Hace un ratito, no más, a las 19:10 de hoy jueves 26, a través de una de las habituales teleconferencias de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en conversación con el presidente de Parques Nacionales, Carlos Corvalán, dejó inauguradas obras en el Parque Iguazú. Molestó la familiaridad en el tratamiento. “Charly” de aquí “Charly” de allá. Molesta y ofende el trato que le dispensó la presidenta. . Molesta y ofende el desparpajo del funcionario nacional.. Vestido allí, en nuestras cataratas como si fuera un conquistador. Un usurpador. Corvalán, o Charly si se prefiere, es el mismo que en el sitio web de Parques Nacionales, admite que es un territorio “tomado” por el Estado nacional. Y contra las normas constitucionales y el espíritu del federalismo argentino, afirma que Parques tiene jurisdicción sobre nuestras tierras.

La presidenta legitima la usurpación. No debería. Debe saber que Misiones, como Estado anterior al nacional, está en conflicto con la Administración de Parques que rechazó, con el aval del Ministerio de Turismo de la Nación, los alcances de la ley de creación del Parque Fluvial Iguazú hace cuatro años.  Es entonces el Gobierno de la Nación el que sigue insistiendo, a través de su Ministerio de Turismo que el río Iguazú pertenece a Parques Nacionales, violentando el espíritu de la Ley misionera que fue sancionada por unanimidad y cuenta con el apoyo de todo el arco de representación política.  El río Iguazú no sólo pertenece por historia sino por antecedentes ancestrales a los territorios misioneros, también nos pertenece por cercanía a todos los ciudadanos de la Provincia. Aquí sabemos que el Parque Nacional Iguazú es una jurisdicción creada por un decreto de facto y que ha quedado en el tiempo y no se condice con lo que ha ocurrido después, por caso la reforma constitucional que reconoce a toda la Provincia el dominio originario de los recursos naturales.

El conflicto está a resolución de la Corte Suprema. El gobierno nacional insiste que “el río Iguazú seguirá perteneciendo al Parque Nacional. Como sostiene el poder político misionero, Parques Nacionales jamás podría tener jurisdicción sobre los ríos; primero porque los ríos son de dominio público, del Estado provincial y además porque todas esas hectáreas fueron cedidas por particulares a Parques Nacionales y ningún particular podría haber cedido algo de lo que jamás fue dueño. Un particular jamás podría haber sido dueño del río, sería un precedente catastrófico que los particulares puedan ceder terreno y que involucre también la propiedad sobre el río porque estaríamos desnaturalizando el derecho de fondo, el derecho que está basado en el Código Civil.

Cabe recordar, en este sentido que en 1907, las tierras del Iguazú fueron vendidas en remate público, quedando la parte septentrional en manos de Domingo Arrayagaray y la meridional, propiedad de Martín Errecaborde. Recién en 1928 la Nación compró las tierras de Arrayagaray con destino a Parque Nacional y Zona Militar. El 1º de enero de 1935, el Gobierno Nacional dispuso la creación del “Parque Nacional Iguazú” en las tierras adquiridas en 1928. Y aquí la observación de nuestros constitucionalistas, cobra centralidad argumentativa para refutar las pretensiones del Parque de apropiarse del río.