Familias desalojadas de la Chacra 188 de Posadas piden que se cumpla con la Ley de Suspensión de Desalojos. El diputado Sereno denunció “un perverso mecanismo del negocio inmobiliario-judicial”.

Lunes 26 de octubre de 2020 (Prensa del Pays). El sábado se levantó el acampe de la Chacra 188, en Posadas, que desde el viernes realizaban en apoyo de las familias expulsadas de sus hogares, los vecinos, las organizaciones sociales y el diputado Martín Sereno (Frente Popular Agrario y Social).
Esto se decidió después que las familias perjudicadas, participaron por la tarde, de una reunión con el juez Fernando Escalante, del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 5, y autoridades de la Municipalidad de Posadas, quienes se presentaron en la Chacra para acordar el compromiso de entregar una vivienda por cada familia en lotes con servicios de energía eléctrica y agua potable, en el término de 90 días.
Pero sienten que no es justo que no incluyan a todas las familias, y el esfuerzo de comenzar de nuevo y en otro barrio, después de vivir en ese lugar desde hace más de 50 años.
«Lo que pasó el viernes no fue un desalojo sino una exclusión de nuestros hogares, porque de golpe nos encontramos con una multitud de policías durante la mañana diciendo que tenían orden del juez para desalojarnos. Nos expulsaron de nuestras casas; pero quedaron adentro nuestras pertenencias. Por eso creemos con la abogada que nos asesora que lo que nos hizo la Justicia es una exclusión del hogar de las ocho familias», manifestó Cecilia Méndez -una de las expulsadas- que tiene 33 años y nació y reside en ese lugar -ahora con una hija-, donde originalmente vivieron primero sus abuelos y luego sus padres y sus hermanos, con quienes hasta el viernes compartían el predio.
El viernes después de expulsarlos de sus casas, la policía montó un cordón que impidió que salgan hacia la calle y que ingresen otras personas, mientras vociferaban órdenes: “si eso lo ordenó el juez, es excesivo, y si lo hizo por su cuenta la jefa que coordinaba el operativo, es un abuso de poder», afirmó la mujer desalojada.
Entiende que si hubiera sido un desalojo, los habrían sacado junto con sus pertenencias, pero sus muebles siguen en las viviendas, custodiados por la policía: “por eso sostenemos que es una exclusión del hogar de las ocho familias».
Las mismas que además sumaron a su preocupación el hecho de que la policía detuviera al hijo de la vecina Mirta Alfonso, que cuando avisó que sufrió una descompensación porque la estaban desalojando, el joven llegó al lugar y no lo dejaron pasar, discutió con la fuerza policial y lo detuvieron por «resistencia a la autoridad», hasta este lunes que quedó en libertad, previo pago de una fianza.

Sólo seis familias recibirán viviendas


El sábado, el juez Escalante llegó a la Chacra 188 junto a la secretaria de Tierra y Hábitat de la Municipalidad de Posadas, Luciana Scromeda, y sin la presencia del apoderado (el abogado Carlos Navarro) del supuesto propietario (Guillermo Fulquet) se reunió con las familias expulsadas para firmar un acta de acuerdo.
«Nos apuraron para que firmáramos, de lo contrario no querían comprometerse a entregarnos los lotes con servicios y las casas en otro barrio. Nos sentimos presionados y sin tiempo para evaluarlo entre nosotros, ni consultar con la abogada a la que no querían dejar ingresar a esa reunión», señaló Cecilia.
Además, tampoco estarían solucionando el problema para todos, porque el Municipio se comprometió a entregar viviendas a sólo seis de las ocho familias -sin determinar el barrio-. Y este lunes cuando acercaron la documentación a la coordinadora municipal de Tierras, ésta les comunicó que en las futuras casas tendrán que pagar una cuota social sin especificar el monto.
Fuera del acuerdo quedaron dos familias, la de Silvia y Alejandra Méndez, ambas con dos hijos menores cada una.

«No son usurpadores, sino pobladores»


La doctora Ramona Gómez sostuvo que el título del predio donde están asentadas las viviendas es irregular. «La poseedora original de esos terrenos de la Chacra 188 era María Bogado, que fue censada por la Entidad Binacional Yacyretá y antes de morir, cedió informalmente el terreno a uno de sus hijos, Antonio Alfonso, tío de Cecilia», dijo.
Pero por temas de sucesión, éste nunca tuvo la posesión real; tiempos después apareció Fulquet asegurando haber comprado esas tierras.
El padre de la joven, de 65 años, llegó a ese lugar cuando tenía 5, y tanto ella como sus hermanos -el mayor tiene 39 años- nacieron y vivieron en esa chacra, por lo tanto no son usurpadores», aseveró.
De todos modos las familias no están discutiendo la sentencia. «Reclaman que se cumpla con la Ley de Suspensión de Desalojos que se prorrogó en la Legislatura hasta diciembre del 2021, y además, el juez, antes de ordenar que se efectúe, tiene que pedir al Iprodha el registro de las personas involucradas en la sentencia, algo que no ocurrió», señaló la letrada.

Presionados y asustados


Méndez destacó que el acuerdo firmado indica que las familias aceptaron retirarse voluntariamente de la vía pública y de llevar sus pertenencias una vez que les entreguen las futuras viviendas. Mientras que la Municipalidad se comprometió a entregar lotes con casas y servicios de luz y agua potable para seis familias -unas 20 personas incluidos niños, niñas y ancianos- que todavía permanecen en la calle porque no tienen dónde ir.
«Fue todo muy apresurado, y después de la violencia que vivimos, de estar dos días acampando y sin dormir, y la desesperación de quedarnos en la calle en esta pandemia, nos llevó a tomar una decisión que creemos fue apresurada y es injusta. Estamos dolidos; pero lo hicimos en gran parte por miedo, en mi caso por mis padres que tienen más de 65 años y los quiero cuidar. Sentimos la presión del juez y del subcomisario Omar Salinas, que nos apuraba para que firmemos», explicó.
La documentación con los argumentos legales fueron presentados al Juzgado por la doctora Gómez que tiene providencia para intervenir en el expediente, y también está actuando el secretario de Acceso a la Justicia del Poder Judicial, Fabián Oudín.
Las familias sólo piden que se cumpla con la Ley de Suspensión de Desalojos y que mientras tanto les permitan seguir en sus viviendas, dejando claro que «nosotros no firmamos que renunciamos a nuestros derechos», expresaron.

«Extorsionan a vulnerables”


El diputado Martín Sereno estuvo desde el primer momento cuando los vecinos lo llamaron angustiados porque sus casas estaban rodeadas de policías. Le impidieron ingresar al predio vallado aún cuando es un funcionario público, y además incumpliendo con la Ley Provincial que suspendió las sentencias hasta el 31 de diciembre del 2021, y fue sancionada nuevamente hace 15 días en la Cámara de Representantes.
A eso se agrega que las familias viven en el lugar hace más de 50 años y están registradas en el Iprodha.
En acuerdo con las familias, se decidió hacer un acampe hasta que el juez revierta la medida porque no hubo notificación previa. Se sumaron a acompañar las organizaciones populares como el Movimiento Evita, la CCC, Somos de Pie y el Movimiento Territorial de Liberación, entre otras.
«Vemos que hay un perverso mecanismo del negocio inmobiliario-judicial, que avasalla las leyes y extorsiona a vecinos y vecinas en situación de vulnerabilidad. Primero los expulsan ilegalmente y una vez en la calle y sin nada, los fuerzan a aceptar unas viviendas a futuro para quedarse con su propiedad y seguir con el negocio inmobiliario», afirmó el legislador.