El mandatario paraguayo conserva el cargo después de que el retiro de diputados oficialistas impidiera completar el tratamiento de su dimisión. Prometió ejercer su defensa y pidió mantener la devolución de los depósitos, mientras los ahorristas reclaman respuestas frente al Congreso y la Fiscalía investiga las operaciones del banco.

Jueves 5 de noviembre de 2026. El Senado de Paraguay inició este jueves 5 de noviembre por la noche el juicio político contra el presidente Santiago Peña, después de que el Congreso quedara sin cuórum para resolver su renuncia. La Cámara Alta abrió la sesión a las 19:50, bajo la presidencia de Basilio “Bachi” Núñez, y los representantes de Diputados comenzaron a exponer la acusación por mal desempeño de funciones vinculada con la crisis de Ueno Bank. Peña anunció que ejercerá su defensa y pidió que la disputa sobre su continuidad permita avanzar con los pagos a los ahorristas.
La apertura del proceso encontró al mandatario todavía en funciones. Aunque presentó su dimisión durante el día, ambas cámaras quedaron sin una decisión concluida sobre su aceptación: legisladores oficialistas abandonaron el recinto durante el tratamiento y dejaron la sesión conjunta sin el número necesario para continuar. Última Hora informó que el retiro ocurrió cuando el oficialismo carecía de votos suficientes para aprobar la salida por renuncia.
El conflicto institucional transcurre mientras clientes del banco reclaman acceso a su dinero y responsabilidades por las operaciones que investiga la Justicia. Frente al Congreso, en Asunción, manifestantes exigieron que Peña responda ante los tribunales y que el Parlamento complete el juicio político. La Policía desplegó un operativo de seguridad en las inmediaciones de la sede legislativa desde la mañana.

Una renuncia pendiente y un juicio en marcha
La Cámara de Diputados aprobó la acusación contra Peña con 78 votos favorables, según el registro oficial del cuerpo. La decisión reunió al oficialismo colorado y a la oposición, pese a que el presidente ya había anunciado su intención de dejar el cargo. El Partido Colorado acompañó el procedimiento contra el mandatario, pero rechazó impulsar la misma salida para el vicepresidente Pedro Alliana.
Peña comunicó su renuncia mediante un video difundido en sus redes sociales. Afirmó que tomó la decisión para preservar la estabilidad del país y pidió disculpas a quienes consideraran que había defraudado su confianza. Sin embargo, la presentación del documento abrió una discusión parlamentaria sobre su salida y sus consecuencias, en lugar de producir una transferencia inmediata del mando.
La diferencia entre aceptar la renuncia y completar el juicio político tiene un efecto concreto sobre el futuro del mandatario. El artículo 189 de la Constitución paraguaya establece que los expresidentes elegidos democráticamente serán senadores vitalicios, salvo que hayan afrontado un juicio político y recibido una declaración de culpabilidad. Esa disposición explica el reclamo opositor de concluir el juzgamiento antes de resolver la salida presidencial.
El artículo 225 asigna a Diputados la acusación y al Senado el juzgamiento público. Para declarar culpable al presidente, la Cámara Alta necesita una mayoría absoluta de dos tercios, equivalente a 30 de sus 45 integrantes. La sanción política implica la separación del cargo; cuando existen sospechas de delitos, la Constitución dispone remitir los antecedentes a la Justicia ordinaria.
Alliana permanece en la línea de sucesión. La Constitución establece que el vicepresidente reemplaza al presidente ante una vacancia definitiva y completa el período correspondiente. La falta de una decisión sobre la renuncia y la apertura del juicio mantuvieron pendiente ese eventual relevo.
Tras el fracaso de la sesión conjunta, Peña anunció que presentará argumentos y pruebas, colaborará con las investigaciones y aportará la información que le requieran las instituciones. También reclamó que la devolución de los depósitos avance con independencia de su situación política y llamó a preservar la calma.
La Presidencia respondió, además, a las versiones sobre una supuesta salida del país. El vocero Guillermo Grance afirmó por la noche que Peña permanecía en Paraguay y que cumpliría con su defensa constitucional. Su declaración, recogida por Última Hora, contradijo los rumores que lo ubicaban en Argentina.

