Entre las entidades se encuentra la DAC, APIMA, PCI y Argentores están trabajando en el borrador de una nueva legislación para la industria audiovisual. Con participación colectiva y federal, la nueva Ley se adecua a los cambios de paradigma impuestos por las nuevas tecnologías.

Por Patricia López Espínola

Jueves 8 de julio de 2021. Diariamente se pierden las fuentes de trabajo de directores y directoras audiovisuales, guionistas, actores y actrices, técnicos audiovisuales, e infinidad de trabajadores y artistas que nutren con su capacidad y fuerza laboral la industria nacional de producción de obras audiovisuales, que son parte integral de la identidad del pueblo y la cultura que es altamente reconocida en todo el mundo.
Existen una gran cantidad de negocios comerciales multinacionales que facturan cifras millonarias a los usuarios locales, a través de las nuevas tecnologías digitales de oferta y exhibición de contenidos audiovisuales.
Estas empresas no contribuyen -en la real medida en la que deberían- a fortalecer la producción local de películas, series y nuevos formatos, como ya en otros países comienzan a estar obligados a hacerlo para generar una vigorosa industria audiovisual.

Adecuación al contexto actual
La falta de actualización de la vigente Ley de Cine 17.741 dio inicio a este trabajo y propuesta, que tiende a lograr un texto borrador, con el objetivo de convocar al diálogo y de consensuar una propuesta de Proyecto de Ley, que permita contemplar las necesidades e intereses de todos los sectores involucrados en la actividad de la producción audiovisual nacional.
A mediados de 2020, un grupo de reconocidas entidades profesionales de directores/as, guionistas y productores/as con una histórica participación en la defensa de la actividad audiovisual a nivel nacional, entre ellas Directores Argentinos Cinematográficos (www.dac.org.ar); la Asociación de Productores Independientes de Medios Audiovisuales (www.apima.com.ar); el Proyecto Cine Independiente (www.pcicine.com) y la Sociedad General de Autores de la Argentina (www.argentores.org.ar), con la colaboración de profesionales expertos en administración pública y extensa experiencia en la redacción de leyes, “iniciamos este trabajo que se centró principalmente en identificar todos aquellos factores que en la práctica no funcionaron tal como fueron propuestos hace ya 27 años en la Ley de Cine”.
Muy especialmente la tarea también consistió en identificar e incluir en el texto aquellas cuestiones que hoy, por uso y aplicación de las nuevas tecnologías digitales, pasaron a ser esenciales y no fueron contempladas cuando esta normativa fue sancionada, dado que obviamente no existían en aquel entonces.

Participación colectiva y federal
A efectos de generar este primer análisis y propuesta para la creación de una nueva Ley, se convocó una primera mesa de trabajo con reconocidos/as productores/as, guionistas y directores/as, principales conocedores de la aplicación práctica de la actual Ley, a los que continuaron sumándose más profesionales y entidades de diferentes sectores con el claro objetivo de conseguir normativa actualizada que logre poner nuevamente en pleno funcionamiento a nuestra industria audiovisual.
No se trata de un texto “cerrado” sino y, por el contrario, de un punto de partida para abrir el diálogo, escuchar nuevas propuestas e ideas, colaborar y trabajar en conjunto para lograr el necesario consenso que una normativa como esta requiere.
Es central y absolutamente necesaria la participación de todas las entidades que agrupan a quienes trabajan en el audiovisual a nivel federal en todo nuestro país, y que también están ahora incorporándose al grupo de trabajo y participando activamente en la redacción de este proyecto.

Un nuevo paradigma exige una nueva Ley
La ley de Cine que rige actualmente es de 1994, desde ese entonces, el constante y creciente avance tecnológico crearon nuevos medios que modificaron, tanto la comunicación social, como así también la comunicación audiovisual, influyendo por ello en nuestras conductas y estilo de vida.
La evolución de estos medios y sus contenidos audiovisuales, rompieron las barreras entre los distintos canales de exhibición. Las producciones audiovisuales circulan indistintamente por las salas cinematográficas, los canales de TV abierta, de cable, las plataformas de internet y circularán en el futuro por otros canales de comunicación que hoy no somos capaces de imaginar.
Por otra parte la digitalización, uniforme los métodos de producción y el material y equipo tecnológico utilizado para su realización. Todo este desarrollo industrial se puede englobar en un solo y unificador concepto: producción audiovisual.
Este nuevo paradigma plantea la necesidad de reformar la Ley de Cine en vigencia 17.741/94 y actualizarla a los nuevos tiempos, para abarcar a todo el conjunto de la producción audiovisual nacional y a sus nuevas formas de realización y difusión, respetando el carácter diverso, federal y con paridad de género de esta producción.

