
El miércoles 4 de noviembre, los equipos de La Tribuna, Crónica, La Tribu Stream, La Tribu 650 AM y La Tribu Deport 1120 informaron que VMedia les notificó la suspensión de actividades y contratos durante 90 días. Lo hicieron mediante un comunicado conjunto que describió la decisión como ajena a su voluntad. El documento permite establecer una consecuencia concreta: la crisis del grupo económico llegó a las redacciones y dejó a sus trabajadores ante una interrupción laboral que ellos no habían decidido.
Veamos algunos ejemplos: el periodista Gustavo Fretes contó en X que habían quedado con los salarios congelados y la radio fuera del aire, según reprodujo La Nación de Paraguay. El diario Última Hora, por su parte, informó de unos 199 trabajadores alcanzados y recogió la explicación del secretario general del Sindicato de Periodistas del Paraguay, Santiago Ortiz, sobre la suspensión sin goce de sueldo. Detrás de las marcas comerciales hay personas que necesitan cobrar y familias que dependen de esos ingresos.
Ese daño merece solidaridad y protección laboral. Trabajar en un medio perteneciente a un conglomerado no vuelve a cada empleado responsable de las operaciones de sus propietarios. Un técnico, una administrativa o un cronista no administran el banco ni deciden qué empresas reciben sus préstamos. Atribuirles colectivamente una complicidad sería injusto y, además, impediría discutir las responsabilidades que sí corresponden.
Pero la solidaridad con los trabajadores tampoco debe clausurar el examen del trabajo periodístico. La pregunta incómoda es qué ocurrió cuando las dudas sobre el banco llegaron a quienes debían informarlas.
Carolina Arévalo ofreció un testimonio relevante. Según reprodujo Diario HOY, contó que los periodistas se reunieron con directivos del banco, a pedido de Mina Feliciángeli, y recibieron garantías sobre su solvencia. «Definitivamente todos fuimos engañados», afirmó. También explicó que había compartido información siguiendo comunicados de Ueno y del Banco Central, y que su situación económica le impedía renunciar de inmediato. Es su relato sobre lo ocurrido, no una comprobación independiente de todo lo conversado en aquella reunión.
El portal Epa recogió además un comentario que atribuyó a Arévalo en Instagram: sostuvo que habían preguntado reiteradamente por la situación y recibido respuestas tranquilizadoras. Esa versión señala un problema que excede a una empresa: el riesgo de que una redacción busque certeza únicamente en quienes tienen interés en transmitir tranquilidad.
Consultar a los directivos era necesario. Convertir su respuesta en garantía periodística habría requerido algo más (lo mismo pasa, entendemos, con el poder político). La palabra de un propietario constituye una declaración que debe contrastarse, especialmente cuando habla de sus propios negocios. Su autoridad dentro de la empresa no le concede autoridad sobre los hechos.
Allí se juega una parte esencial de la independencia. Un periodista puede informar que una entidad afirma cumplir las exigencias regulatorias; otra cosa es asegurar personalmente que el dinero del público está protegido porque así se lo explicaron en una reunión. Entre ambas formulaciones cambia quién asume la responsabilidad de la afirmación y qué entiende la audiencia que se verificó. De nuevo: lo mismo pasa con declaraciones políticas.
La diferencia importa porque el público suele confiar en personas concretas. Reconoce una voz que escucha cada mañana, recuerda una trayectoria y concede crédito a quien le explicó durante años los problemas de su comunidad. Cuando esa persona respalda una empresa, puede transferirle parte de una confianza que construyó haciendo periodismo. Esa confianza pertenece a la relación con la audiencia y exige un cuidado que ningún contrato comercial debería desplazar.
La reconocida periodista Mina Feliciángeli decidió renunciar el martes 3 de noviembre. En su explicación pública, recogida por Diario HOY, consideró incompatible continuar sus funciones periodísticas en la empresa y cuestionó la conducta de sus propietarios. Su decisión muestra la gravedad del conflicto, pero tampoco autoriza a exigir que todos sus compañeros tengan las mismas posibilidades materiales de abandonar el trabajo.
La independencia necesita condiciones para ejercerse. Resulta fácil exigir heroísmo desde afuera y mucho más difícil sostener una negativa cuando están en juego el alquiler, la atención de los padres o el ingreso con el que se alimenta a los hijos. Esa presión debe formar parte de la discusión. También debe formar parte la obligación de los directores periodísticos de proteger a sus equipos para que una objeción profesional no se convierta en una amenaza sobre su subsistencia.
La respuesta no puede consistir en elegir entre obedecer y quedarse sin empleo. Los medios necesitan acuerdos editoriales que impidan exigir a sus periodistas la defensa de negocios del propietario, y mecanismos para publicar información relevante sobre el grupo sin que sus ejecutivos controlen las conclusiones. Cuando aparece un conflicto de intereses, la audiencia debe conocerlo y la cobertura necesita mayor revisión.
