El pacto fiscal, que políticamente es producto del 22-O, constituye una nueva fase del modelo económico que centra el crecimiento en la inversión descuidando los otros componentes de la demanda agregada. La rebaja de impuestos en Misiones transfiere 1.700 millones del Estado al Capital. Todo el plan depende del crecimiento económico que se estima en 3,5% anual acumulado por cinco años.

Posadas (Domingo, 17 de diciembre) La política económica pone en marcha una fase central de su modelo. El consenso fiscal firmado por los gobiernos nacional y provincial, que será refrendado mañana por el Parlamento misionero “pone la pelota en la cancha del sector privado”, al decir de Adolfo Safrán. El pacto introduce modificaciones en la política fiscal al resignar recursos por 1.700 millones de pesos por baja de impuestos en 2018. En la práctica opera como una transferencia de ingresos al Capital para que invierta en producción. Tiene un respaldo teórico en la ortodoxia que cambia la lógica de sostener el consumo como motor del crecimiento y aunque se niegue, vino aplicando sesgadamente el gobierno de Macri en función de las elecciones de medio término, fundamentalmente con el gasto en obra pública.
Como ya informamos, el ministro de Hacienda estuvo el viernes en la Cámara de Representantes y en una extensa y distendida reunión explicó punto por punto el alcance del pacto fiscal en un clima que contrasta con el que se vivió un día antes en el Congreso nacional. Aquí, las relaciones institucionales entre las fuerzas políticas garantizaron en comisión el cambio de ideas entre todo el arco de representación. En el marco de una detallada exposición del ministro de Hacienda que no se guardó nada de las arduas negociaciones que se desplegaron entre la nación y la provincia, se pudieron escuchar las todas las voces que dejaron explícitas las diferencias ideológicas y políticas.
Se pueden resumir en tres miradas:
-la macrista que apoya y está convencida del modelo del derrame, resumida por el diputado del PRO, Roberto Rocholl
-la opositora al modelo económico que asegura que no habrá derrame y desconfía de los compromisos asumidos por el gobierno nacional para compensar la transferencia de ingresos, expresada por Martín Sereno y
-la posición del gobierno provincial que apuesta al éxito del modelo con dudas en lo económico pero admitiendo que el 22-O el pueblo respaldó el rumbo elegido por Macri, expresado en la exposición de Safrán y en el resumen del presidente de la comisión de Presupuesto, Marcelo Rodríguez.

La victoria da derechos

Precisamente, al cerrar el debate, el diputado Rodríguez puso en contexto la toma de decisiones al subrayar que estamos viviendo momentos complejos en materia económica. “Algo hay que hacer para reactivar la economía”, dijo como premisa para subrayar que “no estamos aislados de la Argentina y en octubre la gente siguió apoyando al espacio del Presidente y respetamos esa decisiones”. Reconoció así el derecho del gobierno nacional a elegir el camino. Pero lejos estuvo de proponer un seguimiento ciego ya que, destacó que también se votó por el camino del diálogo y el consenso. Y en el mismo sentido reclamó el derecho de la Renovación en la provincia que, aseguró no dejará su propio camino de atender las demandas de los sectores más vulnerables y sostener y garantizar desde el Estado el servicio de salud y educación.
El pacto fiscal reconoce ese derecho democrático del gobierno nacional a definir las políticas macroeconómicas pero a la vez, sostiene en el contexto de restricciones, la autonomía suficiente en la toma de decisiones para definir sus políticas propias. Safrán explicó que la pérdida de recursos por parte de Misiones, por la modificación del sistema tributario, será recompensada por aportes permanentes que remitirá el Gobierno nacional. Y es la clave política. Por un lado, la baja de ingresos brutos generará una disminución de la recaudación estimada de 1.700 millones de pesos, pero ese monto no será reflejado en el balance financiero, que por esas compensaciones automáticas que incluyen la refinanciación de la deuda se estima en 300 millones.
Safrán reveló que después de las largas negociaciones con el palacio de Hacienda, que en su primer proyecto establecía una disminución de la recaudación por más de 3 mil millones de pesos para Misiones, la rebaja de la alícuota de ingresos brutos afectará la recaudación en 1.700 millones. Como se informó el viernes, el gobierno provincial decidió una disminución del impuesto al sector industrial de 3,5 a 2 por ciento en 2018 y a 1,5 por ciento en 2019, excepto para la industria papelera, que bajará de 7 por ciento a seis por ciento en 2019. El transporte tendrá una reducción del 3,5 al 3 por ciento para 2018, lo que debería traducirse en menores costos de logística.
En el pacto la Nación se compromete con un bono a once años, una mayor coparticipación por la devolución del 3 por ciento retenido por la Anses y la refinanciación de la deuda.