En defensa de contenidos audiovisuales nacionales
Este espacio de trabajo considera que es deber del Estado Argentino regular el universo de prácticas, en defensa de los contenidos nacionales audiovisuales, fomentar su producción y asegurar su distribución, así como sostener el compromiso del Estado con la Convención para la Diversidad Cultural de la UNESCO que impone a los firmantes, proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales.
En esta misma dirección se vuelve necesario modificar los gravámenes a todos los nuevos medios de exhibición existentes y a los que vendrán.
También se vuelve imperioso establecer y hacer cumplir “cuotas de pantalla” en todos los medios por los que circulan esos contenidos, para que de este modo, dada la concentración de los medios en manos de grupos hegemónicos, contrarrestar sus prácticas monopólicas y de abuso de posición dominante.
La incorporación de lineamientos explícitos acerca de la representatividad de las mujeres está en consonancia con las medidas y leyes aseguradas por el Gobierno Nacional en cumplimiento, no sólo de la Declaración Universal de DDHH, sino con la Comisión Jurídica y Social de la Mujer (CEDAW).
La Ley del Audiovisual ratifica el compromiso del Gobierno argentino con las políticas dedicadas a la promoción de igualdad de género así como con lo presentado en la Carta Cultural Iberoamericana presentada en la XVI Cumbre de Jefes de Estado.
Al disponer la unificación de todo el espectro audiovisual en esta ley, “consideramos al actual Incaa, como la entidad competente para administrar esta regulación, y evitar mayores gastos en la puesta en marcha de una nueva institución ya que posee la experiencia y el personal idóneo para el correcto control de las nuevas disposiciones”, destacaron.

Pasó demasiado tiempo
Durante los 26 años de vigencia de la actual ley, las distintas modificaciones que tuvieron lugar y sus respectivas reglamentaciones, intentando renovar sus alcances en una época con enormes avances y cambios en el área audiovisual, fueron armando una trama de parches y remiendos como único recurso, cuyos alcances carecen de pericia para regular hoy la actividad.
Su estructura rígida y burocrática, fue haciendo que el Incaa, ente responsable en la aplicación y administración de la Ley, no haya podido resolver, desde su perspectiva analógica, el escenario donde se superponen distintas formas de acceder a los contenidos audiovisuales.
La ineficacia de su estructura administrativa, de su Consejo Asesor de Co-Gobierno “simbólico”, las fallas en la selección rigurosa de los materiales que deben ser protegidos, hace inevitable revisar toda esa experiencia de 26 años para sancionar una nueva ley efectiva y ajustada a la nueva realidad audiovisual constituida por plataformas diversas y simultáneas.

Principales propuestas del Proyecto de Ley Audiovisual
La modificación de la estructura de conducción para el nuevo Incaa, al conformar un directorio integrado por profesionales idóneos en el área audiovisual y delegados de las áreas culturales del resto del país, para asegurarle un contexto federal, es sin duda un cambio importante y estratégico al manejo unipersonal del Incaa que primó hasta la fecha y permitirá democratizar la participación de todos los “actores” de la industria audiovisual argentina.
La evolución de las distintas formas de comunicación que interactúan en modo permanente con la sociedad, modificaron el paradigma del consumo de la producción audiovisual, y resulta fundamental ampliar el concepto de cuota de pantalla, incorporando la obligatoriedad por parte de estos servicios, de contar en su catálogo de programación, con producciones nacionales para fomentar nuestra industria y difundir nuestra cultura.
El principal objeto de la nueva Ley, es actuar sobre todo el conjunto del universo audiovisual y conferir a la nueva administración un verdadero régimen federal y de paridad de género.
Este nuevo contexto requiere la ampliación de las regulaciones y gravámenes a todas las nuevas formas de exhibición de producciones audiovisuales. Corregir el viejo concepto de fomentar únicamente la producción, abarcando toda la cadena del proceso, desde el proyecto hasta su difusión.
Recomponer al “Costo Medio”, de forma en que respete el espíritu con que fue creado, significando una verdadera referencia del costo de una producción audiovisual estándar.
Modificar y clarificar los sistemas de ayudas consistentes en créditos y subsidios; planificar anualmente la producción para la correcta utilización de los fondos de fomento; descentralizar algunas de las funciones que el Incaa venía cumpliendo, y que fueron desplazadas por nuevas reglamentaciones como Noticieros Cinematográficos (CINAIN), entre otros. El objetivo de esta nueva Ley es dar solución a las necesidades actuales y conferir la flexibilidad para responder a las contingencias del futuro.
Para más información sobre el tema consultar en el sitio http://www.espacioaudiovisualnacional.org