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“Gobernabilidad, con gobernabilidad se paga”. (foto: Internet)

El Gobernador de la Provincia firmó hoy un convenio por el cual el gobierno nacional se dispone a devolver a Misiones el 15% que se descuentan de los recursos coparticipables desde 1992 y el 1,90% que se enajenaban desde 2001. La fórmula “gobernabilidad con gobernabilidad se paga”, se encuentra en la base del acuerdo. Es cierto que la Provincia renuncia a presentar ante la Corte Suprema el reclamo por la inconstitucionalidad de los descuentos, pero el Estado nacional inicia la devolución escalonada del 3% anual en los próximos cinco años. La caída del Pacto Fiscal de 1992 y la derogación del decreto de 2001, los dos impuestos por Cavallo, tienen una profunda significación política. De acuerdo con estimaciones hechas por el ministro Safrán en febrero pasado, los recursos enajenados representaban a valores de hace cuatro meses, unos 200 millones de pesos por mes.

Posadas (martes 17 de mayo). El Gobernador de la Provincia anunció hoy, a través de twitter la firma del convenio con el Estado Nacional, que permitirá una progresiva recuperación del 15% de los recursos coparticipables que fueran enajenados en 1992 a través de los famosos Pactos Fiscales que imponía la conducción económica de Cavallo y del 1,90% de los descuentos decretados por el gobierno de Alianza en noviembre de 2001. Los fondos recaudados por esos descuentos estaban destinados a financiar la seguridad social y después de la aparición de la AFJP a sostener las jubilaciones que quedaban afuera del negocio financiero de las Administraciones.

La firma del convenio no implica una concesión de parte de la administración nacional, ni revela improntas federalistas. Es que tiene como antecedente el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declaró inconstitucional esa detracción de la masa de impuestos coparticipables que el Gobierno nacional quita a las provincias desde 1992 y 2001. Fue a instancias de juicios iniciados por las provincias de Santa Fe y San Luis, en 2006 a las que se sumó el reclamo de Córdoba.

El fallo se dio a conocer dos días después de la consagración de Mauricio Macri en el balotaje, se interpretó como un mensaje al nuevo presidente. Cristina Fernández de Kirchner emitió entonces un decreto por el cual se derogaban los descuentos a todos los distritos. Macri, a través de otro DNU anuló ese decreto de CFK lo que movió a los gobernadores en un principio a empujar también sus reclamos ante la Corte.

Aquí, el fiscal de Estado llegó a tener preparada la presentación de la Provincia ante la Corte cuando la conducción política de la Renovación bajó línea de hacer respetar la soberanía de los pueblos expresadas en la consagración del gobierno nacional tanto como del gobierno provincial.

Los convenios, en consecuencia, materializan las relaciones de mutuo respeto entre los gobiernos de la Nación con los provinciales. Relaciones que el gobernador Passalacqua resumió en la consigna “gobernabilidad con gobernabilidad se paga”.

En el histórico fallo, la Corte argumentó que el descuento establecido por el gobierno de de la Rúa, acosado por la implosión de la convertibilidad, no hubo de tener la expresa autorización del Congreso como establece la  Constitución, que no permite que el Poder Legislativo delegue al Ejecutivo la facultad de establecer y modificar una asignación específica de recursos coparticipables.

En el caso de la deducción por el Pacto Fiscal de 1992, el alto cuerpo del Poder Judicial determinó que  dejó de tener sentido en octubre de 2008, al re-estatizarse los aportes del sistema jubilatorio.

En las asimétricas relaciones de la Nación con la provincia, la caída del Pacto Fiscal que imponía Cavallo y la derogación del decreto de De la Rúa, otra vez de la mano del mediterráneo, tienen una significación política.  Macri tiene la lapicera, se dice en la jerga de la política, pero las provincias tienen su representación en el Congreso de la Nación. Son fuerzas para nada equivalentes, pero a fuerza de acuerdos, como votar  para abrir la negociación con los fondos buitres, las dos partes se ven obligadas a dialogar.

De acuerdo con el cálculo llevado a cabo por las consultora Economía & Regiones, del hoy ministro del Interior, “la restitución por el 15 por ciento de la coparticipación aprobada a las tres provincias significará un costo fiscal (neto de intereses) de 29.489 millones de pesos para el Gobierno Nacional”. Asimismo, “para 2016 dejaría de disponer de unos 16.552 millones de pesos.

El fallo de la Corte,  exige también que haya un diálogo institucional para que se reglamente un nuevo Pacto Federal Fiscal, y así se llegue a un nuevo régimen de distribución de recursos entre el Gobierno nacional y los gobiernos provinciales. La nueva ley de coparticipación federal, exigida en el artículo 75 inciso 2 de la Constitución nacional, se viene postergando desde hace más veinte años. Así, el fallo de la Corte obliga a al presidente Macri a sentarse a negociar con los gobernadores de las 24 provincias un nuevo sistema de distribución de recursos, algo que hasta el fallo de la Corte parecía un escenario casi imposible.

De acuerdo con estimaciones formuladas por el ministro de Hacienda de la Provincia, en febrero pasado, el 15% que la Nación trae para la Anses significa en promedio 150 millones de pesos, y la detracción del 1% para la autarquía de la Afip, son 50 millones de pesos; entre los dos son cerca de 200 millones de pesos por mes.

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