En pleno debate por los incrementos de las tarifas de electricidad se conoció ayer que el Estado nacional debe a Emsa 1.250 millones de pesos por el fallido Programa de subsidios con el que el gobierno anterior se propuso nivelar tarifas en todo el país. Mientras, el diputado Kreimer sumó otro proyecto para atender la coyuntura y bajar el precio de la luz en la provincia. Demanda compensaciones por nuestra exclusión de las redes de gas natural.

Posadas (viernes, 2 de junio) La tarifa del servicio eléctrico en la provincia y en el país es una de las preocupaciones comunes para las familias, las empresas y la dirigencia política. Si se revisan los diarios de provincia se encontrarán quejas recurrentes contra las prestatarias como sucede aquí. Emsa se ha convertido en tema electoral.  Desde las oposiciones apuntan a la administración de la empresa y se la acusa de deficitaria por causas que, en definitiva culpabilizan al sindicato de Luz y Fuerza, aunque pocos se animan a ponerle nombre y apellido. Desde otro lado se hace hincapié en la interconexión con el sistema nacional, que lleva al absurdo de comprar energía  que se produce aquí en la represa de Yacyretá. Buenos Aires nos vende nuestra propia energía. Pero, las posiciones extremas, exacerbadas por las campañas electores, siempre tienen el riesgo de quedarse en la coyuntura.
Carlos Rovira en la Cámara de Representantes ha dado prioridad a la energía como factor imprescindible del desarrollo y hay varias leyes sancionadas en ese sentido, aún como la del aprovechamiento de la biomasa elaborada por el bloque de Trabajo y Progreso, a través un sistema, conocido como  “Balance neto”. Ya en marzo del año pasado, cuando los “tarifazos” o “sinceramientos” exaltaron los ánimos al punto que tuvo que intervenir la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rovira, que nunca se queda en la coyuntura, señalaba que “Argentina necesita de forma urgente nuevas formas de generación”  y destacó que en la última reunión sobre el cambio climático, donde participó se habló sobre el uso de las energías renovables y la necesidad de dejar de usar los combustibles productos de los fósiles. Consideró ya que “por la falta de oferta para satisfacer la demanda de energía en el país hay que abrir un debate serio y responsable sobre las cuestiones de energía y las formas de generación”. Fue cuando volvió a enfatizar que Misiones cuenta con dos recursos estratégicos como son el agua y la biomasa para resolver las cuestiones a largo plazo y valoró que la provincia previendo esto, abrió una Secretaria de Energía donde se estudian las posibilidades de generación en la provincia y en la región.

Kreimer tiene una fórmula para bajar tarifas de luz

Preocupados por la incidencia de las tarifas de luz en los hogares y también en las industrias, en las últimas semanas fueron varios los dirigentes que elaboraron proyectos para atender la particularidad de Misiones que no tiene gas natural como sustituto de electricidad, sobre todo en la industria y los comercios.
En la primera semana de mayo, se conoció una propuesta de Maurice Closs, para eliminar el Impuesto al Valor Agregado de la compra de energía eléctrica en las provincias que no cuenten con la red de gas natural. Presentó un proyecto de ley en el Congreso con el argumento de compensar las asimetrías internas, especialmente ahora que la Nación decidió que el Gasoducto del NEA no llegue a Misiones y Corrientes ver nota
Ayer se sumó un proyecto del diputado Víctor Kreimer que pretende eludir los engorrosos debates en el Congreso de la Nación y al mismo tiempo evitar las arduas discusiones cuando de bajar un impuesto se trata. Propone por eso que se sienten cara a cara en una mesa, sólo el gobernador de Misiones con el Presidente de la República para acordar una compensación en la tarifa, siempre bajo el fundamento de nuestra exclusión de las redes de gas natural. La novedad de la iniciativa del diputado del interbloque Avancemos, es que la rebaja de la tarifa surja de comparar el precio actual descontando la magnitud del perjuicio que sufre la provincia por estar excluida de la red de provisión de gas natural. Kreimer ve más sencilla esta negociación ya que el ministro Aranguren hubo de admitir la “desigualdad” cuando dijo que  “quienes no tienen gas natural pagan, al igual que el resto del país, los subsidios para que los usuarios de gas natural tengan gas barato para calefaccionar sus casas o para producir…quienes no tienen red de gas natural pagan más por el combustible sustituto”.
Esta línea de reclamos ya había sido manifiesta en las primeras gestiones que llevó adelante el gobernador Hugo Passlacqua apoyadas en marzo cuando Rovira reveló que el planteo al Presidente “forma parte de un pedido que ya hizo el Gobernador. Misiones es asimétrica respecto a todas las provincias, por eso pedimos una tarifa diferencial porque no pueden vender al mismo precio a Misiones que a Corrientes o a Buenos Aires, porque los peajes eléctricos por distancia son muy diferentes, eso hay que tener en cuenta”.

