El diputado y dirigente sindical Ramón Velázquez presentó hoy un proyecto de ley para que el Estado provincial deje de retener, en los salarios de los agentes de toda la administración, el impuesto a las ganancias sobre las remuneraciones adicionales de todo tipo. En un acto celebrado en el Salón de las Dos Constituciones del parlamento, al que asistieron varios sindicatos, sostuvo que hay antecedentes que avalan la decisión que –consideró- es netamente política y no jurídica. Disertó Juan Pablo Ruiz, autor del libro “El Salario no es Ganancia” quién afirmó que el anuncio de Macri en febrero fue una gran decepción.

Posadas (Miércoles, 10 de agosto) En un acto celebrado en el Salón de las Dos Constituciones de la Cámara de Representantes se convocó hoy al gobierno provincial a rebelarse en contra del impuesto a las ganancias que el Estado provincial retiene de todos los salarios de la administración central, organismos descentralizados y entes especiales.
Fue en el marco de la presentación de un proyecto de ley presentado por el diputado del partido de Moyano, Cultura, Educación y Trabajo, Ramón Velázquez, que es también dirigente del gremio local de camioneros. La iniciativa propone considerar “no integrantes de la base imponible del gravamen del impuesto a las ganancias, las remuneraciones adicionales por dedicación funcional, responsabilidad jerárquica, viáticos, movilidad, gastos funcionales de autoridad superior, dedicación horaria o exclusiva, horas extras, desarraigo, indemnización por traslado, sueldo anual complementario y otros conceptos de similar naturaleza y significado”.
El acto contó con la participación de numerosos gremios y la disertación del abogado Juan Pablo Ruiz, docente de la Universidad de Córdoba que hubo de asesorar en legislación laboral a las centrales sindicales y conocido por su obra “El salario no es ganancia”, que ya lleva cinco ediciones.
¿Puede una provincia legislar para cambiar normas nacionales? El interrogante formulado por contadores y dirigentes sindicales tuvo una respuesta categórica: “es una decisión política”. En ese sentido, el abogado laboralista hizo referencias a cuatro “rebeliones” anteriores en contra de la institución. La primera –recordó- fue la de Néstor Kirchner cuando era gobernador. Fue casi obligado ya que en Santa Cruz el 85% del salario es por zona desfavorable. A su criterio, como el gravamen está mal aplicado, la AFIP no apeló la medida. Consideró también como rebelión la acordada de la Corte de Menem cuando forzó la interpretación de la Constitución para eximirse, seguida por la réplica en los Tribunales Superiores de las provincias y después por el sindicato de judiciales. Mencionó también eximiciones especiales como la lograda por el sindicato petrolero en Chubut. “Si el Estado misionero se rebela –subrayó- sería un antecedente importante en la lucha contra el gravamen que no es constitucional”. Y formuló la pregunta retórica: “¿Se animará la Afip a litigar contra la Provincia cuando corre el riesgo de perder todo?”
Destacó que la Constitución está del lado de los trabajadores ya que “gravar el salario –explicó- no cumple ninguno de los tres elementos esenciales de un tributo. Primero, no existe el nacimiento de la obligación porque no se configura el hecho imponible. Segundo, el Estado viola el procedimiento que la ley fija para determinar quién paga (el sujeto pasivo del impuesto) y tercero, tampoco respeta la forma de determinar cuánto se debe pagar. Las obligaciones tributarias tienen tres elementos esenciales: vínculo (hecho imponible), sujeto pasivo y monto. Este impuesto no cumple ninguno”.
También sostuvo que es “ilegal que la ley del tributo no permita el ajuste por inflación, como sí lo hace para los balances de las empresas. Además, el Estado –enfatizó- infringe la propia ley del impuesto que dice que es su obligación actualizar una vez al año todos los elementos del tributo, no sólo los mínimos, sino sobre todo las tablas de alícuotas”
Recordó que fue impuesto por Perón en 1973, para evitar la evasión ya que las empresas, antes de cerrar las ganancias en sus balances distribuían los dividendos entre los accionistas y directivos como “rendimiento” o como “renta”.
En este sentido, la fundamentación de la ley Velázquez, recuerda que en el ordenamiento de la ley nacional, se determina que “a los efectos de esta ley son ganancias, sin perjuicio de lo dispuesto especialmente en cada categoría y aun cuando no se indiquen en ellas. En los rendimientos, rentas y enriquecimientos susceptibles de una periodicidad que implique la permanencia de la fuente que los produce y su habilitación”. O sea que el hecho imponible son: rendimientos, rentas, beneficio o enriquecimiento; su periodicidad y por la permanencia de la fuente que la produce. Es decir que la ley no menciona al salario que es un instituto diferente.
En breves declaraciones a misionesplural, el diputado Velázquez se mostró optimista por la acogida que tendrá la iniciativa en la Cámara de Representantes, aunque aclaró en el acto que demandará tiempo de debate en comisiones, a los que invitó a los sindicalistas a participar.
Al repasar la historia del gravamen, Ruiz afirmó que los anuncios formulados por Mauricio Macri en febrero, merecieron en principio un aplauso, pero después de leer la letra chica se comprobó que fue una gran decepción.

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