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La ética para los otros.

La hipocresía del discurso político de la antipolítica quedó al desnudo: el secretario general de la Asociación del Personal de Organismos de Control, Héctor Díaz, invitado por Germán Bordón, se sumó al proyecto de reforma del Tribunal de Cuentas que promueve la UCR para reclamar nombramientos y ascensos por concurso, pero se quedó sin palabras cuando les advirtieron que en ese caso todos los agentes deberían revalidar sus nombramientos en los mismos concursos. La ética para los otros.

Posadas (Miércoles 8 de junio) La hipocresía del discurso político de la antipolítica quedó al desnudo en los debates de comisión en el Parlamento misionero. Ayer, en Asuntos Constitucionales, el secretario general de la Asociación del Personal de Organismos de Control, Héctor Díaz, invitado por Germán Bordón, fue víctima de su propia prédica en favor de la transparencia. Se sumó al proyecto de reforma del Tribunal de Cuentas que promueve la UCR para reclamar nombramientos y ascensos por concurso, pero se quedó sin palabras cuando se advirtió que en ese caso todos los agentes deberían revalidar sus nombramientos en los mismos concursos. La ética para los otros.

Concursos para todos
En su respaldo al proyecto de la UCR, Díaz dijo: “con respecto a los concursos del personal del Tribunal de Cuentas, en lo que se refiere a incorporación y ascensos realmente a nosotros como gremio nos viene muy bien. Porque tenemos tremendos problemas con éste tema, de gente que baja con paracaídas que se incorpora o asciende meteóricamente. La Constitución establece un principio de concurso, nuestra Ley orgánica y nuestro reglamento también hablan de ello. Pero habla de “preferentemente podrá llamarse a concurso”. Además hay una legislación muy importante que es la Convención Internacional contra la Corrupción, que prevé que se tienen que tener mecanismos selectivos.
Losada: Disculpe ¿ustedes entraron por concurso?
Díaz: no, ninguno de nosotros entró por concurso. Generalmente…
Losada: Yo le pregunto eso porque muchas veces cuando se dice que no se entró por concurso corresponde que se tome concurso, para ratificar el cargo. Porque realmente si es tan importante la transparencia en el ingreso debería también ser transparente la permanencia. Porque puede haber gente que mejore mi condición. Ese es un problema que tenemos hoy en un momento donde hay mucho ajuste y mucha gente pierde el empleo. Y ustedes como gremio deberían entender básicamente el derecho laboral. Yo entiendo que es importante la transparencia, pero habiendo gente que no entró por concurso, aplicarlo sesgadamente condiciona directamente a la gente que viene y en realidad tiene más ética plantearse cosas que uno se puede imponer. No estoy hablando de ustedes en particular, sino que éste tipo de normas después no ponen que se ratifique el concurso de los que están en ejercicio. Y quiebra la igualdad ante la Ley, y ciertamente la quiebra.
Fue cuando irrumpió Mauricio Figueredo para pronunciar el poco afortunado comentario de que durante la dictadura el Tribunal de Cuentas era más democrático porque las designaciones eran por concurso, tal como se informa en nota aparte. Allí, entre los diputados presentes estaba Héctor Escobar, preso político desde 1976 hasta 1983. Uno de los tantos que no pudo participar en los concursos de la intervención militar.
La absurda doctrina Bonadío
Inspirados quizá en la doctrina Bonadío que, llega al absurdo de atribuir al Poder Judicial la facultad de determinar no la legalidad sino la legitimidad de las políticas económicas, el proyecto de la UCR pretende dotar al Tribunal de Cuentas de atribuciones que son del ámbito de las decisiones políticas. Díaz fue claro en su exposición en la comisión. Dijo con todas las letras: “sin dudas el control legalidad es necesario, pero no es suficiente. Porque el control también tiene que ver los resultados, de los objetivos de las políticas públicas. Un control que solamente se limita a la legalidad, no sirve a la sociedad. Es un reaseguro del cumplimiento de las políticas públicas que exista un control de gestión. Por ejemplo si hablamos de los comedores escolares, si nosotros nos limitamos a controlar los gastos solamente en los legajos de rendición, estamos haciendo un control necesario. Pero si dejamos de ver a los comedores escolares realmente en el campo, analizando como prestan éstos servicios y que grados de satisfacción tienen esos sujetos de derechos que reciben asistencia, puede darse que el control de legalidad esté perfecto pero en la realidad ocurra otra cosa. Es decir que la política pública no llega a su resultado esperado. Por esa razón el control de la gestión nace del sentido común…”
Más claridad en la lógica de la antipolítica imposible. No es improvisado. Forma parte del embate de los poderes fácticos a través del Poder Judicial contra la política como expresión de la soberanía popular que se ejerce a través de la delegación en representantes.
Quizá sin darse cuenta, Díaz desnudó las intenciones del proyecto que en su redacción aparecen ocultas. El abogado, el contador, agentes del Tribunal de Cuentas, se convierten así en intérpretes del “sentido común”. Se suma, el proyecto, a la ola del discurso tecnocrático y gerencial que sustenta la práctica política de Mauricio Macri.