El banco y los fondos bajo investigación
La crisis comenzó con la decisión del Banco Central del Paraguay de iniciar el procedimiento de resolución de Ueno Bank. El Directorio adoptó la medida el 2 de noviembre y la comunicó públicamente el martes 3, después de constatar que el índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido, tras ajustes a los estados financieros durante un proceso de regularización.
El cierre de las operaciones dejó a unos 2,9 millones de clientes sin acceso a sus cuentas y trasladó la discusión al manejo de recursos estatales depositados en la entidad. La relación previa de Peña con el grupo empresarial vinculado al banco y las colocaciones de organismos públicos quedaron en el centro de los cuestionamientos políticos.
El informe oficial de Diputados identifica entre las acusaciones el conflicto de intereses por la participación del mandatario en Ueno Holding y el nombramiento de Carlos Carvallo, expresidente de Financiera Ueno, al frente del Banco Central. Los acusadores también cuestionan modificaciones a la legislación sobre conflictos de intereses y la concentración de recursos del Instituto de Previsión Social en el banco. Esos señalamientos integran el pedido de destitución y requieren evaluación en el proceso.
Carvallo presentó su renuncia a la presidencia del Banco Central a pedido de Peña el martes, cuando la crisis financiera ya había abierto cuestionamientos sobre la supervisión de la entidad. Reuters informó que el mandatario había mantenido vínculos empresariales con el grupo propietario hasta 2025.
En el frente penal, el Ministerio Público imputó el miércoles a 27 personas vinculadas con Ueno Bank y empresas relacionadas. La investigación examina préstamos y sobregiros concedidos entre 2025 y 2026 que, según la hipótesis fiscal, comprometieron activos mediante operaciones con compañías vinculadas y condiciones de riesgo presuntamente irregulares.
La Fiscalía informó que los saldos pendientes bajo examen alcanzan US$ 166.984.879,33 y G. 343.157.246.557. Esas cifras corresponden a operaciones cuya recuperación podría estar comprometida; el comunicado no las presenta como una pérdida definitiva establecida judicialmente. Los delitos atribuidos incluyen lesión de confianza, tentativa de estafa, conducta indebida en situaciones de crisis y violación de la obligación de llevar libros de comercio.
Los fiscales solicitaron prisión preventiva para un exvicepresidente del banco, arresto domiciliario con monitoreo electrónico para otros siete imputados y prohibición de salida del país con caución para los 19 restantes. También pidieron medidas patrimoniales sobre los imputados y siete sociedades. Las solicitudes quedaron sujetas a la decisión judicial.
Este jueves, el fiscal general Emiliano Rolón dispuso nuevas investigaciones sobre las denuncias que involucran a Peña y otras autoridades. El diario ABC Color, de Asunción, informó que la Resolución FGE N.º 4474 abrió una carpeta fiscal por el caso; otras publicaciones paraguayas detallaron que la disposición comprende tres causas relacionadas con la supervisión del banco, las colocaciones públicas y la actuación de funcionarios.

La devolución de los depósitos
Para los clientes, la urgencia sigue concentrada en recuperar el acceso al dinero. El Banco Central anunció un anticipo de hasta 40 salarios mínimos por depositante y estableció que descontará las obligaciones vencidas que cada beneficiario mantenga con Ueno Bank. El procedimiento debe comenzar dentro de las 24 horas previstas y completarse en un máximo de cinco días hábiles.
El anticipo forma parte de la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos, cuyo límite total alcanza 75 salarios mínimos, equivalentes a G. 228.300.000 por persona física o jurídica y por entidad. Ese límite protege al depositante en conjunto y no se multiplica por la cantidad de cuentas que posea. Los saldos superiores quedan sujetos a los mecanismos de recuperación del procedimiento de resolución.
El esquema anunciado contempla transferir el anticipo a otra cuenta del beneficiario dentro del sistema financiero. Para quienes carezcan de una, las entidades habilitarán una cuenta a su nombre. El Banco Central dispuso comunicar la entidad asignada y anunció un mecanismo de consulta en su sitio institucional.
La situación también alcanza a los trabajadores del banco. El equipo interventor informó este jueves que realiza gestiones para atender las obligaciones laborales de la entidad, mientras el procedimiento continúa bajo control del Banco Central. La institución reguladora sostuvo que la insolvencia de Ueno constituye un caso particular y ratificó su compromiso de preservar la estabilidad del resto del sistema financiero.