Los propietarios tienen una responsabilidad particular. Comprar un medio no debería permitir comprar la adhesión personal de quienes trabajan en él. Un salario remunera una tarea; no obliga a certificar la honestidad del empleador ni a presentar sus intereses como necesidades de la sociedad. Quien quiere responder a una denuncia debe hacerlo con su nombre, sus documentos y su responsabilidad, expuesto a preguntas.
El poder obtiene una ventaja cuando consigue que otro diga lo que le conviene. La afirmación llega con la credibilidad de un periodista, mientras el interesado evita parte del desgaste de defenderse públicamente. Esa posibilidad merece vigilancia, aunque sería impreciso sostener que todos los periodistas actúan como voceros o que toda relación entre una empresa y un medio responde al mismo mecanismo.
El límite profesional consiste en conservar la capacidad de preguntar después de recibir una respuesta conveniente. Pedir documentos, consultar otras fuentes y reconocer lo que todavía se desconoce forman parte del trabajo, incluso cuando el propietario considera esas preguntas una deslealtad. La lealtad profesional obliga a informar con rigor también sobre quien paga el sueldo.
El mismo criterio debe regir frente a las investigaciones de otros medios. Una denuncia puede contener errores y una cobertura puede responder a intereses; ambas cosas requieren demostración. Descalificarla por la identidad de quien publica, sin examinar sus documentos, sustituye el trabajo periodístico por una disputa empresarial. La competencia comercial nunca debería decidir qué hechos merecen investigación.
La experiencia de Ueno también deja una advertencia sobre los comunicados oficiales. Un organismo regulador es una fuente indispensable y sus decisiones tienen efectos jurídicos concretos, pero atribuir correctamente sus afirmaciones sigue siendo necesario. Informar qué sostiene una autoridad no obliga al periodista a garantizar por cuenta propia todo aquello sobre lo que esa autoridad se pronuncia.
Cuando las respuestas previas resultan insuficientes o falsas, la audiencia merece una explicación. Decir que los propietarios engañaron a la redacción puede ser parte de esa explicación, pero el medio también debe revisar qué publicó, qué verificaciones hizo y qué advertencias descartó. Una corrección precisa permite saber dónde falló el procedimiento y qué cambiará para evitar su repetición.
Esa revisión debe distinguir responsabilidades. Quien promovió deliberadamente una campaña engañosa no ocupa el mismo lugar que quien reprodujo un comunicado con su atribución, ni que quien reclamó pruebas y encontró obstáculos internos. Las conductas deben evaluarse con evidencia. La crítica indiscriminada contra todos los trabajadores termina favoreciendo a quienes sí tomaron decisiones.
En este caso, como en muchos otros donde el poder utiliza a la prensa como sus voceros, no necesariamente los periodistas involucrados pierden su prestigio. Lo que sus testimonios muestran es un conflicto de confianza y una necesidad de rendir cuentas ante el público. La credibilidad puede dañarse; su recuperación depende de la franqueza con que cada profesional examine su actuación y de la consistencia de su trabajo posterior.
La exhortación alcanza a los grupos económicos, a los directores de medios y a quienes ejercemos este oficio. Los propietarios deben responder por sus negocios sin utilizar a sus empleados como defensores personales. Las direcciones periodísticas deben garantizar que las preguntas sobre la empresa reciban el mismo rigor que las preguntas sobre un adversario. Los periodistas debemos resistir la tentación de asumir como propia una certeza que alguien necesita que difundamos.
Una redacción necesita recursos para trabajar, pero también necesita libertad para investigar de dónde vienen, qué intereses los acompañan y qué ocurre cuando esos intereses comprometen al público. Si esa conversación solo puede producirse después de una crisis, la protección editorial llegó tarde.
La audiencia tiene derecho a saber cuándo el medio informa sobre su propio propietario y qué hizo para controlar ese conflicto. Tiene derecho a recibir una explicación cuando una afirmación falla. Y tiene derecho a que su confianza no se utilice para sostener negocios que nunca pudo examinar.
El compromiso debe asumirse antes de la próxima controversia, cuando todavía hay salarios, contratos y acceso a los micrófonos. Es entonces cuando hace falta preservar el derecho a preguntar, publicar lo comprobado y decir con claridad que una respuesta del dueño sigue siendo una respuesta que el periodismo debe verificar.
Esta situación trae a la memoria una de las viejas anécdotas de la responsabilidad de los medios y de los periodistas. Ricardo Horvath contó una anécdota sobre Natalio Botana (dueño y director del diario Crítica, de Argentina), que conserva una enseñanza para las redacciones. Ante el anuncio de una protesta de sus propios trabajadores, y después de saber que otros diarios informarían sobre ella, el director de Crítica autorizó su publicación en la sección gremial. El principio merece sobrevivir a la anécdota: un hecho de interés público no pierde su condición de noticia porque comprometa al propietario del medio.