Diputados de la Nación dio media sanción a la prórroga, por otros diez años, de la Ley de Inversiones para Bosques Cultivados. La norma, creada en 1999, propone modernizar la Ley 25080 y fomentar unas dos millones de hectáreas implantadas para el 2030 y con ellos, los cien mil empleos directos en el país.

Posadas (Jueves 6 de diciembre). Tal como estaba previsto, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó la prórroga por diez años de la Ley 25080 de Bosques Cultivados y ahora resta la sanción en el Senado para que tenga plena vigencia. El proyecto -que recibió la media sanción- tuvo un fuerte acompañamiento de todos los sectores de la forestoindustria, quienes esperaban su incorporación al período de sesiones extraordinarias después que quedó fuera de los temas tratados durante el 2018.
La diputada misionera Verónica Derna, exministra de Ecología y Recursos Naturales Renovables de la provincia, destacó la importancia de esta normativa y adhirió a los puntos principales que el diputado Luis Pastori, como miembro informante, detalló en el recinto.
“Por un lado quiero destacar todo el amplio proceso participativo que se llevó adelante y señalar que se establecieron cuestiones técnicas como la estabilidad fiscal y los aportes económicos no reintegrables. Pastori explicó que incorpora como novedad la creación de un fondo. Justamente esa novedad fue un aporte que hicimos desde el Estado, desde la provincia de Misiones y que favorecerá al sector. Esta ley no solamente contará con los recursos que se dispongan desde el Presupuesto nacional sino que también podrá verse beneficiada con otros fondos”, dijo la legisladora nacional.

Zonificar las cuencas forestales

En consonancia con otros diputados, Derna explicó que plantearon ante la comisión asesora para la redacción de la norma la compatibilización de la ley 25.080 con la 26.331 y, también, la participación de las jurisdicciones nacionales y provinciales. “Es más, en el artículo 5° se establecen estrategias para la zonificación de las cuencas forestales, que en su momento trataremos en particular”, dijo.
En el tratamiento de la Ley también plantearon mantener la investigación como actividad e incorporar las actividades de biomasa, “fundamentales en el momento que estamos viviendo”. Derna destacó además que la labor del equipo técnico de la Secretaría de Agroindustria y felicitó al subsecretario de Bosques y Forestación del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones, Juan Gauto, y a todos los que participaron del sector, tanto público como privado, en todas las provincias del país”.
La diputada también hizo hincapié en que trabajaron la ley “conforme la manda del misionerismo, estando cerca de la gente”, en coordinación con el gobernador Hugo Passalacqua y el ministro del Agro y la producción de Misiones, José Luis Garay.

Hacia el 2030 con 2 millones de hectáreas forestadas

Esta Ley creada en 1999 y tras diez años de vigencia, tuvo su primera prórroga por otros diez años en 2009. Ante su inminente vencimiento, obtuvo este miércoles 5 media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación para ser prorrogada por otros diez años: la norma promociona la implantación de bosques, su manejo y la industrialización de la madera cuando forma parte de un emprendimiento forestal integrado.
La Argentina cuenta con 1,3 millones de hectáreas plantadas (con la aspiración de llegar a dos millones de hectáreas en 2030) que generan una producción de casi 15 millones de metros cúbicos de rollizo: 70 por ciento para tableros y aserraderos, 30 por ciento para pasta celulósica, papel y cartón, y avanza en forma notoria el uso de la biomasa forestal.
Existen 2.088 aserraderos registrados, 20 fábricas de tableros, cinco fábricas de pasta de celulosa y 58 de papel y cartón, lo que implica desarrollo regional: en Corrientes hay unas 500 mil hectáreas implantadas y en Misiones, más de 400 mil (entre las dos superan las 900 mil hectáreas, del total de 1,3 millones de hectáreas forestadas). Después, el resto se distribuyen en Entre Ríos, Buenos Aires, Jujuy, Salta, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Córdoba, Mendoza, Río Negro, Neuquén, Chubut y Tierra del Fuego, según dijo como miembro informante el diputado Pastori, durante la presentación del Proyecto para prorrogar la Ley.
Según el mismo informe presentado en el recinto de sesiones, la actividad forestal emplea en forma directa a 95 mil personas.

Nuevos lineamientos

Los artículos Cuarto y Quinto del proyecto aprobado proponen el ordenamiento estratégico de la actividad forestoindustrial con criterios ambientales, económicos y sociales establecidos por las provincias y “mantiene la estabilidad fiscal por 30 años a partir de la aprobación de la norma. Esto significa que no verán incrementada su carga tributaria aquellos sujetos que sean objeto de esta política. Estamos hablando de una actividad que es rentable a largo plazo: diez, doce, quince o veinte años, según la especie”, indicaron.
En el mismo sentido explicaron que “efectúa la devolución de créditos fiscales por la compra de bienes de capital e insumos para la actividad forestoindustrial, adecuando el plazo de reintegro que actualmente es de 365, a 180 días. Quiere decir que se reduce el plazo en el que el Estado realiza este reintegro, adecuándolo a la ley 27.430, que modificó el capítulo de IVA en cuanto a la devolución del crédito fiscal: seis meses en lugar de un año”.
Entre las otras ventajas, destacaron que mantiene la posibilidad de que las empresas beneficiarias puedan efectuar una amortización acelerada del impuesto a las ganancias; modifica la escala del artículo 17 de la ley 25.080, manteniendo el máximo aporte no reintegrable del 80 por ciento para aquellos proyectos de hasta 20 hectáreas, y luego en forma decreciente, hasta un 40 por ciento para aquellos emprendimientos o proyectos que comprendan una superficie de hasta 300 hectáreas. Y mantiene un diferencial para la región patagónica de más de 300 hectáreas y hasta 500 hectáreas, donde se reconocerá un 40 por ciento del costo de implantación, atento a las especiales características que tienen la actividad en el sur del país donde se requiere mucho más tiempo para el crecimiento de las plantas y también mayores extensiones”.
Por otra parte otorga certidumbre en el pago de los aportes no reintegrables, fijando que a partir de la aprobación del proyecto, el Estado deberá abonar el aporte no reintegrable en un plazo que va de 10 meses hasta un máximo de 24 meses. Para el caso de los tratamientos silviculturales como poda o raleo, el plazo será de hasta 12 meses. De esta forma se da certidumbre al productor que planta acerca del momento en que recibirá el reintegro que le corresponde.
También precisa el procedimiento de sanciones, otorgando la posibilidad cierta y reglamentada del derecho de defensa, preservando los intereses del Estado en aquellos casos en que el beneficiario no cumpla con los requisitos que prevé la ley. Para ello se incorporan a la ley 25.080 los artículos 28 bis, 28 ter y 28 quáter.
Como novedad, crea el Fondo Nacional de Bosques Cultivados, que estará integrado por todos aquellos aportes que se decidan en la ley de presupuesto nacional de cada año, también por legados y donaciones. Es importante destacar que el sector asegurador de vehículos automotores, en forma voluntaria, empezó a depositar el 1 por ciento del valor de cada póliza en una cuenta especial destinada a financiar esta iniciativa. Quiere decir que este fondo no implicará un costo para el Estado. Esto ya está funcionando, y se prevé una recaudación anual que puede rondar los 500 o 600 millones de pesos.

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