Contra la eficacia del Estado
Pretende a la vez, y demagógicamente, aprovechar la prédica del poder dominante a través de los medios hegemónicos para vincular todo intento de modificar progresivamente la distribución del ingreso con prácticas de corrupción. En los pesos y contrapesos que ya existen en el sistema republicano de gobierno la UCR, si se revisan sus proyectos en Cámara, siempre pone el acento en limitar la capacidad de acción del Estado y no en respaldar su eficacia, categorías en tensión en cualquier gobierno del Mundo. Lejos de las preocupaciones que derivan de la gestión termina alimentando las dos fuentes de malestar frente a la política que siembran los poderes fácticos: los que demandan ética pública y moralización frente a la corrupción y los que rechazan toda política y piden despolitizar la política para que domine la economía y un mercado sin interferencias de la propia política.
La UCR pos Raúl Alfonsín parece haber abandonado la perspectiva sociológica, para la cual un elemento fundamental de la corrupción son las empresas, pues son las constructoras sociales de los mercados desregulados y, además, del monopolio y del oligopolio. En la transición iniciada en 1983, las formas neocorportivas de intereses que cristalizan formas de inclusión o bien de exclusión, fueron objeto de elaboración teórica y práctica, con éxitos y fracasos como la reforma sindical. Decía Alfonsín que la forma oligárquica o sistémica de la corrupción es la que aprovecha la violencia generadora de mecanismos de exclusión de competidores en los mercados. Hay un concepto de corrupción mundialmente reconocido tras la sencilla fórmula: corrupción = monopolio + discrecionalidad – responsabilidad.

Creación de organismos
El proyecto de reforma de la ley orgánica del Tribunal de Cuentas se propone también crear delegaciones en el interior y extender las responsabilidades de control a las empresas y sociedades del Estado provincial y municipal. El diputado Juan Pablo Ramírez que es funcionario en licencia del organismo de control, intervino para precisar que las reformas propuestas en el proyecto de la UCR determina la modificación el artículo 24 de la ley orgánica, cuando en realidad estaban hablando de otro artículo con incisos. Gustavo González le restó importancia al error, lo que aprovechó el diputado renovador para señalar cierta liviandad en la redacción del proyecto.
En la sesión del martes 7 no se volvió a tratar otro proyecto, de autoría de Trabajo y progreso, que propone crear una Oficina Anticorrupción en la Provincia. Todo parece indicar que la iniciativa no tiene viabilidad ya que demandaría una reforma de la Constitución Provincial que adjudica la función de control al Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Estado cuyos titulares son nombrados por acuerdo de Cámara.
Pero más allá de este inconveniente, digamos institucional, es conveniente recordar que el Banco Mundial, en un informe de 2004, alerta sobre la creación de organismos de control supra instituciones republicanas. Aun reconociendo la importancia de dichos organismos analiza las experiencias de Hong Kong y Singapur, que fueron permeables a presiones internacionales, para señalar que pueden representar un riesgo para la vida democrática al ser vulnerable a intereses políticos, cometiendo abusos y violando la vida privada de los ciudadanos. Pareciera un informe sobre la actualidad argentina.
La multiplicación acrítica de instituciones ha llegado al punto que, pensadores como John Hielbrunn, de la confusión en la categorización de la experiencia del Estado Nacional Argentino. Este autor, en ese informe del Banco Mundial del 2004, ubica a la Argentina inscripta en dos sistemas de control de la corrupción tan disímiles como son el “Universal Model”, al revisar la experiencia de la Oficina Anticorrupción como así también, dentro del modelo “Múltiple-Agency” al corroborar la existencia de diferentes agencias repartidas en todo el entramado institucional de control.
Atento a estas impresiones, estudios de especialistas de la Universidad de Rosario, sostienen que “si recordamos el proceso de reforma constitucional sumado a la creación de organismos especiales de combate a la corrupción, se puede constatar que en la Argentina ha surgido una confusión tal que, a través del Aparato Anticorrupción del Estado, se ha implementado un esquema híbrido de estrategias institucionales de control de la corrupción, desarrollando instituciones propias de un enfoque de agencia individual (como lo es la OAN) entrecruzada con instituciones de enfoque de agencias múltiples (Procuración del Tesoro, Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Comisión Nacional de Ética Pública –aún no constituida-). Lo cual no representa una única contradicción, pues se toman instituciones propias de un régimen democrático con fuerte cariz presidencialista y se las pone en convivencia con otras propias de los regímenes parlamentarios. Como consecuencia lo que en principio, podría interpretarse como una integración conceptual, en la práctica resulta ser una fragmentación del poder de cada una de las instituciones”.

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