La cesión de la Reserva del Parque San Juan a la Administración de Parques Nacionales constituye una flagrante violación a las potestades del Estado provincial. La inmediata reacción del Gobernador instruyendo al Fiscal de Estado remite a luchas federales y a batallas perdidas en la Corte que falló en contra del Parque Provincial Iguazú y del Envasado en Origen de la Yerba. Desde la reforma de 1994 está explícito que “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en sus territorios”. No obstante, los gobiernos de todos los signos han avalado la doctrina colonial del enclave en defensa del negocio de Parques Nacionales. Tensiones que pondrán a prueba el compromiso de Alberto F. de restituir el verdadero federalismo.

Sábado, 7 de diciembre de 2019. El compromiso de Alberto Fernández de restituir el verdadero federalismo en la Argentina rubricado con los gobernadores abre expectativas en Misiones de recuperar las potestades enajenadas históricamente por la Nación y por empresas protegidas en fallos judiciales. El conflicto Nación- Provincia sobre la propiedad de la Reserva del Parque San Juan puede constituirse en un emblema para la gestión del presidente que asume el próximo martes 10.
El pasado noviembre 22 la Entidad Binacional Yacyretá dispuso la transferencia de 5.104 hectáreas, conocidas como el Campo San Juan a la Administración de Parques Nacionales. Esas tierras fueron adquiridas por la entidad para cumplir con la compensación de las áreas inundadas por la represa y tiene como límites al norte, el río Paraná; al sur una línea marcada por la Ruta Nacional 12; al este, el Arroyo Santa Ana y cerrando el cerco, el Arroyo San Juan al oeste. Es una zona de transición entre la selva paranaense y los campos del sur misionero. Algunos de los elementos característicos que lo distinguen son los “capones” o isletas de selva, pastizales naturales y los bosques de Urunday, que suelen descender de las lomadas pedregosas formando un complejo ecotono.
El suelo se caracteriza por numerosos afloramientos de rocas, no demasiado apto para cultivos finos o pasturas aptas para ganadería lo cual permitió la conservación, en gran parte, de la flora original.
La fauna presente en el lugar también presenta singularidades sobresalientes, siendo las especies de mayor interés aves como la Chuña de pata rojas el Carpintero Cara Canela entre una numerosa avifauna; entre los mamíferos el Zorro gris pampeano, algunos roedores autóctonos, además venados, anfibios en las zonas ribereñas y felinos.
Medida cautelar
Rápido de reflejos el Gobierno de la Provincia presentó una medida cautelar ante la Justicia el para plantear una medida de no innovar y frenar el traspaso de las tierras.
El planteo jurídico reclama que las partes “se abstengan y/o cesen de realizar, emitir, resolver y/o ejecutar todo acto que implique la aceptación y/o inscripción dominial (ya sea provisional o definitiva) de donación, cesión y/o transferencia a nombre de la Administración de Parques Nacionales y/o del Estado Nacional de los inmuebles que integran la denominada “Reserva Campo San Juan
La Provincia esgrime “el derecho constitucional como titular del dominio originario de los recursos naturales que se encuentran dentro de su territorio, conforme lo establecido en el art. 124 in fine de la Constitución Nacional, que indica que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”.
La batalla en el Parque de Iguazú
Este conflicto remite a la batalla perdida por la Provincia en la Corte Suprema de Justicia. En agosto de 2017 falló en contra de constitucionalidad de la ley provincial que creaba el Parque Provincial Iguazú que comprendía el sector argentino del Río Iguazú, extendiéndose desde la línea de ribera en costa argentina hasta el límite internacional con Brasil; y desde el límite Este de la Provincia ( desembocadura en el río Iguazú del Arroyo San Antonio), hasta una línea imaginaria, como límite al Oeste, trazada 200 metros aguas arriba del emplazamiento del Puente Internacional, que comunica a la Argentina con Brasil, como así también las islas formadas en el lado argentino del cauce de tal río.
Es decir que para la Corte y el Gobierno Nacional, las Cataratas del Iguazú no son de Misiones sino del Parque Nacional.