El efecto derrame

Pero la clave del pacto es su apuesta al modelo. Toda esta ingeniería financiera de los estados, está atada al crecimiento económico. Se estableció una pauta de 3,5% anual, que acumulada daría un crecimiento de más del 20% en cinco años.
Y fue la clave también de la exposición de Safrán, que sinceró sus dudas sobre la ecuación de la ortodoxia: menos impuesto, más inversión, crecimiento del empleo y efecto cascada o derrame de la riqueza.
“No es una apreciación personal sino de la filosofía del gobierno provincial”, respondió Safrán al diputado Sereno que le preguntó cuáles y por qué sus dudas sobre el efecto derrame.
Observó el ministro que se están resignando mil millones de pesos apostando a recuperarlos con el crecimiento de la economía. “El compromiso ahora está en el sector privado que debe reinvertir lo que no paga por tributos, para generar trabajo. Y como profesor universitario de economía que es, subrayó que la inversión es el único componente de la demanda agregada que puede crecer con el modelo ya que hoy por hoy el gasto público es a la baja, el saldo comercial es negativo atado a un tipo de cambio atrasado, y el consumo de las familias tampoco se va a recuperar. “La pelota está en la cancha del sector privado, en el sector de las empresas”. Reveló al respecto que “de acuerdo a los cálculos realizados por el equipo económico provincial, una empresa forestal que se dedica a la exportación, dejará de tributar 100 millones de pesos al año por Ingresos Brutos. “¿Lo va a volcar a la economía? ¿Habrá efecto derrame? El tiempo dirá quien tuvo razón sobre si esta rebaja era necesaria. O si veremos una baja en los precios para el consumidor”, reflexionó Safrán. De esa manera resumió también el cuadro de situación política en la Argentina.

El empresario argentino

Mientras el diputado Sereno, sin dudas, aseguraba que el modelo no es viable y que no cree en la reinversión de las ganancias de los empresarios, el diputado Rocholl, en la vereda de enfrente, sostenía lo contrario y redoblaba la apuesta reclamando al Estado que invierta en infraestructura, él se refirió concretamente a la energía. Las tres posiciones remiten a una de las últimas producciones, de Aldo Ferrer, “El empresario argentino”, editado en 2014. En el libro, el maestro hace una encendida defensa sobre nuestros empresarios. Ya en el prólogo contrapone dos percepciones. Por un lado la falta de reconocimiento social de los empresarios que son catalogados de especuladores y abusadores de posiciones dominantes para maximizar sus ganancias a costa de la inflación, del deterioro de las condiciones de trabajo y de la naturaleza. Pero al mismo tiempo, el empresariado se siente una víctima de la intervención irracional del Estado y el consecuente desaliento a la inversión y a la iniciativa privada.
Ferrer, que siempre estuvo lejos de las posiciones neoliberales, desarrolla en el libro la hipótesis de que en la Argentina, como en toda América Latina, las condiciones necesarias para la construcción del empresario como protagonista del cambio tecnológico y la transformación no son garantizadas por las políticas estatales. Destaca, como crítica a la reprimarización por el crecimiento de la soja y la minería, que renueva las condiciones de los empresarios “periféricos”, reducido a la posición subordinada en las cadenas de valor. Pero afirma que “no hay un componente genético en el empresario argentino cuando privilegia la especulación sobre la producción. Cada país tiene el empresario que se merece en virtud de su capacidad de constituir un Estado nacional desarrollista e impulsar la transformación de la estructura productiva. En nuestro país, la carencia o insuficiencia de estas condiciones fue extremadamente crítica en el período de la hegemonía neoliberal, durante el cual el sistema económico creó condiciones hostiles al empresario argentino. Continuar en el camino de revertir muchas de esas herencias sigue siendo una tarea pendiente”. Y aseguraba Ferrer que “si se transplantaran al país los empresarios más innovadores del mundo en desarrollo –por ejemplo, los coreanos– al poco tiempo tendrían el mismo comportamiento que los argentinos. Y, como me señaló el vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad del Litoral, si estos se radicaran en Corea, se comportarían como los coreanos. El Estado tiene la responsabilidad fundamental de crear los espacios de rentabilidad y el contexto que oriente la iniciativa privada al proceso de transformación. El empresario es, en definitiva, una construcción política”.

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