La economía en torno a la yerba desnuda, también, posicionamientos concretos. No hay verso ni declaracionismo cuando se defiende la eficiencia y competitividad como dogmas. “Los productores chicos deben desaparecer”, decían con convicción liberal los funcionarios de Mauricio Macri. Sus defensores misioneros quieren ser diputados. En el medio, la flexibilización laboral y la disyuntiva del misionero si votar representantes locales que privilegien los derechos e intereses de la provincia en el Congreso de la Nación o a aquellos de Juntos x el Cambio que privilegien la estrategia del partido nacional al momento de levantar la mano.

Domingo 10 de octubre de 2021. Organizaciones populares, sindicales, sociales y políticas misioneras hicieron público esta semana, un pronunciamiento que rechaza la iniciativa de flexibilización laboral impulsada por la bancada de Juntos por el Cambio en el Congreso Nacional e hicieron un llamado a combatir las políticas antipopulares en los comicios del 14 de noviembre defendiendo los intereses del federalismo.
Por un lado desnudan la ideología antipopular y antinacional que subyace en el proyecto que viola las normas constitucionales que pretende terminar con la indemnización de los despidos, pero no se quedan en el declaracionismo y se movilizan para defender a través del voto los derechos de los trabajadores y las autonomías provinciales el próximo 14 de noviembre.
La proclama, firmada por 67 las organizaciones de base y 44 referentes políticos, militantes y trabajadores sociales, es la noticia política de la semana. Marca con toda claridad lo que está en juego en las elecciones legislativas y la pregunta, diríamos metodológica, que debe hacer el misionero a la hora de emitir su voto:
¿Voto representantes de la provincia que privilegien los derechos e intereses de la provincia en el Congreso de la Nación o voto a un representante de Juntos x el Cambio que privilegie al momento de la levantar la mano la estrategia del partido nacional?
Esta tensión entre federalismo y centralismo no es caprichosa. Los mismos referentes del macrismo hicieron explícita su pretensión de “nacionalizar” la campaña electoral convirtiendo las legislativas de noviembre en la antesala de las presidenciales de 2023. Y se pusieron en acción. Con una lectura bastante superficial del pronunciamiento de las urnas en las primarias, Rodríguez Larreta ya se siente como el próximo presidente de la Nación. No es candidato a nada pero está recorriendo algunas provincias, como lo hacen Patricia Bullrich y Martín Lousteau entre otros, que no son candidatos en noviembre.
Así le fue en Córdoba. Después de pedir un voto leal, incondicional, con las políticas neoliberales del macrismo (aunque macrismo sin Macri) y criticar el no alineamiento (ni M ni K) de los cordobeses en el Congreso, recibió una contundente respuesta:
“Otra vez un porteño mentiroso viene a opinar a Córdoba sobre cómo debemos actuar los cordobeses”. Esta frase es mucho más que un cruce ingenioso y efímero entre candidatos en campaña. Es un concepto que encierra una profunda significación histórica y política. Todas las provincias, es decir todo el país está harto del centralismo porteño. No es casual que hace poco el gobernador de Formosa calificara a los porteños de vagos que viven de la producción del interior.
Pero no son sólo los porteños. Son más de doscientos años de dominación del puerto que supo armar aliados en las provincias.

Arjol contra los pequeños yerbateros
En Misiones se entiende con toda claridad en los va y vienes de la economía yerbatera.
El diputado y representante de los productores, Julio Petterson, denunció la semana pasada que Corrientes “tiene un compromiso de plantar 10 mil hectáreas el año que viene, subsidiadas por el mismo Estado provincial. Nosotros preferimos tener diez mil hectáreas plantadas por nueve mil productores y no diez mil en manos de tres o cuatro. Por otro lado, empezaron a aparecer nuevos productores que no vienen de la actividad yerbatera. Tenemos tenistas, futbolistas, grandes corporaciones económicas que vieron como negocio la actividad yerbatera, empezaron a comprar tierras y empezaron a plantar 100, 200, 300…, hasta 1000 hectáreas plantaban por año y eso nos preocupa”.
Es el diseño que respalda el candidato Martín Arjol, que el mismo día en que los misioneros lograron que el INYM limitara las plantaciones, no dudó en sacarse una foto con el gobernador Gustavo Valdés. Es la ideología de la Fundación que preside y que es financiada por el libalismo alemán.
La yerba desnuda posicionamientos concretos. No hay verso ni declaracionismo cuando se defiende la eficiencia y competitividad como dogmas. “Los productores chicos deben desaparecer”, decían con convicción liberal los funcionarios de Mauricio Macri.

