Las bancadas coloradas se sumaron a la oposición y anticiparon una amplia mayoría para aprobar la acusación contra el presidente paraguayo. Diputados comenzó la sesión extraordinaria este jueves; una eventual destitución dependerá del Senado. Un sector oficialista aclaró que respaldará a Pedro Alliana y rechazará el proceso contra el vicepresidente.
Jueves 5 de noviembre de 2026. El presidente de Paraguay, Santiago Peña, perdió el respaldo de las principales bancadas oficialistas de la Cámara de Diputados, que este jueves 5 de noviembre anunciaron que acompañarán la acusación para someterlo a juicio político por la crisis de Ueno Bank. La incorporación de esos bloques dejó al pedido con una mayoría anunciada suficiente para avanzar hacia el Senado, mientras la Cámara Baja inició la sesión extraordinaria poco después de las 10.30 en Asunción. Al cierre de las fuentes consultadas, la votación todavía estaba pendiente.
La decisión de la bancada ANR A, comunicada mediante un pronunciamiento que difundió el diputado Rodrigo Gamarra, completó los anuncios de apoyo de los bloques. El sector invocó los reclamos ciudadanos y su autonomía política para justificar el acompañamiento al juicio contra el mandatario. Antes, la bancada ANR B había confirmado que sus nueve integrantes votarían a favor de la acusación.
El cambio amplió sustancialmente el respaldo con el que comenzó la iniciativa: el miércoles, 35 diputados habían presentado el pedido contra Peña. Según las agencias de noticias internacionales, el proceso también ganó impulso después de que el presidente del Congreso, Basilio Núñez, y el titular del Partido Colorado, Horacio Cartes, retiraran su apoyo al jefe de Estado.
El anuncio de las bancadas abre la posibilidad de una aprobación ampliamente mayoritaria, pero el resultado dependerá de los votos que efectivamente emitan los legisladores. La unanimidad que anticiparon algunos medios paraguayos constituye, hasta esa instancia, una expectativa basada en los compromisos públicos de los bloques.
Qué acusa el pedido de juicio político
El documento contra Peña cuestiona su relación anterior con Ueno Holding y la designación de Carlos Carvallo, expresidente de Financiera Ueno, al frente del Banco Central del Paraguay. Según la síntesis oficial que publicó Diputados, los promotores consideran que esas relaciones comprometieron el deber de proteger el interés público.
El libelo también atribuye al mandatario haber impulsado modificaciones a la legislación sobre conflictos de intereses y permitido la concentración de recursos del Instituto de Previsión Social en Ueno Bank por encima de los límites normativos. La tesis de los acusadores sostiene que las autoridades conocían la situación crítica de la entidad y privilegiaron intereses privados. Son los cargos que los legisladores buscan someter a juzgamiento político, no hechos establecidos por una sentencia.
La convocatoria extraordinaria, dispuesta por el presidente de Diputados, Raúl Latorre, contempla el tratamiento separado de los pedidos contra Peña y Alliana. Las resoluciones establecieron una primera sesión para analizar la acusación al presidente y otra posterior para abordar la del vicepresidente.
Esa separación tiene relevancia política. El líder de la bancada ANR B y vicepresidente primero de Diputados, Hugo Meza, aclaró que sus nueve compañeros acompañarán el proceso contra Peña, pero no contra Alliana. También informó que habían conversado con el vicepresidente y le expresaron respaldo.
La diferencia ya aparecía entre los promotores iniciales. Medios paraguayos informaron que el escrito contra Peña reunió 35 firmas y el dirigido contra Alliana, 30, porque los cinco diputados de la disidencia colorada no acompañaron este último. Por lo tanto, el apoyo anunciado contra el presidente no puede trasladarse automáticamente al vicepresidente.
Qué puede decidir cada cámara
El artículo 225 de la Constitución paraguaya permite someter al presidente y al vicepresidente a juicio político por mal desempeño, delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos o delitos comunes. Diputados formula la acusación por mayoría de dos tercios; el Senado juzga públicamente y requiere una mayoría absoluta de dos tercios para declarar la culpabilidad y separar del cargo al acusado.
La acusación de la Cámara Baja, si prospera, no destituye por sí misma a Peña. Traslada al Senado la responsabilidad de tramitar el juicio y resolver su continuidad. En una cámara de 45 senadores, la mayoría absoluta de dos tercios equivale a 30 votos. La Constitución también prevé remitir los antecedentes a la Justicia ordinaria cuando exista una supuesta comisión de delitos.
El requisito en Diputados se calcula sobre los presentes, según las explicaciones institucionales sobre los tipos de mayoría. Por eso, el umbral depende de la asistencia al momento de votar y no debe confundirse con el quórum para sesionar. Los reportes iniciales consultados difieren sobre la cantidad de legisladores en el recinto, lo que impide fijar un número único con esas crónicas.
Si la Presidencia quedara vacante y Alliana permaneciera en su cargo, el artículo 234 establece que el vicepresidente asumirá hasta completar el período constitucional. La eventual sucesión, por tanto, depende tanto del desenlace del proceso contra Peña como de lo que ocurra con el pedido separado contra Alliana.
La crisis bancaria que precedió al debate
El conflicto institucional se aceleró después de que el Banco Central anunciara el martes 3 de noviembre el procedimiento de resolución de Ueno Bank. El Directorio había tomado la decisión el lunes 2, tras comprobar que el índice de solvencia cayó por debajo de la mitad del mínimo requerido como consecuencia de ajustes a sus estados financieros.
La paralización de servicios afectó el acceso de clientes a sus depósitos y obligó a organizar mecanismos de devolución. El miércoles, el BCP anunció un anticipo de hasta 40 salarios mínimos por ahorrista, con notificaciones desde este jueves para indicar en qué entidad recibirá el pago cada beneficiario. Ese operativo financiero continúa mientras el Congreso discute las responsabilidades políticas.
El Ministerio Público, por su parte, imputó el miércoles a 27 personas vinculadas al banco y a empresas relacionadas. Investiga presuntas irregularidades en préstamos, sobregiros y transferencias entre sociedades durante 2025 y 2026. Ese expediente penal tiene un objeto diferente del juicio político: examina posibles delitos y responsabilidades individuales, mientras el Congreso evalúa la actuación de las máximas autoridades del Ejecutivo.
El antecedente de Fernando Lugo
Paraguay cuenta con un antecedente reciente de destitución presidencial mediante este procedimiento. El 21 de junio de 2012, Diputados formuló la acusación contra Fernando Lugo y, al día siguiente, el Senado lo declaró culpable y lo separó del cargo, según el registro del expediente legislativo.
La votación senatorial de entonces reunió 39 apoyos a la destitución y cuatro rechazos. El vicepresidente Federico Franco asumió posteriormente la Presidencia. Ese antecedente muestra el alcance que puede tener la ruptura del respaldo parlamentario, aunque los cargos y las circunstancias de aquel proceso difieren de los que ahora enfrenta Peña.
En la sesión de este jueves, el primer dato decisivo será la votación efectiva de Diputados. Si la acusación alcanza la mayoría constitucional, el Senado deberá establecer el trámite del juicio público y resolver si los cargos justifican separar al presidente. Hasta que esas decisiones ocurran, los anuncios partidarios expresan respaldo al proceso, pero no una destitución consumada.
