El escándalo por el asesinato de dos niñas argentinas en un operativo del Ejército paraguayo contra la guerrilla sigue creciendo, después que el Gobierno de ese país calificó de “exitoso” al procedimiento. De a poco, la versión oficial impulsada por el propio presidente Mario Abdo Benítez mostró un montaje. Desde DDHH piden “señales políticas” y la destitución de jefes del operativo. El diario paraguayo Última Hora, que primero avaló la versión del Gobierno admite que quedaron más puntos oscuros que claros después del enfrentamiento que dio esperanzas de un fuerte golpe al grupo criminal. Ello se disipó con la confirmación de que las caídas eran menores.

Lunes 7 de septiembre de 2020 (Diario Última Hora). A cinco días del enfrentamiento de un grupo de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y supuestos miembros del primer anillo del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) en Yby Yaú, Concepción, no termina de disiparse la sombra de dudas sobre una serie de hechos calificables mínimamente como poco serios y lamentables.
Ello deja al Gobierno en una posición delicada que se agrava con la muerte de dos niñas en el mencionado choque, con el agravante de la nacionalidad argentina de las víctimas, que ya ocasionó un fuerte pronunciamiento de la Cancillería del vecino país.
Primero se especuló sobre la eliminación de dos líderes del EPP, versión que si bien no era oficial, fue alimentada por la información de que el propio presidente Mario Abdo se dirigía al sitio de operaciones.
Arma en mano. El mandatario se dejó fotografiar en el sitio del enfrentamiento con un arma en la cintura, hecho por cierto no nuevo.
Con el correr de las horas, las informaciones eran dadas a cuentagotas, hecho que fue cambiando el clima triunfalista por uno más mesurado.
Sin embargo, el Gobierno insistió en calificar de altamente positivo al enfrentamiento, porque supuestamente se llegó al campamento principal del grupo armado.
La duda sobre las edades no se disipó hasta la noche, cuando reconocieron que serían menores.
Edad. Recién el sábado se probó que las caídas tenían 11 años, edad que dista mucho de los 15 o 18 años que señalaba el informe del forense Cristian Ferreira, quien practicó la autopsia.
Quema de pruebas. Para que la nebulosa sea aún mayor tras la autopsia se eliminaron las ropas de las víctimas y se procedió a un rápido entierro, con la excusa de las normas sanitarias vigentes en el marco de la lucha contra el Covid.
A todo ello se suma la falta de filmación del operativo y el hecho de que, pese a que supuestamente estaban rodeados –según las propias palabras de Abdo–, no se pudo establecer otro contacto con los integrantes del EPP, pese a que según informaron, tenían heridos en sus filas.
Estancia. Finalmente, como un mentís a la versión oficial de que el EPP estaba migrando hacia el Departamento de Amambay, hostigado por la FTC, el jueves pasado, muy cerca del lugar del choque EPP-FTC, quemaron el retiro de una estancia, en las narices de las fuerzas de seguridad.

Desde DDHH, piden ”señales políticas”

Infografía de Última Hora.

Con fuertes críticas en torno a la reacción del Gobierno por la muerte de dos niñas de 11 años a manos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), la especialista en Derechos Humanos, Diana Vargas, apuntó a que se debe exigir una investigación que estudie todos los hechos.
En ese sentido, en contacto con radio Monumental 1080 AM, puntualizó en que todo se encuentra girando alrededor de lo que respecta al reclutamiento de menores y no así en esclarecer la muerte de las dos pequeñas.
“Por la salud de esta débil democracia, el Estado debe dejar de ofenderse y mostrar que pone a disposición todo el aparato estatal para esclarecer qué fue lo que pasó, porque todos nos quedamos con demasiadas dudas”, opinó.
A su consideración, el mejor camino es derogar la Ley que creó la FTC, volver al diseño constitucional e invertir en la Policía Nacional.
“Yo creo que ahora el Gobierno debe dar señales políticas de la envergadura de este problema. Por un lado, destituir a los altos jefes de la FTC y pedir al Congreso que trate el proyecto de ley que deroga la modificación de la ley de seguridad”, sugirió la profesional.
A esto sumó que el Poder Ejecutivo debe pedir disculpas, asumir responsabilidades y exigir la apertura de un proceso penal en vista de que el Ministerio Público no lo hizo de oficio.
“Los padres son los principales responsables de brindar seguridad, pero el Estado no tipificó el reclutamiento forzoso a pesar de estar obligado y de los señalamientos de los organismos internacionales porque tenemos la cuestión militar muy arraigada”, aseveró.
Organizaciones sociales, religiosas, internacionales y hasta representaciones diplomáticas del Gobierno argentino han reclamado el esclarecimiento del procedimiento registrado la semana pasada en Yby Yaú, Departamento de Concepción.
Este sábado se confirmó, tras un estudio de los cuerpos de las niñas que fueron presentadas como abatidas, que ambas tenían 11 años y algunos meses.
En principio, el Gobierno informó que se trataba de adolescentes, cercanas a la mayoría de edad.
Además, la ciudadanía cuestiona el actuar del Ministerio Público en la investigación.

Fotografía e informe del diario paraguayo Última Hora.