La Ley, en once años, no logró su objetivo: el relevamiento técnico-jurídico-catastral de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas. Su vigencia mantiene la “emergencia en materia de posesión y propiedad comunitaria indígena” y suspende los desalojos.

Posadas (Martes 19 de septiembre). La diputada Myriam Duarte también presentó un proyecto de Comunicación a través del cual solicita que los representantes de Misiones ante el Congreso promuevan la prórroga de la Ley 26.160 de creación del Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas.
Esta Ley, de 2006, buscó declarar la “emergencia en materia de posesión y propiedad comunitaria indígena” por cuatro años, tiempo en el que suspendía los desalojos por el plazo de la emergencia y disponía el relevamiento técnico-jurídico-catastral de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas. Las entonces senadoras Alicia Kirchner y Liliana Fellner impulsaron esta norma con el acompañamiento de la representación indígena.
La sanción de esta Ley, de avanzada, fue el primer paso para la reparación histórica a siglos de abuso, despojo y exterminio y además, puso a la legislación en consonancia con la Constitución Nacional que establece “reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afectan. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”.

“La ley parece frenar los reclamos antes que reparar los abusos”

La diputada Duarte recuerda en los fundamentos del proyecto que la norma establecía también un freno a los desalojos durante la realización del censo catastral de territorios indígenas pero “el plazo para realizar esa suerte de censo se venció reiteradamente sin que se completara. A once años de su aprobación existe un muy bajo nivel de ejecución, hay un muy bajo porcentaje de comunidades con el reconocimiento territorial concretado, tal como lo viene denunciando el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), que relevó la aplicación de la norma. Endepa plantea que “la ley parece ser usada más para frenar los reclamos indígenas que para reparar el daño que durante más de 200 años sufren los pueblos originarios que habitan el país”.
El INAI debía ejecutar el programa de Relevamiento Territorial de las Comunidades Indígenas (RETECI), promoviendo la asistencia del Consejo de Participación Indígena (CPI), universidades, entidades del Estado nacional y provincial, institutos indígenas y ONGs. Los objetivos del programa RETECI eran: formar conciencia social acerca de los alcances de la ley, relevar la organización comunitaria y los aspectos socio-productivos; verificar la ocupación actual, dar cuenta de los antecedentes sobre tenencia de la tierra y ocupación de los predios; relevar los territorios con GPS y volcarlos en un soporte SIG (Sistema Jaguar). El producto final del relevamiento era una carpeta técnica por comunidad.
Ante el incumplimiento de los plazos, en 2009, la Ley 26554, prorrogó la suspensión de desalojos y la realización del relevamiento hasta el 23 de noviembre de 2013, y destinó diez millones de pesos adicionales por cada uno de los tres años posteriores a su sanción. En 2013, con la sanción de la Ley 26894 se determina que la norma operará hasta noviembre de 2017. Es por esto que las comunidades necesitan que la ley se cumpla antes de esta fecha.

El impacto de no aplicar la Ley

Los sucesivos incumplimientos de esta norma generan graves conflictos e injusticias que actualmente son de conocimiento público. Cuando detuvieron al lonko mapuche Facundo Jones Huala, se encontraba defendiendo sus territorios ancestrales. Cuando Agustín Santillán, joven dirigente wichí de Formosa, fue detenido en julio estaba junto a familias de la Comunidad MbyaKokuereí, desalojadas sin mediar orden judicial. Cuando Santiago Maldonado desapareció estaba apoyando el reclamo de la comunidad Pu Lof en resistencia de Cushamen, por sus territorios.
La diputada duarte entiende que si bien esta ley no es la panacea para esta grave problemática, “es imprescindible su tratamiento urgente para evitar desalojos arbitrarios y compulsivos de miles de familias en nuestro territorio. La pérdida de sus territorios implica el abandono de sus prácticas culturales, productivas y la modificación de su vida comunitaria, el desmembramiento y por tanto desaparición de muchos de los pueblos originarios”.

Anuncios