Quiénes son los antiderechos
“Pongamos en evidencia quiénes son los que ya electos o pretenden serlo tratarán de avanzar contra esos derechos”, dice la proclama de las Organizaciones sociales y sindicales que rechazaron el proyecto antipopular de JxC.
“Ya hemos visto el daño hecho a las familias argentinas a las pymes a la industria nacional a la economía toda y a la infelicidad a la que han obligado a vivir a la mayoría de nuestro pueblo empobrecido como pocas veces se ha ocurrido en nuestra historia. Ellos no deberían ser electos como representantes del pueblo de nuestra provincia, que no quiere perder más ninguno de sus justos derechos sociales”, dicen contundentemente.
Hacen referencia a los diputados nacionales de Cambiemos Alfredo Schiavoni y Luis Pastori, al que aspira a reemplazar el radical Arjol en diciembre, que están impulsando la ley para facilitar el despido de los trabajadores por parte de las empresas eliminando las indemnizaciones.
Pero el que avisa no traiciona. JxC expone a la luz del día sus criterios ideológicos.
Con la convicción de que han ganado la batalla cultural, se muestran como son: un bloque de corte neoliberal que plantea con toda sinceridad esas iniciativas antipopulares, del mismo modo en que defienden los lineamientos de las políticas económicas que impulsó Macri durante su Presidencia, con una reforma impositiva que significó la quiebra de miles de Pymes, el endeudamiento del país, la pérdida de millones de puestos de empleo, el crecimiento de la pobreza y la disparada de la inflación, que de un promedio de 25 puntos anuales que tenía con Cristina Fernández a los 50 puntos anuales a los que se llegó en 2018 y 2019 y que hoy, no se puede combatir por el estado de quiebra en que quedaron la administración pública y las empresas.

La UCR ya juega la interna con el PRO
Circuló ayer un estudio que trabaja la relación entre política, economía e inflación.
Se observa como dato para elaborar una hipótesis que en las grandes crisis monetarias están vinculadas a los gobiernos radicales, o con influencia de los cuadros del radicalismo. Aunque haya que indagar en las causas y efectos, no se puede negar que la hiperinflación se registró en el gobierno de Raúl Alfonsín, la implosión de la convertibilidad y la gran devaluación de principio de siglo fue generado por la anomia del gobierno de Fernando de la Rúa y el pico del 50% se volvió a registrar en el llamado “tercer gobierno radical” de Macri.
El dato fue deslizado desde el PRO que ya está en disputa con la UCR por las candidaturas de 2023. Las movidas en los grandes distritos como la provincia de Buenos Aires, con Facundo Manes, Lousteau en la CABA y Cornejo en Mendoza, tienen vasos comunicantes con la alianza que tejieron en el nordeste, el gobernador Valdés con Arjol.
Esa alianza, que para los misioneros revive la voracidad de los correntinos que se opusieron en el siglo XIX a la declaración de Misiones como territorio nacional y en los 50 del siglo XX a la provincialización, se sostiene en esa pulseada partidocrática al interior de Cambiemos ya que su esencia impide la elaboración de un proyecto bien misionero.
El discurso, fundado en las promesas de gobernar en 2023, se enfrenta a la gestión del Frente Renovador, que tiene hoy se expresa en las administraciones de los intendentes, como Lalo Stelatto y de Oscar Herrera Ahuad en la provincia.
El neoliberalismo no puede debatir de educación ni de salud pública, por el desastre que hicieron en los cuatro años de gobierno de Macri. Tampoco puede hablar de obras públicas que fueron desfinanciadas y paralizadas entre 2016 y 2019. No pueden hablar de administración del Estado porque deben confrontar el equilibrio fiscal de Misiones con el endeudamiento criminal que dejó Macri. No pueden debatir de innovación tecnológica ni del silicon, ni del polo tic.