Con un esquema propio pensado más para la clase media y medianos empresarios, Misiones adhirió al “blanqueo fiscal” promovido por el gobierno nacional pero enfocado centralmente a la repatriación de grandes capitales. La iniciativa renovadora fue aprobada anoche en la Cámara de Representantes con el apoyo del PRO y la UCR. El Gobierno provincial se propone constituir Fideicomisos hasta 600 millones de pesos para invertir en obras de infraestructura.

Posadas (Viernes, 7 de octubre). La Cámara de Representantes aprobó anoche una iniciativa de Hugo Passalacqua de adherir al “Régimen de Sinceramiento Fiscal” dispuesto en la Ley conocida como “Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados”. La iniciativa renovadora está pensada para atraer más a la clase media, profesionales y medianos empresarios con la idea además de constituir Fideicomisos hasta 600 millones de pesos para invertir en obras de infraestructura. La aprobación de la Ley provincial contó con el respaldo del PRO, la UCR, los tres peronistas de bloques uninominales e Integración. La oposición de los radicales alfonsinistas y los populares del Pays enriqueció un debate político-ideológico que siempre está subyacente en la Cámara pero en pocas oportunidades queda tan explícito.

Claridad del miembro informante
Como presidente de la comisión Presupuesto, Impuestos, Hacienda y Asuntos Económicos, Marcelo Rodríguez, actuó como miembro informante. Con precisión hasta pedagógica logró explicar el proyecto de difícil abordaje como son los temas vinculados a los asuntos fiscales. Resumió primero en qué consiste la ley 27.260, denominada, “Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados”. Con la ayuda de filminas que dijo fueron confeccionadas por jóvenes trabajadores que se están perfeccionando en el instituto de formación de la Cámara, destacó los capítulos y títulos del texto aprobado por el Congreso nacional. Hizo así referencias: 1. A la creación la creación del Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados; 2. al Libro II que establece régimen de sinceramiento fiscal y el sistema voluntario y excepcional de declaración de tenencia de moneda nacional, extranjera y demás bienes en el país y en el exterior; 3. Al Régimen de beneficiarios; y 4. A la creación de la Comisión Bicameral para la Reforma Tributaria que, adelantó constituye una oportunidad para la reforma del régimen de coparticipación que, viene perjudicando a Misiones desde 1988.
Después de repasar los grandes capítulos de la Ley Nacional, se detuvo específicamente en las disposiciones para el blanqueo, ya que la ley misionera adhiere específicamente a de Misiones al “Régimen de Sinceramiento Fiscal” dispuesto en el Título I del Libro II de la Ley Nacional. Destacó en este sentido que podrán ser objeto de la declaración voluntaria y excepcional prevista en este Título los siguientes bienes: a) Tenencia de moneda nacional o extranjera: b) Inmuebles; c) Muebles, incluido acciones, participación en sociedades, derechos inherentes al carácter de beneficiario de fideicomisos u otros tipos de patrimonios de afectación similares, toda clase de instrumentos financieros o títulos valores, tales como bonos, obligaciones negociables, certificados de depósito en custodia, cuotas partes de fondos y otros similares; y d) Demás bienes en el país y en el exterior incluyendo créditos y todo tipo de derecho susceptible de valor económico.
Hizo referencia seguidamente al artículo que establece los impuestos especiales que se determinarán sobre el valor de los bienes que se declaren:

– Bienes inmuebles en el país y/o en el exterior: cinco por ciento (5%);

– Bienes, incluidos inmuebles que, en su conjunto, sean de un valor inferior 305.000 pesos; pagarán 0%;

– Bienes, incluidos inmuebles que, en su conjunto, sean de un valor que supere la suma de 305.001, hasta 800.000 pagarán 5%;

– Cuando el total de los bienes declarados supere los 800 mil pesos, declarados antes del 31 de diciembre de 2016, inclusive: diez por ciento 10% y declarados a partir del 1° de enero de 2017 hasta el 31 de marzo de 2017, inclusive, pagarán el 15%.

