La intervención militar a las policías de Río de Janeiro se fundamenta oficialmente en la guerra entre narcos radicados en las favelas pero esconde el temor a una explosión social por el incremento de la pobreza. Fue precedida por una amplia acción psicológica a través de los medios hegemónicos que estigmatizaron las movidas populares del carnaval vinculándolas con la violencia cuando son todo lo contrario, un festejo a la vida en la calles.

Río de Janeiro. (Enviado especial. JGP) El Congreso brasileño acaba de aprobar la intervención militar al control de la seguridad en el Estado y la ciudad de Río de Janeiro, hasta el 31 de diciembre cuando finaliza el mandato del actual presidente. Actualmente, las Fuerzas Armadas ya cumplen funciones excepcionales de policía en esta ciudad, bajo la facultad que les da la Misión de Garantía de Ley y Orden (GLO), un instrumento que se utiliza cuando el presidente considera que se debe reforzar la seguridad en un área y por un tiempo determinado. Las Fuerzas Armadas fueron llamadas desde el fin del régimen militar a asumir el control de la seguridad en diferentes situaciones específicas, como grandes acontecimientos internacionales o deportivos, durante, por ejemplo el mandato de Dilma, pero nunca por un periodo tan prolongado. Pero la diferencia institucional radica en que la intervención otorga el poder de mando al Ejército sobre las fuerzas de Seguridad. Puede hasta reestructurar los organigramas de las policías locales y provinciales. Es decir monopoliza la toma de decisiones. En realidad, la intervención es a las policías del Estado y de la Ciudad.
Con la aprobación de las dos Cámaras del Congreso, la medida está amparada por la Constitución de Brasil ya que desde 1988 prevé que la figura se use como instrumento extremo para resolver situaciones límite.
Según el presidente Michel Temer la intervención se justifica por el descontrol imperante. En una extensa exposición en el Senado afirmó que “El crimen organizado casi tomó el control” de Río y se ha convertido en “una metástasis que se propaga por el país y amenaza la tranquilidad de nuestro pueblo”. En los fundamentos del decreto que acaba de ser ratificado por los representantes, sólo en 2017 hubo más de 18 homicidios intencionales por día en el Estado, cifras que tomó del oficial Instituto de Seguridad Pública (ISP). El Presidente, diríamos de “facto lento” en nuestra jerga misionera, replicó en su discurso editoriales y opiniones que circularon en los medios concentrados monopolizados aquí por la red O Globo, un símil de Clarín, pero mucho más afianzado financieramente ya que no necesitó de la complicidad del Estado para hacer negocios como los hizo Magnetto con las AFJP y la cotización de sus acciones en la Bolsa.
En el discurso hegemónico que repitió Temer en la exposición en el Senado, sus gestos según Tim Roth -el científico en la ficción que revela las conexiones existentes entre los estados emocionales y las expresiones faciales- gestos de Temer decíamos, que ponían de manifiesto mentiras y segundas intenciones. Repetía Temer que los tiroteos entre traficantes y agentes se volvieron constantes en las favelas cariocas, con muertos por balas perdidas aumentando cotidianamente. “No podemos aceptar pasivamente la muerte de inocentes. Es intolerable estar enterrando padres y madres de familia, trabajadores, policías, jóvenes y niños y viendo barrios enteros sitiados, escuelas bajo la mira de fusiles y avenidas transformadas en trincheras”, dramatizó.

El carnaval es una fiesta

Según O Globo, el desencadenante de la intervención fueron los “desbordes del reciente carnaval, durante el cual se multiplicaron los asaltos a mano armada y las agresiones”. Y esto, damos fe, no es así. El carnaval de Río de Janeiro no es violento. Además del espectáculo del sambódromo, que es meticulosamente cuidado por su significación para el turismo, todo el pueblo de Río se lanza a las calles en los días del carnaval. Más de 6 millones de personas se reúne a festejar, bailar y rendir culto a la caipirinha, “el agua bendita” según entonaban en los “blocos”. Los blocos son comparsas, escolas do samba, murgas, organizadas por vecinos, barrios, clubes y hasta complejos habitacionales, que durante dos semanas reúnen a la gente en la exaltación a la vida. Entre tanta multitud, sin dudas existen robos, arrebatos de celulares y carteristas, pero lejos de constituir parte de crímenes organizados.
Las estadísticas oficiales hablan de 20 muertes por día en las favelas por la guerra entre organizaciones narcos. Será. Pero no es el dato sustancial referido a la seguridad de la persona común de Río. Una guerra de narcos no baja a la calle, ni a la zona turística ni a los barrios tradicionales. Por eso, según el Laboratorio de Análisis de la Violencia, que no es oficial, hay más muertes en Río por accidentes de tránsito que por asaltos o robos. El primer fin de semana del carnaval se registraron 17 muertos por esos accidentes.