La Nación le debe a Emsa

En medio de estos debates, se conoció ayer un documento que revela que Emsa tiene acreencias por 1.250 millones de pesos con el Estado nacional. Es por el desfasaje de aplicar tarifas subsidiadas con fondos nacionales que nunca llegaron y los ingresos que se resignaron de haberse aplicado el contrato de concesión.
La deuda fue reconocida por las autoridades nacionales y  tiene partidas destinadas en el Presupuesto nacional. Se origina en el llamado Programa de Convergencia de Tarifas Eléctricas y Reafirmación del Federalismo en la República Argentina que estuvo vigente en los años 2014 y 2015.
Como su rimbombante nombre lo indica, el objetivo del Programa fue nivelar las tarifas en todo el territorio nacional ya que por entonces las provincias venían haciendo hincapié en la injusticia de aplicarse en Buenos Aires los subsidios más altos. Incluso, la multimillonaria Amalita de Fortabat, con domicilio en la avenida del Libertador, en un rapto de lucidez llegó a admitir que pagaba la luz con más subsidios que en el interior profundo.  El Programa daba respuestas así para terminar con asimetrías tarifarias dentro de las regiones y a nivelar las condiciones de acceso al servicio público de distribución. “Para que el esfuerzo que realiza el Estado nacional en materia de subsidios se vea reflejado en las facturas que pagan los usuarios de similares características socioeconómicas”, se argumentaba en la resolución.
Sin embargo, hubo casos de empresas provinciales de energía que se vieron perjudicadas por el Programa ya que establecía el congelamiento de tarifas durante 2014 y 2015, y no recibieron, como en el caso de Emsa,  los recursos necesarios y comprometidos en el Programa para afrontar mayores costos u obras pendientes. Una cosa es la idea en el papel y otra su aplicación.
En el documento elaborado por los técnicos de la empresa misionera, se calculan las acreencias que tiene Emsa por haber aplicado las tarifas determinadas por el Programa durante 2014 y 2015 comparando esas tarifas con los ingresos que hubieran correspondido de haberse aplicado el contrato de concesión. El desfasaje fue, en números redondos, de 517 millones de pesos en 2014 y de 733 millones en 2015.
La compensación está contemplada en el Presupuesto de la Nación y se corresponde con la política nacional de eliminación de los subsidios. Concretamente la Ley dispone compensar a distribuidoras provinciales por el congelamiento de tarifas al que se comprometieron en 2014 y 2015 con el anterior Gobierno nacional. La administración actual afirma que reconoce a eléctricas provinciales, estatales y privadas la diferencia entre lo que cobraron y lo que hipotéticamente pudieron haber cobrado en esos dos años sin congelamiento y según los contratos de concesión.
Esta disposición ya fue aplicada en los mayores centros urbanos y en lugares donde   empresas privadas son las que prestan el servicio. Hace unos meses, en noviembre,  medios de tirada nacional informaron que “el Estado nacional condonará deudas de distribuidoras eléctricas con Cammesa por el precio mayorista de la energía por más de 19.000 millones de pesos”. Por esa iniciativa, la principal beneficiaria es EPEC, la empresa pública de Córdoba, que acumula una deuda de más de $5.400 millones por la energía, y aun cuando ya había subido tarifas en 2016 y proyectaba un aumento del 29% para el año en curso. La medida además constituyó una discriminación con respecto a las eléctricas que están al día con Cammesa, y sentó un precedente: estas obligaciones pueden eludirse porque siempre se hace cargo el Estado nacional”. El anuncio generó una recordada polémica. Desde que se difundió la noticia se acumularon críticas por la iniciativa y los pedidos al Senado para que no la apruebe. Los diputados del bloque de Misiones votaron en contra en la sesión, y en ese mismo momento pidieron una compensación porque la provincia está al día con los pagos. Incluso el exgobernador Maurice Closs dio la nota al afirmar que se siente “un gil por haber pagado 8 años a Cammesa”. Sostuvo que “Misiones paga la luz que consume con un enorme esfuerzo de todos. Cuesta digerir que se premie a los que no pagaron sin reconocer a cumplidores. Más aún cuando ese regalo puede beneficiar a las más grandes empresas energéticas privadas de las zonas más grandes del país“.
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró días después de conocido el monto que beneficiaría a las empresas de Buenos Aires y Córdoba, que el Gobierno no decidió condonar las deudas de las compañías eléctricas, sino que incluyó “un artículo a la Ley de Presupuesto” que permite “cruzar datos” para determinar eventuales deudas entre el Estado y las distribuidoras.

Tarifas de Emsa entre las baratas del país

En este contexto, cabe rescatar un informe del orden nacional que en septiembre del año pasado daba cuenta que, objetivamente, que las tarifas de la luz en Misiones estaban entre las más baratas del país. Informe que se conoció cuando se armaban revueltas por el incremento que no se puede negar pero que responden a causas estructurales y a definiciones políticas del gobierno nacional. El gobierno nacional habla de sinceramiento de tarifas y no de aumentos porque éstos responden a la eliminación de subsidios. Es coherente con el diseño de las políticas económicas. Los subsidios son gastos para el Estado. Los conflictos se originan por el incremento en relación al incremento de los salarios.
Decíamos en setiembre que “los usuarios misioneros pagan uno de los servicios de luz más baratos del país de acuerdo con la lectura comparada de los importes finales de la categoría residencial hasta 250 KWh-mes. La tabla confeccionada por la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina derrumba el mito urbano instalado por los medios y partidos opositores. Los aumentos registrados en el año son generados en la decisión del gobierno nacional de eliminar los subsidios al servicio. EMSA de pagar 18 millones de pesos en enero pasó a pagar 72 millones después del cambio tarifario.

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