Seguidamente hizo un breve repaso de las posibilidades que establece la ley para blanquear los capitales o bienes, como la compra de bonos en dólares o suscribir o adquirir cuotas partes de fondos comunes de inversión. Y del mismo título hizo mención al artículo 46 que define los beneficios entre los que se computan que los beneficiarios quedan liberados de toda acción civil y por delitos de la ley penal tributaria, penal cambiaría, aduanera e infracciones administrativas que pudieran corresponder por el incumplimiento de las obligaciones vinculadas o que tuvieran origen en los bienes y tenencias que se declaren voluntaria y excepcionalmente y en las rentas que éstos hubieran generado.

Esquema misionero
La Ley provincial de adhesión es entonces específicamente al capítulo del “sinceramiento fiscal”. Suma a las exenciones nacionales un perdón para los evasores de Ingresos Brutos y otros impuestos provinciales. Pero además del trato especial sobre el monto no declarado ante la DGR y la condonación de las multas, el misionero que exteriorice sus capitales y bienes tendrá la oportunidad de no pagar el 10 o el 15% del blanqueo nacional si decide invertir su dinero en un fideicomiso local, con la única salvedad de que los fondos estarán congelados por cinco años. Precisamente, la ley habilita a crear Fideicomisos hasta 600 millones que se financiará para que puedan ser invertidos en infraestructura, desarrollos inmobiliarios, agrarios, edificios y energía.
Por otro lado, la adhesión de Misiones es un requisito para que la Nación cumpla con el giro de recursos para la caja previsional. Misiones es una de las pocas provincias que no transfirió su caja y debería recibir recursos para cubrir el déficit, algo que ya fue acordado con el Gobierno de Macri. Con la ley de Blanqueo, la Anses tiene la obligación de arribar a un acuerdo en 120 días con las provincias cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos a la Nación a fin de compensar las eventuales asimetrías que pudieran existir respecto de aquellas jurisdicciones que sí hubieran transferido sus regímenes previsionales, de manera de colocar a todas las provincias en pie de igualdad en materia previsional. Según datos suministrados por el ministro de Hacienda Adolfo Safrán, se trata de al menos 1.600 millones de pesos en los últimos cinco años, de los cuáles 500 millones corresponden al año pasado, monto que compensa las deudas de la provincia con el organismo por la tenencia de bonos Senior y Junior emitidos por el Estado provincial en 1999 en dólares pero que han logrado pesificarse.

Argumentos para votar en contra
El proyecto Renovador, elaborado por el Ejecutivo se convirtió en Ley con el respaldo de los tres diputados del PRO, los tres de la UCR, los tres peronistas con monobloques y el uninominal también de Integración, recientemente conformado por Mario Pegoraro. En contra votaron los tres diputados del Partido Agrario y Social y los dos de Vanguardia Radical.
Hugo Escalada fundamentó su oposición al hacer una distinción entre el abordaje económico y el ético jurídico. Destacó que en la historia argentina los blanqueos siempre fueron justificados por necesidad de financiamiento que, dijo, no atienden las causas de la evasión y la fuga de capitales. “El debate se pone más áspero cuando se consideran las cuestiones que no tienen que ver con la economía, sino con lo ético y lo jurídico”. En este sentido subrayó que todos los sistemas jurídicos se basan en la ejemplaridad, en un esquema de premios y castigo. Desde esta perspectiva sostuvo que premiar con el blanqueo a los que evaden y fugan capitales vuelve el sistema injusto y termina castigando a los cumplidores. Pero lejos de disociar los campos económicos y jurídicos terminó vinculándolos al afirmar que la falta de reglas claras termina facilitando la fuga de capitales y en consecuencia nunca se abordan las causas. Después, en un tono más ideológico marcó, leyendo mensajes de tuits de Melconian, Carrio, Alonso, Sanz y Prat Gay, denunciando corrupciones en los blanqueos promovidos por el gobierno de Cristina Kirchner.
La diputada Myriam Duarte se pronunció en contra del espíritu de toda la ley nacional que incluye el blanqueo en lo que se llama reparación histórica de los jubilados, para sostener que tiene un efecto contrario al enunciado, entre otros efectos reduce la capacidad de litigio de los jubilados. Pero fundamentalmente puso de relieve que se perdonan “delitos que muy poco gente puede cometer”. Remarcó que hablaba desde un posicionamiento político-ideológico. Y desde esa perspectiva hizo un juego de metáforas para reclamar que “hay que blanquear los detenidos”. Explicó que en Oberá un trabajador, por el solo hecho de su color de piel y por su vestimenta fue detenido al salir de su trabajo y privado de su libertad durante quince días al cabo de los cuales el juez lo liberó pidiéndole perdón. Era tarde, ya había perdido el empleo y había sido echado de su casa.
El diputado Héctor Bárbaro a su turno denunció que la ley que se dice de reparación está hecha contra los pobres. Develó que Macri anuló el derecho a la jubilación que había establecido el gobierno de Kirchner para establecer pensiones, que remarcó no es lo mismo. Y a su estilo fue exponiendo casos con nombre y apellido de perjudicados por las nuevas disposiciones.