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Las razones están en otro lado

Para Ignacio Cano, profesor de esa ONG, la intervención no es más que “una medida cosmética que genera visibilidad en las calles y cierta sensación de seguridad en pleno año electoral, lo que genera la sospecha de que sea una decisión tomada por el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, el partido de Temer”.
Organizaciones humanitarias y analistas cuestionaron la decisión del presidente de Temer bajo el argumento de que el ejército estaba preparado para hacer la guerra contra un enemigo, pero no para restaurar el orden en áreas urbanas. Para colegas de Uruguay que lograron entrevistar a observadores de “Human Rights Watch” (HRW) ese es un aspecto de la intervención especialmente preocupante debido a la ley que impide a la justicia civil juzgar actuaciones del Ejército. La decisión de Temer “va en la dirección equivocada porque parece indicar una estrategia militarizada frente a los gravísimos problemas de seguridad pública de Río”, dijo a la agencia Efe, César Muñoz, vocero de HRW Brasil.
El investigador de HRW consideró “preocupante que el interventor de la seguridad vaya a ser un general activo” y además manifestó su preocupación “porque el entrenamiento de un militar es hacer la guerra”.
También Edison Diniz, director de la ONG “Redes da Maré”, que promociona el desarrollo sostenible en el mayor conjunto de favelas de Río de Janeiro, cuestionó la decisión del presidente. “Ya tuvimos intervenciones semejantes, inclusive una acá en Maré por casi año y medio y a un costo muy alto. Eso no tiene algún resultado positivo, no es el tipo de solución que resolverá la violencia en Río de Janeiro”, señaló Diniz. Según datos de Amnistía Internacional de 2016, en los seis años anteriores, la Policía carioca ha sido responsable de entre un 13% y un 21% de los asesinatos totales de la ciudad.
La clave, para estos observadores internacionales y locales, no está en el discurso oficial ni en la tapa de los diarios, sino el “control militar de territorios pobres”.

No son los narcos, son los pobres

Las organizaciones de derechos humanos ven así mucho más lejos que los partidos de las oposiciones al interpretar las razones de la intervención.
Los partidos políticos y sindicatos opinan que la intervención militar supondrá un atropello a los derechos de la población y que lejos de disminuir, aumentará la violencia en las calles, pero al mismo tiempo, centran las críticas desde un posicionamiento electoral. Entre otros, Gleisi Hoffmann, presidenta del Partido de los Trabajadores de Río, destacó que “sin votos para aprobar la reforma previsional, el gobierno cambia su agenda y acepta intervenir en Río de Janeiro”. Introduce el tema en la agenda de campaña, pero al mismo tiempo lo reduce a la pulseada por el poder.

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Este cruce tradicional de la dirigencia política deja de lado la cuestión central que es la pobreza. Nunca como antes, transitar las calles de Río es palpar la extensión de la pobreza, que es una categorización que deriva de pobre. Los pobres son de carne y hueso sumergidos en una situación de vida, de carencia de los recursos para satisfacer las necesidades físicas y psíquicas básicas humanas, como la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria o el acceso al agua potable. El Banco Mundial, que no es populista, en un informe de 2017, destaca que en Brasil, entre 2004 y 2014, decenas de millones de personas salieron de la pobreza y el país era considerado un ejemplo para el mundo. Pero esta tendencia se ha revertido en los dos últimos años por la recesión más dura en la historia de Brasil y los recortes en los programas de subsidios, lo que sugiere que el país se habría perdido en la senda de la eliminación de las desigualdades que se remontan a la época colonial. “Muchas personas que habían salido de la pobreza, e incluso aquellas que habían entrado en la clase media, han retrocedido”, agrega otra institución que no puede ser sospechada de lulista, el Peterson Institute for International Economics, con sede en Washington. El Banco Mundial arrima estadísticas. Estima que alrededor en todo 2016 entre 2.5 y 3.6 millones de personas cayeron por debajo del umbral de la pobreza.
Para el obispo Lopes Pereira, hay un interés muy grande del gobierno para mantener a esas familias “en la sumisión”. Comprometido con la vida en las favelas es crítico también con los gobiernos del PT. En declaraciones a la Agencia Católica hace unos años sostenía que “a pesar de los avances sociales de los últimos gobiernos, hay una visión demasiado paternalista de los problemas estructurales”.
Desde entonces, la pastoral de las favelas es una de las principales entidades que reclama el cambio de legislación y el fomento de políticas de inclusión social. “La Iglesia siempre trabajó con los pobres, pero ese trabajo a veces no pasó del mero asistencialismo. Yo tengo aquí personas que son hijos y nietos de la pobreza. Los padres eran pobres; los hijos son pobres, y hoy, los nietos son pobres. ¿Será que un pobre no puede salir de la pobreza? Mi experiencia me dice que es muy estrecho ese camino. En cambio, si hay incentivo de instituciones como la Iglesia, hay un camino posible”, consideraba el obispo en 2013.
Y agregaba que “a pesar de las modificaciones y las leyes de corte social que dieron derechos a los más vulnerables, los problemas continúan: aquí tenemos un barrio, y alrededor, el resto es favela. No hay un solo barrio de Río sin favelas, porque no se han pensado políticas habitacionales serias. Por eso, consideramos que Río de Janeiro se está volviendo una ciudad transnacional, y el pueblo brasileño, en especial los más pobres, ya no tienen derecho de habitar en esta ciudad. Los mudan donde no tienen transporte, no tienen escuela, no tienen su trabajo… ¡Los llevan a lugares que no tienen ni asfalto!”.
Los cuatro millones de nuevo pobres que tiene Brasil constituyen un verdadero ejército de reserva que, según los clásicos son generados por el capitalismo para presionar los salarios a la baja. Pero cuando desbordan en número a los trabajadores formales, la reserva se vuelve potencialmente un peligro. La intervención militar a las policías de Río adquiere así ribetes políticos más profundos.

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fotos: internet varios sitios

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