La oposición de Rovira al decreto de Macri que facilita la venta de tierras productivas a extranjeros ayuda a interpretar en su real sentido la actitud colaborativa con el gobierno nacional dispuesta por el conductor de la Renovación en función del respeto al pronunciamiento popular y la institucionalidad. A la vez produce una tajante divisoria en el tablero político. De un lado el PRO y la UCR, que ya cruzó el Jordán, defendiendo a los grandes inversores sojeros, multinacionales y fiduciarios, del otro los partidos populares que consideran a la tierra un recurso natural y estratégico, de dominio de las provincias para un desarrollo a escala humana.

Por Carlos D´Onofrio

Posadas (Viernes, 26 de agosto) Como se informa en nota aparte, el parlamento misionero se pronunció anoche en contra del decreto del presidente Mauricio Macri que elimina el límite a la “extranjerización” del suelo productivo. El nudo del debate pasó por la interpretación de la significación política del decreto. Aunque los parlamentarios se cruzaron en defensa de las atribuciones del Presidente y del otro lado poniendo en dudas la constitucionalidad del decreto, la sustancia no estaba en lo jurídico sino en lo político. El Frente Renovador, el Agrario y Social, el alfonsinismo radical de Vanguardia y las tres vertientes del justicialismo, interpretan que Macri viola el espíritu de la Ley sancionada en 2011, cuando sustituye el interés nacional por el de los negocios y al otorgar protagonismo a las inmobiliarias vinculadas a inversores internacionales. Concretamente, la Cámara de Representantes aprobó una comunicación a los legisladores nacionales de Misiones para que sumen a las movidas en contra del decreto 820 que modifica la ley nacional que establece un régimen de protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales. Ver crónica de Raúl Puentes
Cruzaron el Jordán
Las dos posiciones quedaron claramente establecidas en las exposiciones de los diputados Vogel, Escalada y Sereno que, en consonancia con la prédica del Papa Francisco, consideran a la tierra, al bosque y al agua, como recursos naturales estratégicos para el desarrollo sostenible. La exposición de Ratier Berrondo, del PRO, se encuadró más en lo jurídico para defender las atribuciones presidenciales, pero lo dijo todo cuando afirmó que apoyaba el decreto. Mientras, los diputados de la UCR se hicieron notar por en un estruendoso silencio. Debe ser la primera vez en el año que Bordón no habla para bajar línea. Fue, a todas luces, un indisimulable respaldo vergonzante ya que destruye la trayectoria de luchas de la UCR que, desde Yrigoyen a la fecha debe ser la primera vez en la historia que se para en la vereda opuesta de la Federación Agraria. Todo un dato. Se puede decir que anoche cruzaron el Jordán.
El dominio es de las provincias
La intención de Macri, coherente con el rumbo que imprime a su gobierno pareciera que es parte de la idea de insertar al país en el mundo, aprovechando las ventajas comparativas exportando materias primas y recursos naturales. El granero del Mundo convertido en el Supermercado del Mundo. Pero mientras la reforma del decreto entusiasma a los agro-negocios y a los capitales especulativos y preocupa a los pequeños productores, a la vez presiona a las provincias para que definan “equivalencias”, en alusión a los límites de hectáreas que se pueden adquirir en cada distrito. “En caso contrario, el decreto advierte que el Consejo Interministerial de Tierras Rurales “fijará las equivalencias”.
Hebe diría: “para la mano Macri”. El proyecto misionero para el agro, que tiene la aprobación de todo el arco de representación política, se basa en un modelo de provincia inclusiva, que tiene como motor al trabajo en las chacras para la soberanía alimentaria y por lo tanto reivindica la integración territorial con sustentabilidad humana y ambiental.
Pero no es sólo cuestión de modelo productivo. El decreto mete presión a las provincias y amaga con volver a una situación pre-organización nacional. Es cierto que el avasallamiento estaba presente en el articulado de la Ley de Tierras, pero fue subsanada en la reglamentación. Precisamente en el decreto que ahora se modifica.