La Ley y la Reglamentación
Mientras el bloque de la Renovación daba por redondeado sus argumentos con la exposición del miembro informante y el PRO se mantuvo en silencio, desde la UCR, Gustavo González, evidentemente incómodo al votar con la Renovación y al verse corrido por izquierda por los alfonsinistas de Vanguardia y los populares del Pays, salió a defender la coherencia de Melconian, Carrió, Sanz y los mencionados por Escalada como contradictorios. Marcó diferencias entre los blanqueos K y el de Macri afirmando que los kirchneristas beneficiaban a delincuentes y ahora hay restricciones precisas. Lo que no tomó en cuenta el diputado de la UCR, es que el decreto 895 de reglamentación del Régimen Fiscal, dispone, en su artículo 13, que “se consideran comprendidas dentro de las liberaciones referidas en el Artículo 46 de la Ley 27.260, las obligaciones que se encuentren en curso de discusión administrativa, contencioso administrativa o judicial en los ámbitos penal tributario, penal cambiario y aduanero”. De forma tal que las personas que estén en juicio por poseer activos no declarados, ya sea en pesos o dólares, en el país o en el exterior, podrán incorporarlos al blanqueo, lo cual les permitirá beneficiarse con la extinción de la acción penal, tal cual lo establece el referido artículo 46. En su inciso b, dicho artículo define que quienes “efectúen la declaración voluntaria” de los activos ocultos “e ingresen el impuesto especial”, gozarán del siguiente beneficio: “Quedan liberados de toda acción civil y por delitos de la ley penal tributaria, penal cambiaria, aduanera e infracciones administrativas que pudieran corresponder por el incumplimiento de las obligaciones vinculadas o que tuvieran origen en los bienes y tenencias que se declaren voluntaria y excepcionalmente y en las rentas que éstos hubieran generado”. Agrega, dos párrafos más adelante, que “la liberación de las acciones penales previstas en este artículo equivale a la extinción de la acción penal prevista en el inciso 2 del artículo 59 del Código Penal”. Las personas con causas judiciales en su contra por bienes no declarados podrán solicitar el beneficio de la liberación de toda acción civil o penal “mediante la presentación ante el juzgado interviniente de la documentación que acredite el acogimiento al Régimen de Sinceramiento Fiscal”.
En lo referente al blanqueo de activos físicos o monetarios a nombre de sociedades off shore, el artículo 3 de la reglamentación establece que “cuando las personas humanas o sucesiones indivisas opten por exteriorizar los activos que formen parte del patrimonio de sociedades, fideicomisos, fundaciones, asociaciones, o cualquier otro ente constituido en el exterior”, deberán cumplir con los mismos requisitos previstos en los artículos 38 y 40 de la ley para su valuación y modalidad de efectuar su declaración. Es decir, es indistinto que se haya utilizado para su ocultamiento una sociedad off shore o simplemente, se trate de dinero fugado o no declarado.
Subyacente al debate de fondo, se registraron cruces que tienen que ver con lo partidario. Ver notas aparte

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