Se trata de una orden que resguarda a seis familias con unos quince niños que viven, desde hace diez años en situación de pobreza, en tierras privadas del barrio Prosol 1 de Posadas.

Posadas (Miércoles 21 de noviembre). La Justicia misionera ordenó la primera suspensión de desalojo luego de que el Congreso Nacional aprobó –en octubre de este año- la Ley del Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración (Renabap).
Se trata de una orden que resguarda a seis familias con unos quince niños que viven desde hace diez años, y en situación de pobreza en tierras privadas del barrio Prosol 1 de Posadas.
Desde noviembre de 2017, un abogado que representa al propietario de las tierras, amenaza con los desalojos, con la anuencia de un juez, pese a que estaban censados por el Registro Nacional de Barrios Populares y con el Certificado de Vivienda Familiar que los ampara, y además tramitaron ante el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha) la prórroga para que no sean desalojados.
Estas familias se comprometieron, incluso, ante la Justicia a cuidar que no hayan nuevos asentamientos en ese predio; pero ante la insistencia del abogado que prometió desalojarlos para el próximo 2 de diciembre, el diputado Martín Sereno (Partido Agrario y Social) junto con la coordinadora regional del Renabap, Charo López del Valle, iniciaron gestiones ante la Nación, y la Justicia ordenó suspender el desalojo.

La Resolución judicial

La Resolución que firmó la titular del Juzgado Civil y Comercial 3, Georgina López Liva, especifica que de acuerdo al Artículo 15 de la Ley Nacional 27453 “se suspende el cumplimiento del mandamiento del desalojo del inmueble”, que ocupan estas familias que viven en situación de pobreza.
La mayoría de los jefes y jefas de hogar están desocupadas y viven de changas en viviendas precarias, construidas sobre el lote reclamado, con instalaciones irregulares de agua potable y energía eléctrica.

Beneplácito de la Cámara de Representantes

El 10 de octubre de este año, el Senado Argentino sancionó la Ley de Integración Urbana y Regularización Dominial de Barrios Populares (Renabap), con la que busca declarar de utilidad pública, y expropiar las tierras privadas sobre las que están asentados 4416 barrios populares de Argentina.
La norma establece además, que se avance en las obras necesarias de servicios básicos y exige la participación de al menos un 20 por ciento de trabajadores de la economía popular en las obras de urbanización de esos asentamientos, mientras suspende los desalojos por cuatro años.
Esa misma semana, los diputados del Partido Agrario y Social (Pays) de Misiones, logró que la Legislatura misionera declare el beneplácito para esa Ley, al tiempo que recordó que en 2017 se creó por Decreto del Poder Ejecutivo, el Registro Nacional de Barrios Populares, que sintetiza el trabajo que llevaron adelante las organizaciones sociales de Argentina, constituyendo la Mesa Nacional de Barrios Populares.
Según el relevamiento de los dos últimos años, el país tiene más de 4000 barrios populares que se constituyeron mediante distintas estrategias de ocupación del suelo, y que presentan diferentes grados de precariedad y hacinamiento, con un marcado déficit en el acceso formal a los servicios básicos. Más de la mitad de sus habitantes no cuenta con título de propiedad.
En Misiones hay más de 160 asentamientos informales distribuidos en varias localidades. Según el relevamiento de quienes participaron del proceso de diagnóstico y ejecución (como la CTEP, el Movimiento Evita, la CCC, Techo y Barrios de Pie), son unas 21.700 familias las que residen en esos barrios populares.

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