Con el argumento de que el Parque Nacional Iguazú “fue creado con anterioridad a la Provincia de Misiones”, la Corte avaló así la doctrina del “enclave” que defienden las naciones que tienen territorios bajo su jurisdicción aunque esté rodeado completamente por el territorio de otra nación. El fallo llevaba la firma de Lorenzetti, Maqueda, Highton y Rosenkrantz, pero todo el trabajo intelectual correspondió a la entonces procuradora general, Gils Carbó, quién en un extenso dictamen hizo lugar a la demanda seguida por la Administración de Parques Nacionales contra la Provincia de Misiones y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad de la ley provincial.
El pronunciamiento de la Corte en 2017 no era el esperado ya que en 2014, se incorporó a la ley un artículo que determinaba expresamente que la creación del parque Provincia, garantizaba que los intereses del Parque Nacional no serían tocados.
Entonces, la Corte estaba dispuesta a admitir la constitucionalidad de la ley provincial en virtud de que la explotación de los recursos naturales corresponde a las provincias, tal como lo establece la reforma de la Constitución de 1994. El nuevo artículo 124, además de establecer las facultades de crear regiones para desarrollo económico y social y de celebración de convenios internacionales compatibles con la política exterior nacional, establece taxativamente que “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”.
El dictamen de la procuradora eludió pronunciarse sobre los alcances del artículo incorporado en la reforma de 1994 con el argumento que el enclave es anterior a la provincia.
Ni bien conocido el fallo de la Corte, la Cámara de Representantes de la Provincia expresó su más enérgico rechazo y en la misma Declaración los legisladores ratificaron la vigencia y los alcances de la ley. Los representantes del pueblo misionero expresaron que el fallo constituía un avasallamiento de la soberanía de la provincia y adelantaban que Misiones seguiría reclamando por el Parque Provincial del Río Iguazú.
Proyecto en el Senado
Paralelamente, la misionera Sandra Giménez presentó un proyecto en el Senado de la Nación en el que redobló la apuesta. El proyecto de ley, todavía “en estudio”, solicita que se restituya a Misiones el dominio sobre el territorio en el que se enclava el Parque Nacional Iguazú, incluida la Reserva Nacional Iguazú.
La legisladora respalda su reclamo en el artículo 124 incorporado a la Constitución Nacional en la reforma de 1994.
En sus fundamentos destaca que “la historia institucional de la Administración de Parques Nacionales nunca reflejó el profundo cambio institucional que implicó la reforma constitucional de 1994 sobre el entramado normativo que garantiza el federalismo de la República Argentina. Las provincias tenemos la voluntad y la capacidad de preservar nuestros recursos naturales y el derecho reconocido en la Constitución de hacernos cargo de su gestión. Es necesario que el cuerpo normativo e institucional de la República Argentina se adapte a la profundización del federalismo, siempre presente en la Carta Magna pero más evidente desde la reforma de 1994”.
Entiende además que “las provincias tienen el dominio originario de todo su territorio: suelo, subsuelo, espacio aéreo y sobre el litoral marítimo. Por supuesto que también creo que el dominio se hace extensivo a todos los recursos renovables o no. Por eso esta asignación a las provincias del dominio originario de los recursos naturales, efectuada por la Convención de Santa Fe y Paraná de 1994, debe observarse como una contundente expresión del fortalecimiento del federalismo argentino, que fue una de las grandes ideas-fuerza de la reforma”.
Destaca que “en el caso particular de la provincia de Misiones, en relación al Parque Nacional Iguazú, la situación es aún más gravosa porque el Parque Nacional (creados por Ley 12.103), antecede a la provincialización del territorio nacional que hoy constituye la Provincia de Misiones (Ley 14.294) y también fue una ley del gobierno de facto la que mantuvo el dominio nacional sobre el territorio (Decreto 654/58). Es decir, a diferencia de los otros Parques Nacionales, la provincia de Misiones nunca ha cedido legítimamente, a través de sus representantes, a jurisdicción sobre el territorio del Parque Nacional a la Nación con una Ley”
De Menem a Macri
La batalla que inicia Misiones por la Reserva San Juan, tiene ese antecedente. Pero perder batallas no es perder los derechos a reclamar. Sin embargo, los antecedentes revelan la existencia de obstáculos políticos y de intereses. En los años de Menem, desembozadamente el ex cónyuge de la ministra María Julia Alsogaray, Francisco Erize, que llevaba más de 20 años en la APN y vinculado a cuantas ONG conservacionistas se fundaba, no escondía sus relaciones con empresas especializadas en viajes ecoturísticos internacionales, entre ellas Lindblad Travel, y el barco Lindblad Explorer.
