Se consolidan en el mundo nuevos formatos de locación de servicios turísticos. Prolifera la oferta de casas y habitaciones, sin controles ni registros, que compiten con los alojamientos formales y que pagan impuestos. Algunos destinos internacionales afianzan la reglamentación para este tipo de servicios.

Por Jorge Posdeley, Magister en Turismo.

Posadas (Martes 20 de noviembre). La economía colaborativa se trasformó en una tendencia global y encontró en el sector de los servicios, más precisamente en el planeta turismo, una nueva tendencia que modifica el modo tradicional de viajar y consumir esos servicios. Estos nuevos formatos de locación de servicios proliferan en todo el mundo al margen de una legislación que las contengan y generan en los municipios una pérdida en la recaudación impositiva.
Por ello, los municipios turísticos buscan un nuevo marco jurídico que regule esta nueva modalidad de contratación de servicios que ofrecen las plataformas virtuales, sin intermediarios: del oferente al potencial consumidor. Pero no será una tarea fácil ya que la adecuación de la oferta globalizada a la demanda crece día a día, con impronta propia, diferente a los tiempos de readecuación de la normas o de modificación de las que ya existen.
Esta situación, muchas veces, deja a los destinos turísticos como rehenes de su propia incapacidad de gestión –no pueden adecuarse con rapidez a las necesidades de la demanda- y aparecen nuevos servicios alejados de las normas y por lo tanto, sin regulación y sin tributación impositiva.
El desarrollo y crecimiento, al margen de la regulación turística de los servicios de alojamientos, genera inconvenientes a los municipios: por un lado, la pérdida de estándares de calidad del servicio frente a contrataciones clandestina y por el otro, la ausencia de controles que garanticen al turista que no defraudarán sus expectativas, al margen de la pérdida de la recaudación de impuestos. En la medida en que el alojamiento informal crezca (que seguramente va a ocurrir), surgirá también el enfrentamiento entre el municipio con los responsables del alojamiento formal que está legalmente habilitado y que cumple con las normas que si bien son viejas, arcaicas, vetustas, obsoletas, siguen vigentes.
Ante la profundización de esta recesión económica, que favorece todo lo informal, se consolida la precarización y la flexibilización de casi toda la actividad económica, donde el sector del alojamiento no será la excepción. El enfrentamiento con el sector menos sindicalizado, el extra –hotelero, es eminente.
No es nueva la utilización de las viviendas particulares en la actividad turística pero en estos tiempos adquiere más notoriedad a partir de su comercialización por medio de las tecnologías. Viviendas o edificios enteros siempre se comercializaron en el turismo, como los Apart hotel, que aparecen en muchos casos mencionados en normas provinciales y que son registrados –sin categorías- por el organismo de aplicación. La regulación de estos alojamientos constituyen una deuda jurídica nacional que viene de los años 70, y en Misiones, al menos desde los años 80.
Los destinos turísticos no solo se enfrentan a un nuevo formato de comercialización de los servicios hoteleros, sino que se enfrentan a un nuevo paradigma en la tipología de los servicios hoteleros. Y buscan, con las autoridades públicas y sus asociaciones sindicales, resolver esta preocupación frente a una proliferación descontrolada de una oferta no convencional de alojamientos, y que por no estar regulada expone al mercado turístico a nuevos formatos de contratación con una fuerte vulnerabilidad impositiva.
La informalidad es negativa para la economía en general y en el sector hotelero, además, afecta a la calidad de la prestación de los servicios y la calidad del empleo; dificulta el crecimiento del sector y genera una baja en la productividad de las empresas legalmente constituida.

Reacción en España y Francia 

Estas son algunas de las razones por lo que se comienzan a observar en destinos turísticos por excelencia, como Francia y España, que se ejercen acciones para regular y proteger la actividad hotelera legalizada. En España, según el portal del diario Ibiza, la vicepresidenta del Govern balear (gobierno de las Islas Baleares) multó –por 30 mil euros- a la empresa Airbnb por incumplir con la normas y con la ley de turismo balear, al comercializar viviendas sin disponer de las correspondientes declaración responsable de la actividad y sin contar, además, con la inscripción turística y los requisitos legales.
Francia, según el portal Tecno Hotel, está preparando un proyecto de ley sobre las viviendas que reforzará las sanciones para las plataformas de Airbnb y a los propietarios que incumplan las reglas de los alquileres turísticos.
Las tareas relacionadas con la protección recién comienzan. Estos países se plantaron frente a una de las empresas referentes del modelo de alquiler de alojamiento, fundada en 2008. El mercado de alojamiento de Airbnb brinda acceso a más de 5 millones de lugares para alojarse, en más de 81.000 ciudades de 191 países.
A modo de conclusión, este parece ser un buen momento para repensar las políticas de protección al sector hotelero frente a la masificación y la proliferación de plataformas de alquileres, que se logrará únicamente al romper el modelo existente de falta de políticas estructurales y ausencias de normas modernas que regulen la actividad. Pero a juzgar por la realidad local en la que vivimos, y ante la ausencia de compromisos, estamos lejos de intentarlo y mucho más lejos de lograrlo.

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