En el debate fue mencionada varias veces la de soberanía energética elaborada por Rovira en 2011. Concretamente esa Ley, que vale recordar tuvo el apoyo de todo el arco opositor, se refería a la generación de ingresos financieros propios y genuinos con la explotación del recurso hídrico. Pero en los fundamentos de entonces se encuentra el hilo conductor del rechazo al decreto 820 de Macri. Ya entonces, Rovira observaba que “la reforma constitucional del año 1994 ha considerado pertinente establecer de manera explícita que, en la órbita de los recursos naturales el dominio originario de los mismos les pertenece a las provincias (artículo 124, in fine)”.
La Reforma constitucional de 1994 optó y definió una cuestión controvertida hasta entonces: la pertenencia de los recursos naturales a la Nación o a las provincias. A partir de esa decisión a favor de los estados provinciales, los constituyentes crearon dentro de nuestra Carta Magna una concepción integral de los recursos naturales, como una novedad jurídica adaptada a los nuevos tiempos, e instalando un equilibrio de facultades y capacidades entre la Nación y las provincias, en un balance que supone un marco jurídico amplio y claro de política constitucional. Y Rovira, se adelantaba a la disputa dogmática en cuanto al alcance del significado de “dominio originario”. Sus fundamentaciones estaban enmarcadas en el entendimiento de que cualquier estudio sobre el significado a nivel constitucional, debe tener como marco de referencia la finalidad política de la reforma.
Por eso, el conductor de la Renovación subrayaba que la potestad que define la reforma de 1994, ya competía a las provincias. Enfatizaba: “aún con anterioridad, toda vez que surgía de manera implícita que los recursos naturales no había sido materia delegada a la Nación.”
No obstante considera que “la práctica institucional había puesto de manifiesto una conducta constante de las autoridades nacionales lesiva de la competencia provincial en la materia. Este accionar inconsulto y contrario a la ley fundamental de parte de la Nación, consistió en arrogarse el ejercicio de funciones en materia de recursos naturales ubicados en territorio provincial. Este inadecuado manejo de atribuciones produjo muchas veces un vaciamiento del dominio provincial sobre dichos recursos y la afectación ambiental, que en las mayorías de las veces ni siquiera eran compensadas por la Nación. La constitución de 1994 estableció la medida expresa para que no se discuta quien es el titular del dominio.
El ejercicio jurisdiccional
Se adelantaba también Rovira a las interpretaciones que consideran, como lo hace ahora la Presidencia que el “dominio originario” no implica, necesariamente, ser titular de toda la jurisdicción sobre los recursos naturales por parte de las provincias. Siempre sostuvo Rovira que “tampoco resulta factible desconocer a quien le compete el ejercicio jurisdiccional, conforme el principio fundamental según el cual la jurisdicción se deriva del dominio y por lo tanto su ejercicio le compete a quien es su titular, salvo que la ley establezca lo contrario para casos particulares y con carácter excepcional”.
Refuerza su posición misionerista al recurrir a los principios generales. Observa que “la división de competencias entre la Nación y las provincias surge de la aplicación del artículo 121 de la Constitución Nacional, conforme al cual las provincias conservan todo el poder no delegado a la Nación. Es decir que la Nación posee una competencia de excepción, ya que ella debe resultar de una delegación expresa, hecha a su favor por parte de las provincias”
Esos fundamentos jurídicos son los que subyacen en la decisión del Frente Renovador de sumarse a la movida para que Macri de vuelta atrás con el decreto de tierras.
El mismo diputado Vogel, un moderado al extremo, valga el oximorón, dejó claro en el debate cuando para una aclaración le volvieron a habilitar la palabra y enfatizó que no está en ánimo de los diputados renovadores entorpecer la gobernabilidad del Presidente, pero que hay temas en los que sus convicciones deben defenderse con la libertad de expresar las diferencias.

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