Hasta el martes, el presidente del directorio es el Ceo Eugenio Bréard, que se desempeñó como Director de Marketing, Gerente General y Vicepresidente de la filial argentina de Philip Morris durante 25 años. Desde 2008 alternó entre la Presidencia y la Vicepresidencia de la Corporación Antiguo Puerto Madero. Una clara concepción de lo que es un Parque: un negocio.
Ayer, en su despedida por cadena nacional, el presidente Mauricio Macri, destacó como logro de su gobierno la extensión de los tentáculos de la Administración de Parques. En 2018 se crearon seis nuevas áreas protegidas nacionales. De este modo, se superó el registro histórico alcanzado en 1937, año en que se crearon cinco parques nacionales.
Pero si la intención del gobierno de Macri, compuesto de gerentes de empresas es transparente en su pretensión de replicar el mundo de Disney en las Reservas, los intereses permanentes infiltrados en la APN quedaron expuestos en el de Cristina Fernández de Kirchner. Entre los años 2003 y 2012 se incrementó en 900 mil hectáreas los dominios de la APN y fueron creados 8 nuevos parques y se ampliaron los existentes.
Hay que recordar también que el ministro de Turismo, Enrique Meyer fue el que se opuso en los estrados judiciales a la ley provincial. Y un ministro no es un libre pensador. El jueves 26 de marzo de 2015, en pleno conflicto de Misiones con la Administración, a través de una de las habituales teleconferencias, la entonces Presidenta, salió a respaldar al presidente de Parques Nacionales, Carlos Corvalán. La excusa fue la inauguración de obras en el Parque Iguazú. Reflejamos en su oportunidad la molestia que generó la familiaridad en el tratamiento que le dispensó la presidenta, nombrándolo repetidamente como Charly. Corvalán, o Charly si se prefiere, era el mismo que en el sitio web de Parques Nacionales, admitía que es un territorio “tomado” por el Estado nacional. Pero a pesar de todo, y contra las normas constitucionales y el espíritu del federalismo argentino, afirmaba que Parques tiene jurisdicción sobre nuestras tierras.
La presidenta legitimaba de ese modo la usurpación y su ministro de Turismo insistía que el río Iguazú pertenece a Parques Nacionales, violentando el espíritu de la Ley misionera.
Dominio originario
La idea del dominio originario que esgrime la Provincia y sus leyes para reclamar la potestad es una declaración con una fortaleza política indiscutible porque viene asociada aquella idea de los poderes originarios de las Provincias, el dominio originario sobre los recursos naturales es tan originario como el poder originario que tiene las Provincias y que han delegado en la Constitución.
Si en 1994, cuando ya teníamos las Provincias que teníamos, decíamos que los recursos naturales eran del dominio originario de las Provincias sin hacer excepciones, es porque se le dijo a la Nación con una declaración que no podía predicar que había pasado el dominio de los recursos naturales del Estado federal sino que esas provincias tenían desde siempre y originariamente el dominio de los recursos naturales.
Entonces ésta idea de la utilización de la palabra dominio originario, es una idea especialmente útil para saber cómo debe interpretarse jurídicamente. Si se va a interpretar la Constitución es preciso ver que este artículo 124 introducido en la Reforma de Santa Fe y Paraná, no es un resultado de una declaración azarosa sino la consecuencia de todo un espíritu que subyace a la Constitución y advierte en los reiterados artículos que también están en la reforma de 1994 y que no pueden interpretarse de una manera disociada